Alma Ruth Martinez Jaramillo
Expediente 561/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 561/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Alma Ruth Martinez Jaramillo
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 561/2023-III*R El veintiséis de julio de dos mil veintitrés, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, CERTIFICA que: 1. El término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de cinco de julio del año en curso, transcurrió a la parte quejosa del doce al veinticinco de julio de esta anualidad, toda vez que fue notificada vía electrónica el diez de julio actual, descontando los días quince, dieciséis, veintidós y veintitrés del presente mes y año, por ser inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho; lo anterior se confirmó después que el oficial de partes de este juzgado federal, hiciera una revisión minuciosa del libro de correspondencia que recibe este órgano jurisdiccional, sin encontrar promoción alguna de la referida parte procesal, en la que se interpusiera dicho recurso; 2. No existe tercero interesado; 3. No se tramitó incidente de suspensión; y 4. No obra agregado documento original con firma autógrafa e insustituible. Doy fe. La Secretaria Beatriz Eugenia Meza López CUENTA. El veintiséis de julio de dos mil veintitrés, la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta al Secretario encargado del despacho, con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste. La Secretaria Beatriz Eugenia Meza López Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Vistos; la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del proveído de cinco de julio de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo HA CAUSADO ESTADO, para 20/03/24 15:20:08 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo, como asunto totalmente concluido y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente en que se actúa, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, una vez que haya transcurrido el plazo de conservación, previa acta y relación que se elabore para la identificación del expediente, procédase a la destrucción de los autos, háganse las anotaciones en el libro de gobierno electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y dentro del término de treinta días siguientes, remítase una copia del acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; cinco de julio de dos mil veintitrés. Visto; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado; con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Asimismo, de conformidad con el arábigo 119 de la Ley Reglamentaria, se tienen como pruebas las documentales que exhibe, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.5o.C.2 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES." (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Agosto de 1995, Tomo II, página 594). Ahora bien, en el caso concreto, en esencia el acto reclamado consiste en la omisión de ejecutar el laudo de MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 17:36:30 doce de febrero de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral 306/2011 y su acumulado 831/2012, del índice de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y de lo informado por la autoridad responsable se desprende que el tres de julio de dos mil veintitrés, declaró ejecutoriado dicho laudo, y en atención a las peticiones formuladas por la quejosa decretó auto de requerimiento de pago y embargo por la cantidad de $288,062.03 (doscientos ochenta y ocho mil sesenta y dos pesos 03/100 moneda nacional), a la que asciende la condena líquida y requirió al representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que le remita los comprobantes de las aportaciones que fueron realizadas en favor de la actora. En consecuencia, en acato a lo dispuesto en los artículos 62 y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde a las consecuencias jurídicas generadas en el presente asunto, para ello, es importante citar los artículos antes precisados, que disponen: "Artículo 62. Las causales de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". En tal virtud, este juzgado federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:" (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 17:36:30 WordSISE Conforme al texto legal transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Sobre este precepto debe decirse que el Alto Tribunal ha establecido que la causa de improcedencia que prevé se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado son destruidos en forma total e incondicional y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad, argumento que no se contrapone a lo preceptuado en la Ley de Amparo, en términos del artículo sexto transitorio. Así lo ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 103, que enseguida se transcribe: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, Tomo VI). MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 17:36:30 Así como en la diversa Jurisprudencia P.CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". (Consultable en la página 71 del tomo VI, Noviembre de mil novecientos noventa y siete, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Los anteriores criterios determinan que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la omisión del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 17:36:30 WordSISE agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora bien, en la especie, de lo informado por la Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y del análisis de las documentales exhibidas en este sumario, consistentes en copias certificadas de diversas actuaciones practicadas en el juicio laboral 306/2011 y su acumulado 831/2012, se aprecia que con posterioridad a la presentación de la demanda, esto es, el tres de julio de dos mil veintitrés, se declaró ejecutoriado el laudo, y en atención a las peticiones formuladas por la quejosa decretó auto de requerimiento de pago y embargo por la cantidad de $288,062.03 (doscientos ochenta y ocho mil sesenta y dos pesos 03/100 moneda nacional), a la que asciende la condena líquida y requirió al representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que le remita los comprobantes de las aportaciones que fueron realizadas en favor de la actora. MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 17:36:30 Documentales cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2 de esta última legislación. La cesación de efectos en comento constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, aún fuera de la audiencia constitucional, en virtud de que la autoridad responsable el tres de julio de dos mil veintitrés, declaró ejecutoriado el laudo dictado en el juicio natural, y en atención a las peticiones formuladas por la quejosa decretó el auto de requerimiento de pago y embargo por la cantidad de $288,062.03 (doscientos ochenta y ocho mil sesenta y dos pesos 03/100 moneda nacional), a la que asciende la condena líquida y requirió al representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que le remita los comprobantes de las aportaciones que fueron realizadas en favor de la actora; lo que imposibilita el examen constitucional del acto reclamado, precisamente porque éste ya no invade la esfera jurídica de la impetrante. En consecuencia, se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que da lugar al sobreseimiento, sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto rezan: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 17:36:30 WordSISE MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Marzo de 200e4, Tomo XVII, página 386). En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO desde este momento; con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las once horas del diez de julio de dos mil veintitrés; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente.
- Principal
se admite la demanda. Sin tramitarse el incidente de suspensión del acto reclamado, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, ni tratarse de aquéllos supuestos en los que deba proveerse de manera oficiosa. De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes para la audiencia constitucional, que deberá tener lugar a las ONCE HORAS DEL DIEZ DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS.
- Principal
AVISO. SE NOTIFICA AL QUEJOSO POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE 31 DE MAYO DE 2023, QUE DICE: Principal 404/2021-IV CUENTA. El treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el estado procesal que guardan los autos. Conste. La Secretaria Beatriz Eugenia Meza López Acapulco de Juárez, Guerrero; treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Visto; el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ya feneció el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa en la comparecencia de veinticinco de mayo del presente año, para que, bajo protesta de decir verdad, manifestara si realizó el cobro del cheque 0000811, expedido por BBVA México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, por la cantidad de $1,518.20 (mil quinientos dieciocho pesos 20/100 moneda nacional), sin que a la fecha lo haya hecho. En consecuencia, requiérase a Pedro Brito García, apoderado legal de Gasolinería Servicio Atoyac, Sociedad Anónima de Capital Variable, a fin de que en el plazo de tres días hábiles siguientes al en que le surta efectos la notificación de este proveído, manifieste bajo protesta de decir verdad, si se realizó el cobro del cheque, apercibido que de no hacerlo así en el plazo indicado, este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento del fallo protector con lo informado por la autoridad y las constancias que obran en este sumario, teniéndolo por conforme con los actos realizados por la responsable en cumplimiento a la ejecutoria, y por restituido a plenitud en el goce del derecho materia de la concesión. Lo anterior, pues es inconcuso que los juicios de amparo no pueden permanecer abandonados de manera indefinida, aunado a que, tanto este juzgado federal como la autoridad responsable han agotado las medidas para el acatamiento del fallo y en este punto sólo la parte quejosa sería omisa. BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 Sirve de apoyo el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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