Alma Teresa álvarez Camacho

Expediente 452/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
452/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
26/04/2023

Partes del expediente

  • Alma Teresa álvarez Camacho

Actuaciones

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede y como de ella se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo de diez de abril de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo, por el que se desechó la demanda de amparo con que se formó este expediente. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, infórmese a la parte quejosa que quedan a su disposición el documento que exhibió en este sumario, el que deberán recoger dentro del término de noventa días hábiles contado a partir de que se les notifique este proveído, con el apercibimiento que de no hacerlo así, será destruido. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede y como de ella se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo de diez de abril de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo, por el que se desechó la demanda de amparo con que se formó este expediente. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, infórmese a la parte quejosa que quedan a su disposición el documento que exhibió en este sumario, el que deberán recoger dentro del término de noventa días hábiles contado a partir de que se les notifique este proveído, con el apercibimiento que de no hacerlo así, será destruido. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Glósese el escrito signado por el quejoso, en atención a su contenido se provee: Recurso de queja. Como lo solicita, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, incisos d) y e), 98, 99, 100 y demás relativos de la Ley de Amparo, se le tiene por interponiendo recurso de queja en contra del acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en el que este Juzgado no acordó de conformidad requerir a la autoridad responsable Desarrollo Urbano de Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, a fin de que exhibiera en este incidente la información y constancias que le peticionó. Esto porque se determinó, en cuanto a su solicitud, que por el momento no era posible atenderla, ya que de las constancias remitidas por el quejoso, aunado con la fecha del sello de acuse de recibo por parte de Correos de México, no es posible advertir con plena certeza que la autoridad tenga conocimiento de la petición realizada por el quejoso; por tanto, tampoco era posible advertir negativa o renuencia de la responsable en expedirle las pruebas que le requirió en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo. Notifica y requiere a las partes. Señala constancias.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consiste el acto de autoridad reclamado, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda, se colige, que la parte quejosa reclama, la omisión de dictar auto de radicación a la demanda que presentó el diez de marzo del año en curso. Desechamiento. Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. En relación con ello, debe tenerse en consideración, que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no sería factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Causa de improcedencia. Al analizar el escrito de demanda, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Marco normativo. Dichos dispositivos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [...]" La fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en forma genérica, indica la improcedencia del juicio cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el artículo 61; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. El segundo numeral establece la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta contra actos judiciales emitidos dentro de juicio que tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación, en el entendido de que se considerarán de imposible reparación aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica forma o adjetiva. De ahí que de la interpretación de ambos artículos, el segundo en sentido contrario, se deduce que el juicio de amparo será improcedente cuando se promueva contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación. Ahora, en la contradicción de tesis 325/2015, la Segunda Sala del máximo Tribunal del País, destacó que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8°, 14 y 17 constitucionales, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo, como lo es por ejemplo, la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o la falta de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8 constitucional. En tanto que debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, a menos que el Juez de amparo, advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2011580, Décima Época, visible en el Libro 30, de Mayo de 2016, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En ese contexto, por regla general, el amparo indirecto solo procede contra omisiones en materia laboral que provoquen una dilación procesal excesiva en el procedimiento de origen, esto es, cuando la autoridad laboral dicte proveídos, laudos o realizar diligencias, después de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en que concluyó el plazo en el que debió pronunciarse, o bien, diligenciar los actos procesales correspondientes. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, publicada el viernes 01 de marzo de 2019, en el Semanario Judicial de la Federación, registro 2019400, Materias Común y Laboral, Décima Época, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador". Del criterio jurisprudencial anterior, se advierte, en lo que aquí interesa, que si bien la citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, dicho criterio encuentra su excepción cuando el Juez de Distrito advierta del escrito de demanda que existe una abierta demora del procedimiento, o bien, su paralización total, pues en ese sentido el juicio de derechos será procedente, por lo que estableció, que tratándose de materia laboral el juicio de amparo será procedente cuando transcurran más de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en que haya concluido el plazo en el que legalmente debieron pronunciarse los actos procesales, es decir, el gobernado podrá instar la presente instancia constitucional y reclamar la dilación procesal que impera en un juicio laboral cuando haya transcurrido el término de ley con el que contaba la autoridad para realizar determinada actuación procesal más cuarenta y cinco días naturales, pues solo en ese supuesto será procedente el referido juicio. Lo anterior es así, en razón de que en la Jurisprudencia en análisis se estableció que dicho término (cuarenta y cinco días naturales) es el periodo máximo de tiempo que prevé la Ley Federal del Trabajo para que un juicio laboral permanezca inmóvil, y, por ende, éste podía utilizarse como estándar mínimo objetivo a fin de ofrecer seguridad jurídica a las partes en el juicio. En efecto el artículo 120 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado señala: "[.] Artículo 120. Dentro de las setenta y dos horas siguientes a la presentación de la demanda, el tribunal dictará auto de radicación señalando fecha y hora de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, ordenando emplazar a la parte demandada, corriéndole traslado con las copias simples de la demanda, documentos anexos y del acuerdo de radicación, apercibiéndola que de no contestar la demanda se le tendrá por contestada en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario." El citado dispositivo, es un referente útil, por identidad de razón, para establecer cuándo se actualiza una dilación procesal excesiva que paralice el procedimiento laboral ya que los Tribunales dictaran auto de radicación demanda dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que la reciba por escrito. Caso concreto. En el caso, la quejosa reclama de la autoridad responsable la omisión de acordar la demanda que presentó el diez de marzo del año en curso. Sin embargo, como se dijo la presente demanda de amparo es improcedente, en razón de que a la fecha de su presentación, esto es, cuatro de abril de dos mil veintitrés, solo han transcurrido veinte días naturales, a partir de que la autoridad responsable se encontraba obligada a proveer lo conducente respecto al incidente antes mencionado; es decir, a las setenta y dos horas siguientes a la fecha de la presentación de la citada demanda laboral, a saber el quince de marzo de dos mil veintitrés, en términos del artículo 120 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado, como se desprende de la siguiente tabla: Fecha en que presentó la demanda de juicio laboral Fecha límite en que debió acordarse Fecha presentación demanda de amparo Días naturales transcurridos de la fecha en que se debió acordar la promoción y la fecha de presentación de demanda de amparo 10 marzo 2023 15 marzo 2023 4 abril 2023 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de marzo, así como el 1, 2, 3 y 4 de abril. Total: 20 días naturales. Por tanto, atendiendo a lo anteriormente expuesto, la presente demanda de amparo resulta improcedente. En síntesis, la multicitada omisión reclamada no resulta inconstitucional en sí misma, pues como se expuso en líneas superiores, no han transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales desde que feneció el término otorgado en la ley para proveer al respecto, esto es a partir del dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el criterio jurisprudencial precisado. Decisión. En consecuencia, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, en términos del artículo 113 de la norma en mención, se desecha la demanda de amparo de que se trata. Consulta de expediente electrónico. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al usuario "Onavarro82", el acceso al presente asunto, en su modalidad de expediente electrónico, para consulta y envío de promociones por tal medio. Con apoyo en el segundo párrafo del artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea" del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal. Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8° y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los diversos 70, fracción XXXVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 7° y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dígasele a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; en el entendido de que aun cuando no se opongan a la publicación de sus datos personales, se suprimirá el nombre, datos de carácter personal y datos sensibles de las partes, de modo que no se impida conocer el criterio sostenido, de conformidad con el diverso artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal vigente; en la inteligencia, que dicha oposición no comprende a la publicación de la sentencia que se dicte en este asunto, en la lista de acuerdos de este Juzgado, en virtud de así estar establecido en términos del artículo, 26 fracción III, de la Ley de Amparo.

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