Alma Verenice Oropeza Tapia
Expediente 1047/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1047/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 07/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Alma Verenice Oropeza Tapia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; siete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto, el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 20, reacción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, ya que se desechó la demanda de amparo; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal, dentro del plazo indicado en el artículo 20, fracción IV, del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a Disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que desechó la demanda estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Documentos a disposición del quejoso. Finalmente, toda vez que la parte quejosa anexó a su ocurso de demanda documentos originales, con fundamento en el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, notifíquesele personalmente el presente acuerdo, a fin de que dentro de plazo de noventa días hábiles comparezca a recoger los documentos originales que exhibió en el presente sumario, apercibido que de no hacerlo serán destruidos. Procedimiento para poder acudir físicamente a la entrega de devolución de documentos en asuntos no urgentes. Día de devolución de documentos. Los documentos solamente se entregaran los días martes y jueves, dentro del horario laboral de 09:00 am hasta las 14:00 p.m., previa entrega de copia de la identificación oficial con fotografía de la directa quejosa o persona autorizada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto la comparecencia que antecede se advierte que la quejosa *********, compareció ante este órgano jurisdiccional a ratificar el escrito presentado vía electrónica el catorce de agosto de dos mil veintitrés, por el cual subsana la prevención formulada en autos. Anotaciones. Regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Separación de juicios. Del contenido del escrito de demanda y diverso aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama sustancialmente del: Ramiro Macedo Domínguez, Director del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Puente de Ixtla, Morelos, los actos consistentes en: a La negativa verbal y o cobro excesivo para expedir una toma de agua, contrato y/o servicio de agua potable. En tanto que a la diversa autoridad: Comisariado Ejidal de Puente de Ixtla, Morelos. Le reclama: b El cobro excesivo para otorgarle una constancia ejidal o cesión de derechos. Como se aprecia, la parte quejosa impugna actos que no están relacionados entre sí, y que no pueden coexistir en una misma demanda ya que son distintos, lo que implica que su análisis sea diverso en cada caso particular. En efecto como puede verse, los actos precisados en el inciso a reclamados a Ramiro Macedo Domínguez, Director del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Puente de Ixtla, Morelos, versan sobre la negativa verbal y o cobro excesivo para expedir una toma de agua, contrato y o servicio de agua potable. En tanto que, el diverso precisado en el inciso b atribuidos al Comisariado Ejidal de Puente de Ixtla, Morelos, se tratan de actos relacionados con el otorgamiento de una constancia ejidal o cesión de derechos. Esto es, se encuentran completamente desvinculados entre sí, por ello no pueden coexistir en una misma demanda. Al respecto tiene aplicación lo sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien al resolver la contradicción de tesis 8/94, en la ejecutoria respectiva en lo conducente estableció que: "...el hecho de reclamar en una demanda de amparo actos que derivan de diversos juicios, es susceptible de constituir una irregularidad, ya que de acuerdo con la técnica procesal de amparo, lo correcto es promover un juicio de garantías por cada uno de esos actos.". Circunstancia por la cual, con apoyo en lo que establece la jurisprudencia que por contradicción de tesis, emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, Tomo VI, Septiembre de 1997, materia común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, de rubro: (...) En consecuencia, se ordena elaborar un legajo compuesto con copia íntegra de demanda y escrito aclaratorio, a fin de tramitar en forma separada los actos reclamados a Ramiro Macedo Domínguez, Director del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Puente de Ixtla, Morelos. En virtud de lo anterior, remítanse dicho legajo que se ordenó formar en párrafos anteriores, a la OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, a fin de que sea turnado aleatoriamente entre los demás juzgados de distrito de este Decimoctavo Circuito, con excepción de este Juzgado Federal , respecto al acto reclamado a la autoridad responsable Ramiro Macedo Domínguez, Director del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Puente de Ixtla, Morelos, precisados en el inciso a). Debiendo continuar el presente juicio de amparo únicamente por lo que respecta al acto reclamado a la autoridad responsable Comisariado Ejidal de Puente de Ixtla, Morelos, precisados en el inciso b Desechamiento. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de 1 Con base en el CUARTO CONSIDERANDO del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se deroga la fracción VIII del artículo 46 del diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de diciembre de dos mil dieciséis. demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro2 , y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia3 . Proceder soportado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Actos reclamados. - El cobro excesivo para otorgarle una constancia ejidal o cesión de derechos. Causales de improcedencia En el caso, se surte de un modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. En efecto, el precepto legal citado en primer lugar en la fracción invocada dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley.". "ARTÍCULO 11.- Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la Ley o el acto reclamado." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.". Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos legales antes reproducidos, se desprende lo siguiente: 1. Uno de los objetos del juicio de amparo es resolver cualquier conflicto que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que infrinja derechos humanos. 2. La autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo, es aquella que independientemente de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. 3. Los particulares pueden tener la calidad de autoridad responsable cuando emitan actos que sean equiparables a los de autoridad y que sus facultades se encuentren determinadas por una norma general. En efecto, se estima que no es autoridad responsable el Comisariado Ejidal de Puente de Ixtla, Morelos, Morelos, en virtud de que en términos del artículo 5 fracción II de la Ley de Amparo, solo podrán ser designadas con tal carácter las que dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de diversos criterios que ha integrado, sostiene que para efectos del amparo, no sólo es autoridad responsable aquélla que se encuentra constituida con ese carácter conforme a la ley, sino también la que dispone de la fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho, y que por lo mismo esté en la posibilidad formal o material de obrar como individuo que ejerza actos públicos, dictando resoluciones obligatorias para los gobernados, cuyo cumplimiento pueda ser exigible mediante el uso directo o indirecto de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades. En el caso concreto, es evidente que el Comisariado Ejidal de Puente de Ixtla, Morelos, únicamente actúa como representante del núcleo ejidal y administrador de los bienes agrarios, por lo que no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo; habida cuenta que los conflictos suscitados con motivo del reconocimiento del régimen comunal, la posesión de predios cuya titularidad esté cuestionada e intervenga una autoridad ejidal, son competencia de los Tribunales Agrarios en términos de lo dispuesto por el artículo 18, fracciones III, V y VI de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.4 Lo anterior encuentra apoyo en la propia exposición de motivos de la Ley Agraria presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, que en la parte conducente señala que: "... En cuanto a la organización interna del ejido, la asamblea, el comisariado y el consejo de vigilancia ya no se conciben como autoridades en la iniciativa, sino como órganos de representación y ejecución; sus funciones son transparentes y sus reglas de operación sencillas. Estos órganos serán ahora protagonistas del cambio democrático, obligados en todo momento a respetar la voluntad de sus mandantes. ..."; es decir, la propia exposición de motivos de la Ley Agraria aclara enfáticamente que el comisariado ejidal no es una autoridad agraria Sobre el particular, es aplicable la tesis de jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible a página 1099, Tomo XIII, Mayo de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 189776, que dice: "COMISARIADO EJIDAL. CARECE DEL CARÁCTER DE AUTORIDAD AGRARIA. El comisariado ejidal es el órgano de representación y ejecución de los acuerdos de asamblea de un ejido y tiene conferidas por la ley diversas facultades; sin embargo, ello no significa que deba considerársele una autoridad agraria, pues su carácter de órgano representativo y de ejecución son respecto del ejido y hacia su interior, respectivamente, de manera que se trata de cuestiones entre particulares sin imperio ni coerción. Lo anterior encuentra apoyo en la propia exposición de motivos de la Ley Agraria presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, que en la parte conducente señala que: "... En cuanto a la organización interna del ejido, la asamblea, el comisariado y el consejo de vigilancia ya no se conciben como autoridades en la iniciativa, sino como órganos de representación y ejecución; sus funciones son transparentes y sus reglas de operación sencillas. Estos órganos serán ahora protagonistas del cambio democrático, obligados en todo momento a respetar la voluntad de sus mandantes. ..."; es decir, la propia exposición de motivos de la Ley Agraria aclara enfáticamente que el comisariado ejidal no es una autoridad agraria. Por otro lado, y de manera destacada, la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 48/97, publicada en la página cuatrocientos sesenta y tres del Tomo X, octubre de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sostuvo lo siguiente: "... si el acto de la autoridad agraria, define o da certeza a una situación legal o administrativa, y en ejercicio de su potestad, crea, reconoce, modifica o extingue algún derecho, en materia agraria, y dicha autoridad puede imponerla y ejecutarla aun en contra de la voluntad de los gobernados, ese acto es una resolución ..."; o sea que de acuerdo con el criterio de la Corte para que un acto pueda reputarse proveniente de una autoridad agraria, además de crear, reconocer, modificar o extinguir algún derecho, debe ser imponible y ejecutable aun en contra de la voluntad de los gobernados, lo que en el caso de los actos del comisariado ejidal no acontece, pues no se advierte en la ley dispositivo alguno que les otorgue esa facultad de imperio, sino únicamente, se insiste, de representación del ejido y ejecución de los acuerdos de asamblea." De igual manera se invoca como sustento la Tesis aislada XX.133 A, pronunciada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 468, Tomo XV-2, Febrero de 1995, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 208669, de cuyo texto es: "PRESIDENTE DEL COMISARIADO EJIDAL, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA Y DEL PATRONATO DE SOLIDARIDAD RURAL. NO TIENEN EL CARACTER DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE GARANTIAS EL. El Presidente del Comisariado Ejidal, Presidente del Consejo de Vigilancia y del Patronato de Solidaridad Rural, no tienen el carácter de autoridad para los efectos del juicio de garantías, en razón de que, carecen de las facultades decisorias y ejecutoras a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Amparo, esto es, tales actos no derivan de la tramitación, resolución y ejecución de expedientes agrarios para considerar que ejercen actos públicos autorizados por las propias resoluciones, sino que son órdenes provenientes de la asamblea general de ejidatarios en administración y vigilancia de los bienes agrarios que se equiparan a actos de particulares contra los cuales es improcedente la suspensión." Tiene aplicación en este sentido, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 13, Volumen 175-180, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 232366 que dice: "AGRARIO. COMISARIADO EJIDAL. NO TIENE EL CARACTER DE AUTORIDAD, AUNQUE INTERVENGA EN LA APLICACION DE LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA. Aun cuando aparezca que el comisariado ejidal, señalado como autoridad responsable, aplicó los artículos 434, 435, 436 y 437 de la Ley Federal de Reforma Agraria impugnados de inconstitucionales, no puede estimarse que dicha aplicación de la ley sea un acto de autoridad para los efectos de la procedencia del juicio de garantías, sino que se trata de actos de particulares que no pueden ser objeto del juicio de amparo. Respecto de problemas similares, esta Suprema Corte ha sostenido reiteradamente que los actos efectuados por los comisariados ejidales en cumplimiento de las atribuciones que les confiere la Ley Federal de Reforma Agraria, no son actos susceptibles de reclamarse en la vía constitucional, por ser actos de particulares, ya que dichos órganos actúan únicamente como representantes del núcleo de población ejidal y como administradores de los bienes agrarios, salvo el caso en que ejecuten o pretendan ejecutar acuerdos u órdenes de las autoridades agrarias que afecten o puedan afectar derechos agrarios individuales de los ejidatarios. El comisariado ejidal no aplica la ley como autoridad sino como simple particular, cuando interviene en el procedimiento que establecen los artículos 434, 435, 436 y 437 de la Ley Federal de Reforma Agraria, como simple conciliador en la disputa suscitada entre la quejosa y tercera perjudicada por la posesión de una parcela ejidal, y su actuación se reduce a proponer una solución práctica de avenimiento a las partes en pugna con el objeto de evitar que tengan la necesidad de ocurrir al trámite contencioso agrario que determinan los artículos 438 al 440 de la Ley Federal de Reforma Agraria. En consecuencia, estos actos del comisariado ejidal no son actos de autoridad que lesionen los derechos agrarios de la quejosa y, por consiguiente debe sobreseerse en el juicio, en este aspecto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo". De igual forma, se invoca la siguiente Tesis aislada, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 841, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación , registro digital 214009, que dice: "COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El hecho de que el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia, tengan facultades para desposeer a los ejidatarios de sus parcelas, no por esta circunstancia debe atribuírseles el carácter de autoridades responsables y por ende sus actos sean susceptibles de combatir a través del juicio de amparo, toda vez que la investidura otorgada a tales órganos por la anterior y actual legislación agraria, debe entenderse en el sentido definido por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "de órgano de dirección y vigilancia del ejido", pues aun y cuando éste sea una persona moral creada por voluntad estatal y que las decisiones de sus autoridades internas presenten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, no participa de la naturaleza jurídica del Estado, de consiguiente, sus actos no son de autoridad para los efectos del amparo". También es aplicable la jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 2008595 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III , página 2184 Tipo: Jurisprudencia "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. Del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, el ente público cuyos actos (lato sensu) unilaterales, son susceptibles de crear, modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas, así como los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por su parte, del proceso legislativo de la citada ley, concretamente del dictamen de la Cámara de Origen (Senadores), publicado en la Gaceta 288 de ese órgano el 13 de octubre de 2011, en relación con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2014, cuya parte conducente aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 853, en la que se estableció que la procedencia del juicio está condicionada a que los actos de particulares "creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra subordinación", se infiere que la identificación de las autoridades responsables en el amparo se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan al seno del Estado, a saber, de: subordinación, supraordinación y coordinación. De ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente público y/o el particular que se ubiquen en un plano de supra a subordinación y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora bien, según el artículo 21 de la Ley Agraria, la asamblea es un órgano del ejido, no del Estado, por lo cual no puede considerarse como autoridad, máxime que, de acuerdo con la ratio de este último ordenamiento no podría estimarse así, en estricto sentido, pues desde su iniciativa de 10 de febrero de 1992, presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se le perfiló (junto con el comisariado y el consejo de vigilancia) como mero órgano de representación y ejecución del ejido. Por otra parte, del precepto 23 de la Ley Agraria se advierte que: a) la asamblea general de ejidatarios no cuenta con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, lo cual es una característica propia de una relación de supra a subordinación, en tanto revela la existencia de un sujeto cuyos actos gozan de imperatividad, coercitividad y unilateralidad; b) sus relaciones con los sujetos del ejido, por ejemplo, los avecindados, son de coordinación, ya que las diferencias que entre ellos se susciten deben ser resueltas mediante los procedimientos jurisdiccionales, como el juicio agrario, en términos del artículo 163 de la invocada legislación; y, c) aun cuando su artículo 27 establezca que sus resoluciones son obligatorias, lo cierto es que ello es una mera declaración llana como la dada por cualquier cuerpo director de una sociedad privada, pero que no está cargada del imperio, coerción y unilateralidad de los cuales están dotados los actos de autoridad. Por tanto, la asamblea indicada, en sus relaciones con los sujetos del ejido, no se ubica en una posición de supra a subordinación, sino en una de coordinación, por lo que no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo." En consecuencia, al haberse actualizado las causas de improcedencia previstas en los párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, por ende, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo por cuanto a dicha autoridad y actos que le reclama.(...)
- Principal
Cuernavaca, Morelos; dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito presentado a nombre de ******************** en el que pretende subsanar la prevención formulada al escrito de demanda; antes de proveer sobre su contenido, debe destacarse que a simple vista, se advierte que la firma asentada en el ocurso de mérito, difiere notablemente en sus rasgos caligráficos con la que obra en la demanda de amparo; en consecuencia, tomando en consideración que en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes de ejercer un derecho se manifiesta mediante la firma, con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2°, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente, comparezca ante este órgano constitucional con original y copia de su identificación oficial con fotografía a manifestar si ratifica o no el referido ocurso que presentó el dieciséis de agosto actual; con el apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por no presentando el escrito de cuenta. Lo anterior, con independencia de que en el momento procesal oportuno se provea lo conducente, incluso ordenándose el desahogo de los exámenes periciales correspondientes, pues en caso de apreciarse la posible existencia de una causa de improcedencia, como lo es la que se daría de la eventual falsedad de la firma, los tribunales de amparo pueden actuar oficiosamente, y en el caso, se definiría a través de los estudios correspondientes si la parte quejosa no firmó la demanda o el ocurso aclaratorio, pues no basta su ratificación. La ratificación tampoco impide que el juzgador de amparo pueda continuar con las actuaciones correspondientes, para en su caso, evidenciar que se actualiza alguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 261 de la Ley de la Materia, habida cuenta que en términos del artículo 140 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se considera firma indubitable, entre otras, las puestas en actuaciones oficiales y en presencia del secretario. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; quince de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito con evidencia criptográfica que se encuentra firmado electrónicamente por ***********, autorizado de la parte quejosa con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, el cual también se encuentra presentado por la directa quejosa ******************** sin embargo carece de la firma electrónica de ésta. La ley de amparo en su artículo 3°, en lo que interesa, establece lo siguiente: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." Sin embargo, de la anterior transcripción se obtiene que para hacer uso de la firma electrónica, el promovente debe cubrir los requisitos contenidos en el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2013 DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) Y AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, esto es, que las demandas y promociones en general que envíen las partes en el juicio de amparo o en un diverso juicio de la competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación deben ser firmados mediante el uso de la FIREL, como lo establece el artículo 5° del citado acuerdo: "Artículo 5. Todas las demandas, promociones, recursos y cualquier escrito u oficio que envíen las partes en un juicio de amparo o en un diverso juicio de la competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación deberán ir firmados mediante el uso de la FIREL. Para tal fin también podrá utilizarse un certificado digital de firma electrónica que hubiere emitido otro órgano del Estado, siempre y cuando el Poder Judicial de la Federación, a través de la Unidad, haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados en términos de lo previsto en la legislación aplicable, en la inteligencia de que para acceder al Sistema Electrónico será necesaria la verificación en línea de la vigencia de los certificados correspondientes, sin que las fallas en el sistema del órgano emisor del certificado respectivo puedan encuadrar en las referidas en el artículo 30, fracción III, de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados. Los acuerdos, determinaciones, proveídos, resoluciones, sentencias, oficios y comunicaciones oficiales deberán ingresarse al Sistema Electrónico mediante el uso de la FIREL y deberán estar firmados electrónicamente por el servidor público que corresponda en términos de la normativa aplicable." Así pues, como FIREL debemos entender que es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, como así lo define el artículo 2, fracción V del aludido acuerdo: "Artículo 2. Para los efectos de este Acuerdo General Conjunto se entenderá por: (...) V. FIREL: La Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación;" Con lo anterior, se obtiene que la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es el medio por el cual se ingresa al Sistema Electrónico, para presentar demandas, enviar promociones y documentos, así como consultar acuerdos y resoluciones, como así lo dispone el artículo 3° del acuerdo en cita: "Artículo 3. Se establece la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) como el instrumento a través del cual se ingresa al Sistema Electrónico para presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y/o documentos oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados, la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, tomando en cuenta lo previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados." Por lo que al carecer el escrito de cuenta de la evidencia criptográfica de la firma electrónica de la quejosa ******************** por ende, no es posible advertir en ella la manifestación de su voluntad, ya que como se ha precisado tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo el artículo 3°, dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso aI sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, con la cual las partes en un procedimiento expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, con lo cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley; lo que implica la omisión de la directa quejosa de manifestar su voluntad para promover o suscribir el escrito de cuenta. Así, con relación a los diversos razonamientos antes esgrimidos, se advierte que no se le puede dar valor probatorio alguno a la promoción de cuenta por haber sido presentada sin firma electrónica de la quejosa ******************** (sin evidencia criptográfica). Lo anterior, se insiste, en virtud de que las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad de la promovente, y ante tal omisión dicho escrito no tiene ningún valor, pues todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del promovente, o como en el presente caso, a través de la firma electrónica correspondiente y en esta forma responsabilizarse de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda. Consecuentemente, al no existir la manifestación de voluntad de la promovente, se tiene por presentado dicho escrito de cuenta. Notifíquese personalmente.
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