Alma Zuleima Rodríguez Jaramillo

Expediente 472/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
472/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
10/08/2022

Partes del expediente

  • Alma Zuleima Rodríguez Jaramillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, diez de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el acuerdo de cuenta; a través del cual, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, comunica el proveído de cinco de agosto de dos mil veintidós, por el que dicho órgano colegiado admitió a trámite el recurso de queja hecho valer por el Subdirector de Recursos Administrativos adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud en representación del titular de la citada Secretaría, contra el auto de nueve de mayo del año en curso, dictado por este órgano jurisdiccional, el cual se registró con el número ********************. Atento a lo anterior, toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que el acuerdo de cuenta, guarda relación con el juicio de amparo 695/2022-II del índice de este órgano jurisdiccional; en obvio de mayores dilaciones procesales, remítase al expediente correspondiente, previa copia simple que se glose a los autos para que obre como constancia.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta, por el que, el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, remite el testimonio de la resolución emitida en sesión de veintinueve de junio de dos mil veintidós, por el Pleno de ese órgano colegiado, en los autos del recurso de queja 129/2022 de su índice, cuyo punto resolutivo es del tenor literal siguiente: "ÚNICO. Es Infundado el recurso de queja a que este toca se refiere." (sic) Atento a lo anterior, acúsese el recibo correspondiente a la Superioridad y hágase la anotación en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) Por tanto, con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que el auto de cinco de abril del año en curso, ha causado estado. En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 21 del referido acuerdo el cuaderno principal es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso d), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo en comento, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 24 del multicitado Acuerdo, se proceda a su destrucción. De conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, diez de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, comunica el proveído de tres de los cursantes, por el que, dicho órgano colegiado acusa recibo el diverso 12092/2022 del propio índice así como sus anexos; además, informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Ernesto Francisco Serrano Arista autorizado de la quejosa Alma Zuleima Rodríguez Jaramillo, contra el acuerdo de cinco de abril del año que transcurre, dictado por este órgano jurisdiccional, el cual se registró con el número 129/2022, circunstancia de la cual se toma conocimiento. Asimismo, solicita se realice la vinculación del expediente electrónico, en ese sentido, se instruye a la oficial judicial "A" de la adscripción, a efecto de que vincule el presente expediente en su versión electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), a fin de que la Superioridad, esté en aptitud de consultar las constancias respectivas en dicho sistema.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veintidós de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos del presente juicio, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a los quejosos Marilú Castillo Cruz, Dulce Denisse Barrón Lugo, Karla Máyela Basurto Parra, Gustavo Batalla Calderón y Martín Becerril Lugo, en auto de treinta y uno de marzo del año en curso, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento que la Jueza de Control del Distrito Judicial de Lerma, México, y el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, realizaron en relación al fallo protector; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento de dicho fallo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: "La sentencia de ocho de junio de dos mil veintiuno, dictada en el toca de apelación número 210/2021, mediante la cual se confirmó el auto de vinculación a proceso emitido el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, en la carpeta administrativa 44/2021." Previa substanciación del juicio de amparo, el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión Marilú Castillo Cruz, Dulce Denisse Barrón Lugo, Karla Mayela Basurto Parra, María Guadalupe Sánchez Urbina, Gustavo Batalla Calderón y Martín Becerril Lugo, para el efecto de que la autoridad responsable Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México realice lo siguiente: "a) Deje insubsistente la resolución reclamada; y, b) Señale día y hora para que, en audiencia pública y previa notificación de las partes, resuelva el recurso de apelación interpuesto por los ahora quejosos, explicando de manera oral el fundamento y motivos del sentido de la determinación adoptada, la cual podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, y posteriormente deberá emitir la versión escrita de la misma, en términos de lo establecido en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales." Concesión que se hizo extensiva a la autoridad ejecutora Jueza de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México. Así, dicha sentencia causó ejecutoria el catorce de abril de dos mil veintidós, únicamente respecto a María Guadalupe Sánchez Urbina, por lo que en esa data se requirió el cumplimiento a las responsables. En atención a lo anterior, el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo a la Magistrada Presidenta del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, informando que en el toca 210/2021 de su lista no se tuvo como apelante a la quejosa aludida, por lo que no podía cumplimentar la ejecutoria de amparo. Ante lo cual, este juzgador se reservó a proveer lo conducente hasta en tanto fuera resuelto el recurso de revisión interpuesto por los quejosos restantes contra la sentencia de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, el cual se detallará en párrafos siguientes. En ese orden de ideas, en relación a los quejosos Marilú Castillo Cruz, Dulce Denisse Barrón Lugo, Karla Mayela Basurto Parra, Gustavo Batalla Calderón y Martín Becerril Lugo, estos se inconformaron con la sentencia de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, e interpusieron recurso de revisión en contra de la referida resolución; por lo que previa sustanciación del mismo, el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la resolución del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en esta Ciudad, a través de la cual informó que en el amparo en revisión penal 223/2021 de su estadística, dictó una resolución cuyos puntos resolutivos fueron del tenor siguiente: "PRIMERO. Se confirma la resolución sujeta a revisión. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Marilú Castillo Cruz, Dulce Denisse Barrón Lugo, Karla Máyela Basurto Parra, Gustavo Batalla Calderón y Martín Becerril Lugo, para los actos del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México para los efectos que se precisan en la sentencia sujeta a revisión." Por lo que, en acatamiento a lo resuelto en la ejecutoria que recibida, se requirió a las autoridades responsables su cumplimiento. Posteriormente, en auto nueve de marzo del año en curso, se tuvo al Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, remitiendo un disco óptico certificado que contiene la audiencia oral de cuatro de marzo de dos mil veintidós, en la que se siguió la directriz de la concesión del amparo, así como copias certificadas, relativas a la resolución dictada en el toca 210/2021, junto con la razón de notificación practicada a la parte quejosa. Luego, mediante proveído de treinta y uno de marzo de la anualidad que transcurre, se tuvo al Juzgado de Control de Distrito Judicial de Lerma, Estado de México informando que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, confirmó el auto de vinculación a proceso dictada el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, en la carpeta administrativa 44/2021 Constancias que por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo y, consecuentemente, se colige que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, pues la sentencia fue cumplida en sus términos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; pues en relación a la quejosa María Guadalupe Sánchez Urbina, el Primer Tribunal de Alzada en materia Penal de Toluca, Estado de México, refirió que por error en el informe justificado que rindió, hizo mención a la citada quejosa como apelante, sin que tuviera tal calidad, por lo que jurídicamente no podía atender el requerimiento efectuado, mientras que, en relación a los quejosos restantes, dicho Tribunal dejó insubsistente la resolución reclamada, señaló día y hora para que, en audiencia pública y previa notificación de las partes, resolviera el recurso de apelación interpuesto por los aquí quejosos, en la que explicó de manera oral el fundamento y motivos del sentido de la determinación adoptada, y posteriormente emitió la versión escrita de la misma, en términos de lo establecido en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento de la quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.

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