Almendra Guadalupe Tovar López y Otros.
Expediente 548/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa. 36 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 548/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 14/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Almendra Guadalupe Tovar López y Otros.
- M. T. S. T. y Otros.
- Almendra Guadalupe Tovar López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
Visto el estado procesal de autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido al proveído de veinte de enero del presente año dictado en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto que sobresee fuera de audiencia el presente asunto, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Comuníquese a las partes dicha determinación, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Sin que constituya obstáculo a lo anterior, el hecho de que no se cuente con los acuses de recibo relativos a los oficios números, 1048/222, 1049/2022, 1050/2022, 1051/2022, 1052/2022, 1053/2022, 1054/2022, 1055/2022, 1056/2022, 1057/2022 dirigidos a las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Titular de la Dirección General de Epidemiologia de la Secretaría de Salud, Titular del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, Presidente Consejero del Consejo de Salubridad General, todas con sede en Ciudad de México, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, Secretario de Servicios de Salud del Estado de Sinaloa, Director General del Organismo Público Descentralizado Denominado Servicios de Salud de Sinaloa, Delegado de la Secretaría de Bienestar Social en el Estado, todas con sede en Culiacán, Sinaloa, mediante los cuales se les envió copia autorizada del proveído de veinte de enero del presente año; toda vez que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, por lo que es claro que no les causa agravio alguno a las autoridades de referencia. En apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro digital 229601 cuyo rubro y texto dicen: "REVISION. RECURSO DE. ES IMPROCEDENTE CUANDO LO INTENTA UNA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CONTRA DE UN FALLO DE SOBRESEIMIENTO. Basta considerar que los recursos previstos en la Ley de Amparo fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación, para llegar a la conclusión de que es inadmisible la revisión intentada en contra de un fallo de sobreseimiento por parte de la autoridad responsable, pues no le causa ningún perjuicio. Adviértase que una resolución de sobreseimiento al producir el cese inmediato de la tramitación del procedimiento, conserva intacto el acto reclamado y deja las cosas en el estado que guardaban hasta antes del ejercicio de la acción. En tales condiciones una determinación de este género, si bien puede resultar perjudicial para el quejoso pues le impide obtener una sentencia favorable a sus intereses, en cambio no puede causar por sí misma perjuicio a las autoridades, porque ni vincula su actuación en algún sentido, ni les impone deberes, y menos aún prejuzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado. La necesidad de desechar este recurso resulta también de considerar que el juicio de garantías y los medios de impugnación previstos en el mismo no fueron diseñados para dilucidar cuestiones que, si bien jurídicamente podrían ser de gran significación o trascendencia, en cambio no encuentran correlato en la realidad, pues de otra manera se vería sacrificada la administración de justicia en aras de la corrección técnica de los fallos emanados de los Tribunales de Amparo." En razón de que el presente juicio se encuentra concluido, se ordena remitirlo al archivo de expedientes de trámite, en términos del artículo 8, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso a) del ya citado Acuerdo General, se estima que el presente expediente al no ser de relevancia documental, se les otorga valor de destruible. De conformidad a lo dispuesto por el numeral 21, inciso c), del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al original del incidente de suspensión se le otorga valor de destruible. Por tanto, una vez que transcurran los tres años a que se refiere dicho precepto, este órgano jurisdiccional procederá a dar cumplimiento a lo anterior. Sin que se esté en condiciones de darle destino al duplicado del incidente de suspensión, en razón a que no se ordenó su apertura material del mismo, sino únicamente de manera electrónica, por lo que no existe posibilidad de darle destino material al mismo. Además, para los efectos a que se contrae el artículo 8° de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley en cita, y en su artículo 8, como se advierte de la certificación de cuenta, se informa que ninguna de las partes hizo hecho manifestación alguna en cuanto a expresar su voluntad o no de que sus datos personales se incluyeran en la publicación de la sentencia; lo anterior, para los efectos legales que en ese aspecto, haya lugar. Téngase por recibido un sobre postal devuelto que contiene el oficio 198342021, dirigido al Presidente Consejero del Consejero de salubridad General, con sede en ciudad de México, por el que se rexpidió el oficio por el que se le solicitaba su informe justificado, el cual fue devuelto por el Administrador Postal con sede en esta ciudad, sin que se advierta el motivo de la devolución. Únicamente agréguese a los autos el sobre postal que contiene el oficio de cuenta, toda vez que en proveído de veinte de enero del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo
- Principal
Ténganse por recibidos los oficios 114/CJEF/CACCC/CJG/V.2/12883/2021 de la Consejera Jurídica General, en ausencia de la Consejera Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso del Ejecutivo Federal, mediante los cuales hace del conocimiento que se otorgó la representación presidencial a la Secretaría de Salud en el presente juicio de amparo 548/2021, asimismo devuelve el oficio 19931/2021, solicitando que dicha documentación sea notificada en el domicilio de la citada dependencia. En atención a lo anterior se acuerda: Únicamente agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta para que obren como correspondan, toda vez que en proveído de veinte de enero del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo.
- Incidental
Téngase por recibido el escrito presentado electrónicamente por ** autorizada de la menor de identidad reservada de iniciales [M. T. S. T.], mediante el cual, informa que los días once de octubre y ocho de noviembre ambos de dos mil veintiuno, se aplicaron a la menor quejosa la primera y segunda dosis de la vacuna Pfizer y para ello anexa los comprobantes de vacunación. En atención a lo anterior, se acuerda: Agréguese a los autos el escrito de cuenta y anexo que acompaña, a fin de proveer lo que corresponda. Ahora bien, y toda vez que de los presentes autos, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, que a continuación se indican: "a) La omisión de aplicar de manera congruente con el mandato presidencial de acudir a clases presenciales llueve, truene o relampaguee, a partir 30 de agosto de este año, la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, y dejar de ordenar que respecto a los niños de 12 a 18 años, se aplique la vacuna Pfizer BioNtech a la quejosa, con sus dos dosis, ante la eminente entrada al ciclo escolar 2021-2022, que inicia el 30 de Agosto de 2021, y bajo el interés superior de la niñez, para tutelar, proteger y garantizar los derechos a la salud, a la vida, a la educación, a la prevención y su concreción, en gran porcentaje, en condiciones de mínimo contagio, o que no tenga complicaciones graves que mermen su salud e incluso que le provoquen su muerte, por la variante DELTA que aqueja a nuestro Estado o cualquiera otra, que como derechos humanos reconocidos a nivel nacional e Internacional no admiten excepciones discriminatorias. b) La omisión de llamar, informar y/o notificar a la menor, de manera urgente e inmediata, el lugar, horario y fecha en que se le aplicarán las dosis de la vacuna autorizadas, antes del inicio de clases presenciales, treinta de agosto de este año en la Ciudad de Mazatlán Sinaloa. c) La discriminación sin sustento ante el derecho a la vida, a un desarrollo integral en la medida de lo posible y salud con violación del interés superior de la niñez, objetivamente transgredido, independientemente o no de que haya clases presenciales. d) Todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas que se traducen materialmente en el hecho de que la quejosa no haya recibido aún la vacuna contra la enfermedad COVID-19 y su variante Delta, por lo tanto, peligre y esté en riesgo inminente su salud y su vida; cada día es un día más de riesgo, ante las omisiones que se señalan, además de que como ciudadanos de la República, tienen derecho a la preservación de su vida y de su salud, sin discriminación por motivo de no ser personal integrante del sector salud y/o médico de México y/o de un grupo etario determinado y/o dentro de un esquema de vacunación y/o porque no tengan una enfermedad que los pueda agravar para el caso de contagiarse con este virus." Por su parte, es oportuno destacar que solicitó la suspensión provisional para el efecto de que la menor de iniciales [M. T. S. T.], fuera vacunado con la vacuna Pfizer BioNTech. Del escrito que ahora se recibe, se aprecia que la autorizada legal de la menor de iniciales [M. T. S. T.], -aquí quejosa- informó que los días once de octubre y ocho de noviembre ambos de dos mil veintiuno, se le aplicaron a la menor quejosa la primera y segunda dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech, cumpliéndose con el esquema completo de vacunación, y al efecto anexó los comprobantes de vacunación. En esa medida, se declara sin materia el presente incidente de suspensión, por ende, se dejan sin efecto las providencias aquí decretadas, así como el señalamiento para la audiencia incidental; ello, en razón de que no existe materia sobre la que resolver precautoriamente sobre la suspensión. Con copia del escrito que se recibe dése cuenta en el cuaderno principal del que deriva este incidente, para los efectos legales correspondientes. Se ordena elaborar el presente acuerdo en formato de lectura fácil.
- Principal
Visto el estado procesal de autos de los cuales se advierte que en el incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo se tuvo por recibido el escrito de la autorizada de la menor de identidad reservada de iniciales [M. T. S. T.], donde hizo del conocimiento de este Juzgado, que la menor quejosa, los días once de octubre y ocho de noviembre ambos de dos mil veintiuno, se le aplicaron la primera y segunda dosis de la vacuna Pfizer, y para constancia de ello, anexó los comprobantes de vacunación. Aspecto que se invoca como un hecho notorio para este Juzgado, en términos de lo previsto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis P./J. 16/2018 (10ª.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2017123, cuyo rubro dispone: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." Ahora, del estado procesal de los presentes autos, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, que hiciera consistir en la omisión de ordenar y en su momento aplicar el cuadro completo de vacuna Pfizer/BioNTech contra Covid-19 a la menor quejosa de iniciales [M. T. S. T.]. Por su parte, es oportuno destacar que de la constancia allegada por la parte quejosa, se observa que la menor de iniciales [M. T. S. T.]. -aquí quejosa- los días once de octubre y ocho de noviembre, ambos de dos mil veintiuno, se aplicaron la primera y segunda dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech. Acompañando al efecto, copia del comprobante de vacunación correspondiente. En esa medida, es incuestionable, que han cesado los efectos del acto reclamado; toda vez que en el caso, la parte quejosa sustancialmente señalaba como acto reclamado la omisión de aplicar la vacuna contra el virus SARS CoV-2, de las cuales y en razón a lo antes descrito, se observa nítidamente que ya se le aplicó el esquema completo de la vacuna Pfizer/BioNTech; siendo claro que al aplicar a la menor quejosa el esquema completo de vacunación de referencia, es incuestionable que cesaron los efectos de los actos reclamados. Lo anterior es así, debido a que al efectuarse el pago por dicha prestación social al solicitante de garantía, se genera una situación idéntica a la que habría prevalecido si los actos reclamados no se hubiesen emitido, y por lo tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXI, y 62 de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Las referidas porciones normativas determinan que el juicio de amparo es inviable, entre otros supuestos por cesación de efectos, esto es, la causa de improcedencia se actualiza cuando los efectos del acto reclamado se han destruido en su totalidad, de forma tal que la afectación a la esfera jurídica del peticionario del amparo ha desaparecido. El objetivo del juicio constitucional es volver las cosas al estado en el cual se encontraban antes de concretarse la afectación -si el acto es de carácter positivo-, o forzar a la autoridad a realizar la conducta que indebidamente omitió -si el acto es de carácter omiso-. Por eso, cuando los efectos del acto reclamado desaparecen, el juicio de amparo se torna improcedente al desvanecerse la materia respecto de la cual se concretarían los efectos de la eventual protección constitucional, al dejar de existir la afectación a los intereses de la parte quejosa. Sobre ese tópico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado diversas tesis en las cuales explica que cesan los efectos del acto reclamado cuando la autoridad responsable revoca el propio acto o lo deja sin efectos, o bien cuando realiza la conducta que dejó de realizar; además, precisa como condición necesaria para la configuración de la inviabilidad del juicio por este motivo, que los efectos del acto queden totalmente destruidos. Los criterios de referencia llevan por rubro: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS." "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS" Bajo esos parámetros, la cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que emitió el acto deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al suprimir su actuación o bien al llevar a cabo el acto que omitió realizar, lo cual implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que incluso puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues la razón de la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la imposibilidad fáctica de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ni ha dejado huella alguna en la esfera jurídica de la peticionaria que amerite ser subsanada con la concesión del amparo. Pues bien, como se adelantó, constituye un hecho notorio -en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a Ley de Amparo- la responsable aplicó de manera completa a la menor, el esquema completo de vacunación Pfizer/BioNTech contra el virus SARS CoV-2. Razón por la cual, los efectos del acto reclamado quedaron totalmente destruidos, por lo que con apoyo en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo, respecto de los actos que la quejosa reclamó. Sustenta a lo anterior, la jurisprudencia, 2ª/J.10/2003, emitida por la Segundad Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." " En virtud de lo antes expuesto, se dejan sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la audiencia constitucional respectiva programada para las nueve horas con ocho minutos del dos de febrero de dos mil veintidós. Finalmente, a efecto de proteger la integridad de los Actuarios que se encuentran adscritos a este Juzgado, los que incluso, son comisionados para realizar diligencias de carácter urgente, se determina que cuando se trate de un caso que, por sus características, implique un peligro de contagio por el virus SARS-Co2 (COVID-19), en las notificaciones que aquellos efectúen no se estampe la firma respectiva por la persona a notificar, y solamente se haga constar cómo se cercioró de que es la persona indicada y pormenorizar las circunstancias en que se encuentra. Se ordena elaborar el presente acuerdo en formato de lectura fácil.
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