Alma Yarenis Mendiolea Velasco
Expediente 219/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 219/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 15/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Alma Yarenis Mendiolea Velasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 219/2020 Puebla, Puebla, quince de diciembre de dos mil veinte. Declaración de firmeza Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del expediente, se advierte el proveído de nueve de noviembre de dos mil veinte, por el que se declaró cumplida la sentencia dictada en este juicio. Lo cual se hizo del conocimiento a las partes en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, para manifestar lo que a su interés conviniera, apercibidas que en caso de no hacerlo, se tendría consentido tal acuerdo. Pese a lo anterior, el plazo otorgado transcurrió hasta su conclusión, y tanto la quejosa como las demás partes no interpusieron el recurso de inconformidad, pues ningún escrito se recibió dentro del periodo en mención. Por tanto, con fundamento en el artículo 202 primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme (causó estado) porque el cumplimiento allí declarado fue consentido. Anotaciones internas Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido y se ordena su archivo. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de depuración, lo cual deberá acontecer dentro de los noventa días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido acuerdo, ya que se concedió el amparo en la sentencia de la audiencia constitucional. Resguardo del expediente Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis o Depósito Documental que corresponda; ello después de realizada la depuración del expediente. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Devolución de anexos En atención a que la Presidenta de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en apoyo a su informe justificado, remitió copia certificada del toca de apelación ****, de su índice; y a que el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, remitió copia certificada del proceso *** (en tres tomos), resulta innecesario su retención; por ende, devuélvanse a sus lugares de origen, para los efectos legales procedentes. Sin embargo, al tratarse de una reproducción de su original, no es necesario requerirles el acuse de recibo. Carátula del expediente Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído Se descarta emitir oficio para notificar este acuerdo a las demás partes, pues ningún derecho procesal está involucrado. Aunado a que si el fiscal adscrito, los terceros interesados o la quejosa desearan conocer el estado de este juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Incidente de suspensión En virtud de que en el presente juicio fue solicitada la tramitación de una medida cautelar, se ordena proveer lo conducente en los cuadernos respectivos. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 219/2020 En quince de diciembre de dos mil veinte, se da cuenta a la jueza con el estado procesal que guarda este incidente. Conste. Puebla, Puebla, quince de diciembre de dos mil veinte. Archivo De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio que con esta fecha se decretó el archivo en el juicio principal del cual deriva el incidente en que se actúa. Por lo que al ser un cuaderno accesorio, sigue la suerte de principal y por ende, en esta fecha, se ordena su archivo como asunto concluido. Valoración documental. Conforme al artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que el cuaderno original de este incidente es susceptible de destrucción, porque fue negada la suspensión provisional y definitiva respecto de todos los actos reclamados. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno duplicado será destruible dentro de los treinta días siguientes a cuando termine el plazo de conservación de seis meses, al que hace referencia el invocado artículo. Resguardo del incidente original. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este incidente original deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales y garantías. La revisión efectuada a las actuaciones de este incidente, permite visualizar que no se tienen documentos originales ni garantías para devolver al quejoso. Carátula del incidente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del incidente. Anotaciones internas. Se ordena a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes. Revisión del incidente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Puebla, Puebla, nueve de noviembre de dos mil veinte. Del estado procesal del presente juicio, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para imponerse de las diligencias efectuadas por la autoridad responsable, en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintitrés de octubre de dos mil veinte y se procede a verificar, de oficio y con base en las constancias remitidas por la autoridad responsable el cumplimiento al fallo protector. En tal virtud, de inicio se precisa que los efectos del fallo protector determinados por la superioridad, son los siguientes: ".I.Deje insubsistente la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, emitida dentro del toca de apelación *.; y II. En su lugar dicte otra en la cual: II.1. Deberá reiterar el estudio relativo a la violación procesal advertida por ese órgano colegiado, esto es, lo concerniente a la vulneración a los principios rectores del procedimiento penal por parte del Juez instructor, puesto que, al haber una manifestación de la sentenciada en el sentido de que su confesión hecha en la declaración ministerial se obtuvo a base de tortura, debió ordenar la práctica de diligencias y el desahogo de probanzas necesarias para el esclarecimiento de los hechos, conforme al protocolo de Estambul, lo cual dejó de hacer. II.2. Con base en lo expuesto en la presente sentencia, específicamente en el considerando sexto, segundo romano, y previo examen exhaustivo de los autos que integran la causa penal de origen, deberá determinar cuáles otras violaciones procesales existen (aparte de la advertida por la sala responsable y la citada por este Juzgado de Distrito) y qué derechos fundamentales de la quejosa Alma Yarenis Mendiolea Velasco se vulneraron. III.3. Dentro de esas violaciones procesales debe señalar la relativa a la vulneración al derecho fundamental de * de gozar de una defensa técnica y adecuada en todas las etapas del procedimiento penal. Además, la Sala responsable deberá especificar al Juez de la causa, cuáles fueron esas diligencias que se llevaron a cabo, incluso durante el periodo de instrucción y el nombre de los defensores que participaron en ellas, pues no se pierde de vista que a lo largo del procedimiento *, designó a diversos defensores, pero no todos participaron en ellas. II.4. A consecuencia de lo anterior, la Sala responsable deberá ordenar la reposición del procedimiento de primera instancia a partir del auto de trece de julio de dos mil diecisiete, para que el Juez de la causa: a)En cumplimiento a su deber de cerciorarse de que la imputada cuente con un licenciado en derecho en todas las etapas del procedimiento penal, realice una investigación para determinar si todos los defensores que asistieron a *, en las diligencias o actuaciones en las cuales directa y físicamente participó, tanto en el periodo de averiguación previa como en el de instrucción, son o no licenciados en derecho. Para ello, podrá ordenar las actuaciones que estime pertinentes para corroborar si los distintos defensores (ya sean públicos o privados) que han representado a *durante dichos periodos, son o no letrados en derecho. A guisa de ejemplo, requerir directamente a los citados defensores para que acrediten que, a la data de sus actuaciones, contaban con la cédula profesional correspondiente, o bien, solicitar información a las autoridades competentes como lo es el Registro Nacional de Profesionistas, de la Secretaría de Educación Pública. Lo anterior, con la precisión de que, respecto al periodo de instrucción, el juez de la causa sólo deberá cerciorarse si son o no licenciados en derecho, aquellos que hayan intervenido en las actuaciones o diligencias especificadas por la Sala responsable, es decir, no se encuentra obligado a investigar si todos los defensores nombrados por la quejosa a lo largo del proceso son letrados en derecho, pues se insiste, no todos tuvieron participación en alguna diligencia. b)En el caso de que el resultado de la investigación ordenada arrojara que, él o los defensores que asistieron a *, durante el periodo de la averiguación previa, el cual desde luego incluye la declaración ministerial de doce de enero de dos mil once, no sean licenciados en derecho, deberá anular todas las diligencias en las cuales hayan participado los defensores en cuestión (quienes no sean abogados). c)En el supuesto de que las resultas de la investigación dieran como resultado que en las diligencias o actuaciones llevadas a cabo durante la fase de instrucción (especificadas por la Sala de apelación), él o los que asistieron a *, no sean letrados en derecho, ordenará reponer el procedimiento desde el momento en el cual se presentó la violación. Para tal efecto, deberá señalar nueva hora y fecha para la celebración de la audiencia respectiva y en ella (como en las subsecuentes) hacer efectivo el derecho de defensa de la quejosa, esto es, verificar que el defensor público o particular -según sea el caso- que designe para asistirla, cuente con título o cedula profesional que lo acredite como lice-nciado en derecho. Efectos establecidos en observancia a lo dispuesto por el artículo 74 fracción V, de la Ley de Amparo .. d)Por el contrario, si durante la investigación ordenada, se corrobora la calidad de licenciados en derecho de las personas que intervinieron tanto en la etapa de la averiguación previa (principalmente la declaración ministerial) como en la de instrucción, deberá ordenar que subsistan todas las diligencias en las cuales tuvieron participación. En este caso, el Juez de la causa deberá proceder a la investigación de los hechos de tortura denunciados, para cuyo efecto, ordenará la práctica de diligencias y el desahogo de probanzas necesarias para el esclarecimiento de los hechos (citar a los Elementos indicados, incluso, al Agente del Ministerio Público que tomó las declaraciones ministeriales de los activos, designar Peritos Oficiales para la realización de exámenes psicológicos y médicos, etc) En el entendido que, en el desahogo de las diligencias respectivas, deberá observarse el Protocolo de Estambul - Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes presentado a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el nueve de agosto de mil novecientos noventa y nueve. Asimismo, deberá dar vista al Agente del Ministerio Público correspondiente, con las manifestaciones de los encausados relativas a la tortura que sostuvieron en sus declaraciones preparatorias haber sido objeto, a fin de que lleve a cabo las funciones de investigación que le atañen, y se pueda determinar si acredita o no el delito de tortura. III. En virtud de los distintos escenarios que pudieran derivar de la investigación que el Juez de la causa realice para cerciorarse si los defensores de *, son o no licenciados en derecho, es menester ordenar a al Sala responsable que, en la determinación dictada en cumplimiento a esta sentencia de amparo, deje claramente establecido al Juez responsable lo siguiente: Si dentro de las diligencias de la averiguación previa que deben declararse nulas por ilícitas porque quien asistió a la quejosa no fue un profesional en derecho, se encuentra la declaración ministerial de doce de enero de dos mil once, será innecesario ordenar la reposición del procedimiento de primera instancia para realizar la investigación correspondiente a la denuncia de tortura, pues el fin perseguido con dicha investigación, en su vertiente de "violación al debido proceso", es la exclusión probatoria de aquellos instrumentos donde el inculpado confesó los hechos o proporciono información autoincriminatoria; sin embargo, ese fin, ya quedaría satisfecho con la exclusión de esa declaración ministerial, al privilegiar el diverso derecho humano de defensa adecuada. Dicho en otras palabras, si ya no existe en el caudal probatorio la confesión de la quejosa (por la exclusión de la prueba que la contenía) ya no habrá prueba sobre la que pudiera impactar la correspondiente violación de derechos humanos (tortura), aun en el extremo de que llegará a justificarse. Por tanto, a ningún sentido práctico conduciría el hecho de que, con motivo de la correspondiente denuncia de tortura, se ordenara la reposición del procedimiento, a efecto de realizar la investigación, pues finalmente, aunque se justificara perfectamente la violación de derechos humanos, no habría consecuencias procesales, al no haber confesión, declaración o información que excluir. Inclusive, reponer el procedimiento únicamente generaría un perjuicio al derecho fundamental de pronta y expedita impartición de justicia, que se consagra como punto cardinal de todo el sistema judicial, en el artículo 17 de la Constitución Federal. Empero, subsiste la obligación que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen, de dar vista a la autoridad ministerial correspondiente para que aquélla se investigue por su posible comisión como delito. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 101/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 48, noviembre de 2017, tomo I, página 323, de título y texto, siguientes: "TORTURA. ES INNECESARIO REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO NO EXISTA CONFESIÓN DE LOS HECHOS IMPUTADOS O CUALQUIER ACTO QUE CONLLEVE AUTOINCRIMINACIÓN DEL INCULPADO. En el criterio emitido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 10/2016 (10a.), (1) de rubro: "ACTOS DE TORTURA. LA OMISIÓN DEL JUEZ PENAL DE INSTANCIA DE INVESTIGAR LOS DENUNCIADOS POR EL IMPUTADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE A SU DEFENSA Y AMERITA LA REPOSICIÓN DE ÉSTE.", se establece que la omisión de la autoridad judicial de investigar una denuncia de tortura como violación a derechos fundamentales con repercusión en el proceso penal, constituye una violación a las leyes que rigen el procedimiento, que trasciende a las defensas del quejoso en términos de los artículos 173, fracción XXII, de la Ley de Amparo, 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y, consecuentemente, debe ordenarse la reposición del procedimiento de primera instancia para realizar la investigación correspondiente y analizar la denuncia de tortura, únicamente desde el punto de vista de violación de derechos humanos dentro del proceso penal, a efecto de corroborar si existió o no dicha transgresión para los fines probatorios correspondientes al dictar la sentencia. No obstante, en aquellos casos en que no exista confesión o algún otro acto que implique autoincriminación como consecuencia de los actos de tortura alegados, no resulta procedente ordenar la reposición del procedimiento de conformidad con la jurisprudencia antes citada, pues en esos supuestos la violación a derechos humanos derivada de la tortura carece de trascendencia en el proceso penal por no haber impacto; sin embargo, fuera de esos supuestos de excepción, deberá procederse como se describe en el criterio jurisprudencial de referencia. Es decir, que la jurisprudencia a que se alude tendrá aplicación siempre que se trate de asuntos en los que, como consecuencia de la tortura, se haya verificado la confesión o cualquier manifestación incriminatoria del inculpado, porque en tal caso, la autoridad jurisdiccional estará obligada a realizar una investigación a fin de determinar si se actualizó o no la tortura y, de corroborarse ésta, deberá ceñirse a los parámetros constitucionales fijados en relación con las reglas de exclusión de las pruebas ilícitas, esto es, que de no acreditarse el señalado supuesto de excepción, el citado criterio jurisprudencial operará en sus términos. Ahora, se precisa a las partes que esta sentencia de amparo se declarará cumplida con la sola emisión de la resolución de segunda instancia que siga todos y cada uno de los lineamientos aquí precisados. Por último, se deja establecido que la concesión del amparo otorgada se hace extensiva al acto reclamado al Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, en virtud de que la inconstitucionalidad de él se hizo depender del acto atribuido a la autoridad responsable respecto de la cual se concedió el amparo." Luego, en observancia a esos lineamientos, la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, realizó lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, emitida dentro del toca de apelación * y en su lugar el dieciséis de octubre de esta anualidad dictó otra. Reiteró el estudio relativo a la violación procesal en lo concerniente a la vulneración a los principios rectores del procedimiento penal por parte del Juez instructor. Determinó las violaciones procesales que existieron (actos de tortura para obtener la declaración de la quejosa) y que con ellos se violaron los derechos fundamentales de la quejosa *. En el considerando octavo estableció que se actualizó una violación al derecho de defensa de la quejosa, pues señaló que el juez de la causa no investigó si todos los defensores que asistieron a la quejosa tanto en el periodo de averiguación e instrucción son o no licenciados en derecho. Derivado de ello ordenó la reposición del procedimiento de primera instancia a partir del auto de trece de julio de dos mil diecisiete, solo respecto a la quejosa (tal y como lo precisó en la aclaración del cumplimiento) para que el Juez de la causa realice: La práctica de diligencias y desahogo de pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos, observando el protocolo de Estambul. La comprobación de que la imputada cuente con licenciado en derecho en las etapas del procedimiento penal y cerciorarse si son o no licenciados en derecho los que intervinieron en la declaración ministerial y preparatoria, en caso afirmativo señaló debía anular las diligencias en las que estos hubieran participado. Para el caso de que no fueran licenciados en derecho, indicó que el juez de la causa debía reponer el procedimiento desde el momento en el cual se hubiera verificado la violación, y para ello señalar nueva hora y fecha para la celebración de la audiencia correspondiente. Solo en el supuesto de que si se corroborara la calidad de licenciados, debería ordenar subsistan las diligencias en los cuales estos tuvieran participación. Si en la diligencia ministerial de la quejosa, intervino persona que no es licenciado en derecho, se deberá hacer la exclusión de dicha prueba. Señaló también, que debería verificar que no hubiera conflicto de intereses entre los intereses de la defensa de la quejosa y las de sus diversos co procesados. Para que con ello con plenitud de jurisdicción el juez de la causa emita una nueva resolución. Por ende, conforme a lo establecido en el párrafo tercero, del artículo 196, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable ha cumplido con la ejecutoria de protección, pues cumplió con los efectos precisados en la ejecutoria dictada en este juicio. Pues como se precisó en el periodo de ejecución la sentencia de amparo se declararía cumplida con la sola emisión de la resolución de segunda instancia que siga todos y cada uno de los lineamientos precisados en la sentencia de amparo, lo que en la especie aconteció. Por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se determina cumplida la ejecutoria de protección, sin excesos ni defectos. Empero, si la quejosa o los terceros interesados estuvieran inconformes con la decisión aquí adoptada, se les hace saber que tienen derecho a recurrirla a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Para su presentación cuentan con un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel al que surta efecto la notificación de este acuerdo. Se ordena dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para que esté en aptitud de manifestarse -si lo desea- en términos de sus obligaciones legales. De igual manera, se ordena al actuario encargado de este expediente, que el oficio derivado de este proveído sea entregado a la autoridad de manera física, dado que es local. Para ello, deberá observar de manera estricta el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF" y hacer uso del Kit de seguridad proporcionado para tal efecto. Por último, a fin de registrar la presente determinación en los libros de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se puntualizan las siguientes fechas: a) El veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se dictó sentencia dentro del presente juicio de amparo. b) Mediante acuerdo de ocho de octubre de dos mil veinte, causo ejecutoria la sentencia y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. c) La sala responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo el veintiuno de octubre de dos mil veinte. d) En esta data (nueve de noviembre de dos mil veinte) se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese; en forma personal a la parte quejosa; a los terceros interesados; a la fiscal federal adscrita y por oficio a las autoridades responsables; y cúmplase.
- Principal
SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. Puebla, Puebla, nueve de noviembre de dos mil veinte. Del estado procesal del presente juicio, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para imponerse de las diligencias efectuadas por la autoridad responsable, en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintitrés de octubre de dos mil veinte y se procede a verificar, de oficio y con base en las constancias remitidas por la autoridad responsable el cumplimiento al fallo protector. En tal virtud, de inicio se precisa que los efectos del fallo protector determinados por la superioridad, son los siguientes: ".I.Deje insubsistente la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, emitida dentro del toca de apelación *.; y II. En su lugar dicte otra en la cual: II.1. Deberá reiterar el estudio relativo a la violación procesal advertida por ese órgano colegiado, esto es, lo concerniente a la vulneración a los principios rectores del procedimiento penal por parte del Juez instructor, puesto que, al haber una manifestación de la sentenciada en el sentido de que su confesión hecha en la declaración ministerial se obtuvo a base de tortura, debió ordenar la práctica de diligencias y el desahogo de probanzas necesarias para el esclarecimiento de los hechos, conforme al protocolo de Estambul, lo cual dejó de hacer. II.2. Con base en lo expuesto en la presente sentencia, específicamente en el considerando sexto, segundo romano, y previo examen exhaustivo de los autos que integran la causa penal de origen, deberá determinar cuáles otras violaciones procesales existen (aparte de la advertida por la sala responsable y la citada por este Juzgado de Distrito) y qué derechos fundamentales de la quejosa Alma Yarenis Mendiolea Velasco se vulneraron. III.3. Dentro de esas violaciones procesales debe señalar la relativa a la vulneración al derecho fundamental de * de gozar de una defensa técnica y adecuada en todas las etapas del procedimiento penal. Además, la Sala responsable deberá especificar al Juez de la causa, cuáles fueron esas diligencias que se llevaron a cabo, incluso durante el periodo de instrucción y el nombre de los defensores que participaron en ellas, pues no se pierde de vista que a lo largo del procedimiento *, designó a diversos defensores, pero no todos participaron en ellas. II.4. A consecuencia de lo anterior, la Sala responsable deberá ordenar la reposición del procedimiento de primera instancia a partir del auto de trece de julio de dos mil diecisiete, para que el Juez de la causa: a)En cumplimiento a su deber de cerciorarse de que la imputada cuente con un licenciado en derecho en todas las etapas del procedimiento penal, realice una investigación para determinar si todos los defensores que asistieron a *, en las diligencias o actuaciones en las cuales directa y físicamente participó, tanto en el periodo de averiguación previa como en el de instrucción, son o no licenciados en derecho. Para ello, podrá ordenar las actuaciones que estime pertinentes para corroborar si los distintos defensores (ya sean públicos o privados) que han representado a *durante dichos periodos, son o no letrados en derecho. A guisa de ejemplo, requerir directamente a los citados defensores para que acrediten que, a la data de sus actuaciones, contaban con la cédula profesional correspondiente, o bien, solicitar información a las autoridades competentes como lo es el Registro Nacional de Profesionistas, de la Secretaría de Educación Pública. Lo anterior, con la precisión de que, respecto al periodo de instrucción, el juez de la causa sólo deberá cerciorarse si son o no licenciados en derecho, aquellos que hayan intervenido en las actuaciones o diligencias especificadas por la Sala responsable, es decir, no se encuentra obligado a investigar si todos los defensores nombrados por la quejosa a lo largo del proceso son letrados en derecho, pues se insiste, no todos tuvieron participación en alguna diligencia. b)En el caso de que el resultado de la investigación ordenada arrojara que, él o los defensores que asistieron a *, durante el periodo de la averiguación previa, el cual desde luego incluye la declaración ministerial de doce de enero de dos mil once, no sean licenciados en derecho, deberá anular todas las diligencias en las cuales hayan participado los defensores en cuestión (quienes no sean abogados). c)En el supuesto de que las resultas de la investigación dieran como resultado que en las diligencias o actuaciones llevadas a cabo durante la fase de instrucción (especificadas por la Sala de apelación), él o los que asistieron a *, no sean letrados en derecho, ordenará reponer el procedimiento desde el momento en el cual se presentó la violación. Para tal efecto, deberá señalar nueva hora y fecha para la celebración de la audiencia respectiva y en ella (como en las subsecuentes) hacer efectivo el derecho de defensa de la quejosa, esto es, verificar que el defensor público o particular -según sea el caso- que designe para asistirla, cuente con título o cedula profesional que lo acredite como lice-nciado en derecho. Efectos establecidos en observancia a lo dispuesto por el artículo 74 fracción V, de la Ley de Amparo .. d)Por el contrario, si durante la investigación ordenada, se corrobora la calidad de licenciados en derecho de las personas que intervinieron tanto en la etapa de la averiguación previa (principalmente la declaración ministerial) como en la de instrucción, deberá ordenar que subsistan todas las diligencias en las cuales tuvieron participación. En este caso, el Juez de la causa deberá proceder a la investigación de los hechos de tortura denunciados, para cuyo efecto, ordenará la práctica de diligencias y el desahogo de probanzas necesarias para el esclarecimiento de los hechos (citar a los Elementos indicados, incluso, al Agente del Ministerio Público que tomó las declaraciones ministeriales de los activos, designar Peritos Oficiales para la realización de exámenes psicológicos y médicos, etc) En el entendido que, en el desahogo de las diligencias respectivas, deberá observarse el Protocolo de Estambul - Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes presentado a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el nueve de agosto de mil novecientos noventa y nueve. Asimismo, deberá dar vista al Agente del Ministerio Público correspondiente, con las manifestaciones de los encausados relativas a la tortura que sostuvieron en sus declaraciones preparatorias haber sido objeto, a fin de que lleve a cabo las funciones de investigación que le atañen, y se pueda determinar si acredita o no el delito de tortura. III. En virtud de los distintos escenarios que pudieran derivar de la investigación que el Juez de la causa realice para cerciorarse si los defensores de *, son o no licenciados en derecho, es menester ordenar a al Sala responsable que, en la determinación dictada en cumplimiento a esta sentencia de amparo, deje claramente establecido al Juez responsable lo siguiente: Si dentro de las diligencias de la averiguación previa que deben declararse nulas por ilícitas porque quien asistió a la quejosa no fue un profesional en derecho, se encuentra la declaración ministerial de doce de enero de dos mil once, será innecesario ordenar la reposición del procedimiento de primera instancia para realizar la investigación correspondiente a la denuncia de tortura, pues el fin perseguido con dicha investigación, en su vertiente de "violación al debido proceso", es la exclusión probatoria de aquellos instrumentos donde el inculpado confesó los hechos o proporciono información autoincriminatoria; sin embargo, ese fin, ya quedaría satisfecho con la exclusión de esa declaración ministerial, al privilegiar el diverso derecho humano de defensa adecuada. Dicho en otras palabras, si ya no existe en el caudal probatorio la confesión de la quejosa (por la exclusión de la prueba que la contenía) ya no habrá prueba sobre la que pudiera impactar la correspondiente violación de derechos humanos (tortura), aun en el extremo de que llegará a justificarse. Por tanto, a ningún sentido práctico conduciría el hecho de que, con motivo de la correspondiente denuncia de tortura, se ordenara la reposición del procedimiento, a efecto de realizar la investigación, pues finalmente, aunque se justificara perfectamente la violación de derechos humanos, no habría consecuencias procesales, al no haber confesión, declaración o información que excluir. Inclusive, reponer el procedimiento únicamente generaría un perjuicio al derecho fundamental de pronta y expedita impartición de justicia, que se consagra como punto cardinal de todo el sistema judicial, en el artículo 17 de la Constitución Federal. Empero, subsiste la obligación que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen, de dar vista a la autoridad ministerial correspondiente para que aquélla se investigue por su posible comisión como delito. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 101/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 48, noviembre de 2017, tomo I, página 323, de título y texto, siguientes: "TORTURA. ES INNECESARIO REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO NO EXISTA CONFESIÓN DE LOS HECHOS IMPUTADOS O CUALQUIER ACTO QUE CONLLEVE AUTOINCRIMINACIÓN DEL INCULPADO. En el criterio emitido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 10/2016 (10a.), (1) de rubro: "ACTOS DE TORTURA. LA OMISIÓN DEL JUEZ PENAL DE INSTANCIA DE INVESTIGAR LOS DENUNCIADOS POR EL IMPUTADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE A SU DEFENSA Y AMERITA LA REPOSICIÓN DE ÉSTE.", se establece que la omisión de la autoridad judicial de investigar una denuncia de tortura como violación a derechos fundamentales con repercusión en el proceso penal, constituye una violación a las leyes que rigen el procedimiento, que trasciende a las defensas del quejoso en términos de los artículos 173, fracción XXII, de la Ley de Amparo, 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y, consecuentemente, debe ordenarse la reposición del procedimiento de primera instancia para realizar la investigación correspondiente y analizar la denuncia de tortura, únicamente desde el punto de vista de violación de derechos humanos dentro del proceso penal, a efecto de corroborar si existió o no dicha transgresión para los fines probatorios correspondientes al dictar la sentencia. No obstante, en aquellos casos en que no exista confesión o algún otro acto que implique autoincriminación como consecuencia de los actos de tortura alegados, no resulta procedente ordenar la reposición del procedimiento de conformidad con la jurisprudencia antes citada, pues en esos supuestos la violación a derechos humanos derivada de la tortura carece de trascendencia en el proceso penal por no haber impacto; sin embargo, fuera de esos supuestos de excepción, deberá procederse como se describe en el criterio jurisprudencial de referencia. Es decir, que la jurisprudencia a que se alude tendrá aplicación siempre que se trate de asuntos en los que, como consecuencia de la tortura, se haya verificado la confesión o cualquier manifestación incriminatoria del inculpado, porque en tal caso, la autoridad jurisdiccional estará obligada a realizar una investigación a fin de determinar si se actualizó o no la tortura y, de corroborarse ésta, deberá ceñirse a los parámetros constitucionales fijados en relación con las reglas de exclusión de las pruebas ilícitas, esto es, que de no acreditarse el señalado supuesto de excepción, el citado criterio jurisprudencial operará en sus términos. Ahora, se precisa a las partes que esta sentencia de amparo se declarará cumplida con la sola emisión de la resolución de segunda instancia que siga todos y cada uno de los lineamientos aquí precisados. Por último, se deja establecido que la concesión del amparo otorgada se hace extensiva al acto reclamado al Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, en virtud de que la inconstitucionalidad de él se hizo depender del acto atribuido a la autoridad responsable respecto de la cual se concedió el amparo." Luego, en observancia a esos lineamientos, la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, realizó lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, emitida dentro del toca de apelación * y en su lugar el dieciséis de octubre de esta anualidad dictó otra. Reiteró el estudio relativo a la violación procesal en lo concerniente a la vulneración a los principios rectores del procedimiento penal por parte del Juez instructor. Determinó las violaciones procesales que existieron (actos de tortura para obtener la declaración de la quejosa) y que con ellos se violaron los derechos fundamentales de la quejosa *. En el considerando octavo estableció que se actualizó una violación al derecho de defensa de la quejosa, pues señaló que el juez de la causa no investigó si todos los defensores que asistieron a la quejosa tanto en el periodo de averiguación e instrucción son o no licenciados en derecho. Derivado de ello ordenó la reposición del procedimiento de primera instancia a partir del auto de trece de julio de dos mil diecisiete, solo respecto a la quejosa (tal y como lo precisó en la aclaración del cumplimiento) para que el Juez de la causa realice: La práctica de diligencias y desahogo de pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos, observando el protocolo de Estambul. La comprobación de que la imputada cuente con licenciado en derecho en las etapas del procedimiento penal y cerciorarse si son o no licenciados en derecho los que intervinieron en la declaración ministerial y preparatoria, en caso afirmativo señaló debía anular las diligencias en las que estos hubieran participado. Para el caso de que no fueran licenciados en derecho, indicó que el juez de la causa debía reponer el procedimiento desde el momento en el cual se hubiera verificado la violación, y para ello señalar nueva hora y fecha para la celebración de la audiencia correspondiente. Solo en el supuesto de que si se corroborara la calidad de licenciados, debería ordenar subsistan las diligencias en los cuales estos tuvieran participación. Si en la diligencia ministerial de la quejosa, intervino persona que no es licenciado en derecho, se deberá hacer la exclusión de dicha prueba. Señaló también, que debería verificar que no hubiera conflicto de intereses entre los intereses de la defensa de la quejosa y las de sus diversos co procesados. Para que con ello con plenitud de jurisdicción el juez de la causa emita una nueva resolución. Por ende, conforme a lo establecido en el párrafo tercero, del artículo 196, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable ha cumplido con la ejecutoria de protección, pues cumplió con los efectos precisados en la ejecutoria dictada en este juicio. Pues como se precisó en el periodo de ejecución la sentencia de amparo se declararía cumplida con la sola emisión de la resolución de segunda instancia que siga todos y cada uno de los lineamientos precisados en la sentencia de amparo, lo que en la especie aconteció. Por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se determina cumplida la ejecutoria de protección, sin excesos ni defectos. Empero, si la quejosa o los terceros interesados estuvieran inconformes con la decisión aquí adoptada, se les hace saber que tienen derecho a recurrirla a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Para su presentación cuentan con un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel al que surta efecto la notificación de este acuerdo. Se ordena dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para que esté en aptitud de manifestarse -si lo desea- en términos de sus obligaciones legales. De igual manera, se ordena al actuario encargado de este expediente, que el oficio derivado de este proveído sea entregado a la autoridad de manera física, dado que es local. Para ello, deberá observar de manera estricta el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF" y hacer uso del Kit de seguridad proporcionado para tal efecto. Por último, a fin de registrar la presente determinación en los libros de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se puntualizan las siguientes fechas: a) El veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se dictó sentencia dentro del presente juicio de amparo. b) Mediante acuerdo de ocho de octubre de dos mil veinte, causo ejecutoria la sentencia y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. c) La sala responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo el veintiuno de octubre de dos mil veinte. d) En esta data (nueve de noviembre de dos mil veinte) se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese; en forma personal a la parte quejosa; a los terceros interesados; a la fiscal federal adscrita y por oficio a las autoridades responsables; y cúmplase.
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