Alma Socorro Ruiz Andrade
Expediente 351/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 351/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 19/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Alma Socorro Ruiz Andrade
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo para recurrir la sentencia... se declara que dicha sentencia que negó el amparo solicitado, ha causado estado Archivo. En ese orden de ideas, remítase el expediente de que se trata al archivo como asunto total y definitivamente concluido. Notifíquese.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio de la Décimo Primera Sala Regional... a través del cual acusa recibo del oficio... de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
CUARTO. Estudio de fondo. Al no existir causa de improcedencia que hagan valer las partes o que se advierta de oficio, este Juzgado procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Previamente a realizar el análisis correspondiente al conceptos de violación expuestos por el quejoso, es conveniente precisar algunos antecedentes de los actos reclamados, que se advierten de las copias certificadas que integran los autos del juicio contencioso 2101/17-17-11-9, del índice de la referida Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual obra en el tomo de pruebas, previamente valorado se desprende lo siguiente: . Del artículo transcrito se deduce que la queja podrá hacerse valer por una sola vez, cuando: . Igualmente, el precepto citado establece que la queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3. Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto del artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 4, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el sentido de que la frase: "La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez", debe interpretarse que el particular podrá interponerla por cada uno de los supuestos referidos. En ese contexto, la parte actora en el juicio contencioso, promovió mediante escrito de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia de cinco de junio de dos mil diecisiete, como se advierte de la resolución de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, en esa medida, si la quejosa pretendió promover, nuevamente queja por defecto en contra del cumplimiento de la sentencia citada, en relación con el oficio SP/SR/0197/2019 de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, emitido por el Subdelegado de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal Chihuahua del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual pretendió dar cumplimiento a la sentencia definitiva de referencia, es indudable que la autoridad responsable estuvo en lo correcto al desechar dicho medio de defensa, por haberse ya promovido un recurso de queja por defecto; cuando el recurso de queja solo podrá hacerse valer por una sola vez en cada uno de los supuestos establecidos en el artículo 58, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En consecuencia, sí anteriormente, la parte quejosa promovió instancia de queja por defecto en el cumplimiento, no puede volver a promoverla, como lo señaló la autoridad responsable; de ahí lo infundado del concepto de violación. Finalmente, la parte quejosa argumenta que de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable fue omisa en aplicar el principio pro homine, procurando la más amplia protección en favor del gobernado, dicho señalamiento resulta infundado, puesto que, aun cuando bajo el nuevo paradigma constitucional, todas las autoridades del país están obligadas a aplicar la Ley Fundamental y los tratados internacionales favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; sin embargo, de ello no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban resolverse de manera favorable. El principio pro persona que aduce la parte quejosa de conformidad con el artículo 1, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica que las normas en materia de derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, procurando favorecer en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. Dicho principio implica ponderar el peso de los derechos humanos, a efecto de estar siempre a favor del hombre, lo que implica que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trate de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trate de establecer límites a su ejercicio. No obstante lo anterior, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes; de ahí que la protección de derechos humanos no puede llegar a tal extremo, puesto que dicho proceder equivaldría a que las autoridades se apartaran de los principios previstos en la Constitución y en la Ley que equilibran los derechos de cada uno de los gobernados que se ven involucrados en las controversias, ya sea judiciales o administrativas. Aunado a lo anterior, la protección de derechos humanos no puede llegar al extremo de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues de lo contrario, los órganos jurisdiccionales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. En consecuencia, es infundado el concepto de violación formulado, no obstante que se alegue violación al principio pro persona, ya que la aplicación de éste no implica que, en cualquier asunto, este órgano judicial, ni la autoridad responsable, deba resolver sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en la Constitución y leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar la procedencia de los procedimientos o medios de defensa que promuevan los gobernados. Finalmente, se debe precisar que si bien en el caso opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con la tesis 2a. XCV/2014 (10a.) , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que la quejosa se trata de un pensionado; lo cierto es que, la figura de la queja deficiente solamente es aplicable cuando se considera útil para favorecer al quejoso y que por ello resulte procedente el amparo, lo que en el caso no acontece, pues aun cuando se hubiera suplido la deficiencia de lo aquí alegado, no podría haberse generado un beneficio a la referida promovente. En las relatadas condiciones ante lo infundado de los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 63, 65, 73, 74, 75, 124, 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a Alma Socorro Ruíz Andrade, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
CUARTO. Estudio de fondo. Al no existir causa de improcedencia que hagan valer las partes o que se advierta de oficio, este Juzgado procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Previamente a realizar el análisis correspondiente al conceptos de violación expuestos por el quejoso, es conveniente precisar algunos antecedentes de los actos reclamados, que se advierten de las copias certificadas que integran los autos del juicio contencioso 2101/17-17-11-9, del índice de la referida Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual obra en el tomo de pruebas, previamente valorado se desprende lo siguiente: . Del artículo transcrito se deduce que la queja podrá hacerse valer por una sola vez, cuando: . Igualmente, el precepto citado establece que la queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3. Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto del artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 4, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el sentido de que la frase: "La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez", debe interpretarse que el particular podrá interponerla por cada uno de los supuestos referidos. En ese contexto, la parte actora en el juicio contencioso, promovió mediante escrito de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia de cinco de junio de dos mil diecisiete, como se advierte de la resolución de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, en esa medida, si la quejosa pretendió promover, nuevamente queja por defecto en contra del cumplimiento de la sentencia citada, en relación con el oficio SP/SR/0197/2019 de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, emitido por el Subdelegado de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal Chihuahua del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual pretendió dar cumplimiento a la sentencia definitiva de referencia, es indudable que la autoridad responsable estuvo en lo correcto al desechar dicho medio de defensa, por haberse ya promovido un recurso de queja por defecto; cuando el recurso de queja solo podrá hacerse valer por una sola vez en cada uno de los supuestos establecidos en el artículo 58, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En consecuencia, sí anteriormente, la parte quejosa promovió instancia de queja por defecto en el cumplimiento, no puede volver a promoverla, como lo señaló la autoridad responsable; de ahí lo infundado del concepto de violación. Finalmente, la parte quejosa argumenta que de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable fue omisa en aplicar el principio pro homine, procurando la más amplia protección en favor del gobernado, dicho señalamiento resulta infundado, puesto que, aun cuando bajo el nuevo paradigma constitucional, todas las autoridades del país están obligadas a aplicar la Ley Fundamental y los tratados internacionales favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; sin embargo, de ello no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban resolverse de manera favorable. El principio pro persona que aduce la parte quejosa de conformidad con el artículo 1, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica que las normas en materia de derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, procurando favorecer en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. Dicho principio implica ponderar el peso de los derechos humanos, a efecto de estar siempre a favor del hombre, lo que implica que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trate de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trate de establecer límites a su ejercicio. No obstante lo anterior, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes; de ahí que la protección de derechos humanos no puede llegar a tal extremo, puesto que dicho proceder equivaldría a que las autoridades se apartaran de los principios previstos en la Constitución y en la Ley que equilibran los derechos de cada uno de los gobernados que se ven involucrados en las controversias, ya sea judiciales o administrativas. Aunado a lo anterior, la protección de derechos humanos no puede llegar al extremo de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues de lo contrario, los órganos jurisdiccionales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. En consecuencia, es infundado el concepto de violación formulado, no obstante que se alegue violación al principio pro persona, ya que la aplicación de éste no implica que, en cualquier asunto, este órgano judicial, ni la autoridad responsable, deba resolver sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en la Constitución y leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar la procedencia de los procedimientos o medios de defensa que promuevan los gobernados. Finalmente, se debe precisar que si bien en el caso opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con la tesis 2a. XCV/2014 (10a.) , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que la quejosa se trata de un pensionado; lo cierto es que, la figura de la queja deficiente solamente es aplicable cuando se considera útil para favorecer al quejoso y que por ello resulte procedente el amparo, lo que en el caso no acontece, pues aun cuando se hubiera suplido la deficiencia de lo aquí alegado, no podría haberse generado un beneficio a la referida promovente. En las relatadas condiciones ante lo infundado de los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 63, 65, 73, 74, 75, 124, 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a Alma Socorro Ruíz Andrade, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.
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