Alondra Damian Millan

Expediente 606/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
606/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
28/06/2021

Partes del expediente

  • Alondra Damian Millan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta que antecede de la que se desprende que el término de tres días con que se dio vista a la parte quejosa por auto de seis de abril del presente año, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Primera de Trámite de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, con la cual señala que se ha dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, ha transcurrido, sin que la parte quejosa lo haya desahogado en sus términos el requerimiento que le fuera formulado dentro del plazo de ley que se le concedió, toda vez que habiendo hecho una búsqueda en el libro de gobierno, no se encontró promoción tendente al respecto; asimismo, este juzgado federal procederá a estudiar las constancias que integran el juicio de amparo para determinar si se encuentra el fallo protector cumplido. Sentido de la sentencia. Ahora, visto el estado procesal que guarda el presente asunto se advierte que en quince de diciembre de dos mil veinte, se dictó sentencia en el juicio de amparo en que se actúa, en la que se resolvió: ".SEGUNDO. La justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Alondra Damián Millán, en contra del acto atribuido al Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa primera de trámite del Centro de Justicia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México y en términos del considerando séptimo de esta sentencia." Gestiones relativas al cumplimiento del fallo protector. En acuerdo de seis de abril pasado, se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Primera de Trámite de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, autoridad que debía realizar lo siguiente: ".Deje insubsistente la orden de arresto dictada en contra de la quejosa realizado de treinta y uno de agosto de dos mil veinte..." Cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por lo que, mediante oficio recibido en este juzgado el seis de abril de dos mil veintiuno, mismo que se reservó acordar hasta que la determinación pronunciada por este juzgador causara ejecutoria; la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Primera de Trámite de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, remitió constancia certificada del acuerdo emitido en fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación bajo el número de registro único CUA/CUA/CUN/031/026652/19/01, a través del cual se deja insubsistente la orden de arresto de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veinte, dictado en contra de la imputada Alondra Damián Millán. De conformidad con lo establecido con los artículos 129, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, este juzgador le da pleno valor probatorio a la constancia remitida por la autoridad responsable, donde acredita su dicho. Evaluación del cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, de la constancia de referencia, y no obstante que la parte quejosa, no hizo manifestación alguna con la vista que se le dio con la constancia exhibida por la autoridad responsable en el presente asunto, este juzgador, procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con base en las documentales que obran en autos, este juzgador determina que en cuanto al acto de la autoridad obligada al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, sin que se advierta que la responsable incurrió en defecto o exceso en el cumplimiento, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notificación a las partes. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para lo efectos legales procedentes. Transferencia. Ahora, de conformidad con el capítulo segundo, punto cuarto, en relación con el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, todos del Acuerdo General Conjunto 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el punto Vigésimo del capítulo quinto del citado acuerdo conjunto. Archivo del expediente. Glósese a los presente autos, únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio; y, por lo que hace al duplicado, una vez que transcurran seis meses a partir del presente proveído procédase a su destrucción, de conformidad con lo establecido en el capítulo quinto, punto Vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 01/2009; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el punto décimo primero, párrafo segundo, del capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Depuración del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es depurable, al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, y el incidente de suspensión es depurable, al haberse negado la suspensión definitiva, por lo que se ubican en las hipótesis previstas en el capítulo séptimo y octavo, artículos 18 fracción I incisos a) y b) del Acuerdo General Conjunto citado. Notifíquese....MESA 6

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de donde se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la resolución dictada en el presente juicio de amparo el quince de diciembre de dos mil veinte; en consecuencia: con fundamento en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la resolución en la que en su primer punto resolutivo sobresee y en su segundo punto la Justicia de la Unión ampara y protege a Alondra Damián Millán, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que en el término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, den cumplimiento a la sentencia dictada en el presente en los siguientes efectos: "En las relatadas consideraciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad ??????????????? responsable, Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa primera de trámite del Centro de Justicia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México: 1. Deje insubsistente la orden de arresto dictada en contra de la quejosa realizado de treinta y uno de agosto de dos mil veinte." En ese orden de ideas, se les apercibe a las autoridades señaladas como responsables que de no dar cabal cumplimiento al presente requerimiento, se harán acreedores cada uno a una multa por cien Unidades de Medida y Actualización1, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, inciso B, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, además se ordenará la apertura del respectivo incidente de inejecución de sentencia, ordenando la remisión de los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, con la estimación de que las autoridades responsables han sido omisas en dar cumplimiento a la ejecutoria, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordene la separación de su cargo y consignarlo al Juez de Distrito que corresponda, para ser juzgado por el desacato judicial cometido y sea sancionado conforme a lo establecido en el Código Penal Federal, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE...MESA 6

  3. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo indirecto 606/2020, promovido por Alondra Damián Millán, por propio derecho, contra los actos del Fiscal General de Justicia del Estado de México y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. En demanda de amparo presentada el nueve de octubre de dos mil veinte, Alondra Damián Millán, por propio derecho, acudió en demanda del amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto del Juzgado de Control y Juicio Oral en Toluca y otras autoridades, que hizo consistir esencialmente en la orden de arresto librada en su contra, así como la ejecución. SEGUNDO. Admisión. Mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se admitió la demanda, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho órgano jurisdiccional y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo verificativo en términos del acta que antecede. TERCERO. En términos del acta de la audiencia constitucional se dejó de tener como autoridades en el presente asunto al Comisario de Seguridad Pública y tránsito del ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por no existir con dicha denominación. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII, constitucionales, 33, 35 y 37, de la Ley de Amparo vigente, 48 la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; dado que a decir de la parte quejosa, el acto reclamado tendría ejecución en la jurisdicción de este juzgado federal. Cabe destacar que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para la resolución de la presente sentencia, es aplicable la jurisprudencia integrada conforme a la legislación de la materia abrogada en tanto no se contraponga a lo previsto en la ley de la materia vigente. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el o los actos reclamados que se desprendan del estudio y análisis integral de la demanda de amparo, así como de las constancias del presente sumario, atendiendo a la jurisprudencia P./J. 40/2000, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, del rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Es de hacer notar, que para la fijación de los actos reclamados no se tomarán en consideración los calificativos que el quejoso expuso, con apoyo en la jurisprudencia 132, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, tomo II, submateria 1, primera parte, segunda sección, página 156, que establece: ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos. Del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que el quejoso reclama: ? La orden de arresto librada en su contra, así como la ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado del Fiscal General de Justicia del Estado de México, por así manifestarlo al rendir su informe justificado, circunstancia que obliga a sobreseer en el presente juicio de amparo respecto del acto que se atribuye a dicha autoridad, por falta de materia sobre el cual pueda versar; máxime que el quejoso no ofreció prueba alguna que desvirtué dichas negativas, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Orienta la anterior consideración, la jurisprudencia 310, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 209, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Respecto del agente del Ministerio Público adscrito a la mesa primera de trámite del Centro de Justicia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México es cierto el acto que se reclama, al haberlo manifestado al rendir su informe justificado. Aunado a ello, la certeza se corrobora con las copias de la carpeta de investigación número único de causa CUA/CUA/CUN/031/0226652/19/01, radicada bajo el número económico 87/2019, relativa al delito de despojo cometido en agravio del patrimonio de José Vilchis Valencia y en contra de la quejosa Alondra Damián Millán, medios de convicción que constituyen documentos públicos y se les otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. CUARTO. Causas de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan o no valer las partes, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, o bien, que de oficio se advierta impida abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida, que se conforma de los actos cuya certeza quedó acreditada según lo determinado en el considerando precedente. Tienen aplicación a la consideración anterior, los criterios siguientes. La jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, mayo de 1991, visible a página 95, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La jurisprudencia 1a./J.3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, enero de 1999, visible en la página 13, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." En ese orden de ideas, debe señalarse que el agente Ministerio Público adscrito a la mesa primera de trámite del Centro de Justicia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México adujo en su informe justificado que debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio al no existir el acto reclamado. Lo anterior posterior al enunciar las razones por la que estima constitucional el acto y hacer énfasis en que ha tomado las medidas correspondientes para que orden de arresto no sea cumplimentada, en razón de la suspensión decretada. Dicha causal es inoperante, pues como se señaló previamente, a pesar de lo expuesto por la autoridad responsable, el acto existe y fue emitido por la misma, de conformidad con lo expresado por el propio agente del Ministerio Público en su informe y las pruebas que él aportó. Al no existir otras causas de improcedencia manifestadas por la autoridad, ni advertirse de oficio se procede a estudiar el presente juicio. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para efectos del estudio correspondientes, se estima necesario relatar los siguientes antecedentes del acto reclamado: 1. El treinta de enero de dos mil diecinueve se inició denuncia contra quien resultara responsable por el hecho delictuoso de despojo, cometido en agravio del patrimonio de José Vilchis Valencia. Lo anterior, bajo el número de causa CUA/CUA/CUN/031/0226652/19/01. 2. Seguidas las investigaciones, se da la calidad de investigada a la hoy quejosa Alondra Damián Millán. 3. Posterior a ello, se llevan a cabo diversas diligencias con la intención de notificarle que debía presentarse en las oficinas de la representación social para llevar a cabo una diligencia de carácter ministerial, sin que se pudiera notificar. 4. El dieciséis de julio de dos mil veinte, un elemento de la policía de investigación acude al domicilio con el que contaban de la quejosa, sin que atendieran a su llamado, se entrevista con una vecina y ésta le confirma que Alondra Damián Millán habita el mismo. Razón por la que fijó en la puerta la notificación en la cual se requeriría para que acudirá a las oficinas ministeriales el quince de julio de dos mil veinte. 5. Al no acudir, el veintidós de julio siguiente el agente del Ministerio Público ordenó se dictara medida de apremio consistente en treinta y seis horas de arresto, con fundamento en el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin que se cumplimentara. 6. El treinta de julio siguiente, la quejosa se presentó en las oficinas de la representación social, acompañada de su defensor particular, señalando que acaba de recibir el citatorio de quince de julio anterior, motivo por el cual no pudo asistir. Sin embargo solicitó una nueva fecha para que tuviera lugar la cita para emplear un mecanismo alterno de solución de controversias con el señor José Vilchis Valencia, por lo que se determinó señalar como fecha el once de agosto siguiente. Lo anterior, se desprende del acta de comparecencia que a continuación se incluye: 7. Sin embargo, el once de agosto de dos mil veinte, la quejosa no compareció a dicha diligencia, razón por la que la agente del Ministerio Público determinó imponer la medida de apremio consistente en arresto por treinta y seis horas, previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, bajo el tenor de la imagen siguiente: 8. Con base en lo anterior, el treinta y uno de agosto la citada agente del Ministerio Público emitió la orden arresto en contra de la quejosa, la cual constituye el acto reclamado, y cuyo contenido se inserta en la siguiente imagen: SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación expuestos en la demanda no se transcriben en este apartado, en obvio de repeticiones y bajo el principio de economía procesal; además, el artículo 74, ni algún otro de la Ley de Amparo, prevé la obligatoriedad de realizar tal trascripción. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo del 2010, tomo XXXI, página 830, número de registro 164618, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." A pesar de lo anterior, debe señalarse la quejosa adujo esencialmente la trasgresión de los artículos 14 y 16 al estimar que la orden arresto girada en su contra, constituye un acto de molestia que carece de debida fundamentación y motivación. En suplencia de la queja se estima que el acto contraviene la seguridad jurídica de la quejosa, pues no medió apercibimiento, requisito previsto en el numeral 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales. SEÉPTIMO. Estudio. En suplencia de la queja se advierte que el concepto de violación expresado por la quejosa es esencialmente fundado, pues el acto reclamado transgrede el artículo 14 constitucional, contravenir la seguridad jurídica de la gobernada, pues fue dictado en contravención del artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por las razones que a continuación se exponen. En primer lugar, debe retomarse el contenido del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. De igual forma, resulta necesario transcribir el texto del artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece lo siguiente: CAPÍTULO IX MEDIOS DE APREMIO Artículo 104. Imposición de medios de apremio El Órgano jurisdiccional y el Ministerio Público podrán disponer de los siguientes medios de apremio para el cumplimiento de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones: I. El Ministerio Público contará con las siguientes medidas de apremio: a) Amonestación; b) Multa de veinte a mil días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se cometa la falta que amerite una medida de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores que perciban salario mínimo, la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados, de un día de su ingreso; c) Auxilio de la fuerza pública, o d) Arresto hasta por treinta y seis horas; II. El Órgano jurisdiccional contará con las siguientes medidas de apremio: a) Amonestación; b) Multa de veinte a cinco mil días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se cometa la falta que amerite una medida de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores que perciban salario mínimo, la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados, de un día de su ingreso; c) Auxilio de la fuerza pública, o d) Arresto hasta por treinta y seis horas. El Órgano jurisdiccional también podrá ordenar la expulsión de las personas de las instalaciones donde se lleve a cabo la diligencia. La resolución que determine la imposición de medidas de apremio deberá estar fundada y motivada. La imposición del arresto sólo será procedente cuando haya mediado apercibimiento del mismo y éste sea debidamente notificado a la parte afectada. El Órgano jurisdiccional y el Ministerio Público podrán dar vista a las autoridades competentes para que se determinen las responsabilidades que en su caso procedan en los términos de la legislación aplicable. De la lectura de los preceptos transcritos, tenemos por un lado que si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en aras de salvaguardar la seguridad jurídica, que nadie puede ser privado de su libertad, sino de conformidad con las leyes expedidas con anterioridad para el efecto. Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterios en los que señala que la garantía de seguridad jurídica se refiere a que la ley debe establecer los elementos mínimos que impidan que los actos de las autoridades sean arbitrarios. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 144/2006, de la Segunda Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, página:351, con número de registro 174094, así como rubro y texto siguientes: "GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES. La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o relaciones que por su simplicidad o sencillez, no requieren de que la ley pormenorice un procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo. Lo anterior corrobora que es innecesario que en todos los supuestos de la ley se deba detallar minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular, así como las facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad. Po su parte, el numeral 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala las medidas de apremio con las que tato el órgano jurisdiccional, como el agente del Ministerio Público cuentan para el cumplimiento de los actos que ordenen, entre ellas el arresto hasta por treinta y seis horas. Asimismo, retomando el texto constitucional se precisa que la resolución que imponga dichas medias debe estar fundada y motivada; y tratándose del arresto, esta debe contar con un apercibimiento previo, el cual debe ser debidamente notificado a la persona afectada. Apoya lo anterior, la tesis aislada XVII.2o.12 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo: Libro 78, Septiembre de 2020 Tomo II, Página:935, Décima Época, materia Penal, con número de registro 2022076, así como con rubro y texto siguientes: "MEDIDAS DE APREMIO PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 104, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PARA QUE SU IMPOSICIÓN SEA LEGAL, DEBE MEDIAR APERCIBIMIENTO, POR REGLA GENERAL. Los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutelan los derechos de legalidad -que consiste en que toda autoridad debe ajustar su actuar a las disposiciones que norman las atribuciones que le confiere la ley- y seguridad jurídica de las personas -que tutela el conocimiento de éstas tanto de la regulación normativa como del proceder de las autoridades, para asegurar que éste no es arbitrario y evitar indefensión-. Por su parte, el artículo 104, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales enlista los medios de apremio que puede emplear el órgano jurisdiccional para hacer cumplir sus determinaciones, sin precisar algún procedimiento para su aplicación, incluso, los artículos 57, párrafo último y 59, permiten que puedan aplicarse de manera indistinta. Del proceso legislativo que dio origen a ese código no se advierte alguna consideración sobre las medidas de apremio. Así, una interpretación literal del artículo 104, fracción II, conduciría a concluir que sólo se exige el apercibimiento para imponer arresto, en términos de su párrafo penúltimo. Sin embargo, la interpretación conforme de dicha norma, a la luz de los artículos constitucionales citados, permite concluir que, por regla general, el apercibimiento es un elemento indispensable previo a imponer cualquier medida de apremio, pues sólo a través de esa advertencia de la autoridad jurisdiccional, la persona está en aptitud de conocer la consecuencia jurídica de su contumacia. Este resultado hermenéutico protege de manera más amplia los derechos de legalidad y seguridad jurídica, en términos del artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Federal y, además, guarda congruencia con lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las contradicciones de tesis 46/99-PS y 125/2007-PS, de las que derivaron, respectivamente, las jurisprudencias 1a./J. 20/2001, de rubro: "MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y CHIAPAS)." y 1a./J. 60/2008, de rubro: "ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. NO NECESARIAMENTE DEBE DETERMINARSE SU TEMPORALIDAD DESDE EL APERCIBIMIENTO.". Además, estimar que el apercibimiento no es un requisito que deba mediar antes de imponer una medida de apremio, implicaría equipararlas a infracciones por incumplimiento a disposiciones legales, lo cual no es admisible si se considera que participan de una naturaleza distinta, pues éstas son consecuencias jurídicas específicas que establece el órgano legislativo frente a conductas determinadas y que son del conocimiento de las personas desde la entrada en vigor del ordenamiento respectivo, en tanto que las medidas de apremio son herramientas de la autoridad judicial para que sus órdenes concretas se cumplan, ante cuyo desacato tiene la facultad para elegir discrecionalmente e imponer una sanción de entre las previstas limitativamente en la ley; y es precisamente esta discrecionalidad para determinar la medida de apremio aplicable a cada caso, lo que propicia inseguridad jurídica en los justiciables, que sólo se corrige con el apercibimiento previo. Lo anterior es acorde con el razonamiento que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 431/2013, de la que surgió la jurisprudencia 1a./J. 35/2014 (10a.), de título y subtítulo: "MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. SU IMPOSICIÓN POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO ESTÁ CONDICIONADA A REQUERIMIENTO NI APERCIBIMIENTO PREVIOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Expuesto lo anterior, se advierte que la orden de arresto dictada en contra de la quejosa, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veinte, carece de una debida fundamentación y motivación, pues si bien se señala como sustento, entre otros numerales el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cierto es que fue emitida en contravención a dicho precepto. Lo anterior, pues como se señaló, de conformidad con el citado numeral previo a la orden de arresto, debe existir apercibimiento y éste debe encontrarse debidamente notificado. Siendo que en caso, tal y como se desprende del acta de comparecencia de la quejosa de treinta y uno de julio de dos mil veinte (imagen insertada en el apartado de antecedentes), no se desprende que se señalara dicho apercibimiento. Es decir, la quejosa desconocía las consecuencias de su inasistencia y por ende el acto resulta no solo contrario a dicho precepto, sino también en contravención a la seguridad jurídica de la quejosa. En las relatadas consideraciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable, Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa primera de trámite del Centro de Justicia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México: 1. Deje insubsistente la orden de arresto dictada en contra de la quejosa realizado de treinta y uno de agosto de dos mil veinte. OCTAVO. Transparencia y Acceso a la Información Pública. Hágase del conocimiento de las partes que la presente resolución estará a disposición del público para su consulta, con supresión de la información confidencial que en su caso pueda contener, de conformidad con los artículos 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que sea necesario su consentimiento para autorizar el acceso a la misma de actualizarse alguna de las hipótesis previstas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 63, fracción IV, 65, 73 a 75, 76, 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Alondra Damián Millán, contra los actos y autoridad señalada en el considerando tercero de la presente resolución SEGUNDO. La justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Alondra Damián Millán, en contra del acto atribuido al Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa primera de trámite del Centro de Justicia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México y en términos del considerando séptimo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se advierte que en auto de diecinueve de octubre del año en curso, se requirió a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Primera de Trámite de Carpeta de Investigación de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, para efecto de que remitiera domicilio del tercero interesado José Luis Vilchis Valencia, el cual fue desahogado el veintiocho de octubre siguiente, señalando el domicilio donde puede ser localizado y notificado el tercero. En consecuencia, se comisiona al Actuario de la adscripción a efecto de que se constituya en el domicilio ubicado en el ubicado en Avenida Nevado de Toluca, Manzana S 10, Edificio L 18-E, departamento 101, Unidad Habitacional Infonavit Norte, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54720, y una vez cerciorado que ahí se pueden localizar, proceda a su emplazamiento, corriéndole traslado con copia de la demanda y del presente proveído, haciéndole saber que puede apersonarse al presente juicio de amparo en su carácter de tercero interesado si así conviniere a sus intereses. Asimismo, le requiera para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de este órgano jurisdiccional, apercibiéndolo para que en caso de no hacerlo así, se le hará las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. En mérito de lo expuesto, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy, y se fija como nueva hora y fecha para su celebración las nueve horas con treinta y un minutos del quince de diciembre de dos mil veinte. Notifíquese.

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