Alondra Abigail Zavala Escandón y Otros.

Expediente 40/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 13 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
40/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
08/04/2022

Partes del expediente

  • Alondra Abigail Zavala Escandón y Otros.
  • Juan Antonio Zavala Escandón y Otros.
  • Alondra Abigail Zavala Escandón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    ... Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del dieciséis al treinta de marzo del año en curso; transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes recurrieran la sentencia dictada el ocho de marzo de dos mil veintidós, sin que haya hecho uso del recurso de revisión a que se alude; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a dicho ordenamiento, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. ...en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. ... se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se decretó el sobreseimiento, no existen documentos originales y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental amerite su conservación. Tratamiento del cuaderno original del incidente de suspensión. En cuanto al original del incidente de suspensión se establece que es susceptible de destrucción. Tratamiento del duplicado del cuaderno incidental. Por lo que respecta al duplicado del cuaderno incidental procédase a su destrucción dentro del término de seis meses. En consecuencia, anótese en la carátula del expediente que tanto el cuaderno principal como los cuadernos incidentales, son susceptibles de DESTRUCCIÓN, que no existen documentos originales y la fecha de este proveído. Una vez transcurrido el plazo de tres años, dese el trámite correspondiente de conformidad a lo dispuesto por el anotado Acuerdo. Notifíquese.

  2. Principal

    ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo número 40/2022-6, promovido por Ángela Escandón Quiroz, en representación de sus menores hijos de iniciales J.A.Z.E. y A.A.Z.E., contra los actos reclamados a la autoridad responsable precisada en el considerando segundo, por las razones plasmadas en el considerando último de esta sentencia.

  3. Incidental

    ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva a Ángela Escandón Quiroz, en representación de sus menores hijos de iniciales J.A.Z.E. y A.A.Z.E., contra los actos reclamados a la autoridad responsable precisada en el resultando primero, por los motivos indicados en el considerando último de esta interlocutoria.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercero interesada Executory, S.A DE C.V.***, la determinación de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, que en síntesis dice: ... Visto el contenido de la certificación que antecede, de la que aparece que el término de veinte días concedido a la parte quejosa: (i) María*****, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de María *****y, (ii) Rafael******, mediante proveídos de veintiocho de abril, diez de junio y quince de diciembre, todos de dos mil veintiuno, a fin de que dieran cumplimiento al requerimiento que les fue formulado y acreditaran la publicación de los edictos respectivos, a efecto de emplazar al tercero interesado Juan Pablo Ochoa García de Quevedo, a publicarse tres veces de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación; en uno de los Periódicos de mayor circulación en la República Mexicana; y, otro de mayor circulación en el Estado, transcurrió en el periodo comprendido del veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno al veinticuatro de enero de dos mil veintidós, y del once al quince de febrero de dos mil veintidós; sin que lo hayan hecho, no obstante estar debidamente notificados del referido auto, según se desprende de las constancias que obran en el expediente en que se actúa. En tal virtud, y toda vez que conforme al numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, concluidos los términos fijados a las partes, se tendrá por perdido el derecho que dentro de ellos debió ejercitarse; con fundamento en el artículo 297, fracción II, del citado cuerpo de leyes, se hace efectivo el apercibimiento con el que se conminó a la parte quejosa (i) María*****, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de María****** y, (ii) Rafael*****, en proveídos de veintiocho de abril, diez de junio y quince de diciembre, todos de dos mil veintiuno, y en consecuencia, se provee: Sobreseimiento En el caso, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II, en relación con el 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Los referidos artículos prevén que debe sobreseerse en el juicio de amparo cuando el quejoso no acredite que haya realizado la publicación de los edictos necesarios para emplazar a juicio al tercero interesado. Las constancias relevantes del juicio de amparo en que se actúa: 1) Mediante acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 108, fracción II, de la Ley de Amparo, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contados a partir de que surtiera efectos la notificación de dicho auto, proporcionara el domicilio actual y correcto donde pudiera ser emplazado el tercero interesado Juan******, y si no lo conocía, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; y se le apercibió que de no cumplir con lo ordenado, previa investigación que se hiciera por parte de este Juzgado, se haría el emplazamiento por edictos a costa de la parte quejosa, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 2) Con fecha diez de marzo de dos mil veintiuno, en virtud de que la parte quejosa, no desahogaron el requerimiento contenido en el acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil veinte; con apoyo en lo dispuesto en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley de Amparo y 315 del código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordenó girar sendos oficios al Director General de Métodos de Investigación del Estado; Administrador Local de Servicios al Contribuyente de San Luis Potosí; Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado; Director de Catastro Municipal; Director de Catastro de Gobierno del Estado; Delegado Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social en esta ciudad; Gerente Jurídico en Delegación V del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores Delegación San Luis Potosí; Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral; Director del Registro Público de la Propiedad; Director General del Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez; Teléfonos de México; y Superintendente de la Zona San Luis de la Comisión Federal de Electricidad de esta ciudad, para que previa investigación que hiciera el primero y búsqueda en su base de datos y archivos correspondientes, los segundos, proporcionaran a este Juzgado de Distrito el domicilio actual y correcto del tercero interesado Juan Pablo Ochoa García de Quevedo, a fin de ordenar su emplazamiento a juicio. 4) Por acuerdos de diecinueve de marzo, veintidós de marzo, veintitrés de marzo, veinticuatro de marzo, veinticinco de marzo y veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se agregaron a los autos los oficios signados por el Jefe de Departamento Comercial de Zona San Luis Potosí de la Subgerencia Comercial División Golfo Centro, Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos y Delegado Regional del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, San Luis Potosí, Director de Recaudación y Política Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí; Director de Catastro del Instituto Registral y Catastral del Estado; Policía Encargado del Grupo Jaguar de Moto Patrullas de la Coordinación de Delitos Diversos de Métodos de Investigación de la Fiscalía General del Estado; y, Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Servicio Social, Director de Catastro del Ayuntamiento de San Luis Potosí y Director Jurídico del Instituto Registral y Catastral del Estado, Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en San Luis Potosí, Director Jurídico del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, INTERAPAS, y Subadministrador adscrito a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de San Luis Potosí "1", con sede en San Luis Potosí, en suplencia por ausencia del Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de San Luis Potosí "1" con sede en San Luis Potosí, a través de los cuales dieron cumplimiento al requerimiento que les fue hecho en proveído de diez de marzo de dos mil veintiuno, sin resultados positivos en relación al domicilio actual y correcto del tercero interesado Juan Pablo Ochoa García de Quevedo. 5) En acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, inciso b) segundo párrafo de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordenó emplazar a juicio a Juan******, por medio de edictos, a publicarse de tres veces de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los Periódicos de mayor circulación en la República Mexicana y otro de mayor circulación en el Estado, a costa de la parte quejosa. En el propio acuerdo, se precisó a la parte quejosa que el término de veinte días a que se refiere el artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que realizara la publicación de los edictos ordenados en autos, corría a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación del citado proveído; y, se le apercibió que de no dar cumplimiento en el término concedido, se decretaría el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 27, fracción III, inciso b) segundo párrafo y 5°, fracción III, de la Ley de Amparo. 7) Por acuerdo de veintiséis de julio de dos mil veintiuno -previa justificación del deceso de la quejosa María*******, el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno-, se decretó la suspensión del procedimiento del juicio de amparo hasta en tanto se apersonase a juicio el representante de la sucesión de mérito. 8) Acto seguido, mediante proveído de quince de diciembre de dos mil veintiuno se tuvo a María******, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de la quejosa María*******, apersonándose en este controvertido constitucional y, por ende, se dispuso la continuación del trámite en la etapa procesal correspondiente. Y en tal virtud, una vez que se ordenó levantar la suspensión del procedimiento decretada en auto de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, se determinó al haber comparecido en autos la representante de la sucesión de la quejosa cuyo fallecimiento quedó acreditado en autos, notificarle personalmente el auto de diez de junio de dos mil veintiuno, con el fin de que, tal y como ahí se precisó se presentase ante este Juzgado de Distrito en el plazo concedido a recoger los edictos para lograr el emplazamiento del tercero interesado Juan*******. En el entendido que el requerimiento y apercibimiento precisados en el auto de diez de junio de dos mil veintiuno, surtiría sus efectos una vez que dicha parte fuera notificada del proveído antes indicado, así como el diverso que ordenó el referido emplazamiento. Luego, el acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintiuno, se notificó a la parte quejosa mediante lista de acuerdos publicada el veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, según se advierte de las constancias que obran agregadas en el expediente en que se actúa. Por lo que, en diverso proveído de diez de enero de dos mil veintidós fue recibido el escrito signado por el quejoso Rafael******, mediante el cual exhibió los comprobantes de pago de la publicación de edictos en uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana y otro de mayor circulación en el Estado, así como constancia de cotización de la publicación de los mismos en el Diario Oficial de la Federación, relativos al emplazamiento del tercero interesado Juan******. 10) Por acuerdo de uno de febrero de dos mil veintidós, con la finalidad de que este Juzgado estuviese en condiciones de verificar sí los edictos fueron entregados para su publicación dentro de la temporalidad que establece el artículo 27, fracción III, inciso B), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se requirió al quejoso Rafael****** para que dentro del término de tres días exhibiera las constancias que acreditaran la entrega de los edictos para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los Periódicos de mayor circulación en la República Mexicana y otro de mayor circulación en el Estado, o bien, exhibiera los ejemplares de la publicación respectiva; apercibido legalmente que de no hacerlo se acordaría lo que en derecho proceda. En atención al requerimiento formulado con antelación, por auto de nueve de febrero de dos mil veintidós se agregó el escrito signado por el quejoso Rafael******, a través del cual exhibió la publicación de edictos en los Periódicos de mayor circulación en la República Mexicana y de mayor circulación en el Estado, excepto del relativo a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, por los motivos que expuso en su escrito de cuenta. Así, de acuerdo con las manifestaciones expresadas por la parte quejosa, en las que hizo del conocimiento de este órgano de control constitucional, las razones por las cuales no le había sido posible llevar a cabo la publicación de los edictos en el Diario Oficial de la Federación, es que se le indicó que si bien este órgano jurisdiccional no cuenta con personal que pudiera ser asignado para que le asesore y/o auxilie en la gestión y publicación de los edictos ordenados en autos, es que se le hizo de su conocimiento que en la planta baja del edificio del Poder Judicial de la Federación ubicado en Palmira 905, del fraccionamiento Desarrollos del Pedregal, en esta Ciudad se encuentran los asesores adscritos a la defensoría Pública Federal, los cuales en todo caso estarían en aptitud de asesorarlo en las gestiones respectivas. Acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintidós que se notificó a las partes mediante lista de acuerdos publicada al día siguiente, esto es, el diez de febrero del presente año, según se advierte de las constancias relativas. Expuesto lo anterior y atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte lo siguiente: a. El plazo de veinte días concedido a la parte quejosa para que acreditara haber realizado las gestiones de publicación de la totalidad de los mencionados edictos transcurrió del veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno al veinticuatro de enero de dos mil veintidós; y, b. No existen constancias que acrediten que la parte quejosa a la fecha hubiese agotado todos los trámites necesarios para la publicación del edicto en el Diario Oficial de la Federación, ordenado en proveídos de veintiocho de abril, diez de junio y quince de diciembre, todos de dos mil veintiuno. Actualización de la causa de improcedencia. Conforme con los antecedentes reseñados, es inconcuso que la parte quejosa al no acreditar haber realizado los trámites de publicación de los edictos para emplazar al tercero interesado Juan Pablo Ochoa García de Quevedo; aun cuando trascurrió, el plazo de veinte días que prevé el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; revela su desinterés para continuar con la instancia constitucional. Entonces, al tomar en consideración la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el mismo, pueden llegar a afectar la esfera jurídica del tercero interesado, debe estimarse que su emplazamiento, es un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, es atribuible a la parte quejosa por la falta de publicar los edictos ordenados en acuerdos de veintiocho de abril, diez de junio y quince de diciembre, todos de dos mil veintiuno, lo que impide a la juzgadora pronunciarse sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, y por ende, tal como lo establece el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, se actualiza una causa de sobreseimiento manifiesta e indudable. Ello es así, pues constitucionalmente no es válido que un órgano jurisdiccional resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica puede ser afectada con su resolución. En ese orden, al quedar paralizado el juicio constitucional por la omisión de la parte quejosa en publicar la totalidad de los edictos para lograr el emplazamiento del tercero interesado Juan******, contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que sea esto atribuible al órgano jurisdiccional sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. Aunado a lo anterior, se destaca que en el caso no se está en excepción alguna que obligue a esta juzgadora a gestionar ante el Consejo de la Judicatura Federal el pago de los edictos respectivos, en tanto que, la parte quejosa no acreditó por ningún medio tal situación, lo anterior es así, ya que en primer lugar su calidad no justifica en sí misma la exención en el pago de los edictos cuya publicación se ordenó en autos, como lo sería tratándose de un menor o incluso de un sujeto de derecho agrario, por lo que no se acreditan indicios que demuestren que no tiene la capacidad económica para cubrir el monto que implica la publicación de los edictos de que se habla; únicos supuestos los anteriores que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha delimitado a fin de preservar el derecho que tiene toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, de conformidad con lo que contempla el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ... En consecuencia, es inconcuso que en el caso está demostrada la causa de SOBRESEIMIENTO prevista en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo. Impartición de justicia Por todo lo anterior, si en el caso, ha quedado patentizada la referida causa de improcedencia, entonces esperar hasta que se logre emplazar al tercero interesado y que se celebre la audiencia constitucional para sobreseer, sólo traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le imparta justicia por los tribunales que estarán expeditos para ello en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Cabe citar al respecto la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Dado el sobreseimiento decretado en el presente juicio de garantías, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional fijada para las diez horas con doce minutos del uno de marzo de dos mil veintidós. Escrito de cuenta Por último, téngase recibido y agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por Adolfo******, autorizado para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la moral tercero interesada "******", sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada; respecto de su contenido, dígase al promovente que deberá estarse a lo acordado en el presente proveído. Notifíquese personalmente...

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