Alma Yanet Gonzalez Moreno

Expediente 2009/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2009/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
02/10/2023

Partes del expediente

  • Alma Yanet Gonzalez Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    Notificación personal por medio de lista de acuerdos a tercero interesado Alberto Onofre Valle Castillo (en cumplimiento a lo ordenado en auto de dos de octubre y en atención a este, al acuerdo de diez de abril, ambos de dos mil veintitrés). Por medio de lista notifico a la parte tercera interesada Alberto Onofre Valle Castillo, la resolución de veintidós de junio de dos mil veintitrés, que dice: veintidós de junio de dos mil veintitrés. I. Autoridad responsable remite constancias. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase al Director Jurídico y de Comercio del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, remitiendo las constancias certificadas requeridas en auto de nueve de los corrientes, con las que acredita que el aviso cautelar registrado el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, sobre el bien inmueble que defienden los quejosos, dejó de surtir efectos, con motivo del transcurso de los cuarenta y cinco días previstos en el artículo 99 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, que establece que el notario, autoridad o titular registral podrá solicitar la inamovilidad registral, cuando vaya a celebrar un acto jurídico por el cual se declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga la propiedad o posesión de bienes raíces o cualquier derecho real sobre los mismos o que sin serlo sea objeto de registro. a) Prueba documental. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental exhibida por la autoridad oficiante. II. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora bien, se debe partir que el juzgador de amparo tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente y analizar de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en artículo 62 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que el acto reclamado por Jacinta Patricia Rodríguez Hernández y Gildardo Pedroza Aguilera, consiste en:  La emisión de un aviso cautelar, por parte del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, sobre el bien inmueble que señalan como de su propiedad, a saber, la finca marcada con el número oficial 5882, construida sobre el lote de terreno número seis, Manzana N, del condominio 10-A Tenerife, lote ubicado en Boulevard Puerta de Hierro 5882 del Fraccionamiento denominado Puerta de Hierro, en el Municipio de Zapopan. Lo anterior, pues refirieron que el Notario Público que emitió el aviso en cuestión, 233 de la Ciudad de México, Licenciado Ángel Gilberto Adame López, manifestó no haberlo emitido. Ahora, de los informes justificados se advierte, por una parte, que la oficina registral aceptó la existencia del aviso reclamado, y por su parte el fedatario sostuvo no haberlo emitido. Sin embargo, durante la tramitación del juicio de amparo se actualizó una causa de improcedencia, específicamente la prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que cesaron los efectos del acto reclamado. En efecto, de las constancias certificadas de cuenta, se corrobora que ya no obra inscrito el aviso cautelar registrado el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, con motivo de un supuesto contrato de compraventa por medio del cual se dijo que comparecieron los quejosos como vendedores, y los terceros interesados como compradores, suscrito el acto por el notario en mención, y consecuentemente, dejó de tener vigencia. Ello, puesto que el artículo 99 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, establece que el notario, autoridad o titular registral podría solicitar la inmovilidad registral, cuando vaya a celebrar un acto jurídico por el cual se declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga la propiedad o posesión de bienes raíces o cualquier derecho real sobre los mismos o que sin serlo sea objeto de registro, por un término máximo de cuarenta y cinco días hábiles a partir de su expedición. En ese tenor, si con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, la materia de molestia dejó de surtir sus efectos, y ello encuentra soporte documental con valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de una constancia integrada por un funcionario investido de fe pública, durante y con motivo del ejercicio de sus funciones; en el entendido de que la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular sobre los documentos de los sellos, firmas y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes, es claro que se está ante la cesación de los efectos de los actos reclamados. a) Causa de improcedencia actualizada. En ese contexto, de lo narrado, se aprecia que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, precepto que dispone lo siguiente: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Conforme al citado precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, por parte de la propia autoridad responsable, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, no dejara huella. La causa de improcedencia que se invoca tiene su justificación en el contenido del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, cuya finalidad de la concesión del amparo es respetar el derecho que se trate y hacer que el mismo se cumpla, por tener el acto reclamado naturaleza omisiva. La razón que justifica la improcedencia invocada, es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Así, tenemos que los requisitos de la fracción invocada son: 1. Que exista revocación incondicional del acto, o de sus efectos, por parte de la autoridad; y 2. Que haya restitución al quejoso en el pleno goce del derecho constitucional violado. En ese sentido, la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional la emisión y ejecución del aviso cautelar realizado por el Director Jurídico y de Comercio del Registro de la Propiedad Público del Estado de Jalisco, el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós respecto al inmueble de su propiedad; sin embargo, la citada autoridad responsable informó que dicho aviso cautelar dejó de tener vigencia en virtud de que con fundamento en el artículo 99 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, la inmovilidad registral solicitada por los Notarios Públicos tienen una vigencia de cuarenta y cinco días a partir de su expedición. Circunstancia que demostró fehacientemente con el certificado de existencia o inexistencia de gravámenes del que es posible corroborar que a la fecha no se encuentra inscrito el aviso cautelar materia de inconformidad. En ese orden, si la parte quejosa combate la emisión y ejecución del aviso cautelar realizado el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, el cual como se dijo con antelación ya dejó de tener vigencia, es claro que ha cesado el acto reclamado. Ello es así, ya que el artículo 77 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho." Del texto del artículo citado se advierte la naturaleza del acto reclamado en dos hipótesis: 1. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se ordenará restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y 2. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, al haber dejado de tener vigencia el aviso cautelar reclamado, se restituyó a los quejosos en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardan antes de la violación, pues como se dijo, ya no existe acto de molestia, con lo que cesaron los efectos de la litis constitucional, por lo que no es posible examinar las violaciones que pudieran existir en el acto reclamado sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad si el mismo ya no afecta la esfera jurídica del peticionario de amparo. Se insiste, contando con el elemento demostrativo consistente en el certificado de existencia o inexistencia de gravámenes, del que se corrobora que dejó de existir la inscripción del aviso cautelar reclamado. En consecuencia, al existir de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia expuesta, se sobresee en el presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO."1 "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL."2 Causal que se actualiza de forma manifiesta e indudable, pues se cuenta con las constancias remitidas en copia certificada por la responsable, por lo que en nada variaría el sentido de la presente resolución, pues aun cuando se continuara la tramitación del juicio de amparo, el resultado sería el mismo y se contravendría el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. Al respecto, es aplicable al no oponerse a lo previsto en le Ley de Amparo, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE."3 III. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. Con motivo de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRES DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Téngase por recibidos los oficios que suscriben el Juez Séptimo y el Juez Trigésimo Octavo Civil en la Ciudad de México; sin que se emita mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, toda vez que sus informes justificados ya obran en autos. Por otra parte, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación de la autoridad responsable Juez Trigésimo Quinto de lo Civil en la Ciudad de México; dese vista a las partes con ellos para que se impongan de sus contenidos, sin perjuicio de relacionarse en la audiencia constitucional. Notifíquese por lista física y electrónica.

  3. Principal

    Téngase por recibida la constancia que suscribe la actuaria judicial adscrita, por la cual informa la imposibilidad para emplazar a la tercera interesada por las razones que expone. Revisadas las constancias remitidas por la autoridad responsable en oficio de registro 16822, se advierte que en auto de cinco de enero de dos mil veintitrés, se tuvo a Presidente del Consejo de Administración de la citada tercera interesada, quien acredito su personalidad con la escritura pública número de la cual se advierte le fue conferido igualmente poder general judicial para pleitos y Cobranzas, y que su domicilio se encuentra ubicado e Por tanto, se comisiona a un actuario judicial adscrito a este juzgado de distrito, a efecto de que con copia de la demanda de amparo, del auto admisorio y del presente proveído emplace a juicio a la referida tercera interesada en el domicilio antes citado por conducto de su apoderado, en la inteligencia de que si a dicho funcionario no le es posible practicar la diligencia de que se trata en el lugar indicado estará facultado para indagar por cualesquier medio su domicilio correcto y realizarla sin ulterior acuerdo una vez obtenido el dato respectivo lo anterior en términos de los artículos 24, 26, fracción I, inciso b), y 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista física y electrónica y cúmplase.

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