Alma Rosa Sánchez de la Vega
Expediente 630/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 13 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 630/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 19/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Alma Rosa Sánchez de la Vega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Incidental
Ciudad Madero, Tamaulipas, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal y, atendiendo a lo ordenado en el auto del expediente principal, se ordena el archivo de este incidente; lo anterior, de conformidad con el?Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales.? Asimismo, se clasifica como?susceptible de?depuración el original del incidente de suspensión, con fundamento en el?artículo 18, fracción I, inciso a), del?citado acuerdo, pues se?concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados.? También, como lo dispone?el penúltimo párrafo del citado numeral, una vez que transcurran?tres años, procédase a su depuración,?conservando únicamente las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión o su violación, así como?el presente auto?y se destruirán el resto de las actuaciones; hecho lo cual?deberá gestionarse su transferencia?a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de diez días previsto en el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio ha causado estado. Notifíquese por lista.
- Incidental
Ciudad Madero, Tamaulipas, quince de julio de dos mil veintidós. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, el documento por el cual se devuelve lo actuado en la comunicación oficial con número de orden 218/2022-II, del índice de este juzgado. Dese de baja la comunicación oficial en cita y acúsese recibo, salvo que éste se genere automáticamente en el sistema electrónico correspondiente. Notifíquese por lista.
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, el documento de cuenta, a través del cual la autoridad responsable rinde su informe justificado, sin que haya lugar a dar vista con el mismo, por los motivos que adelante se exponen. Con respecto a las documentales ofrecidas, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora, del informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, se advierte que mediante proveído de tres de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 323/M/2011, se dio contestación a los escritos de fecha catorce de febrero y siete de abril, ambos de dos mil veintidós, el primero presentado por la parte actora, y el segundo por apoderado legal de la parte actora del juicio laboral de origen, por los cuales solicitaron se emitiera medida de apremio en contra de la parte demandada por incumplimiento a laudo dictado dentro del expediente laboral de referencia, y se requiriera nuevamente su cumplimiento; a lo cual se les informó que no había lugar a acordar lo solicitado, en virtud de encontrarse pendiente de resolver el incidente de prescripción de la acción para ejecución del laudo, promovido por la parte demandada en dicho juicio. En ese sentido, de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa se hizo consistir en: La omisión del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, de dictar el acuerdo correspondiente a su petición contenida en escrito de fecha catorce de febrero de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral 323/M/2011, recibido el veintiuno de febrero de dos mil veintidós. En ese aspecto, se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a la documental ofrecida por la parte quejosa con su demanda y a las exhibidas en el informe rendido por la citada autoridad responsable, de las que se advierte que por auto de tres de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 323/M/2011, se acordó lo relativo a los escritos de fecha catorce de febrero y siete de abril, ambos de dos mil veintidós, el primero presentado por la parte actora, y el segundo por apoderado legal de la parte actora del juicio laboral de origen, por los cuales solicitaron se emitiera medida de apremio en contra de la parte demandada por incumplimiento a laudo dictado dentro del expediente laboral de referencia, y se requiriera nuevamente su cumplimiento; a lo cual se les informó que no había lugar a acordar lo solicitado, en virtud de encontrarse pendiente de resolver el incidente de prescripción de la acción para ejecución del laudo, promovido por la parte demandada en dicho juicio. En ese contexto, este órgano de control constitucional advierte que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por las razones siguientes: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente:... De la interpretación efectuada de los artículos antes transcritos, se advierte que para que se surta la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. De modo tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto reclamado no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese sentido, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye de forma total la afectación que se podría generar al quejoso. En efecto, como se adelantó de las constancias de autos se acredita que [1] la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la omisión del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, de dictar el acuerdo correspondiente a su petición contenida en escrito de fecha catorce de febrero de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral 323/M/2011, recibido el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, y [2] por auto de tres de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 323/M/2011, se dio contestación a los escritos de fecha catorce de febrero y siete de abril, ambos de dos mil veintidós, el primero presentado por la parte actora, y el segundo por apoderado legal de la parte actora del juicio laboral de origen, por los cuales solicitaron se emitiera medida de apremio en contra de la parte demandada por incumplimiento a laudo dictado dentro del expediente laboral de referencia, y se requiriera nuevamente su cumplimiento; a lo cual se les informó que no había lugar a acordar lo solicitado, en virtud de encontrarse pendiente de resolver el incidente de prescripción de la acción para ejecución del laudo, promovido por la parte demandada en dicho juicio. Por tanto, si la parte quejosa reclamaba en esencia la omisión de dictar el acuerdo correspondiente a su petición contenida en escrito de fecha de catorce de febrero de dos mil veintidós, y al haberse acordado lo conducente por acuerdo de tres de junio de este año, es evidente que el acto reclamado se destruyó en forma total e incondicional sin que al efecto hubiese dejado huella en la esfera jurídica de la parte quejosa y las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, esto, como si se hubiera otorgado el amparo. Lo anterior se estima así, debido a que al haber proveído la responsable respecto de la solicitad realizado en el juicio laboral de origen por la parte quejosa, cesaron los efectos de los actos reclamados; por lo que tal circunstancia conlleva a la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no deja huella alguna en la esfera jurídica de la inconforme que amerite ser borrada; de donde se sigue que, sobreviene la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, en virtud de que conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la ley de la materia, el efecto y finalidad del juicio de amparo, es conseguir la restitución en el goce del derecho violado a favor de la parte quejosa, volviendo las cosas al estado que guardan antes de la violación constitucional, por lo que si en la especie, la materia sobre la cual recayó el acto reclamado dejó de surtir efectos, es indudable que no podrá restituirse al gobernado en el goce de la garantía conculcada, al haber dejado de producir consecuencias legales, por tanto el amparo es improcedente, actualizándose de esta manera la hipótesis normativa prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior de ningún modo priva de defensa a la parte quejosa, porque está permitido el sobreseimiento del juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, según se obtiene de la simple lectura de la fracción V del artículo 63, en relación con el inciso d) de la fracción I, del artículo 81, ambos de la Ley de Amparo, este último que establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los autos de sobreseimiento; puesto que en el caso la causa de improcedencia de referencia es manifiesta e indudable por la cesación de efectos del acto reclamado, y, por ello, ni en la audiencia constitucional ni al dictarse la sentencia correspondiente se puede formar una convicción diversa, con independencia de los elementos de prueba que se pudiera allegar. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: Dado lo expuesto en párrafos precedentes, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta y dos minutos del treinta de junio de dos mil veintidós. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y comuníquese la circunstancia anterior a las autoridades señaladas como responsable para su conocimiento y efectos legales consiguientes.
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