Almacenadora Mercader, S.A., Organización Auxiliar del Crédito

Expediente 582/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
582/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
16/10/2019

Partes del expediente

  • Almacenadora Mercader, S.A., Organización Auxiliar del Crédito
  • Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil del Estado de Sinaloa, ciudad

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que dicho auto dictado el veinte de septiembre del año en curso en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Jorge González García, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Almacenadora Mercader, Sociedad Anónima, Organización Auxiliar de Crédito, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes, toda vez que el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, en contra del mismo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 214, de la Ley de Amparo, se declara que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, por lo que se ordena su archivo definitivo. Una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y análisis en coordinación con el titular de este juzgado. En la inteligencia de que una vez analizado el presente asunto se considera que no es de relevancia documental y es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó la demanda de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Se agregan las constancias remitidas por el Primer Tribunal Unitario del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, de las que se advierte que en atención a la solicitud realizada por el suscrito en auto de tres de octubre de dos mil diecinueve (foja 67), notificó el auto de veinte de septiembre del año actual, en el presente asunto, por medio de lista publicada en los estrados de ese Tribunal. Lo que se agrega para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    A fin de no dejar en estado de indefensión a la parte promovente, Jorge González García, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Almacenadora Mercader, Sociedad Anónima, Organización Auxiliar de Crédito, mediante oficio, solicítese amablemente al Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, para que, de no tener inconveniente, notifique a la parte quejosa el auto de veinte de septiembre del presente año, dictado por este órgano jurisdiccional, por medio de lista en los estrados de ese tribunal de alzada. Asimismo, se solicita que de no tener inconveniente, una vez realizada la notificación mencionada en el párrafo que antecede tenga a bien remitir las constancias inherentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, a veinte de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 2285/2019 y anexos con que el Secretario da cuenta, suscrito por la Secretaria del Primer Tribunal Unitario del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual remite el juicio de amparo 65/2019-I, y comunica que ese órgano jurisdiccional carece de competencia legal para admitir, conocer y resolver de la demanda de amparo planteada. De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgador acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto; comuníquese lo anterior a la autoridad declinante para su conocimiento y en vía de acuse de recibo. Vista la demanda de amparo promovida por Jorge González García, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Almacenadora Mercader, Sociedad Anónima, Organización Auxiliar de Crédito, contra actos del Juez Séptimo de Distrito en Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad (en su correcta denominación), y otras autoridades, fórmese el expediente respectivo, regístrese en el libro uno de Juzgado, correspondiente a registro de juicios de amparo, con el número que le corresponda y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, antes de admitir una demanda de garantías, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Así las cosas, la promovente señaló como acto reclamado: "lV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN RECLAMADO.- Lo constituye la resolución dictada el pasado 19 de Agosto de 2019 por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil de el Estado de Sinaloa con sede en los Mochis (.)" Ahora bien, en los antecedentes del acto reclamado el promovente manifestó bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: - Mediante auto de cinco de junio de dos mil diecisiete el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta localidad, admitió la demanda ordinaria mercantil, incoada por Francisco Eduardo Labastida Vargas, en contra de la moral Almacenadora Mercader, Sociedad Anónima, Organización Auxiliar de Crédito (aquí quejosa), la cual fue registrada con el número 23/2017. - Seguido en su trámite, el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, el Juez responsable dictó sentencia en la que condenó a la aquí quejosa, inconforme la moral quejosa, interpuso recurso de apelación, la cual tocó conocer al Segundo Tribunal Unitario del Décimo Segundo circuito, con sede en Mazatlán, misma que registró con el número de toca de apelación 33/2018. - Seguido en sus etapas procesales, el Magistrado del Tribunal Unitario mencionado en el párrafo que antecede, dictó sentencia en la que confirmó la resolución emitida por el Juez de origen, inconforme con dicha sentencia, la moral aquí quejosa interpuso demanda de amparo directo, el cual tocó conocer al Tribunal Colegiado en Materia civil del Décimo Segundo Circuito, el cual registró como amparo directo 1033/2018. - Posteriormente, el Tribunal Colegiado mencionado en el párrafo que antecede, dictó sentencia en la que negó la protección Federal, por lo que el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta localidad, dentro del juicio ordinario civil 23/2017, el dieciséis de julio del año en curso, dictó un auto mediante el cual dictaminó la ejecución forzosa de la ejecutoria y ordenó al actuario de su adscripción a fin de que embargara bienes de su propiedad hasta por la cantidad de $3´241,240.00 (tres millones doscientos cuarenta y un mil doscientos cuarenta 00/100 moneda nacional). Luego, mediante diligencia de quince de agosto del año en curso, el actuario adscrito al Juzgado de Distrito responsable, procedió a embargar un inmueble y bienes muebles propiedad de la aquí quejosa. - Consecutivamente el diecinueve de agosto del presente año, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta localidad, emitió un auto mediante el cual requirió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México, para que investigara las cuentas bancarias de la aquí parte quejosa, y una vez localizadas dichas cuentas, aseguraran el numerario que tuviera la moral aquí quejosa, hasta por la cantidad de $3´241,240.00 (tres millones doscientos cuarenta y un mil doscientos cuarenta 00/100 moneda nacional). Siendo la anterior determinación la que constituye el acto reclamado. En primer término, cabe establecer que efectivamente, como lo refiere la parte quejosa, el auto que reclama en este biinstancial, es de imposible reparación ya que afecta derechos sustantivos, por lo que se actualiza la excepción a la regla general de la procedencia del juicio de amparo establecida en el artículo 107, fracción lV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el cual establece que en tratándose de actos en ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Lo anterior tiene sustento en lo establecido en la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, tomo XXXlll, enero de 2011, novena época, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 163152, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." No obstante lo anterior, la parte quejosa se encontraba obligada a agotar el medio ordinario de defensa que prevé la Ley de la materia del juicio de origen. Ya que de acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. Lo anterior, toda vez que el acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses, y por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, aún y en los casos en los que se esté en presencia de actos que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61, fracción XVlll, de la Ley de Amparo. Tiene sustento lo anterior, en lo establecido en la jurisprudencia P./J. 11/2018(10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, libro 55, junio de 2018, tomo l, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Atento a lo anteriormente indicado, se llega a la conclusión, que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual textualmente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." De la interpretación sistemática de la citada fracción, se advierte que establece el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, como juicio excepcional que, sólo es procedente contra aquellas resoluciones que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo, sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios. La causal de improcedencia contenida en el precepto legal trascrito, prevé que el gobernado que estime haber sido agraviado por un acto de autoridad, cuando ésta tenga la calidad de tribunal judicial, administrativo o laboral, pueda acudir solicitando el amparo solamente hasta después de que haya agotado todas las instancias, recursos o medios de defensa ordinarios que se regulen en la ley correspondiente, que tiendan a revocar, modificar o nulificar la resolución o acto que lo lesiona. En efecto, este juzgado de Distrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente: - El acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de diecinueve de agosto del presente año, emitido por el Juez responsable, en el que requirió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México, para que investigara las cuentas bancarias de la aquí parte quejosa, y una vez localizadas dichas cuentas, aseguraran el numerario que tuviera la moral aquí quejosa, hasta por la cantidad de $3´241,240.00 (tres millones doscientos cuarenta y un mil doscientos cuarenta 00/100 moneda nacional); En ese entendido, se actualiza el supuesto a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en el que se establece que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, el cual tenga por objeto modificar, revocar o nulificar el acto impugnado. Lo anterior es así, tomando en consideración lo establecido en los artículos 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, y 1342 Bis del Código de Comercio, los cuales a la letra dicen: "Artículo 1336.- Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos siguientes. Artículo 1337.- Pueden apelar de una sentencia: I. El litigante condenado en el fallo, si creyere haber recibido algún agravio; II. El vencedor que, aunque haya obtenido en el litigio, no ha conseguido la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios, o el pago de las costas, y, III. La parte que venció puede adherirse a la apelación interpuesta al notificársele la admisión de ésta, o dentro de los tres días siguientes a esa notificación. En este caso la adhesión al recurso sigue la suerte de éste, y IV. El tercero con interés legítimo, siempre y cuando le perjudique la resolución. Artículo 1338.- La apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y en el suspensivo, o sólo en el primero pudiendo ser éste, de tramitación inmediata o conjunta con la definitiva, según sea el caso. Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $662,957.06 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código. Artículo 1339 Bis.- Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables. Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $662,957.06 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339. Artículo 1341.- Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone. Artículo 1342.- Las apelaciones se admitirán o denegarán de plano, y se sustanciarán con un solo escrito de cada parte, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1344 de este Código." De los artículos antes transcritos se desprende en lo que aquí interesa, que se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación, asimismo, son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $662,957.06 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo del artículo 1339 del Codificación de la materia, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo; sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en párrafo que antecede. Precisado lo anterior se desprende que el auto reclamado es apelable en razón de la cuantía, toda vez que de acuerdo a lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la parte promovente, la condena en el juicio de origen asciende a la cantidad de $3´241,240.00 (tres millones doscientos cuarenta y un mil doscientos cuarenta 00/100 moneda nacional). Por tanto, la peticionaria de amparo debió seguir las reglas establecidas en el Código de Comercio, e interponer con sus requisitos y formalidades, el recurso de apelación, mismo que de acuerdo a la interpretación armónica de los artículos 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341 y 1342, del Código a estudio, es procedente respecto del acto reclamado en el presente juicio de amparo, sin embargo al no haberse agotado ese medio de defensa, antes de acudir al juicio de amparo, irrefutablemente el acto reclamado carece de definitividad. Luego, al no haberse agotado el medio ordinario de defensa correspondiente, el acto reclamado carece de definitividad, actualizándose la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Resulta, aplicable al caso, la tesis jurisprudencial VI.1o. J/85, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 51, tomo 67, julio de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, cuya texto es el siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." Así como la tesis I.6.C.43K, consultable en la página 1100, Tomo VIII, Octubre de 1998, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del tenor siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Así entonces, la peticionaria de amparo debió de hacer uso del medio ordinario de impugnación antes de acudir al juicio de índole constitucional, puesto que con dicho medio ordinario de defensa pudo haber obtenido la revocación o nulificación del acto que en esta instancia reclama, con el fin de satisfacer el principio de definitividad que rige el juicio de garantías y, al no haber agotado el citado recurso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Luego, al ser manifiesta e indudable la causal de improcedencia aludida con antelación, a nada práctico conduciría admitir una demanda de garantías notoria e indudablemente improcedente, pues aun cuando se admitiera la demanda y se ventilara el procedimiento, no es factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos de prueba que eventualmente pudieran allegar las partes; por ello, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia, como se anticipó, procede el desechamiento de plano de la demanda que nos ocupa por notoriamente improcedente. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el quejoso tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Asimismo, es de establecerse que en el presente asunto no se esta en presencia de la actualización de una de las excepciones previstas por el propio artículo 61, fracción XVlll, de la Ley de Amparo tal y como se expondrá a continuación. El artículo 61, fracción XVlll, de la Ley de la materia, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" La fracción antes transcrita, establece que antes de instar el juicio de amparo, debe agotarse el principio de definitividad, excepto cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento, del auto de vinculación a proceso o cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Sin embargo, en el presente asunto, no se está en alguno de los supuestos mencionados en los párrafos que anteceden, toda vez que la parte promovente reclama el acuerdo de diecinueve de agosto del presente año, emitido por el Juez responsable, en el que requirió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México, para que investigara las cuentas bancarias de la aquí parte quejosa, y una vez localizadas dichas cuentas, aseguraran el numerario que tuviera la moral aquí quejosa, hasta por la cantidad de $3´241,240.00 (tres millones doscientos cuarenta y un mil doscientos cuarenta 00/100 moneda nacional); por lo que, como se expuso en el presente auto, la parte quejosa debió agotar el recurso de apelación previsto por el Código de Comercio, antes de instar el juicio de amparo. A mayor abundamiento, es de establecerse que el artículo 1334 del Código de Comercio es del tenor literal siguiente: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." Del artículo antes transcrito se desprende que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Luego entonces se colige que aún y en el supuesto que no procediera el recurso de apelación la parte promovente contaba con el recurso de revocación previsto por los artículos 1334 y 1335, de la codificación de la materia, el cual tampoco agotó. Domicilio y autorizados Ténganse por autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Luis Jorge García Padilla, asimismo, téngasele por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a Andrés Jairson Gómez Lizárraga, Mario Rafael Cárdenas Villaseñor, Sergio Cornejo Guizar y Luis Enrique Valenzuela Flores. Téngase por señalado como domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, los estrados de éste órgano jurisdiccional. Habilitación de días y horas inhábiles En el entendido de que se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el órgano ejecutor de este juzgado, lleve a cabo las diligencias judiciales necesarias relacionadas con sus funciones de notificador, durante el curso del procedimiento en el presente asunto, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable. Expediente electrónico. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 de la Ley de Amparo, así como 89 y 90 del Acuerdo General conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a realizar la digitalización del presente auto y promoción acordada en el mismo, en el expediente electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firmó el licenciado Oscar Alejandro Zúñiga Vidales, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante el licenciado Omar Eduardo Acevo Rodríguez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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