Alma Ruth Ortíz Bolaños
Expediente 1155/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1155/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alma Ruth Ortíz Bolaños
Actuaciones
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: ALMA RUTH ORTÍZ BOLAÑOS. Vista la demanda de amparo promovida por Alma Ruth Ortíz Bolaños, por propio derecho, contra actos del Juez Mixto Civil de Primera Instancia del distrito judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán; fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número I-1155/2019, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Al respecto, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , cuyo rubro y texto dicen: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos 'manifiesto' e 'indudable' a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e 'indudable' significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Ahora, es necesario precisar que manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito , cuyo rubro y texto indican: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA'. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos 'manifiesto', significa claro, evidente y el 'indudable', a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Análisis integral e interpretación de la demanda de amparo. De la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: El auto de cuatro de octubre del año en curso, emitido en el juicio ordinario familiar 300/2019 sobre divorcio sin expresión de causa, promovido por Erick Alejandro Zeledón Contreras, frente a la quejosa Alma Ruth Ortíz Bolaños, mediante el cual el Juez responsable determinó que no había lugar a tenerle por reclamando la indemnización compensatoria dentro de dicho proceso. Síntesis de los antecedentes de la demanda de amparo. Ahora, del escrito de demanda se advierten los hechos que dieron lugar a la emisión del acto de autoridad combatido, el cual tiene su origen dentro de la sustanciación del juicio ordinario familiar número 300/2019, sobre divorcio incausado, promovido por Erick Alejandro Zeledón Contreras, contra la quejosa Alma Ruth Ortíz Bolaños, procedimiento que, -según lo manifestado por la quejosa, bajo protesta de decir verdad,- se encuentra en trámite. En ese tenor, se tiene que la peticionaria de amparo, presentó ante la responsable un escrito en el cual, entre otras cosas, solicitó se le tuviera reclamando una indemnización de hasta por el cincuenta por ciento de los bienes adquiridos durante el matrimonio, en términos del artículo 258 del Código Familiar del Estado de Michoacán. A dicho escrito recayó un auto de cuatro de octubre del presente año, en el que la autoridad determinó que no había lugar a tenerle por reclamando dicha prestación ya que, en ese momento, se encontraba cerrada la litis dentro del juicio de divorcio incausado. Ello, al estimar que al momento de presentar el escrito de mérito, ya se había contestado la demanda y, por tanto, fijado la litis procesal; por lo cual consideró que dicha prestación debía reclamarse mediante una acción diversa. Así, el auto de cuatro de octubre de dos mil diecinueve antes descrito constituye el acto reclamado. Actualización de causa de improcedencia notoria, indudable y manifiesta. En la especie, este juzgado federal estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción V, del numeral 107-interpretado en sentido contrario- y precepto 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, que respectivamente establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: XII. Se trate de casos análogos a los previstos a las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. Los dispositivos antes invocados, tienen su génesis en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y Resulta pertinente establecer como preámbulo que el juicio de amparo es un medio extraordinario y excepcional de defensa, cuya procedencia se sujeta a diversos lineamientos que deben colmarse en su totalidad a fin de que se estime que el acto de una autoridad viola los derechos sustanciales del gobernado y no existe un sistema o medio ordinario de impugnación idóneo que le permita dirimir determinada controversia para así acudir a instar el sistema de impartición de justicia federal. En ese orden, para que sea procedente el juicio constitucional, específicamente contra el acto reclamado, los dispositivos transcritos imponen determinados requisitos al promovente, los cuales deben cumplirse en su totalidad, a saber, que tratándose de una determinación dictada dentro de un procedimiento seguido ante una autoridad judicial, la afectación producida por la responsable debe ser de imposible reparación. Bajo esas premisas, una determinación dictada por un tribunal dentro de un procedimiento tiene ejecución de imposible reparación cuando viola directamente cualquiera de los derechos sustantivos del gobernado, sin que ello dé lugar a que éstos puedan acudir a la vía constitucional por violaciones meramente intraprocesales. En efecto, no se soslaya que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) garantiza las prerrogativas correspondientes a la protección judicial, el cual consiste en que toda persona, incluso las morales, tienen derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley o la Convención de que se trata, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Asimismo, el Estado Mexicano como parte que es de dicha convención, asumió el compromiso de garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal interno decida sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, desarrollar las posibilidades del recurso judicial y garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. En ese sentido, las cuestiones sometidas por los gobernados a la potestad de los tribunales del Estado, deben garantizar su pleno desarrollo y establecer los mecanismos necesarios y efectivos que les permitan resolver las controversias que de ellos deriven. Luego, las actuaciones que las partes estimen violatorias de sus derechos procesales dentro del procedimiento judicial, deben ventilarse a través de los mecanismos que la propia ley establece para ello y ante los tribunales que estén facultados para su conocimiento, en tanto que la cuestión principal es precisamente la que se encuentra sujeta a debate judicial. De lo expuesto en párrafos anteriores, se advierte que la determinación reclamada no es de aquellos actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que sólo afecta derechos adjetivos, lo que produce únicamente consecuencias intraprocesales debido a que sus efectos materiales se traducen en que el juicio de divorcio incausado continúe su trámite con base en la litis fijada de acuerdo a las pretensiones hechas valer en la demanda inicial y las excepciones formuladas en el escrito de contestación a la misma. Sin que, en las condiciones apuntadas, se incorpore a la litis de dicho juicio la pretensión consistente en la indemnización compensatoria a que se refiere el artículo 258 del Código Familiar del Estado de Michoacán, lo cual impactaría únicamente a los derechos procesales de las partes en el juicio de divorcio incausado 300/2019 del índice de la responsable. Esto es, el acto reclamado no afecta de manera directa derecho sustantivo como lo sería la vida, la libertad, la salud, la integridad personal, la propiedad, el patrimonio, etcétera. Ahora, no se soslaya que el acto reclamado tiene un efecto procesal que podría equipararse al desechamiento de una ampliación de demanda, en tanto que la parte quejosa pretendía incorporar al proceso una reclamación nueva no deducida en su escrito de contestación de demanda, cuestión que implicaría que en ese proceso no se resuelva sobre dicha pretensión. Al respecto, es conveniente precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2ª./J.55/2002 sostuvo que el desechamiento parcial sin ulterior recurso de una demanda, es reclamable en el amparo indirecto. No obstante ello, tal jurisprudencia deviene inaplicable al presente asunto, ya que la misma parte de una premisa central, a saber: que los actos procesales en los que el órgano jurisdiccional no permite la incorporación de una acción a la litis de un juicio natural, producen al gobernado una afectación procesal de grado predominante o superior, como se aprecia del texto de la propia jurisprudencia. Sin embargo, a la luz de la nueva Ley de Amparo, la procedencia del juicio de derechos humanos contra actos intraprocesales quedó restringida a aquellos actos que vulneren de manera directa o inmediata un derecho sustantivo del gobernado, quedando excluidos de dichos actos los que se consideraban como violatorios en grado predominante o superior. En el mismo tenor, también resulta inaplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación en la diversa tesis P./J.146/2000 , en la cual sostuvo que contra la determinación que confirma el desechamiento de la reconvención es procedente el amparo indirecto. Ello al considerar que tales determinaciones intraprocesales impiden incorporar a la litis natural una acción al demandado, con lo cual se viola de manera directa el derecho sustantivo de acceso a la jurisdicción consagrado en el artículo 17 constitucional. Cabe referir que tal premisa derivó de que, a decir del Alto Tribunal de la Nación, el derecho sustantivo de acceso a la justicia, se vulnera porque en la sentencia definitiva que se llegue a dictar, nunca se analizará la acción que se intentó incorporar mediante la reconvención al no haber formado parte de la litis, aspecto que quedaría sin resolverse en atención al principio de cosa juzgada, con lo cual se suprimiría en definitiva el derecho que el gobernado intentó se reconociera a través de ejercicio de su derecho de acción en la vía reconvencional. En la misma línea de pensamiento, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que las determinaciones que traen como consecuencia desechar una demanda, ya sea total o parcialmente, vulneran de manera directa el derecho de acción, lo cual afecta sustancialmente la materia del juicio y, por ende, se ven afectados derechos sustantivos . Sin embargo, dichos criterios parten de un mismo supuesto común, el cual se hace consistir en que todos los casos fácticos que dieron luz a tales tesis, se tratan de actos que se ubican en un momento procesal anterior a la fijación de la litis; esto es, se tratan de determinaciones en las que el Juez natural desecha, en la etapa expositiva o postulatoria, una demanda, su ampliación o la reconvención. Supuestos en los cuales, de no proceder una revisión inmediata por parte del Juez Federal en vía de amparo, [previo agotamiento del principio de definitividad], se verían afectadas el resto de las etapas procesales del juicio ordinario, ya que la fijación de la litis integrada con la demanda y contestación, dota de firmeza a las subsecuentes etapas del proceso [probatoria, conclusiva o de alegatos, resolutiva, impugnativa y ejecutiva] en la medida de que los puntos de litis son la base para el pronunciamiento relativo a la admisión y desahogo de pruebas, lo que, a su vez, circunscribirá la materia de la decisión, todo esto, según la teoría general del proceso. Así, el desechamiento de una pretensión de las partes podría afectar derechos sustantivos si ello ocurre en una etapa anterior a la fijación de la litis, ya que ello traería como consecuencia que, eventualmente, el gobernado jamás pueda ejercer su derecho de acción respecto de esa prestación específica en una nueva instancia. En el caso que nos ocupa resultan inaplicables los criterios citados, ya que el acto reclamado no se trata del desechamiento de una acción reconvencional en su calidad de parte demandada, y menos aún del desechamiento de una demanda pues, como quedó precisado en el escrito de cuenta, la quejosa cuenta con la calidad de parte demandada. En la inteligencia de que el acto reclamado se ubica en un momento procesal posterior a la fijación de la litis, ya que, como lo expresa, bajo protesta de decir verdad, la pretensión que intentó deducir respecto de la pensión compensatoria la ejerció una vez fijada la litis puesto que ya que había dado contestación a la demanda previamente. En tanto que la determinación del juez responsable, únicamente se circunscribió a determinar que en ese proceso no se podría ventilar la cuestión relativa a la pensión compensatoria, ya que la misma podría ejercerse mediante acción diversa al juicio de divorcio incausado. De ahí que resulta factible concluir que el auto de cuatro de octubre del año en curso, se trata de un acto intraprocesal que no afecta de manera directa derechos sustantivos, pues se insiste, la determinación del juez responsable de acordar en sentido negativo su pretensión de reclamar la indemnización compensatoria en el juicio subyacente, ocurrió en una etapa posterior a la fijación de la litis. De tal manera que sus efectos se circunscriben a que el proceso de divorcio sin expresión de causa continúe con sus etapas procesales correspondientes únicamente tomando en consideración las acciones y excepciones contenidas en la demanda inicial y escrito de contestación, es decir, lo hecho valer en la etapa expositiva (de fijación de litis). Admitir la procedencia de la demanda de amparo que nos ocupa sin observar que la pretensión que denegó el juez responsable ocurrió en un momento posterior a la fijación de la litis, llegaría al extremo de considerar admisibles todas las pretensiones que se deduzcan en cualquier etapa del proceso en forma independiente a que el juez hubiere fijado o no, los puntos de controversia sobre los cuales versará la contienda, cuestión que resulta contraria a la finalidad perseguida por el constituyente permanente de lograr que el juicio de amparo sea un medio de defensa extraordinario y evitar que con promoción se entorpezca la agilidad del trámite de los juicios ordinarios. Es de invocarse, en vía de orientación, la jurisprudencia IV.2o.C.J/21 (10a) , del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, que dice: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos Mque afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Es pertinente indicar, que el Pleno del Alto Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, realizó un nuevo razonamiento en torno a la jurisprudencia P.J. 4/2001 , en el que estableció que para que un acto sea considerado de imposible reparación cometido durante la tramitación de un juicio, es necesario que éste produzca una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Por tanto, determinó abandonar el criterio jurisprudencial P.J. 4/2001, para ahora tomar el anterior, mismo que quedó plasmado en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) , que dice:PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza material de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción V, del numeral 107 -interpretado en sentido contrario- y precepto 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, en concordancia con el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, de rubro DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. Así como la jurisprudencia J/23 , del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de título: DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la moral solicitante del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1º constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.) , sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, de rubro: DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que cita en su escrito inicial de demanda y autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Córdova Palacios quien tiene registrada su cédula profesional en el Sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a Martha Griselda García Sámano. Habilitación de días y horas inhábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones del expediente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se autoriza a los secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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