Alma Teresa García Castillo
Expediente 478/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 478/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Alma Teresa García Castillo
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a treinta de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, se declara que la determinación de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, en la que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por -----------, por propio derecho y como representante de los menores M. N. y D. A., ambos de apellidos G. C., así como de C. D. M. G., en el presente juicio de amparo 478/2021-II, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno del Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; . Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: .b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; . En atención a lo anterior, se estima que este EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional tuvo por no presentada la demanda de amparo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del capítulo quinto, ordinal 15, del Acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese; a la parte quejosa por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que la parte quejosa no desahogó las medidas que fueron decretadas en auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, siendo que el término de cinco días concedido para tal efecto ha transcurrido en su totalidad. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el aludido proveído; y, con fundamento en el artículo 114, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo promovida por ----------, por propio derecho y como representante de los menores M. N. y D. A., ambos de apellidos G. C., así como de C. D. M. G. Notifíquese; a la parte quejosa por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a siete de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la razón de cuenta, de la que se desprende la imposibilidad que tuvo el Actuario de la adscripción, para llevar a cabo la notificación ordenada en auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en el juicio de amparo en que se actúa, por los motivos que ahí expone. En consecuencia, hágase la notificación de referencia a la parte quejosa por medio de lista de este juzgado y las subsecuentes notificaciones; asimismo, de conformidad con el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa aún las de carácter personal la lista de este juzgado, hasta en tanto señale uno dentro de este Municipio de Naucalpan de Juárez o en alguno donde este Juzgado ejerza jurisdicción. Notifíquese; personalmente por lista a la parte quejosa, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL DIVERSO AUTO DE AUTO DE VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por -----------, por propio derecho y como representante de los menores M. N. y D. A., ambos de apellidos G. C., así como de C. D. M. G., de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 478/2021-II. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, el numeral 114 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente: No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias por el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De lo antes transcrito se desprende que dicho artículo no limita las facultades del juzgador federal para exigir la aclaración de la demanda cuando se omiten los requisitos del artículo 108, de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta no se tienen más datos que los que son proporcionados por la parte que promueve, con lo cual se considera prevenir al quejoso cuando se estime que: 1.- Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. 2.- Si se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia, consistentes en: "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgado de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que conforme al artículo 1º de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo se señalara el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y, VIII. Los conceptos de violación." 3.- No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. 4.- No hubiere expresado con precisión el acto reclamado. 5.- No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. En consecuencia, precisado lo anterior y con apoyo en lo previsto en el artículo 114, fracciones III y V, en relación con el 108, fracción I y IV, de la Ley de Amparo, se considera necesario requerir a Alma Teresa García Castillo, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: Exhiba constancia fehaciente con la que acredite la personalidad con la que se ostenta en esta instancia constitucional, esto es, como representante de los menores M. N. y D. A., ambos de apellidos G. C., así como de C. D. M. G. Lo anterior es así, en virtud de que el artículo 17, Constitucional, prevé la garantía relativa a la pronta y expedita impartición de justicia, que obliga a considerar que en todos los juicios deben regir principios que, orientados a satisfacerla, permitan a los gobernados un efectivo acceso a la jurisdicción, los cuales son aplicables al juicio de amparo, por cuanto éste se haya instituido por los artículos 103 y 107 del mismo ordenamiento fundamental, como el medio de control judicial de la constitucionalidad de los actos de autoridades públicas en defensa de los derechos fundamentales de los gobernados, es decir, que estos adquieren matices propios con relación al tema de la personalidad del promovente en el juicio de amparo. En consecuencia, si en todos los procedimientos la personalidad constituye un requisito de procedibilidad de la acción, en el juicio de amparo, a diferencia de otros, en donde el examen de la misma queda librado a la instancia de las partes que por vía de excepción deben provocar al Órgano Jurisdiccional para que la analice, corresponde al Juez de Amparo analizarla considerando que la materia del debate no son intereses puramente privados sino el interés supremo de salvaguardar el orden constitucional, lo que explica, que el Juez de Distrito debe acatar lo precisado por el más alto tribunal en la jurisprudencia número 2ª./J. 1/96, visible en la página 48, tomo III, enero de mil novecientos noventa y seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 114 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO", y por tanto analizar la personalidad del promovente del amparo. En tal virtud, analizar la personalidad de la promovente del amparo, implica que el estudio oficioso de esta cuestión no debe realizarse en cualquier momento del juicio, ni tampoco dejarse a la oportunidad con que el conductor del proceso advierta una irregularidad en su acreditamiento, porque este criterio conduce a un resultado que abiertamente se opone a los fines del artículo 17, Constitucional, en cuanto favorece la tramitación ociosa de un juicio, en una o dos instancias, que no culmina con la solución del conflicto y sí en cambio distrae la atención de los Tribunales Federales y causa perjuicios a las partes litigantes, ya que de estimarse lo contrario acarrearía un empleo estéril de recursos materiales y humanos dispuestos para su tramitación y decisión, con la que ocasionaría perjuicios a las partes del proceso, que ven regida su situación por los proveídos dictados desde la admisión de la demanda hasta el momento en que se advierte la falta de personalidad del promovente, que podría ocurrir inclusive en la segunda instancia con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidas a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, algunas de ellas altamente gravosas; además de que lesiona el sistema integral de administración de justicia en perjuicio de quienes no son partes en ese juicio. Sin que pase inadvertido que haya exhibido copia simple de las actas de nacimiento de los menores, sin embargo, al ser copia fotostática dichos documentos, no tienen valor alguno. Deberá indicar con precisión el acto reclamado, pues en el capítulo correspondiente, señala como tales lo siguientes: COMO PRIMER ACTO RECLAMADO. Lo constituye la orden y acuerdo de inicio, respecto de la carpeta de investigación Cua/Cua/Num/135669/21-05, por el delito que se haya consumado y perpetrado con intenciones y razones criminales, lo que causa un agravio de índole constitucional, ello en términos el artículo 103 y 107 de la ley de amparo. . COMO SEGUNDO ACTO RECLAMADO: Lo constituye la determinación y orden de consignación y puesta a disposición de fecha veinte de mayo del dos mil veintiuno, ordenada en la carpeta de investigación Cua/Cua/Num/135669/21-05, determina por el H Primer turno, lo anterior por el delito que se haya consumado y perpetrado con intenciones y razones criminales, lo que causa agravio de índole constitucional, ello en términos del artículo 103 y 107 de la ley de amparo." Sin embargo, en el capítulo de antecedentes hace mención que la carpeta de investigación Cua/Cua/Num/135669/21-05, fue iniciada en contra del progenitor de los menores y no de los quejosos, en donde solicita el amparo para que dicha carpeta sea llevada conforme a derecho, motivo por cual, genera incertidumbre a este Juzgado, saber en contra de quien esta incoada la carpeta aludida. Además, en el capítulo de suspensión del acto reclamado, manifiesta la promovente ------------, que está pendiente de resolverse su situación jurídica por parte del ministerio público, y que en caso de consumarse el acto reclamado, haría físicamente imposible restituirla en el uso y goce de su garantía de ambular voluntariamente. Por tanto, se le requiere a la promovente para que aclare en contra de quien se encuentra instruida la carpeta de investigación Cua/Cua/Num/135669/21-05; lo anterior, a fin de integrar debidamente la Litis constitucional. Por otro lado, para el caso de que la multicitada carpeta haya sido incoada en contra de la promovente y los menores, deberá precisar si además de los actos que refiere en el capítulo de actos reclamados, señala también la omisión de resolver su situación jurídica. Deberá exhibir cinco copias del escrito de desahogo de prevención, así como de los documentos con los que acredite su personalidad, a fin de correr traslado a cada una de las partes en el presente asunto. Se apercibe a la promovente, que si solo desahoga el segundo y tercer punto, se acordará conforme a derecho la demanda, solo por su propio derecho; y, en caso, de no desahogar la totalidad de las medidas decretadas, dentro del plazo concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda en términos del artículo 114, de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la promovente para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle -------------, Municipio de Tultitlán, Estado de México. Se tiene por autorizado en términos amplios del numeral 12, de la Ley de Amparo a José Alfredo Barajas Cerezo, ya que si tiene registrada su cédula profesional, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en cuanto a las demás personas, se les tiene únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, hasta en tanto tengan registrada su cédula profesional en el sistema referido. Asimismo, en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Además de que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por -----------, por propio derecho y como representante de los menores M. N. y D. A., ambos de apellidos G. C., así como de C. D. M. G., de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 478/2021-II. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, el numeral 114 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente: No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias por el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De lo antes transcrito se desprende que dicho artículo no limita las facultades del juzgador federal para exigir la aclaración de la demanda cuando se omiten los requisitos del artículo 108, de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta no se tienen más datos que los que son proporcionados por la parte que promueve, con lo cual se considera prevenir al quejoso cuando se estime que: 1.- Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. 2.- Si se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia, consistentes en: "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgado de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que conforme al artículo 1º de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo se señalara el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y, VIII. Los conceptos de violación." 3.- No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. 4.- No hubiere expresado con precisión el acto reclamado. 5.- No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. En consecuencia, precisado lo anterior y con apoyo en lo previsto en el artículo 114, fracciones III y V, en relación con el 108, fracción I y IV, de la Ley de Amparo, se considera necesario requerir a Alma Teresa García Castillo, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: Exhiba constancia fehaciente con la que acredite la personalidad con la que se ostenta en esta instancia constitucional, esto es, como representante de los menores M. N. y D. A., ambos de apellidos G. C., así como de C. D. M. G. Lo anterior es así, en virtud de que el artículo 17, Constitucional, prevé la garantía relativa a la pronta y expedita impartición de justicia, que obliga a considerar que en todos los juicios deben regir principios que, orientados a satisfacerla, permitan a los gobernados un efectivo acceso a la jurisdicción, los cuales son aplicables al juicio de amparo, por cuanto éste se haya instituido por los artículos 103 y 107 del mismo ordenamiento fundamental, como el medio de control judicial de la constitucionalidad de los actos de autoridades públicas en defensa de los derechos fundamentales de los gobernados, es decir, que estos adquieren matices propios con relación al tema de la personalidad del promovente en el juicio de amparo. En consecuencia, si en todos los procedimientos la personalidad constituye un requisito de procedibilidad de la acción, en el juicio de amparo, a diferencia de otros, en donde el examen de la misma queda librado a la instancia de las partes que por vía de excepción deben provocar al Órgano Jurisdiccional para que la analice, corresponde al Juez de Amparo analizarla considerando que la materia del debate no son intereses puramente privados sino el interés supremo de salvaguardar el orden constitucional, lo que explica, que el Juez de Distrito debe acatar lo precisado por el más alto tribunal en la jurisprudencia número 2ª./J. 1/96, visible en la página 48, tomo III, enero de mil novecientos noventa y seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 114 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO", y por tanto analizar la personalidad del promovente del amparo. En tal virtud, analizar la personalidad de la promovente del amparo, implica que el estudio oficioso de esta cuestión no debe realizarse en cualquier momento del juicio, ni tampoco dejarse a la oportunidad con que el conductor del proceso advierta una irregularidad en su acreditamiento, porque este criterio conduce a un resultado que abiertamente se opone a los fines del artículo 17, Constitucional, en cuanto favorece la tramitación ociosa de un juicio, en una o dos instancias, que no culmina con la solución del conflicto y sí en cambio distrae la atención de los Tribunales Federales y causa perjuicios a las partes litigantes, ya que de estimarse lo contrario acarrearía un empleo estéril de recursos materiales y humanos dispuestos para su tramitación y decisión, con la que ocasionaría perjuicios a las partes del proceso, que ven regida su situación por los proveídos dictados desde la admisión de la demanda hasta el momento en que se advierte la falta de personalidad del promovente, que podría ocurrir inclusive en la segunda instancia con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidas a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, algunas de ellas altamente gravosas; además de que lesiona el sistema integral de administración de justicia en perjuicio de quienes no son partes en ese juicio. Sin que pase inadvertido que haya exhibido copia simple de las actas de nacimiento de los menores, sin embargo, al ser copia fotostática dichos documentos, no tienen valor alguno. Deberá indicar con precisión el acto reclamado, pues en el capítulo correspondiente, señala como tales lo siguientes: COMO PRIMER ACTO RECLAMADO. Lo constituye la orden y acuerdo de inicio, respecto de la carpeta de investigación Cua/Cua/Num/135669/21-05, por el delito que se haya consumado y perpetrado con intenciones y razones criminales, lo que causa un agravio de índole constitucional, ello en términos el artículo 103 y 107 de la ley de amparo. . COMO SEGUNDO ACTO RECLAMADO: Lo constituye la determinación y orden de consignación y puesta a disposición de fecha veinte de mayo del dos mil veintiuno, ordenada en la carpeta de investigación Cua/Cua/Num/135669/21-05, determina por el H Primer turno, lo anterior por el delito que se haya consumado y perpetrado con intenciones y razones criminales, lo que causa agravio de índole constitucional, ello en términos del artículo 103 y 107 de la ley de amparo." Sin embargo, en el capítulo de antecedentes hace mención que la carpeta de investigación Cua/Cua/Num/135669/21-05, fue iniciada en contra del progenitor de los menores y no de los quejosos, en donde solicita el amparo para que dicha carpeta sea llevada conforme a derecho, motivo por cual, genera incertidumbre a este Juzgado, saber en contra de quien esta incoada la carpeta aludida. Además, en el capítulo de suspensión del acto reclamado, manifiesta la promovente ------------, que está pendiente de resolverse su situación jurídica por parte del ministerio público, y que en caso de consumarse el acto reclamado, haría físicamente imposible restituirla en el uso y goce de su garantía de ambular voluntariamente. Por tanto, se le requiere a la promovente para que aclare en contra de quien se encuentra instruida la carpeta de investigación Cua/Cua/Num/135669/21-05; lo anterior, a fin de integrar debidamente la Litis constitucional. Por otro lado, para el caso de que la multicitada carpeta haya sido incoada en contra de la promovente y los menores, deberá precisar si además de los actos que refiere en el capítulo de actos reclamados, señala también la omisión de resolver su situación jurídica. Deberá exhibir cinco copias del escrito de desahogo de prevención, así como de los documentos con los que acredite su personalidad, a fin de correr traslado a cada una de las partes en el presente asunto. Se apercibe a la promovente, que si solo desahoga el segundo y tercer punto, se acordará conforme a derecho la demanda, solo por su propio derecho; y, en caso, de no desahogar la totalidad de las medidas decretadas, dentro del plazo concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda en términos del artículo 114, de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la promovente para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle -------------, Municipio de Tultitlán, Estado de México. Se tiene por autorizado en términos amplios del numeral 12, de la Ley de Amparo a José Alfredo Barajas Cerezo, ya que si tiene registrada su cédula profesional, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en cuanto a las demás personas, se les tiene únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, hasta en tanto tengan registrada su cédula profesional en el sistema referido. Asimismo, en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Además de que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
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