Almacenadora Mercader, S.A, Organizacion Auxiliar del Credito
Expediente 197/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 197/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 30/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Almacenadora Mercader, S.A, Organizacion Auxiliar del Credito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de treinta de septiembre de dos mil veinte, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, en el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó ataques a la libertad personal fuera del procedimiento e incomunicación; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. Por otra parte, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que el original del cuaderno de suspensión es susceptible de depuración, motivo por el cual deberá conservarse el proveído y la resolución mediante los cuales, respectivamente, se concedió la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción, y una vez que ; en la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión relativo es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General reseñado. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29 ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, previa depuración que este órgano jurisdiccional lleve a cabo, transfiérase a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, lugar en el que se archivará a disposición de juzgado, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, así como el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y demás documentos a consideración del titular de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse de acuerdo al calendario correspondiente y a petición escrita del titular de este juzgado.
- Principal
NOTFICACION PERSONAL.
- Principal
Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los presentes autos para que surtan los efectos legales que corresponda, el oficio que suscribe el Vice Fiscal Regional Zona Norte, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica los trámites realizados para el cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada por este órgano jurisdiccional y anexa constancia de ello. Con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia dese vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo manifieste lo que a su interés legal convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.
- Principal
Vista la Circular SECNO/1/2021 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, el ocho de enero de dos mil veintiuno, mediante la cual hizo del conocimiento la decisión adoptada por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en el sentido de aprobar el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", por lo cual, en atención a la fracción II, punto 2 se hace del conocimiento que del 12 al 18 de enero de 2021, resulta aplicable el acuerdo general 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, se levanta la suspensión de plazos y términos prevista en la Circular CAP/3/2020 y, por ende, se reanudan los plazos y términos en la totalidad de los juicios y procesos; de igual manera se precisa lo siguiente: 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que, la autoridad responsable Vice fiscal Regional Zona Norte, con sede en esta ciudad, sí bien, informó los trámites realizados a fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, lo cierto es, que aún no ha demostrado que el representante social respectivo notificó e informó a los asesores jurídicos o representantes legales de la parte victimal Almacén General de Depósito, Almacenadora Mercader, Sociedad Anónima Organización Auxiliar de Crédito, el estado que guarda la Carpeta de Investigación FED/SIN/MOCH/00000291/2020, que le fuera remitida por incompetencia (AHOME/AEDP/1309/2020/C1); así como, si dicho representante social, permitió el acceso o consulta a los citados asesores jurídicos a la mencionada carpeta de investigación. Ahora bien, es importante destacar, que en el caso se trata de ejecutar una sentencia de amparo dictada por un órgano de control constitucional, la que indudablemente debe cumplirse. En razón de lo anterior, se le informa a la autoridad responsable, que el artículo 192, de la Ley de Amparo, que se refiere a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías no prevén ninguna excepción; por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables y aún las no señaladas como autoridades responsables, pero que están vinculadas con su cumplimiento, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios o situaciones diversas; que estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas. En otras palabras, la verdad legal establecida en los fallos de amparo, ineludiblemente impone que no puede alterarse en forma alguna porque tiene el carácter de incontrovertible, ni limitarse en sus efectos por otras cuestiones ajenas; por tanto, su cumplimiento debe ser acatado sin excusa alguna; es decir, la ejecución de una sentencia de amparo no puede retardarse, entorpecerse, aplazarse o suspenderse, bajo ningún concepto, y por ello, no sólo las autoridades que aparecen como responsables en los juicios de garantías están obligadas a cumplir con lo resuelto en el amparo. Es indudable que el proceder de las citadas autoridades responsables, va en contra de lo ordenado por el artículo 17 Constitucional, que establece que la justicia debe ser pronta, completa e imparcial; además, la sentencia ejecutoria de amparo, fue dictada por una autoridad facultada constitucionalmente para ello, y como consecuencia, su acatamiento debe ser obligatorio e inmediato, en la especie, lo más grave y que denota un claro desacato a la sentencia ejecutoria dictada en este juicio. No se omite señalar a esta autoridad, que en caso de incumplimiento de lo ordenado, que es el caso, en su oportunidad y agotado el procedimiento de ley en este tipo de casos, en términos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional y de los numerales 192, 193, 198, 237, fracción I y 238 de la Ley de Amparo, a sus integrantes se les aplicará una multa por el equivalente de CIEN VALORES diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, equivalente a $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos moneda nacional), considerando que acorde al índice publicado en el Diario Oficial de la Federación, la unidad de medida es de una medida equivalente a $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional), en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
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