Almadelia García Romero
Expediente 2001/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2001/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 30/01/2023
Partes del expediente
- Almadelia García Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Oficio. El abogado patrono de la parte quejosa, solicita que se le tenga por desistido del presente juicio de amparo. Acuerdo. Agréguese a los autos sin mayor acuerdo, toda vez que en fecha veintisiete de enero de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el testimonio del Tribunal Colegiado de Circuito mediante el cual declaró infundado el recurso de queja interpuesto en contra del desechamiento de nueve de noviembre de dos mil veintidós.
- Principal
Oficio. La Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con anexos consistentes en copias certificadas del juicio de amparo en que se actúa y el testimonio de la ejecutoria emitida el doce de enero de dos mil veintitrés, en el recurso de queja 377/2022 de su índice; cuyos puntos resolutivos son los siguientes: UNICO. SE DECLARA INFUNDADO ESTE RECURSO DE QUEJA... Acuse de recibo. Acúsese de inmediato el recibo de estilo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), y agréguese a la brevedad la constancia de su envío al expediente electrónico y físico en que se actúa. Por cuanto hace a las copias certificadas que remite, se ordena su resguardo en la secretaria de este órgano jurisdiccional. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 21 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
- Principal
Oficio. El Titular del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en cumplimiento al auto de quince de noviembre de dos mil veintidós, informa que notificó el oficio 41056/2022, a la perito oficial ---. Se toma conocimiento de lo informado para los efectos legales conducentes.
- Principal
Oficio. El Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, informa las gestiones que realizó a efecto de dar cumplimiento a la sentencia de amparo y solicita se vincule al cumplimiento de la ejecutoria de amparo al Director del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por los motivos que expone. Consecuentemente, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta y se toma conocimiento de lo informado, para ser considerado en el momento procesal oportuno. Atento a lo que solicita la autoridad responsable, por el momento, no ha lugar a vincular al cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la autoridad que refiere la oficiante, en virtud de que de las constancias de autos, se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, ha requerido a dicha autoridad para que emita el dictamen correspondiente a la pericial ofrecida en el juicio laboral de origen D-2/429/2018, sin que a la fecha haya hecho efectivo los apercibimientos correspondientes, por lo que en este momento no se considera oportuno acordar favorable la petición en mención. No obstante, se requiere a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, para que en el término de tres días, siguientes a la notificación del presente proveído, cumpla con los efectos decretados en la ejecutoria de mérito, consistentes en lo siguiente: "1.- Dicte y notifique el acuerdo correspondiente al señalamiento de fecha y hora para el desahogo de las pruebas pericial y testimonial ofrecidas por la parte actora, dentro del juicio laboral D-2/429/2018, dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo. 2.- Notifique a la totalidad de los testigos. 3.- Desahogue las pruebas pericial y testimonial ofrecidas por la parte actora dentro del juicio laboral D- 2/429/2018." Atento a lo anterior, deberá remitir copia certificada de las constancias con las cuales acredite su cumplimiento. Apercíbase a las referidas autoridades que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá a Enrique Martínez Arellano, persona física que actualmente ocupa el cargo de Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, Jaime Sánchez Juárez, representante de los trabajadores, y Emma Montiel Carrasco, representante de los patrones, una multa, a cada uno, de cien unidades de medida y actualización, a cada uno, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 apartado B y Sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 1°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $96.22 (noventa y seis pesos, veintidós centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, lo cual resulta en la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, cero centavos, moneda nacional). En el entendido que en términos del artículo 193, primer párrafo de la Ley de Amparo, los citados titulares requeridos seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; y, de igual forma serán comprometidas las personas físicas que ocupen el cargo con posterioridad si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria. Asimismo, conforme a lo previsto por el artículo 192, segundo párrafo, de la ley de la materia, se hace del conocimiento a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento en la forma y términos señalados, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de este Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus cargos y su consignación; en el entendido que el cumplimiento extemporáneo injustificado no es excluyente de responsabilidad. Sin que haya lugar a requerir a la Junta responsable por conducto de su superior jerárquico en términos del artículo 192 de la ley de la materia, en razón de que dicha autoridad es un organismo plenamente autónomo en el ámbito jurisdiccional.
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