Alondra Esmeralda Corbala Tirado

Expediente 1450/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 19 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1450/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
28/03/2022

Partes del expediente

  • Alondra Esmeralda Corbala Tirado
  • J. A. P. C.
  • Alondra Esmeralda Corbala Tirado y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de marzo de dos mil veintidós Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Incidente de suspensión. Acuérdese lo conducente en relación con la valoración y destino de los cuadernos incidentales de suspensión que derivan del presente juicio de amparo. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha causó estado el auto por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se declara que deja de surtir efectos la suspensión definitiva concedida en este asunto y se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, depúrese el original del presente incidente de suspensión, en virtud de que por una parte se negó y por otra se concedió la medida cautelar provisional y definitiva en la presente incidencia. Valoración del duplicado. En términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Escrito. Agréguense a los autos los escritos de cuenta que suscribe el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual hace diversas manifestaciones; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que vierte en su escrito en los términos que indica el promovente. Por su parte, glósese en autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta suscrito por la autoridad responsable agente del Ministerio Público Auxiliar del Centro de Atención Temprana especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, con residencia en esta ciudad, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento de dos de febrero de dos mil veintidós; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por exhibidas las pruebas documentales que anexa a su oficio. Finalmente, agréguese a los autos el diverso comunicado de cuenta que suscribe el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual manifiesta que el acto reclamado consistente en la medida de protección emitida en favor del menor con nombre de iniciales J.A.P.C., contaba con una vigencia de sesenta días naturales y solicita se requiera a la autoridad responsable agente del Ministerio Público Auxiliar adscrito al Centro de Atención Temprana Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, con sede en esta ciudad, para que informe si la medida reclamada aún se encuentra vigente. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, del estado que guardan los presentes autos, en específico de las manifestaciones hechas valer por la parte quejosa y, las pruebas aportadas por la responsable, las cuales cuentan con plena validez probatoria en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, se desprende que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Primeramente, con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de sobreseimiento notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea en el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de sobreseimiento respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. Al respecto, se tiene que el referido dispositivo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y," De la transcripción del referido precepto legal, se desprende que para que se actualice la referida causa de improcedencia es menester reunir tres requisitos: 1. Que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, el acto que en ella se reclame subsista; 2. Que haya ocurrido una modificación en el entorno en que se emitió dicho acto reclamado; y 3. Que por haber dejado de existir la materia u objeto de éste, no pueda surtir efecto legal o material. Como se observa, el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; esto es, cuando los efectos del acto de autoridad impugnado ya no inciden en la esfera jurídica de la parte impetrante de garantías, en virtud del cambio sufrido del entorno jurídico en que surgió éste, lo que hará fácticamente imposible lograr los fines propuestos por el legislador para el juicio de derechos fundamentales, porque de todas formas lo que pudiera resolverse en el juicio de amparo, no trascendería en la esfera de derechos del peticionario, en relación a los efectos de una posible sentencia concesoria, dado que las condiciones u objeto del acto ya no son las mismas por las cuales se emitió. Bajo ese contexto, con apoyo en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es menester precisar el reclamo constitucional opuesto por la parte quejosa, el cual, de acuerdo al contenido íntegro de la demanda y demás constancias existentes en autos, se advierte que se hace consistir en: La resolución de doce de noviembre de dos mil veintiuno, emitida por el agente social responsable, dentro de la carpeta de investigación ATP/HER/012/03375/11-2021 en la que decretó medidas de protección en favor de la menor con nombre de iniciales J.A.P.C. Ahora, para explicación de la actualización de la causal de improcedencia en estudio, se impone efectuar una breve relatoría de los antecedentes del asunto que interesan, lo cual se realiza con base en la lectura de la demanda, las constancias aportadas por las partes al juicio, de lo cual se tiene que: El agente del Ministerio Público Auxiliar adscrito al Centro de Atención Temprana Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, de esta ciudad, dentro de la carpeta de investigación ATP/HER/012/03375/11-2021, mediante resolución de doce de noviembre de dos mil veintiuno, dictó las medidas de protección previstas por el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales a favor del menor de iniciales J.A.P.C. y en contra de los imputados entre los cuales le reviste ese carácter a la aquí quejosa, estableciendo en la determinación que dichas medidas tendrían una duración de sesenta días naturales y podría ser prorrogable su duración hasta por treinta días (foja 82); lo anterior, con sustento en el artículo 139 del aludido código nacional, medidas que constituyen el acto reclamado. Ahora, de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad en su escrito inicial de demanda, se advierte que el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, fue notificada de la resolución y medidas de protección a favor del menor mencionado en el párrafo que antecede. Por otra parte, en el particular se encuentra acreditado en autos del juicio de amparo que se analiza, que la autoridad responsable agente del Ministerio Público Auxiliar adscrito al Centro de Atención Temprana Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, de esta ciudad, emitió el acto que reclama la aquí quejosa, en el caso se actualiza la hipótesis de improcedencia en estudio, dado que no puede aquí considerarse que el reclamo constitucional planteado en esta instancia, actualmente pueda surtir algún efecto legal o material en la esfera de derechos de la solicitante de garantías. Lo anterior es así, pues como ya se anotó la parte quejosa fue notificada de las multicitadas medidas de protección el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, y dichas medidas tenían una vigencia de sesenta días naturales, que podría prorrogarse hasta por treinta días; y a la fecha, en relación con la resolución en comento ya transcurrieron más de noventa días naturales desde su notificación y/o conocimiento de la impetrante. En esas condiciones, si bien es cierto, que a la fecha de presentación del ocurso que dio origen al juicio de control constitucional que ahora se resuelve, la quejosa reclamó el procedimiento mediante el cual se emitió la medida de protección y custodia por parte del aquí responsable agente del Ministerio Público Auxiliar adscrito al Centro de Atención Temprana Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, de esta ciudad, la cual incluso, en la data en que se actúa, no se advierte que se haya pronunciado alguna determinación que la dejara insubsistente; sin embargo, por el simple transcurso del tiempo así como de lo estipulado por el artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo a la vigencia de las medidas de protección adoptadas por la responsable, se advierte que actualmente no puede surtir ningún efecto legal o material que transgreda o pueda transgredir algún derecho fundamental de la accionante de amparo, pues el objeto de tal medida, dejó de existir, lo cual cambió las condiciones que imperaban respecto del reclamo constitucional. Bajo esa tesitura, puede aseverarse que el juicio ha quedado sin materia sobre la cual pudiera otorgarse el amparo solicitado, dado que resultaría fácticamente imposible concretar los efectos del juicio constitucional con una eventual protección de la justicia federal, al dejar de existir la finalidad u objeto materia de las medidas de protección, consistente en la tutela de los derechos y protección provisional de la infante por haber transcurrido el lapso comprendido en la propia ley de la materia de origen (sesenta días). Desde esa óptica, es inconcuso que se actualizan los requisitos de la causa de improcedencia aludida, en razón de que el reclamo constitucional existe, pero la duración de dicha medida feneció, y este juzgado aun y cuando examinara la legalidad del mismo y de llegar a conceder la tutela de la justicia federal, no trascendería a la esfera jurídica de la parte quejosa, por haber desaparecido el objeto y materia de aquél -medida de protección provisional-; dado que además, el representante social patentizó en su informe justificado que la carpeta de investigación iniciada en contra de la aquí quejosa y otro, en la que emitió las medidas de protección, fue remitida a la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Especializados en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar; de ahí, que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la ley de Amparo. De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 63, en relación con el diverso 61, fracción XXII, ambos de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en foja 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Atento a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para las doce horas con cuarenta y cinco minutos del siete de marzo de este año, se deja sin efectos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dos de febrero de dos mil veintidós. Diferimiento de audiencia constitucional. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos se advierte que no ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe rendido por las autoridades responsables; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las doce horas con cuarenta y cinco minutos del siete de marzo de dos mil veintidós, para su celebración. Estado procesal. Con independencia de lo anterior, visto el estado de los autos, en específico el contenido del informe justificado en relación con la ampliación de demanda remitido por la autoridad responsable agente del Ministerio Público Auxiliar del Centro de Atención Temprana especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, con residencia en esta ciudad, del que se advierte que si bien, niega el acto que se le reclama; sin embargo, de la lectura integra de dicho informe y del resto de actuaciones del sumario, se evidencian actuaciones desplegadas por dicha responsable que tienen que ver con el reclamo constitucional, sin que al respecto remitiera documentales que sustentasen su informe justificado. Requerimiento a autoridad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable indicada en el párrafo que antecede, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita a este juzgado copia certificada de las constancias relativas al acto reclamado. Apercibimiento. Se le apercibe que de no cumplir con lo anterior sin causa justificada, como lo dispone el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, salvo impedimento legal que al efecto tuviere, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización. Notifíquese y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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