Alma Rosa Olguín García
Expediente 454/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 454/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 30/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Alma Rosa Olguín García
- Alma Rosa Olguín García y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Ahora, de autos se observa que el quince de agosto pasado, se tuvo al Juez Décimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Huixquilucan, informando que dentro del expediente 152/2022 y su acumulado 267/2021 de su índice, la aquí amparista Alma Rosa... y el tercero interesado Carlos Raúl..., celebraron un convenio por el que dirimieron la controversia de origen; informe sobre el cual las partes no realizaron pronunciamiento al respecto. Así, del examen realizado a las documentales allegadas por la responsable, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio, se obtiene que la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar 152/2022, del que emana el acto reclamado, fue concluido y por consecuencia, se ordenó el archivo del asunto. Por lo que al conformarse las partes con la celebración del convenio aludido y toda vez que éste satisfizo sus pretensiones, es dable concluir que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados y que a ningún fin práctico conduciría exigir el cumplimiento de la ejecutoria de mérito a la autoridad responsable, pues se reitera, el proceso jurisdiccional del que emanó el acto reclamado, se encuentra total y definitivamente terminado. Por tanto, de conformidad con el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, archívese el expediente como concluido y háganse las anotaciones respectivas. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es depurable en el plazo de tres años, ya que se concedió el amparo solicitado, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) de esa normatividad. Finalmente, devuélvase al Juez Décimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, el tomo en copia certificada que acompañó como apoyo a su informe justificado. Notifíquese.
- Principal
"...Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio remitido por el Juez Décimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Huixquilucan, por el que informa que dentro del expediente 152/2022 y su acumulado 267/2021 de su índice, la aquí quejosa...y el tercero interesado...celebraron un convenio a través del cual fue dirimida la controversia de origen y se ordenó el archivo del asunto; manifestaciones que deberán tomarse en consideración al momento de realizar pronunciamiento en el auto por el que cause ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. No obstante, con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el término de tres días, computado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído para que manifiesten lo que a su interés convenga. Notifíquese..."
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 454/2022-VI; R e s u l t a n d o Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito depositado el veinte de abril de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Naucalpan de Juárez, Estado de México, recibido el veintidós de abril siguiente en este Juzgado, Alma Rosa Olguín García, por sí y en representación de los menores de iniciales J.M.F.O. y S.M.F.O., solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el Juez Décimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, por los actos que se describirán en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Trámite. Previo desahogo de la prevención formulada, mediante auto de tres de mayo de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional admitió parcialmente a trámite la demanda de amparo, pidió a la autoridad responsable su informe con justificación, dio intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, verificó el emplazamiento del tercero interesado y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició al tenor del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo que disponen los artículos 35 y 37 tercer párrafo, de la Ley de Amparo; toda vez que se reclama un acto declarativo carente de ejecución y la demanda se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Naucalpan, Estado de México. Segundo. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, este juzgador considera que la parte quejosa reclama lo siguiente: - El acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio 152/2022, del índice del Juzgado Décimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, a través del cual no se admitió el recurso de revocación hecho valer contra el proveído de veintidós de marzo de la presente anualidad, por no considerarlo susceptible de impugnación. Tercero. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Juez Décimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, al momento de rendir su informe con justificación aceptó la existencia del acto que se le atribuye; de ahí que, se tenga por cierto el acto reclamado. Certeza que se corrobora con la documental que acompañó a su informe justificado, consistente en copia certificada del juicio natural, misma que en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hace prueba plena para tener por acreditada la existencia del acto reclamado. Cuarto. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, como lo dispone el numeral 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público. Al respecto, este juzgado advierte la configuración de la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, concatenada con los diversos ordinales 5°, fracción I y 6, de la ley de la materia. Ello radica en que la determinación de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, dictada en la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar sobre alimentos 152/2022, del índice del Juzgado Décimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, a través de la cual se inadmite el recurso de revocación hecho valer contra la diversa de veintidós del mismo mes y año, no representa una ofensa, lesión o agravio en la esfera de derechos de los menores de iniciales J.M.F.O. y S.M.F.O. En efecto, los infantes quejosos no son titulares de un derecho subjetivo que se vea afectado con el acto de autoridad, esto es, de un interés jurídico cuya lesión los legitime para acudir al amparo, pues, lo que se pretende combatir a través de ese medio de defensa es la determinación que fija una pensión alimenticia provisional a favor de su progenitora, no a favor de éstos, sin que la sola expectativa o incluso disminución de ingresos económicos de la madre pueda considerarse un agravio en la esfera jurídica de los menores. Sirve de sustento la tesis V.2o.28 C, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que señala: "INTERES JURIDICO. CARECE DE, LA ESPOSA PARA IMPUGNAR EL DESCUENTO EN LOS INGRESOS DE SU MARIDO, QUE COMO PENSION ALIMENTICIA DEBE ENTREGAR A PERSONA AJENA. Aun cuando la esposa demuestre estar casada bajo el régimen de sociedad legal y que el acto que reclama tiene como fin el que se descuente de los ingresos de su esposo determinada cantidad para entregarla como pensión alimenticia a diversa persona ajena a su familia, carece de interés jurídico para acudir al juicio constitucional en defensa de tal acto, ya que la disminución de los ingresos de su cónyuge sólo le originará una afectación de índole económico y no jurídico." Dicha afirmación se robustece con las constancias del juicio de origen que remitió la autoridad responsable en las que obra copia certificada de la determinación de veintidós de marzo de este año, en la que expresamente se señala: ". se fija a cargo de CARLOS RAÚL FLORES BUSTAMENTE por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de ALMA ROSA OLGUÍN GARCÍA, el equivalente a UN DÍA DE SALARIO conforme a su valor diario." Aunado a la manifestación realizada por la promovente Alma Rosa Olguín García, en el escrito de interposición del recurso de revocación, en que expresa que el progenitor de sus menores hijos ha cubierto los alimentos a favor de éstos. Circunstancias que demuestran con claridad que el acto reclamado no produce una afectación en la esfera jurídica de los menores quejosos sino, en su caso, en la de su madre, al combatirse la determinación que únicamente fija alimentos a favor de ella y no de los menores, máxime que el padre de los infantes cubre los alimentos a favor de éstos desde que salió del domicilio conyugal, tal como lo refiere la propia promovente de amparo. De modo que, al quedar evidenciado el motivo de improcedencia de este juicio, lo procedente es decretar el sobreseimiento únicamente por lo que hace a los menores de iniciales J.M.F.O. y S.M.F.O., con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la normatividad de la materia. Quinto. Estudio de fondo. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y no abona a la claridad que debe revestir toda resolución jurisdiccional. No obstante, es pertinente hacer mención que básicamente la parte quejosa sostiene que el acto reclamado vulnera su derecho humano de acceso a una tutela judicial efectiva puesto que, contrario a lo resuelto por la responsable, el proveído que fija una medida provisional sí es recurrible en términos del artículo 5.74, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, sin que sea aplicable lo dispuesto en el diverso numeral 2.110 del mismo ordenamiento, en tanto que no trató de impugnar la admisión de la demanda sino la medida provisional de alimentos que en esa misma resolución fue decretada. En el caso se considera que existió una transgresión al derecho de acceso a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal, lo que tiene como consecuencia que su concepto de violación sea fundado. Ahora, para una mejor comprensión del asunto, es necesario destacar diversos antecedentes derivados del juicio de controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar sobre alimentos 152/2022, del índice del Juzgado Décimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México. 1. Mediante sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el procedimiento especial sobre divorcio incausado 267/2021, de la estadística del Juzgado Décimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, se declaró disuelto el vínculo matrimonial que unía a Alma Rosa Olguín García y Carlos Raúl Flores Bustamante, tras celebrarse dos audiencias de avenencia sin que se hubiera logrado conciliación entre las partes. 2. Una vez acontecido lo anterior, por escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, Alma Rosa Olguín García, promovió controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar de alimentos en contra de Carlos Raúl Flores Bustamante, misma que fue radicada ante el Juzgado Décimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, bajo el expediente 152/2022. 3. Por resolución de veintidós de marzo de dos mil veintidós, el Juzgado que conoció de la demanda en comento, la admitió a trámite y fijó por concepto de pensión alimenticia a favor de Alma Rosa Olguín García, el monto equivalente a un día de salario diario. 4. Inconforme con el monto de la pensión alimenticia fijada por el juzgador de origen, Alma Rosa Olguín García, por sí y en representación de los menores de iniciales J.M.F.O. y S.M.F.O., interpuso recurso de revocación. 5. En proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el escrito de agravios e interposición del recurso de que se habla, pero no se admitió el mismo toda vez que la autoridad responsable consideró que en términos de los artículos 1.134, 1.138, 2.110, 5.1 y 5.74, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, el acuerdo impugnado no es recurrible, aunado a que de conformidad con el numeral 5.45 de la legislación invocada las medidas provisionales son revisadas de oficio y, en su caso, modificadas en audiencia inicial. Esta última determinación es la que constituye el acto reclamado. Establecidos los antecedentes más importantes, procede destacar que el numeral 17 Constitucional, en lo que interesa, establece el derecho de tutela jurisdiccional la cual es una prerrogativa que toda persona tiene, para que dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, pueda acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Así, para sustentar el hecho de que a la parte impetrante le asiste la razón, es conveniente tener en consideración que el juicio del que emana el acto reclamado se trata de una controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, procedimiento especial que se encuentra regido por las disposiciones previstas en el Libro Quinto del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. En efecto, en los numerales 2.377 y 2.378, del código adjetivo civil de la entidad, se establece que una vez que se ha decretado la disolución del vínculo matrimonial dentro de un juicio de divorcio incausado, como en el caso, y no se formulen pretensiones sobre cuestiones accesorias se continuará el procedimiento para resolver lo relativo a éstas conforme a las reglas del Libro Quinto en comento. En dicho apartado se encuentran los artículos 5.74, 5.75 y 5.76, mismos que regulan los medios de impugnación en el procedimiento del cual emana el acto reclamado, los cuales establecen dos recursos que las partes pueden interponer contra las determinaciones que en ellos sean emitidas, a saber, revocación y apelación. El primero de los numerales invocados en el párrafo que antecede dispone que los autos y decretos dictados fuera de audiencia pueden ser combatidos a través de la revocación conforme a las reglas generales, mismas que se encuentran señaladas en los artículos 1.362 a 1.365 de ese mismo ordenamiento, esto es, debe ser interpuesto ante el Juez que dictó la providencia, al día siguiente de haber sido notificado el recurrente, posteriormente, el Juez dará vista a las partes por tres días y resolverá dentro del tercero. Por su parte, el artículo 5.75 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, prevé ese mismo medio de defensa con la distinción de que ese supuesto especifico señala las determinaciones que son susceptibles de revocarse cuando son dictadas dentro de audiencia. Por último, se establece la procedencia del recurso de apelación contra la resolución que pone fin a la controversia, el auto interlocutorio que resuelve sobre incompetencia y las resoluciones interlocutorias y definitivas. Sentado lo anterior, se aprecia que el auto que recurrió la parte aquí quejosa es el de veintidós de marzo de dos mil veintidós, a través del cual se admitió a trámite la demanda y se decretó una medida provisional de alimentos. Acuerdo que se considera que fue dictado fuera de audiencia y es de trámite, por lo cual es susceptible de ser controvertido mediante el recurso de revocación, mismo que la parte quejosa presentó el día veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, es decir, al día siguiente en que fue notificada del proveído materia de disenso, por lo cual se estima fue presentado en tiempo. En ese sentido, resulta pertinente mencionar que, si bien la autoridad responsable señala que dicho auto no es impugnable en términos del numeral 2.110 del ordenamiento adjetivo civil aplicable, lo cierto es que esa disposición no es aplicable al caso, virtud que lo que se pretende combatir a través del medio de defensa ordinario no es la admisión de la demanda sino la medida provisional de alimentos que ahí fue decretada, circunstancia que constituye una determinación distinta a la admisión de la demanda. Para corroborar tal aserto, resulta necesario señalar que la admisión de una demanda implica que las acciones, elementos o sujetos materia de admisión, formen parte del proceso litigioso y la orden de emplazamiento del demandado; determinación a la que se refiere el citado numeral 2.110 resulta irrecurrible. En cambio, conforme a los diversos preceptos 5.43 al 5.45, de la invocada normatividad, ante la solicitud alimentaria del acreedor el Juez puede emitir por lo menos dos determinaciones cautelares que habrán de regir hasta el dictado de la sentencia que, en su caso, fije el monto definitivo de la pensión provisional. En efecto, la primera de esas dos determinaciones resulta ser la que establece que el deudor debe cubrir alimentos provisionales y la segunda relativa al monto de la pensión provisional, e incluso, podría dictar una tercera de considerar improcedente la solicitud de alimentos. Así, es claro que esas determinaciones son independientes del auto que admite la demanda, pues la procedencia o no de la pensión alimenticia provisional depende de lo previsto en los artículos 4.126 al 4.144, 4.99, 4.103, 4.109 y 4.138 (divorcio voluntario) del Código Civil del Estado de México; razón por la cual el artículo 2.110 del código procesal de la entidad no resulta aplicable a las determinaciones en que se fija la obligación alimentaria y el monto de pensión alimenticia provisional, pues éste último dispositivo normativo solamente señala que el auto que admite la demanda es aquél que no es recurrible. Al respecto, es aplicable la tesis II.4o.C.8 C (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que establece: "ALIMENTOS PROVISIONALES. SUPUESTOS EN QUE PUEDEN CONTROVERTIRSE LAS DETERMINACIONES RELATIVAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PREVIO AL AGOTAMIENTO DEL RECURSO DE REVOCACIÓN (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 2.110 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO). En términos de los artículos 2.107 al 2.110 y 5.40 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, la admisión de la demanda implica que las acciones, elementos o sujetos materia de admisión, formen parte del proceso litigioso y la orden de emplazamiento del demandado. En cambio, conforme a los diversos preceptos 5.43 al 5.45, ante la solicitud alimentaria del acreedor el Juez puede emitir por lo menos dos determinaciones cautelares que habrán de regir hasta el dictado de la sentencia que, en su caso, fije el monto definitivo de la pensión respectiva: Una indiscutible, que es la que establece que el deudor debe cubrir alimentos provisionales, y otra cuestionable, relativa al monto de la pensión provisional; una tercera, la improcedencia de la solicitud de alimentos. Estas tres determinaciones son independientes del auto que admite la demanda, pues la procedencia o improcedencia de la pensión alimentaria provisional depende de los requisitos previstos en los artículos 4.126 al 4.144, 4.403 y 4.404 (concubinato) del Código Civil del Estado de México; razones por las cuales, el artículo 2.110 del invocado código procesal no es aplicable a esas determinaciones, pues sólo refiere que el auto que admite la demanda no es recurrible. En ese contexto, tanto el acreedor como el deudor alimentario pueden controvertir dichas resoluciones en juicio de amparo indirecto por tratarse de un acto que afecta derechos sustantivos, previo agotamiento del recurso de revocación, en los supuestos siguientes: En términos del artículo 5.74 del código primeramente citado, las resoluciones dictadas fuera de la audiencia inicial y el auto que negó la procedencia de la pensión alimenticia provisional son revocables, pues dicho precepto establece que los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables acorde con las reglas generales y las medidas cautelares dictadas en la audiencia inicial conforme al artículo 5.75, fracción IV, del mismo ordenamiento, también son impugnables en revocación." También se invoca por su contenido la tesis 1a. CCXII/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO, VIGENTE HASTA EL 6 DE MARZO DE 2010). De los artículos 1.192, 1.362, 1.366, 1.375, 1.378, 2.137 y 2.139, estos dos últimos vigentes hasta el 6 de marzo de 2010, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, deriva que las resoluciones que tienen el carácter de autos provisionales sólo serán apelables cuando expresamente lo disponga ese código, de lo que se infiere que en todos aquellos casos en los que no se establezca dicha circunstancia, procederá el recurso de revocación ante el Juez que dicta el auto. Por lo tanto, los autos a través de los cuales el juzgador fija la pensión alimentaria provisional son revocables, toda vez que el código procesal sólo señala que serán apelables las "sentencias que concedan alimentos", lo que se traduce, necesariamente, en una resolución que deriva de la tramitación de un incidente (interlocutoria) o de la que decida la controversia en el fondo (definitiva), en términos de la clasificación que el propio ordenamiento hace de los tipos de resolución judicial, pero no contra autos provisionales relativos al otorgamiento de alimentos, en tanto no prevé, específicamente, que sean apelables." Aunado a lo anterior, lo señalado por la responsable en la última parte del acuerdo que constituye el acto reclamado, esto es, que de conformidad con el artículo 5.45 de la legislación invocada las medidas provisionales son revisadas de oficio y, en su caso, modificadas en audiencia inicial, tampoco es un impedimento para que se considere recurrible la determinación que fija la obligación de pensión alimenticia provisional y su monto, virtud que con independencia de que puedan ser revisadas las medidas cautelares de oficio y durante la audiencia inicial, las reglas de procedencia del medio de defensa denominado revocación no se encuentran establecidas en dicho numeral sino en los diversos que previamente han sido materia de análisis. De ahí que, se considera que la determinación del Juez responsable no está ajustada a derecho, pues al ser procedente debió admitir el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa y dar trámite al mismo. En consecuencia, como se adelantó, ante lo fundado del concepto de violación es procedente conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que la autoridad responsable realice lo siguiente: a) Deje insubsistente la resolución reclamada de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, y b) Dicte una nueva en la que admita el recurso de revocación interpuesto contra el auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, a fin de que con libertad de jurisdicción resuelva lo relativo al medio de impugnación interpuesto por Alma Rosa Olguín García. Se considera importante señalar que en el presente asunto únicamente se abordaron las cuestiones relativas al acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, respecto de la inadmisión del recurso de revocación; sin que se analizara si en el caso de origen es procedente o no la modificación de la pensión alimenticia provisional, pues eso es precisamente junto con el cumplimiento que aduce dio hasta esa fecha a la medida provisional, lo que tiene que dilucidar la autoridad responsable a la luz de los agravios propuestos, sin que este Juzgador pueda emitir mayor pronunciamiento, pues esto significaría sustituirse en las funciones del Juez responsable. Por lo expuesto y fundado, se: R e s u e l v e Primero. Se sobresee en el juicio de amparo por cuanto hace a los menores de iniciales J.M.F.O. y S.M.F.O., por los motivos y fundamentos expresados en el considerando cuarto de este fallo. Segundo. La justicia de la unión ampara y protege a Alma Rosa Olguín García, respecto del acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando tercero, por los motivos y fundamentos expuestos en el último punto considerativo de este fallo. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que se encuentra pendiente el emplazamiento del tercero interesado Carlos Raúl Flores Bustamante; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy y se señalan las nueve horas con treinta minutos del cuatro de agosto de dos mil veintidós, para su verificativo. Notifíquese.
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