Alma Sil Tagle
Expediente 416/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 416/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/04/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alma Sil Tagle
Actuaciones
- Principal
ME4SA IV B Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese para que surta los efectos legales procedentes, el informe justificado rendido por el Director General del Centro SCT Oaxaca. Con apoyo en los numerales 9 y 28, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene a la referida autoridad responsable, señalando como delegados de su parte, a las personas que indica, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere. Con relación a su solicitud de tenerle designando autorizados para recibir acuerdos y notificaciones, dígasele que no ha lugar a acordar favorablemente su solicitud, toda vez que según el artículo 9° de la ley de la materia, las autoridades responsables únicamente pueden designar delegados que concurrirán a las audiencias, para el efecto de que rindan pruebas, aleguen, hagan promociones e interpongan recursos, por lo que al gozar los delegados de mayores facultades de la que la responsable confiere a las personas que autoriza, resulta improcedente tenerlas como delegados de su parte. Por otra parte, de conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la responsable en cuestión, la documental que anexa a su informe de cuenta; probanza que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora, el análisis integral de la demanda de amparo permite conocer que la quejosa Alma Sil Tagle reclama del Director General del Centro SCT Oaxaca, la omisión de dar contestación por escrito a su petición de veinticinco de febrero de dos mil quince (foja 2 vuelta). Por otra parte, del contenido del informe justificado rendido por el Director General del Centro SCT Oaxaca, se advierte que conviene en la existencia del acto que se le reclama; y agrega que mediante oficio número 6.19.405.-0161/2015 de veintisiete de marzo de la presente anualidad, se acordó lo procedente respecto a la petición de veinticinco de febrero del año en curso, formulada por la promovente del amparo (fojas 19 y 20), el cual le fue notificado a la quejosa el uno del actual (foja 19). Por lo cual se desprende que si el oficio número 6.19.405.-0161/2015 de veintisiete de marzo de del año en curso, fue notificado a la citada quejosa el uno de abril del año que transcurre, esto es, con fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo (veinticinco de marzo de dos mil quince -fojas 2 a 5-), es evidente que a la fecha en que se instó el presente juicio constitucional, existía la omisión de que se duele la parte quejosa. Ahora bien, el análisis de las constancias que remitió la aludida autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, mismas que gozan de pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, permite conocer que se proveyó respecto de la petición de la quejosa consistente en el apoyo por parte de la autoridad para reubicar la antena de telefonía celular que se encuentra en la Avenida 10 de Mayo sin número; respuesta que fue debidamente notificada a la parte quejosa, el uno del actual. Lo anterior permite advertir que, en el caso, sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.). La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido, lo cual acontece en el caso, puesto que mediante oficio 6.19.405.-0161/2015 de veintisiete de marzo del año en curso, se proveyó lo procedente respecto de la petición formulada por la quejosa; misma que fue debidamente notificada a ésta, el uno de abril del año que transcurre. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En atención que la aludida causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio a la citada quejosa ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 7 vuelta), así como las providencias decretadas en éste; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA IVA Vistos los autos y certificación de cuenta, de los que se advierte que el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, transcurrió sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiséis de febrero de dos mil quince (fojas 154 a 163), en la que por una parte se concedió y por otra se negó el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la quejosa Yolanda Hilda Castellanos López ó Yolanda Ilda Castellanos López; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia, para todos los efectos legales. Ahora, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que quede notificada de este auto, cumpla con la sentencia que concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la quejosa Yolanda Hilda Castellanos López ó Yolanda Ilda Castellanos López, y remita dentro del mismo lapso copia certificada legible y completa de la determinación que al efecto adopte. Apercíbase a la citada autoridad responsable que de no cumplir sin causa justificada, se le impondrá multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de realizarse la conducta sancionada, conforme a lo establecido en el artículo 258, en relación con el 238, ambos de la Ley de Amparo; asimismo se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Para los efectos legales consiguientes, téngase por efectuada la certificación relativa a que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia pronunciada en este juicio sea omitiendo sus datos personales.
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