Alma Yaretzin Morales Ponce
Expediente 1330/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1330/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 24/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Alma Yaretzin Morales Ponce
- "Clínica Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Chilpancingo, Guerrero"
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el alegato número 292/2022, con la firma electrónica (FIREL) del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, en atención a su contenido se reserva a proveer lo que en derecho corresponda hasta en tanto sea resuelta la incompetencia planteada por éste órgano jurisdiccional mediante proveído de veintiuno del mes y año en curso. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por *** personal adscrito a la División de Asuntos Jurídicos del Centro Médico Nacional "20 de Noviembre" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en la Ciudad de México; visto su contenido, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngasele por rendido su informe justificado. Para dar mayor agilidad al trámite del presente asunto se tiene como puntos de contacto los correos electrónicos que indica en escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en los artículos 77, 79 y 93 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos a la tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, desde este momento se le autoriza consultar el presente expediente electrónicamente; ello, en términos del Artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en virtud de contar con firma electrónica, al usuario KARLACMTZ, corresponde a Karla Cruz Martínez, lo que se verificó en la base de datos del "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E. 2.0)". Lo anterior, sin perjuicio de que por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el sistema, haciendo imposible el envío y la recepción de promociones dentro de los plazos establecidos en la ley; ante ello, dicha parte procesal deberá dar aviso de inmediato a este órgano jurisdiccional para que se tomen las medidas correspondientes. EN ATENCIÓN A ELLO, SE INSTRUYE A LA ANALISTA JURÍDICA ENCARGADA DEL "SISTEMA INTEGRAL DEL SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES [SISE 2.0)", A FIN DE QUE REALICE LOS MOVIMIENTOS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA TALES EFECTOS. Además, se instruye al actuario de la adscripción realice los movimientos conducentes, en el rubro denominado "Síntesis capturadas". Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que la peticionaria del amparo señala como acto reclamado lo siguiente: Pues bien, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se desprende que este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, carece de competencia legal para conocer del presente juicio, para lo cual, debe indicarse que el artículo 37, de la Ley de Amparo vigente, establece las reglas de competencia que deben imperar dentro del juicio de garantías, al indicar: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Al interpretar la norma transcrita, se advierte que dicho numeral contiene tres hipótesis distintas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que se destacan en el orden siguiente: 1. Se caracteriza, porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; supuesto que supone como condición necesaria que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su propia naturaleza requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2. Consiste en que para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, ésta se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro; en este supuesto, tendrá competencia legal el Juez que haya prevenido para conocer de la demanda de amparo; y, 3. Deriva del último párrafo del precepto en estudio, que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto impugnado; como se observa, en este supuesto, basta que esté evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (cuando no requiera de ejecución material) radique dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que válidamente deba conocer del juicio de garantías. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Ahora, como se señaló con anterioridad, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los jueces de distrito, así, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del juzgador, es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de control constitucional donde se reclamen actos que tenga ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos jueces de distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los jueces de esa jurisdicciones, a prevención, esto es, de quien conoció primero. Por último, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar donde se presente la demanda de amparo, esta regla se aplica a actos negativos o declarativos, que no originen ningún acto ejecutivo, pues en este último supuesto, rigen las dos reglas precedentes. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE, al estimar que carece de idoneidad jurídica para conocer del asunto. Para demostrar la premisa anterior, conviene precisar que la quejosa Alma Yaretzin Morales Ponce, en representación Celia Alejandra Olvera Ponce, bajo protesta de decir verdad, refiere en su demanda que el acto reclamado esencialmente la orden de desconexión, falta de aparatos médicos, suministro de medicamentos, desalojo y falta de tratamiento de la menor Celia Alejandra Olvera Ponce, se está ejecutando en el Centro Médico Nacional "20 de Noviembre", con sede en la Ciudad de México, nosocomio en el que tal y como se desprende de las constancias remitidas por la responsable se encuentra interna la menor de edad de referencia; de lo que se sigue que dichos actos que se reclaman se están ejecutando fuera de este territorio jurisdiccional. En ese contexto, si los actos que se reclaman indefectiblemente tienen una ejecución material en la Ciudad de México, es dable concluir que ello se debe contemplar para decidir quién será el Juez competente del presente asunto. Por lo anteriormente expresado, se considera que al tener el acto reclamado un efecto positivo porque se está ejcutando en la Ciudad de México, es decir, fuera de la jurisdicción de este Juzgado Federal, se tiene que se actualiza la primera de las reglas de competencia que establece el artículo 37, de la Ley de Amparo vigente, por lo que, este Juzgador es incompetente para conocer del presente juicio de amparo. Por las razones que la conforman sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 86/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 254, que dice: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo. En consecuencia, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto; con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, y atendiendo al circuito más próximo a la localidad de las autoridades responsables, se ordena remitir el original del expediente en que se actúa, al JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA con residencia en la Ciudad de México, en turno, a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esa sede, quien se estima tiene idoneidad jurídica para conocer del juicio. Con copia de la demanda y el presente acuerdo fórmese cuaderno de antecedentes, así como con el acuse del oficio por el que se remite el recurso, ya que acorde a los principios de austeridad y racionalidad presupuestaria se estima innecesaria la integración tradicional de copias certificadas al cuaderno de antecedentes, cuya destrucción es inminente; además de que conforme a lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presente juicio se encuentra debidamente digitalizado en el expediente electrónico para la consulta de las partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, para firmar los oficios que deriven del presente juicio. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las DOCE HORAS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el exhorto 522/2022 (con número de orden 936/2022), remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la firma electrónica de la Jueza Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, en virtud de que como se advierte de autos mediante proveído de siete de octubre del año en curso, se tuvo por devuelta la citada comunicación oficial. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por Sergio Mondragón Mora, personal adscrito a la División de Asuntos Jurídicos del Centro Médico Nacional "20 de Noviembre" del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en la Ciudad de México, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngasele por rendido su informe justificado; con el mismo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a catorce de octubre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios signados electrónicamente por Karla Cruz Martínez, personal adscrito a la División de Asuntos Jurídicos del Centro Médico Nacional "20 de Noviembre" y el Titular de la Unidad Jurídica ambos adscritos al Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en la Ciudad de México, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngaseles por rendido su informe justificado; con los mismos, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlos el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Asimismo, como lo solicita el Titular de la Unidad Jurídica ambos adscritos al Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en la Ciudad de México, se tiene como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que al efecto señala y téngaseles señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el de su residencia oficial en términos del artículo 28, fracción I, de la citada ley. Notifíquese.
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