Alma Rosa Ramírez García
Expediente 540/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 540/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alma Rosa Ramírez García
- Guadalupe Selene Ramírez García
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y toda vez que en proveído de treinta y uno de mayo del año en curso, en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos diversos documentos originales por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por GUADALUPE SELENE RAMÍREZ GARCÍA, JOSÉ MANUEL RAMÍREZ GARCÍA y ALMA ROSA RAMÍREZ GARCÍA, contra el acto reclamado al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 540/2017. Ahora bien, la demanda de garantías debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, en el caso se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado este en sentido contrario, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Articulo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; .." De donde, conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos procesales de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. En esas condiciones, es evidente que el acto de procedimiento que se pretende combatir en esta instancia constitucional sólo produce efectos meramente intraprocesales, mas no causa un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos personales del inconforme (propiedades, posesiones o derechos). Esto es así, en virtud de que el acto reclamado en la presente instancia, consiste en la resolución de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el juicio reivindicatorio 51/2015 en el cual, el Juez responsable declaró improcedente el recurso de revocación promovido por la parte quejosa en contra del auto de siete de enero del año en curso, en el cual se citó a las partes para alegar dentro del referido juicio, con efectos de citación para sentencia. Como se advierte, tal actuación no constituye un acto de imposible reparación, pues el mismo no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción V, de la ley de Amparo, en atención al concepto de irreparabilidad que ha quedado expuesto, siendo, en todo caso, impugnable como una violación a las leyes del procedimiento a través del juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia que ponga fin al citado juicio, en caso de ser desfavorable a los intereses de los aquí quejosos, como así lo establece el artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior las jurisprudencias números 244 y 232, visibles a fojas 164 y 157 del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo respectivo rubro es: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." y "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Lo anterior es así, pues si bien es cierto, dentro del juicio natural la parte quejosa objetó de falso el documento presentado por su contraparte dentro del juicio natural, con el cual pretende acreditar la propiedad del inmueble en controversia, y que conforme al artículo 334, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, que dispone: "Artículo 334.- Cuando alguna de las partes sostenga la falsedad de un documento que pueda ser de influencia notoria en el pleito, se observarán las prescripciones relativas del Código de Procedimientos Penales. En este caso, no alegarán las partes sino hasta que se decida sobre la falsedad por la autoridad competente. Si el procedimiento penal concluye sin decidir sobre la falsedad o autenticidad del documento, el juez oirá incidentalmente a las partes sobre el valor probatorio del instrumento, reservándose la resolución para la definitiva." Cierto es también, que el hecho de haber señalado el juez responsable fecha para la recepción de los alegatos con efectos de citación para sentencia, dentro del juicio de origen, ello en modo alguno, se itera, constituye un acto de imposible reparación, dado que ello constituye un acto dictado dentro del juicio que no afecta derecho sustantivo alguno. Lo anterior, porque no conlleva en sí una afectación material a derechos sustantivos, entendiéndose por éstos los que no pueden ser reparados en sentencia definitiva, pues la resolución que confirmó el auto impugnado corresponde a la gama de los derechos de naturaleza adjetiva o procesal, los que se caracterizan por surgir y generarse durante el trámite del juicio, de forma que antes de éste el gobernado no los tenía y, que de infringirse, la sentencia definitiva que se dicte en favor del agraviado podrá tener como efecto la restitución de éstos; en caso contrario, de ser adversa y esas violaciones procesales trasciendan al resultado del fallo (como lo pretende demostrar la quejosa), aquellas podrán reclamarse en amparo directo, conforme al primer párrafo del artículo 172 de la ley de la materia. Resulta aplicable la jurisprudencia I.1o.A.7.K (10a), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el seis de diciembre de dos mil trece, con el número de registro 2005092, que dice: "RESOLUCIÓN RECAÍDA A UN RECURSO INTERPUESTO CONTRA UN ACTO INTRAPROCESAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA SI LA DETERMINACIÓN RECURRIDA EN LA VÍA ORDINARIA NO TIENE UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro de juicio que no sean de imposible reparación, es decir, que no afecten materialmente derechos sustantivos del quejoso consagrados en la Carta Magna o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Consecuentemente, si se insta el amparo contra la resolución recaída a un medio de defensa interpuesto contra un acto intraprocesal, para decidir sobre su procedencia, debe atenderse a la naturaleza de la determinación recurrida, pues la pretensión principal que subyace en la interposición de un recurso es que se revoque o modifique el acto materia de la impugnación, por lo que es partícipe de la naturaleza de este último. Luego, si el acto combatido en la vía ordinaria no es de ejecución irreparable, porque no trastoca derechos sustantivos del demandante, atendiendo al vínculo indisoluble que existe entre aquél y la resolución que decida el medio de defensa, si la acción constitucional no procede contra el acto primigenio, tampoco lo será contra la que recaiga al recurso." Así también es aplicable, por su contenido, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a página 421, Tomo XII, Agosto 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "DOCUMENTOS, FALSEDAD DE, EN MATERIA CIVIL. LA INOBSERVANCIA DEL ARTICULO 328 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES EN EL ESTADO DE MEXICO, CONSTITUYE UNA VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. De conformidad con el artículo 328 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, cuando alguna de las partes sostenga la falsedad de un documento se observarán las prescripciones del código adjetivo en materia criminal. Asimismo, establece que si el documento llegare a ser de influencia notoria en el pleito, no se efectuará la audiencia final del juicio, sino hasta que se decida sobre la falsedad por las autoridades judiciales del orden penal. Por tanto, si el demandado niega ser arrendatario del actor y desconoce como suya la firma que aparece en el contrato de arrendamiento, impugnándolo de falso, la responsable debe tomar en cuenta esta circunstancia y acatar en sus términos el citado numeral, para, en su caso, estar en condiciones de resolver sobre el valor probatorio del documento base de la acción, y si no lo hace, es evidente que ello constituye una violación procesal análoga a las previstas en las fracciones III y VI del artículo 159 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la citada causa de improcedencia, en términos del 113 de la invocada ley de la materia, se desecha de plano la demanda de garantías. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado, y para los mismos efectos a las personas que se mencionan, hasta en tanto acrediten contar con cédula profesional de licenciado en derecho. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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