Alma Ruth Aquino Reyes

Expediente 1607/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1607/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
22/08/2023

Partes del expediente

  • Alma Ruth Aquino Reyes
  • Claudia García Aguilar
  • Alma Ruth Aquino Reyes y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    En Reynosa, Tamaulipas, siendo las once horas con cuarenta minutos del veintidós de agosto de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública José Luis González Arredondo, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, encargado del despacho durante las vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de la Secretaria Lucero de León Guevara, que autoriza y da fe, sin la comparecencia de las partes no obstante su legal notificación, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha y hora en el juicio de amparo ********************. Enseguida, el Secretario encargado de despacho declara abierta la audiencia constitucional y la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, dando cuenta con el escrito inicial de demanda promovido por ********************; asimismo con la intervención ministerial 346/2023 signada por el Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado, por medio de la cual formula alegatos. De igual forma la Secretaria hace constar que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con residencia en ciudad Victoria, Tamaulipas, no rindió su informe justificado. A lo que el Secretario encargado de despacho acuerda: Téngase por practicada la relación secretarial que antecede para los efectos legales procedentes; y por lo que respecta a los alegatos de referencia, relaciónese en el periodo correspondiente. Ahora por lo que hace a la ausencia del informe justificado de la autoridad responsable, es necesario precisar que no es obstáculo para la celebración de la audiencia constitucional, en virtud de que en los autos del presente asunto obra constancia de notificación del oficio por el que se le solicitó dicho informe, por lo que deberá resolverse lo conducente en derecho por lo que hace al acto reclamado a la referida autoridad. Acto seguido, se abre el período probatorio, en el cual la Secretaria hace constar que las partes no ofrecieron medios de convicción en la presente incidencia. A lo que el Secretario encargado del despacho acuerda: sin pruebas que relacionar se cierra el periodo. Por otro lado, se abre el periodo de alegatos, en el que la Secretaria da cuenta con los formulados por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado de distrito, a través de su intervención ministerial 346/2023. A lo que el Secretario encargado de despacho acuerda: Téngase por formulados y reproducidos los alegatos de mérito, y en su caso, tómense en consideración al momento de resolver el presente juicio; sin más alegatos que tener por reproducidos, se cierra este periodo, y se da por concluida la presente audiencia, ordenando la suscrita se dicte la resolución correspondiente. VISTO para resolver el juicio de amparo ******************** promovido por ********************; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el doce de junio de dos mil veintitrés, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que estimó violatorio de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 17 constitucional. SEGUNDO. Trámite. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo en cuestión a este Juzgado Séptimo de Distrito en Tamaulipas, y se admitió a trámite mediante proveído de catorce de junio de dos mil veintitrés; se pidió su informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclaman actos que no requieren de ejecución material y la demanda se presentó en esta ciudad, en donde radica la autoridad que tramita el juicio de origen. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de manera clara y precisa que el acto materia de estudio será: "La omisión de la radicación de la demanda planteada en contra del Hospital Materno Infantil con residencia en esta ciudad, de la cual se reclaman entre otras cosas las diferencias salariales. TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene como presuntivamente cierto el acto que se atribuye a Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con residencia en Ciudad Victoria, en virtud de que fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante que le fue oportunamente solicitado y notificado el diez de agosto de dos mil veintitrés. CUARTO. No obstante lo anterior, debe decirse que no se entrará al estudio de fondo del acto reclamado en el presente juicio, toda vez que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente. "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (...)" La causal transcrita señala que el juicio de amparo es improcedente si el acto no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, de manera que no le causa un agravio directo y real en su esfera jurídica. La justificación de la causal que se invoca estriba en que la parte quejosa estableció que no se radicó la demanda presentada ante la responsable, en contra del Hospital Materno Infantil con residencia en esta ciudad, en la cual se reclaman entre otras cosas las diferencias salariales y, partiendo de esa base, podría entonces señalarse que las omisiones constituyen actos violatorios, combatibles únicamente por la vía del amparo indirecto. En efecto, en el caso de la impugnación de violaciones procesales por parte de una autoridad jurisdiccional, no cabe duda que para resultar afectado el interés jurídico de la parte quejosa, se requiere que haya omitido radicar la demanda derivado a que es uno de los presupuestos a verificar, en primer orden, para establecer la procedencia del juicio de amparo. Es decir, el órgano de amparo tiene la necesidad de verificar que quien acude al amparo es uno de los sujetos que se le han violentado sus garantías y por ende ha acudido ante el respectivo órgano jurisdiccional a deducir una controversia y ver comprometida su esfera jurídica con las actuaciones del procedimiento, respecto de lo que es objeto de debate. En el caso concreto, la quejosa señala que la autoridad responsable fue omisa radicar la demanda que presentó dentro del término concedido para ello. Luego, acorde a la ejecutoria de la contradicción de tesis 153/2012, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la carga de probar el interés jurídico y la inconstitucionalidad del acto, no surge de la omisión de la autoridad responsable, sino que le corresponde a la parte quejosa desde el momento mismo de presentación de la demanda de amparo y, en todo caso, las autoridades al rendir su informe podrían relevarla de la misma, si de dicho informe o de las constancias acompañadas, quedara demostrado el interés jurídico de la parte quejosa o la inconstitucionalidad del acto reclamado. Sin embargo, al no suceder así, ante la omisión de la autoridad responsable, corresponde a dicha parte demostrar ese interés jurídico que haga procedente el juicio de amparo. Ello sin que obste el hecho de que en la demanda se relaten, bajo protesta de decir verdad, los hechos y abstenciones que constan a la parte quejosa y que constituyen el antecedente de los actos reclamados y el fundamento del concepto de violación, pues únicamente puede presumirse la existencia de los actos atribuidos a las autoridades responsables, pero no los demás hechos señalados ni aun los particularmente establecidos en la propia fracción IV, del artículo 108, por lo que tampoco opera la obligación prevista en el distinto numeral 75 de la propia ley, en el sentido de recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante las autoridades responsables. Lo antes dicho, máxime que a pesar de que se tuvo por presuntivamente ciertos los actos reclamados, queda a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dichos actos no sean en sí mismos violatorios de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley; esto último, lo que no aconteció en la especie. Por tanto, la falta de prueba idónea que corrobore el dicho de la parte quejosa conlleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo, cuyo estudio es preferente; razón por la cual debe sobreseerse en el presente juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. La ejecutoria antes invocada y que contiene el criterio aquí sostenido, se encuentra inserta en la jurisprudencia P./J. 23/2014 (10a.), que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo."1 Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo ********************, promovido por ********************, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese, personalmente. Así lo resolvió y firma José Luis González Arredondo, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, encargado del despacho durante las vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Lucero de León Guevara, Secretaria que autoriza y da fe.yrhr

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido y agréguese a los autos, la intervención ministerial 346/2023, signada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por medio del cual realizada diversas manifestaciones a guisa de alegatos; por tanto, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados y reproducidos los alegatos, los cuales, en su caso, se relacionaran en la audiencia constitucional y se tomarán en consideración al momento de resolver el presente juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Ana Marina Lineth Fuentes Hernández, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, siete de agosto de dos mil veintitrés.****************************************Vista la certificación secretarial que antecede, se desprende la imposibilidad de llevar a cabo el desahogo de la audiencia constitucional señalada para esta fecha, en virtud de que la autoridad responsable foránea: Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas; no ha rendido su informe justificado.****************************************Por tanto, requiérase vía estafeta de nueva cuenta a la citada responsable, para que, dentro del plazo de tres días, computado legalmente, informe si ya tuvo conocimiento del oficio citado anteriormente, por el cual se le requirió su informe justificado; lo anterior, toda vez que resulta necesario para resolver el presente juicio.****************************************Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo legal concedido, o de no informar el motivo que se lo impida, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo.****************************************El apercibimiento de multa por veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, decretado en este proveído tiene su fundamento en lo dispuesto en las disposiciones respectivas de la Ley de Amparo, en concordancia con el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo de la Constitución Federal, en relación con el segundo y tercer transitorios del decreto de Reforma Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación correspondiente.****************************************Por último, para dar oportunidad a la integración de este juicio, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo.************************************************************Notifíquese.****************************************Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Ana Marina Lineth Fuentes Hernández, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se desprende la imposibilidad de llevar a cabo el desahogo de la audiencia constitucional señalada para esta fecha, en virtud de que la autoridad responsable foránea: Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en Ciudad Victoria, no ha rendido su informe justificado, ni obra constancia de la cual se desprenda que haya sido notificada del auto por el que se le requirió. En mérito de lo anterior, se difiere la audiencia Constitucional señalada para este día y se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Diana Karen López Castillo, Secretaria que autoriza y da fe.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · 13,278 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano