Alma Yadira García Ibarra

Expediente 37/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
37/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
06/01/2022

Partes del expediente

  • Alma Yadira García Ibarra

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por Hilaria Guadalupe Carmona Marín, en su carácter de autorizada de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, remítasele de manera digital al correo electrónico organizacionjuridica124@gmail.com, las constancias que solicita en su escrito de cuenta. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, quince de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la ley de amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2°, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto en el que se desechó de plano la demanda de garantías que dio origen al presente juicio, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. En ese tenor, al advertirse que el asunto que nos ocupa se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el precepto 214, de la Ley de Amparo, archívese el citado expediente. En cumplimiento a lo ordenado en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado Acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al ordinal vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, se establece que el expediente principal es susceptible de destrucción, por haberse desechado la demanda de garantías, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el quince de noviembre de dos mil veinticuatro. Con fundamento en el artículo 9, fracción I, del Acuerdo General mencionado, el presente juicio de amparo, se considera archivo reciente; por tanto, una vez que trascurran más de tres años, contados a partir de esta fecha, transfiérase el expediente original, al depósito documental del Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo establece el numeral decimoprimero del citado Acuerdo General; lo anterior, a partir del quince de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese y personalmente al Secretario encargado del archivo definitivo.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), SE NOTIFICA PERSONALMENTE EL AUTO DE VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, A LA PARTE QUEJOSA ALMA YADIRA GARCÍA IBARRA, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tijuana, Baja California, veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Alma Yadira García Ibarra, por propio derecho, contra actos de la Dirección General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 8º y 17 constitucionales; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 37/2019-B. Se desecha la demanda de amparo Ahora, es preciso apuntar, que de actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese tenor, este órgano jurisdiccional considera que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley [.]." Así, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previo a su promoción, agotar los recursos ordinarios de defensa que se encuentren previstos en la ley que rige la materia del acto de reclamo. En la especie, se considera que tal motivo de improcedencia se encuentra actualizado, virtud que la promovente reclama la omisión de la responsable de dar la contestación adecuada, conforme a sus pretensiones, dentro de la resolución relativa al recurso de inconformidad que hizo valer; por lo que ante la falta de exhaustividad en la determinación de trato, a quejosa tiene a su alcance los mecanismos de impugnación ordinarios mencionados en el resolutivo cuarto de dicha resolución, los cuales pueden modificar, revocar o nulificar la determinación que reclama en esta vía constitucional. Razones anteriores por las que resulta improcedente el juicio de amparo, virtud que, como ya se analizó, la promovente debió, previo a instar el juicio biinstancial, agotar los mecanismos de defensa que tiene a su alcance para dirimir la controversia respecto de la resolución que reclama de la responsable. Debe ponerse en relieve que se pretende combatir, aunque no en su totalidad, la determinación dictada por la responsable el veintitrés de septiembre del actual, circunstancia que es susceptible de verificarse a través de alguno de los recursos que la propia autoridad refirió en la aludida determinación, resultando palmario que el análisis relativo debe ocuparse íntegramente de su contenido, atendiendo a que lo reclamado constituye en sí una unidad. Cobra aplicación al tópico expuesto, la tesis VI.2o.C. J/296 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 2293, tomo XXVIII, octubre de 2008, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS. SU CONGRUENCIA. Es requisito de toda sentencia la congruencia entre los considerandos y los puntos resolutivos, en tanto que ésta constituye una unidad y los razonamientos contenidos en los primeros son elementos fundamentales para determinar el alcance preciso de la decisión, pues es en ellos en donde el juzgador hace los razonamientos adecuados para llegar a una determinación, la cual debe ser clara y fundada, características que dejan de cumplirse cuando existe entre ellos una incompatibilidad en su sentido o son incongruentes con las consideraciones expresadas en la sentencia, pues si existe incompatibilidad entre el contenido de los puntos resolutivos de la sentencia se provoca incertidumbre respecto a su sentido y alcances." A más, que la ley que rige al acto de reclamo prevé la posibilidad de suspender los efectos de la determinación combatida con los mismos alcances que los que prevé la legislación de la materia y sin exigir mayores requisitos que la misma consigna para conceder la medida cautelar definitiva, ni plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional. En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda promovida por Alma Yadira García Ibarra.Por otra parte, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito de cuenta; asimismo, se autoriza en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Hilaria Guadalupe Carmona Marín, dado que tiene inscrita la cedula profesional en el registro correspondiente. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Por último, a fin de configurar el expediente virtual conforme a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integren el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la promovente.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Alma Yadira García Ibarra, por propio derecho, contra actos de la Dirección General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 8º y 17 constitucionales; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 37/2019-B. Se desecha la demanda de amparo Ahora, es preciso apuntar, que de actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese tenor, este órgano jurisdiccional considera que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley [.]." Así, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previo a su promoción, agotar los recursos ordinarios de defensa que se encuentren previstos en la ley que rige la materia del acto de reclamo. En la especie, se considera que tal motivo de improcedencia se encuentra actualizado, virtud que la promovente reclama la omisión de la responsable de dar la contestación adecuada, conforme a sus pretensiones, dentro de la resolución relativa al recurso de inconformidad que hizo valer; por lo que ante la falta de exhaustividad en la determinación de trato, a quejosa tiene a su alcance los mecanismos de impugnación ordinarios mencionados en el resolutivo cuarto de dicha resolución, los cuales pueden modificar, revocar o nulificar la determinación que reclama en esta vía constitucional. Razones anteriores por las que resulta improcedente el juicio de amparo, virtud que, como ya se analizó, la promovente debió, previo a instar el juicio biinstancial, agotar los mecanismos de defensa que tiene a su alcance para dirimir la controversia respecto de la resolución que reclama de la responsable. Debe ponerse en relieve que se pretende combatir, aunque no en su totalidad, la determinación dictada por la responsable el veintitrés de septiembre del actual, circunstancia que es susceptible de verificarse a través de alguno de los recursos que la propia autoridad refirió en la aludida determinación, resultando palmario que el análisis relativo debe ocuparse íntegramente de su contenido, atendiendo a que lo reclamado constituye en sí una unidad. Cobra aplicación al tópico expuesto, la tesis VI.2o.C. J/296 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 2293, tomo XXVIII, octubre de 2008, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS. SU CONGRUENCIA. Es requisito de toda sentencia la congruencia entre los considerandos y los puntos resolutivos, en tanto que ésta constituye una unidad y los razonamientos contenidos en los primeros son elementos fundamentales para determinar el alcance preciso de la decisión, pues es en ellos en donde el juzgador hace los razonamientos adecuados para llegar a una determinación, la cual debe ser clara y fundada, características que dejan de cumplirse cuando existe entre ellos una incompatibilidad en su sentido o son incongruentes con las consideraciones expresadas en la sentencia, pues si existe incompatibilidad entre el contenido de los puntos resolutivos de la sentencia se provoca incertidumbre respecto a su sentido y alcances." A más, que la ley que rige al acto de reclamo prevé la posibilidad de suspender los efectos de la determinación combatida con los mismos alcances que los que prevé la legislación de la materia y sin exigir mayores requisitos que la misma consigna para conceder la medida cautelar definitiva, ni plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional. En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda promovida por Alma Yadira García Ibarra. Domicilio y autorizada Por otra parte, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito de cuenta; asimismo, se autoriza en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Hilaria Guadalupe Carmona Marín, dado que tiene inscrita la cedula profesional en el registro correspondiente. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Expediente electrónico Por último, a fin de configurar el expediente virtual conforme a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integren el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la promovente. Así lo acordó y firma, Karina Ivette Zepeda Pineda, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Juan Domingo Valadez Rivera, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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