Alondra Elizabeth González Minaya
Expediente 843/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 843/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 06/09/2023
Partes del expediente
- Alondra Elizabeth González Minaya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, interpusiera recurso de revisión contra el 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.1c.9e BRENDA YOLANDA AMBROCIO SANCHEZ auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, transcurrió para la parte quejosa de la siguiente forma: Auto Notificación Surtió efectos Inicia plazo Días inhábiles Termina plazo 19 de diciembre de 2022 3 de enero de 2023 4 de enero de 2023 5 de enero de 2023 31 de diciembre de 2022, 1, 7, 8, 14 y 15 de enero de 2023 18 de enero de 2023 Sin que dentro de dicho plazo las partes interpusieran el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes; por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio del dos mil veintitrés, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 20, fracción I del referido Acuerdo General. En consecuencia, hágase constar su valoración en la 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.1c.9e BRENDA YOLANDA AMBROCIO SANCHEZ Juicio de Amparo 843/2022-III carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible" de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del citado Acuerdo General. Por consiguiente, efectúense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes que en sesión ordinaria celebrada del catorce de julio de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó la adscripción de la Jueza Emma Magnolia Ayala Rivera, a cargo de este Juzgado de Distrito, en sustitución del Juez José Elías Pacheco Martínez, con efectos a partir del quince de agosto de dos mil veintitrés. La notificación a las partes, incluyendo a las autoridades responsables y en su caso, a las autoridades que tengan el carácter de tercero interesado, se realiza por medio de lista, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, con registro digital 2002576, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE ESTE AÑAOS, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA EL PROVEÍDO DE DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Ciudad del Carmen, Campeche, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, el oficio S.A./5177/2022, de la Presidenta de la antes Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en auto de seis de los corrientes, remite copia certificada de las constancias que acreditan que tuvieron verificativo las diversas pruebas el cinco y seis del mes y año en curso. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 119 de la Ley Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la copia certificada que remite, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional y en ese acto se tenga por recibida, aunque no exista gestión expresa del interesado. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. En la especie, se estima que sobrevino la causal de improcedencia prevista en el precepto 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, mismos que establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos de los actos reclamados, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En efecto, la improcedencia de que se trata se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. En el caso que nos ocupa, Alondra Elizabeth González Minaya, mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, el trece de octubre de dos mil veintidós, promovió demanda de amparo contra la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, a quien reclamó el auto de veintiocho de septiembre de este año en el que señaló el diecisiete de abril de dos mil veintitrés para el desahogo de las probanzas siguientes: 1. Confesional a cargo del representan legal de Afore XXI, Banorte S.A. de C.V.; y, 2. Confesional a cargo de Luis Felipe Uc Ceballos. Data que consideró excesivamente lejana, pues adujo que se programaron dentro de los siete meses posteriores al auto en que se fijaron. Ahora bien, la autoridad responsable mediante oficio S.A./4827/2022, de once de noviembre de dos mil veintidós, la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, rindió informe justificado en el sentido de que eran ciertos los actos reclamados; además indicó que mediante proveído de veinticuatro de octubre de este año regularizó el procedimiento y procedió a dejar sin efectos las horas y datas señaladas en el acuerdo de veintiocho de septiembre pasado y fijó nuevas fechas y horas para el verificativo de las probanzas mencionadas con antelación (foja 19). Asimismo, por oficio S.A./4884/2022, la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, remitió copia certificada de las cédulas de notificación realizadas a las partes, del auto de veinticuatro de octubre del año en curso (fojas 31 a 40). Posteriormente, por oficio S.A./5177/2022, la Presidenta de la Junta responsable, remitió copia certificada del desahogo de las probanzas precisadas en párrafos anteriores, las cuales tuvieron verificativo el cinco de diciembre de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral 108/2017 (foja 52). Copias certificadas a las que se les confiere con valor probatorio pleno, en su calidad de documentos públicos acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron expedidas por servidor público en ejercicio de sus funciones. Bajo ese contexto, resulta evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos reclamados no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Se afirma lo anterior, en razón de que la Junta responsable, el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, fijó fecha y hora para el desahogo de las pruebas 1. Confesional a cargo del representan legal de Afore XXI, Banorte S.A. de C.V. y 2. Confesional a cargo de Luis Felipe Uc Ceballos, las cuales se desahogaron el cinco de diciembre de este año dentro del expediente laboral 108/2017, promovido por Alondra Elizabeth González Minaya, en contra de Afore XXI Banorte S.A. de C.V. En ese tenor, se aprecia que dicho acto reclamado dejó de existir pues como se menciona en párrafos anteriores, la responsable ya regularizó el procedimiento y dejó sin efectos el auto de veintiocho de septiembre de este año. Por ende, es evidente que se constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó aquella que dio motivo al amparo, porque se le repuso en el goce del derecho humano conculcado. Por consiguiente, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa, al tercero interesado y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, el oficio S.A./5177/2022, de la Presidenta de la antes Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en auto de seis de los corrientes, remite copia certificada de las constancias que acreditan que tuvieron verificativo las diversas pruebas el cinco y seis del mes y año en curso. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 119 de la Ley Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la copia certificada que remite, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional y en ese acto se tenga por recibida, aunque no exista gestión expresa del interesado. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. En la especie, se estima que sobrevino la causal de improcedencia prevista en el precepto 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, mismos que establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos de los actos reclamados, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En efecto, la improcedencia de que se trata se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. En el caso que nos ocupa, Alondra Elizabeth González Minaya, mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, el trece de octubre de dos mil veintidós, promovió demanda de amparo contra la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, a quien reclamó el auto de veintiocho de septiembre de este año en el que señaló el diecisiete de abril de dos mil veintitrés para el desahogo de las probanzas siguientes: 1. Confesional a cargo del representan legal de Afore XXI, Banorte S.A. de C.V.; y, 2. Confesional a cargo de Luis Felipe Uc Ceballos. Data que consideró excesivamente lejana, pues adujo que se programaron dentro de los siete meses posteriores al auto en que se fijaron. Ahora bien, la autoridad responsable mediante oficio S.A./4827/2022, de once de noviembre de dos mil veintidós, la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, rindió informe justificado en el sentido de que eran ciertos los actos reclamados; además indicó que mediante proveído de veinticuatro de octubre de este año regularizó el procedimiento y procedió a dejar sin efectos las horas y datas señaladas en el acuerdo de veintiocho de septiembre pasado y fijó nuevas fechas y horas para el verificativo de las probanzas mencionadas con antelación (foja 19). Asimismo, por oficio S.A./4884/2022, la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, remitió copia certificada de las cédulas de notificación realizadas a las partes, del auto de veinticuatro de octubre del año en curso (fojas 31 a 40). Posteriormente, por oficio S.A./5177/2022, la Presidenta de la Junta responsable, remitió copia certificada del desahogo de las probanzas precisadas en párrafos anteriores, las cuales tuvieron verificativo el cinco de diciembre de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral 108/2017 (foja 52). Copias certificadas a las que se les confiere con valor probatorio pleno, en su calidad de documentos públicos acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron expedidas por servidor público en ejercicio de sus funciones. Bajo ese contexto, resulta evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos reclamados no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Se afirma lo anterior, en razón de que la Junta responsable, el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, fijó fecha y hora para el desahogo de las pruebas 1. Confesional a cargo del representan legal de Afore XXI, Banorte S.A. de C.V. y 2. Confesional a cargo de Luis Felipe Uc Ceballos, las cuales se desahogaron el cinco de diciembre de este año dentro del expediente laboral 108/2017, promovido por Alondra Elizabeth González Minaya, en contra de Afore XXI Banorte S.A. de C.V. En ese tenor, se aprecia que dicho acto reclamado dejó de existir pues como se menciona en párrafos anteriores, la responsable ya regularizó el procedimiento y dejó sin efectos el auto de veintiocho de septiembre de este año. Por ende, es evidente que se constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó aquella que dio motivo al amparo, porque se le repuso en el goce del derecho humano conculcado. Por consiguiente, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa, al tercero interesado y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, seis de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante oficio S.A./4827/2022, de once de noviembre de dos mil veintidós, la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, remitió copia certificada de diversas constancias relativas al juicio laboral 108/2017, de las que se desprende que se encontraba señalado el cinco de diciembre de dos mil veintidós, para el desahogo de las pruebas confesional, testimonial, inspección ocular, y pericial. Asimismo, se encontraban señaladas las doce horas del seis de diciembre de dos mil veintidós, para el desahogo de la ratificación de firma y contenido (fojas 19 a 25). Ahora bien, toda vez que el desahogo de las pruebas mencionadas con antelación podría actualizar una causal de improcedencia, por tanto, con fundamento en los artículos 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, para que dentro del plazo de tres días hábiles remita copia certificada del desahogo de las pruebas que fueron fijadas para los días cinco y seis de diciembre del año en curso. Se apercibe a la autoridad responsable que de no cumplir con lo ordenado dentro del plazo concedido, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y 27/04/24 20:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González Actualización, equivalentes a la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional), que resulta de multiplicar por cincuenta el valor diario de dicha unidad de medida, esto es, $96.22 (noventa y seis pesos, veintidós centavos, moneda nacional) determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil veintidós, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en ese medio de difusión el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. En razón de lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su desahogo. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a la autoridad responsable
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