Alma Rosa Prado López
Expediente 192/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 192/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 13/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Alma Rosa Prado López
- Delegado Regional de Educación Pública, Maestro Ricardo Alfredo Ling Altamirano en esta ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Certificación de archivo.
- Principal
... CÚMPLASE.
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la tercera interesada ******, el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, que en resumen dice: ... Agréguese el oficio de cuenta suscrito por la presidenta de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado, informa que el treinta de abril de dos mil dieciocho se decretó la caducidad del expediente laboral ******************** por lo que se ordenó el archivo del expediente, sin que dicha determinación haya sido recurrida a través del amparo directo. Se acuerda reserva. Se decreta imposibilidad jurídica para el cumplimiento del fallo protector... Ante ello, es definitivo para esta juzgadora que ya no subsiste la materia del cumplimiento y, por tanto, debe declararse la imposibilidad material para lograr el acatamiento del fallo, pues en la especie se actualiza un presupuesto procesal que impide la continuación del procedimiento de ejecución. Desinterés al cual se suma el de la parte actora en la contienda de origen de acuerdo a lo manifestado por la autoridad responsable en el oficio de cuenta, quien señaló que desde el treinta de abril de dos mil dieciocho se decretó la caducidad del citado contradictorio ordenándose el archivo definitivo del expediente. En este contexto, se impone decretar la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, una vez que transcurra a las partes el plazo de quince días a que refiere el párrafo segundo del artículo 202 de la Ley de Amparo, remítase el original del juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, en turno, a fin de que, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, califique el presente proveído y resuelva lo conducente en torno a la inejecución evidenciada. Se ordena notificar la presente determinación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a través del usuario electrónico "PAMELASANCHEZ" que proporcionó mediante oficio FGR/001/2023 recibido en este órgano jurisdiccional el once de enero de dos mil veintitrés, lo que se trae a cuenta como un hecho notorio en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese vía electrónica a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y personalmente a las partes.
- Principal
QUEJOSA DESAHOGA PREVENCIÓN. Agréguese el escrito de cuenta mediante el cual desahoga la prevención formulada en auto de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés; al respecto, se provee: PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como cuestión inicial resulta necesario precisar que de la lectura integra de la demanda se desprende que consiste en: El oficio signado por la Jefa del Sector Educativo 03 Primarias de la Secretaría de Educación de Guanajuato, en el que establece que debe ser separada temporalmente de su centro de trabajo y le asigna labores diferentes a las que regularmente realiza como directora de la escuela primaria Matías López Pastrana en la comunidad Estancia de los Sapos de esta ciudad y su ejecución. SE DESECHA DEMANDA. Precisado lo anterior, se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1º, fracción I y último párrafo, así como el 5º, fracción II de la Ley de Amparo. El artículo 1º, fracción I, del citado ordenamiento legal, establece que el juicio de amparo tiene como finalidad resolver toda controversia por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; asimismo, señala que los particulares tendrán dicha calidad cuando realicen actos equivalentes de autoridad. En ese orden, todo acto de autoridad tiene que ver con la privación de derechos o la imposición de obligaciones a los gobernados. Hay acto de autoridad cuando concurren las siguientes características: Unilateralidad, porque para su existencia y eficacia no requiere de la anuencia o colaboración del gobernado frente al cual se realiza o ejecuta. La voluntad del particular queda sometida a dicho acto. Coercitividad, porque constriñe al gobernado a observarlo y acatarlo. La creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas al gobernado en su esfera jurídica. De lo anterior, se desprende que un acto de autoridad es toda actuación de funcionarios o empleados de organismos estatales o descentralizados o particulares que con fundamento en la ley emitan actos unilaterales a través de los cuáles crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del gobernado con motivo de sus funciones oficiales, ya sea modificando obligaciones existentes o limitando derechos. Una característica que distingue a este tipo de actos, de cualquier otro, es la relación de supra a subordinación entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social, cuya relación se caracteriza por la unilateralidad, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Para explicarlo, debe tenerse en cuenta que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Federal. En esas condiciones, para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, para corroborar si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Sostienen lo anterior los criterios siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional." En términos de estas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten los derechos fundamentales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que derivan de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí´ que aquellos que emanan de relaciones de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de este juicio constitucional. Bajo esas premisas es inconcuso que no cualquier acto proveniente de un ente público será´ susceptible de ser reclamado en el juicio constitucional, sino sólo aquél por medio del cual se afecten situaciones jurídicas abstractas -norma general- o concretas con efectos particulares -acto en estricto sentido u omisión-, que es imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de tal forma que se evidencien las características descritas. En ese sentido, es necesario atender a la naturaleza de los actos que se impugnan para determinar si provienen o no de una autoridad para los efectos del juicio de amparo. En el caso, se advierte que la quejosa es trabajadora de la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato y del anexó consistente en el oficio de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés signado por la Jefa del Sector Educativo 03 Primarias de la Secretaría de Educación de Guanajuato, se observa que: "[.] en alcance al oficio DUJIII/602/2022-2023 en donde el departamento jurídico solicita la implementación de a la medida preventiva en relación con hechos presuntamente suscitados en la escuela "Matías López Pasten, C.C.T. 11 DPR1557F, derivado de un reporte en contra de la directora Profa. Alma Rosa Prado López, que derivado de la denuncia en comento, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 59 del reglamento de la ley para una Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar para el Estado de Guanajuato y sus municipios que a la letra dice "En caso de una conducta de violencia escolar por parte de un trabajo de una institución educativa y que ponga en riesgo grave la integridad física, psicológica, sexual o social de los educando sin prejuzgar acerca de la veracidad o falsedad del hecho, el director o encargado de la institución educativa tomará las medidas pertinente, para que el trabajador involucrado realice actividades en las que no tenga contacto con los educandos". Motivo por el cual se debe separar temporalmente del domicilio del centro de trabajo y en donde temporalmente cubrirá su jornada laboral será en las oficinas de la jefatura se sector 03 con domicilio en Ave. Paraísos #424, col. Los paraísos en un espacio designado para que siga con las actividades indicadas por su inmediato la maestra supervisora Rosa Aida Díaz Gutiérrez, no entrará en contacto con los educandos de plantel en mención esto para salvaguardar la integridad de la comunidad educativa. [.]". De tal manera que dicho acto no proviene de alguna autoridad para efectos del juicio de amparo, porque la emisión de la orden de separación de su cargo y la asignación de funciones distintas, deriva de una relación entre sujetos en un mismo plano (patrón-trabajador). Se afirma lo anterior, pues su situación frente a la Secretaría de Educación de Guanajuato, se encuentra comprendida en una relación patrón - empleado, por lo que el oficio de diecisiete de febrero de este año, signado por la Jefa del Sector Educativo 03 Primarias de la Secretaría de Educación de Guanajuato, en el que establece que debe ser separada temporalmente de su centro de trabajo y le asigna labores diferentes a las que regularmente realiza como directora de la escuela primaria Matías López Pastrana en la comunidad Estancia de los Sapos de esta ciudad, que expidió en respuesta a la solicitud que el departamento jurídico de la Delegación Regional de Educación Pública le formuló en el sentido de implementar una medida preventiva en relación con la denuncia de hechos presuntamente suscitados en tal plantel, no emerge del imperio que corresponde a ese ente jurídico, sino que tiene como origen el acuerdo entre las partes conforme a la ley que rige ese tipo de relaciones laborales. Tiene aplicación, por identidad de razón, la siguiente tesis P. XXVIII/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACION LABORAL. Los funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina, ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter." De ahí que el acto que reclama de las autoridades que señala como responsables de acuerdo a lo planteado en la demanda, no puede acontecer con el carácter de autoridades a gobernado (relación de supra a subordinación), puesto que deriva de una relación de coordinación, es decir, en la que ambos sujetos se encuentran en un plano de igualdad, por lo expuesto en párrafos que anteceden. Dicha relación en su caso constituiría, una relación entre el Estado como patrón (no como autoridad o ente superior) y el directivo como empleado, por lo que, se insiste, no pueden ser considerados como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Además, con base en lo expuesto es factible sostener que la relación jurídica que une a la Secretaria de Educación del Estado de Guanajuato, con sus trabajadores es de naturaleza laboral, pues cuando actúa frente a ellos no lo hace con su potestad de autoridad, sino con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de ese órgano con su personal. Es pertinente mencionar, que al tratarse de relaciones de coordinación, como la existente entre la parte quejosa y las autoridades mencionadas como responsables, la legislación prevé´ los procedimientos ordinarios para ventilar las controversias que se susciten entre las partes; con la finalidad de que éstas se resuelvan estando las partes al mismo nivel. En ese sentido, conviene indicar que cualquier conflicto suscitado entre la parte quejosa con su empleador, puede ser controvertido a través de un juicio laboral como lo establece el artículo 123 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios de Guanajuato. Sostiene lo anterior la tesis 2a. LI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COMPETENCIA LABORAL. LA TIENE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS EN LOS QUE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA ESTATAL, SEA PARTE. El Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla es la autoridad competente para conocer de las controversias laborales en las que la mencionada Secretaría de Estado figure como demandada, ya que de conformidad con el artículo 82, fracción I, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del propio Estado, a dicho tribunal laboral le corresponde "conocer de los conflictos individuales que se susciten entre algunos de los departamentos del gobierno del Estado y sus trabajadores"; además, dicha Secretaría ejerce la función de patrón sustituto de todos los trabajadores de los planteles escolares federales que se incorporaron al sistema educativo, al suscribir el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y el convenio respectivo, publicados en el Diario Oficial de la Federación del diecinueve y veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y dos, respectivamente. No es óbice para lo anterior que el artículo 8o. de la invocada Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, excluya de su ámbito a los trabajadores de la educación, habida cuenta que la Legislatura Estatal no ha expedido las leyes especiales que refiere el precepto en comento, ni menos se ha instituido algún tribunal con atribuciones específicas para conocer de conflictos de esta índole." En consecuencia, al materializarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda de amparo...
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