Alma Zorina Toledo Zárate
Expediente 363/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 363/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alma Zorina Toledo Zárate
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y dado que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el auto que sobreseyó en el juico fuera de audiencia dictado en este expediente el siete de octubre de dos mil dieciséis, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; por consiguiente, ., se declara que dicho proveído HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, como no quedan cuestiones pendiente de resolver, ni trámite que continuar, . archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, ., se destaca que en el presente expediente no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales ., como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción.
- Principal
Vista la diligencia actuarial de ratificación de siete de este propio mes de octubre, donde se advierte que la quejosa ALMA ZORINA TOLEDO ZÁRATE, se desiste del presente juicio de garantías, por así convenir a sus intereses; se procede a acordar lo siguiente: En primer término cabe destacar que los artículos 6, 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, así como 107, fracción I, de la Constitución Federal, disponen: . De la interpretación armónica de los artículos antes transcritos, se concluye que, entre otros principios que rigen la procedencia del juicio de amparo, se encuentra el de iniciativa o instancia de parte agraviada, que consiste en la exigencia de que el particular, a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente; esto es, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o por su defensor, tratándose de causa criminal, por algún pariente o persona extraña en los casos permitidos por la misma Ley de Amparo. En ese orden de ideas, el signo volitivo que demuestra la voluntad de las partes para ejercer este derecho, es la firma, o en su caso, si no sabe firmar el interesado debe estampar su huella digital, pues de otra manera no existe forma de saber si lo escrito realmente corresponde a la voluntad de la (s) persona(s) que encabeza(n) el escrito. Tratándose de la demanda de amparo escrita, la instancia de parte, prevista por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6 de la Ley de Amparo, se concreta con la firma o huella del promovente, la que debe plasmarse precisamente al pie de la demanda. En el caso, como del análisis del escrito de veintisiete de septiembre del año en curso, así como de la diligencia de siete del mes actual fojas 42 y 50, se advierte que la parte quejosa manifiesta su voluntad de desistirse del presente juicio, de donde se concluye que, en el caso no existe la voluntad de la quejosa, de continuar con el trámite de este juicio, y por ende, no existe instancia de parte agraviada. Así las cosas, sí de conformidad con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, y 6o de la Ley de Amparo, el juicio de garantías sólo puede seguirse por el agraviado, por su representante legal o su apoderado; y en el presente caso, por escrito presentado en Oficialía de Partes de este juzgado, el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, ratificado el día de hoy siete de octubre del año en curso, ante la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado, la quejosa ALMA ZORINA TOLEDO ZÁRATE, ratificó el contenido del mencionado escrito, que reconoce como suya la firma que lo calza, por haber sido puesta de su puño y letra, de ahí que ya no exista instancia de parte agraviada, ante la falta de voluntad de la persona que aparece como quejosa en el escrito de demanda. Por consiguiente, en consideración que el signo volitivo que demuestra la voluntad de las partes para ejercer este derecho, es la firma, y dado que la quejosa en diligencia formal manifestó que se desistía del presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 6, 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Federal, se sobresee en el juicio de amparo, fuera de audiencia. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en este asunto, que se fijó por proveído de veintiocho de septiembre del año en curso (foja 44), para las once horas del veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis. . Criterios jurisprudenciales aplicables al caso, conforme a lo estipulado en el artículo SEXTO Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en lo que no se oponga a la misma. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Para los efectos de la publicidad de esta sentencia en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, aun cuando las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en la misma, conforme lo requiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que dicha supresión no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Asimismo, se ordena a la Secretaría de este Juzgado que elabore la correspondiente versión pública siguiendo los lineamientos que al efecto establece el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve y se envíe al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E); protocolo vigente atento a que en el mismo se establece que se aplicará a las resoluciones y sentencias a que hace referencia el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del Módulo de Captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y dicho Acuerdo no fue abrogado por el diverso Acuerdo General del Pleno del citado Consejo, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor el día siguiente.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito de la quejosa ALMA ZORINA TOLEDO ZÁRATE, mediante el cual manifiesta su voluntad de desistirse de la demanda de amparo que dio origen a la tramitación de este juicio. En consecuencia, con la finalidad de tener plena certeza de la identidad de quien se desiste y saber si preserva su propósito de desistirse de la demanda de amparo promovida contra actos del Presidente Municipal Constitucional de ciudad Ixtepec, Oaxaca, y otras autoridades; con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, requiérase a la aludida quejosa para que dentro del plazo de tres días hábiles, se presente ante la Actuaria Judicial de este Juzgado, con identificación oficial reciente que acredite su identidad, para que manifieste si ratifica o no, su escrito de desistimiento, apercibida que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, se le tendrá por no ratificado su escrito de desistimiento y se continuará con la tramitación de este juicio de amparo. . El criterio jurisprudencial es aplicable al caso, conforme a lo estipulado en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en lo que no se oponga a la misma. El motivo antes indicado impide celebrar la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las ONCE HORAS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo.
- Principal
Vista la cuenta Secretarial, se provee: Agréguese a estos autos el escrito de la quejosa ALMA ZORINA TOLEDO ZARATE, mediante el cual cumple con el requerimiento de doce de este propio mes de agosto (fojas 24 y 25). En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, VII, y XV, de la Constitución Federal; 1, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite su demanda de amparo promovida contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional, con residencia en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, y de otras autoridades. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno. Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión, dado que la quejosa en el punto tercero de su escrito de cuenta, manifiesta que debido a un error involuntario, en su demanda de amparo solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. Se señalan las DIEZ HORAS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, la intervención que legalmente le corresponde; lo anterior con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la citada ley. Pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo sin falta dentro del plazo de quince días. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley invocada, se requiere a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado: a). Acompañen las constancias que guardan relación con el acto reclamado, siendo necesarias para la resolución del presente asunto; b). Que las copias que anexen sean íntegras y legibles y, c). Quedan obligadas a comunicar alguna causa notoria de sobreseimiento del juicio. Con el apercibimiento que de 1) no rendir su informe, de no acompañar las constancias relativas, o 2) no comunicar la existencia de alguna causa de sobreseimiento; se les impondrá multa por cantidades comprendidas, en su orden, en el primer caso, entre cien y mil Unidades de Medida y Actualización vigente, y en el segundo, de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización vigente, lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral segundo transitorio del Decreto por el que se declaran Reformadas y Adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente su artículo 26, en materia de desindexación del salario mínimo vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en concordancia con lo determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de veintiocho de enero siguiente. Por otro lado, infórmese a las responsables que en caso de exhibir documentación o Información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente "información reservada", o "información confidencial", corno parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, expresando las razones que lo justifiquen, y formulando, de ser el caso, adicionalmente a la versión original, la versión pública de las constancias que tomaron en cuenta para emitir los actos reclamados, considerando que el artículo 30 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, dispone que cuando un documento contiene partes o secciones reservadas, se deberá entregar una versión en la que se omitan estas últimas y que en términos del artículo 40 del mismo ordenamiento, se debe dar acceso a las versiones públicas de los documentos en las que se excluyan las partes o secciones de éstos que contengan información confidencial; aunado a que las documentales respectivas deberán llevar la leyenda que precisa el citado artículo 30 del Reglamento de la propia Ley, apercibidas de que de no cumplir con lo anterior se entenderá que se está en el supuesto previsto en el último párrafo del propio artículo 30, esto es, que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. En el mismo orden de ideas, hágase del conocimiento de la parte quejosa y de la parte tercero interesada, así como de la totalidad de las partes que conformen este juicio de amparo, que en la eventualidad de exhibir documentales que a su criterio contengan información confidencial o que deban tener un tratamiento especial consistente en restringir la difusión de datos personales a las partes y que a su vez deban ser resguardadas en el seguro de este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo previsto en el "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia; acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos" publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, deberán indicarlo expresamente, argumentando los motivos y fundamentos con los que sustenten su dicho, así como exhibirlas en un sobre cerrado debidamente Identificado con su contenido, a efecto de que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de otorgar el tratamiento que en derecho corresponda. .
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