Alma Rosa Mireles Rangel

Expediente 284/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
284/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
18/08/2022

Partes del expediente

  • Alma Rosa Mireles Rangel
  • Juez Segundo de Primera Instancia Civil del Cuarto Distrito Judicial en el estado. Matamoros, Tamaulipas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra de la sentencia en la que se decretó el sobreseimiento emitida el cuatro de julio de dos mil veintidós, dentro del juicio de amparo 284/2022-I, promovido por Alma Rosa Mireles Rangel; con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. Finalmente, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, once de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido el oficio 332/2022, firmado por el Secretario de Acuerdos de la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por medio del cual acusa recibo de la misiva 372/2022-I-2, del índice de este órgano jurisdiccional; en consecuencia, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo 284/2022-I, promovido por Alma Rosa Mireles Rangel, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, y de otra autoridad ; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN Y DATOS DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el ocho de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, turnado a este Juzgado de Distrito el nueve siguiente, Alma Rosa Mireles Rangel, promovió juicio de amparo indirecto, en el que, como autoridades responsables y actos reclamados señaló lo siguiente. AUTORIDADES RESPONSABLES. Juez Segundo de Primera Instancia Civil del Cuarto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad. Magistrado de la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Judicial, con residencia en Ciudad Victoria. ACTOS RECLAMADOS: "Lo es el acuerdo de fecha 02 de diciembre de 2021, dictado por la C. Juez Segundo de Primera Instancia Civil de esta ciudad, en el que se tiene por recibido el oficio 405/2021 de fecha 29 de noviembre de 2021, oficio que remitiera el C. Lic. José Luis Rico Cazares, Secretario de Acuerdos de la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien remitiera el oficio referido así como el testimonio de la resolución número 67 de fecha 12 de octubre del año en curso, dictada dentro del toca número 066/2021, constante de 49 fojas útiles deducido del folio número 212/2021, relativo a la Nulidad de Juicio concluido y nulidad de escritura pública promovido por Manuel Mireles Rangel, contra la C. Alma Rosa Mireles Rangel y Notario Público número 110 Lic. José Tomás Marín González, ya que el actor Manuel Mireles Rangel comparece a demandar en la vía sumaria civil el juicio en comento y el Magistrado de la Sala Séptima Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de oficio modifica la vía que pretende la parte actora a la ordinaria civil, manifestando que esta es la idónea de acuerdo al artículo 462, fracción I del Código de Procedimientos Civiles del Estado, luego entonces de oficio ordena admitir la demanda y que se me notifique, pero resulta que me notifican una demanda en la vía sumaria civil y sin que se me haga saber en qué norma o ley fundamentan la citada demanda, violentando flagrantemente lo dispuesto por el artículo 22, fracción V del Código de Procedimientos Civiles del Estado.(sic). Asimismo, narró los antecedentes del caso, señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA. Por acuerdo de diez de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de garantías, se registró en el libro de gobierno bajo el número 284/2022-I; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado; y, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos tuvo verificativo según el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en los términos de los artículos 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y puntos Segundo y Tercero del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece; ya que en la especie la ejecución de los actos reclamados tienen eficacia jurídica dentro de la demarcación territorial en la que este Juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario de garantías, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia número 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de dos mil, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, se tiene que los actos que la quejosa Alma Rosa Mireles Rangel reclama, consisten en: 1) La resolución número sesenta y siete emitida por el Magistrado de la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, el doce de octubre de dos mil veintiuno, dentro del toca 66/2021, en la cual ordena al Juez de primera instancia admitir en la vía ordinaria civil la demanda de nulidad de juicio concluido y nulidad de escritura pública promovida por Manuel Mireles Rangel, en contra de la aquí quejosa Alma Rosa Mireles Rangel y del Notario Público número 110, licenciado Tomás Marín González. 2) Como consecuencia de lo anterior, el auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, en el cual, en atención a la resolución citada con antelación, admitió a trámite en la vía ordinaria civil la demanda de nulidad de juicio concluido y nulidad de escritura pública promovida por Manuel Mireles Rangel, en contra de la aquí quejosa Alma Rosa Mireles Rangel y del Notario Público número 110, licenciado Tomás Marín González. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Magistrado de la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria y la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman (fojas 23 a 154 y 158 a 211). En consecuencia, los actos reclamados deberán tenerse por ciertos al tenor de la jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, lo anterior se corrobora con las documentales que anexaron a su informe justificado relativas expediente 394/2021 relativo al juicio ordinario civil sobre nulidad de juicio concluido y nulidad de escritura pública, así como del toca 66/2021 derivado del citado expediente, a las que se les confiere pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, por tratarse de documentos públicos, las cuales forman parte del presente expediente. Cobra aplicación la jurisprudencia número 226, del Pleno del Alto Tribunal, con número de registro digital 394182, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. ANTECEDENTES. Para una mejor comprensión del asunto, es necesario reseñar los antecedentes más relevantes del expediente 394/2021 relativo al juicio ordinario civil sobre nulidad de juicio concluido y nulidad de escritura pública del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, así como del toca 66/2021 llevado ante la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria: Mediante escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, Manuel Mireles Rangel compareció en la vía sumaria civil a demandar la nulidad de juicio concluido así como la nulidad de escritura pública en contra de Alma Rosa Mireles Rangel y del Notario Público número licenciado José Tomás Marín González. Por razón de turno, el veintinueve de abril del año próximo pasado, el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, tuvo por recibida la demanda en mención y previno a Manuel Mireles Rangel para que aclarara la vía del juicio que intenta en contra de Alma Rosa Mireles Rangel y del Notario Público número licenciado José Tomás Marín González. Posteriormente, el diez de mayo de dos mil veintiuno, el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, en esta ciudad, desechó la demanda intentada por Manuel Mireles Rangel, quien, al estar inconforme con dicho acuerdo, interpuso recurso de apelación, mismo que conoció el Magistrado de la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, bajo el toca 66/2021. Luego, el doce de octubre del año próximo pasado, se dictó la resolución número 67, emitida por el Magistrado de la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, dentro del toca 66/2021, en la que ordenó al Juez de primer grado admitir la demanda presentada por Manuel Mireles Rangel, en la vía ordinaria civil. Finalmente, el dos de diciembre del año pasado, el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, en esta ciudad, en atención a la resolución señalada en el párrafo anterior, admitió a trámite en la vía ordinaria la demanda de nulidad de juicio concluido y nulidad de escritura pública promovida por Manuel Mireles Rangel, en contra de la aquí quejosa Alma Rosa Mireles Rangel y del Notario Público número 110, licenciado Tomás Marín González. Determinaciones (4 y 5) las cuales, constituyen los actos reclamados en este juicio de amparo SEXTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia número 940, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, visible a página 1538, que dice: "IMPROCEDENCIA. Siendo el Juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causa que la funde." En el presente caso, se advierte que se se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, dado que no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio constitucional al no afectar ningún derecho sustantivo de la promovente. En ese orden de ideas, los artículos en comento establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "ARTICULO 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte".. De las citadas disposiciones legales, en la primera se establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley. Por su parte, el segundo artículo dispone, en su fracción relativa, que procederá el juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio, limitativamente cuando exista una afectación a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de los que sea parte el Estado Mexicano. Así, una interpretación en sentido contrario del artículo indicado en segundo término, permite establecer que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Cabe destacar que esta última disposición establece que por actos de imposible reparación se entiende "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.", con lo cual el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación. Al respecto, cabe señalar que el concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: 1. Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación, para efectos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo del gobernado protegido por la Constitución General de la República y en los tratados Internacionales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate. 2. No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Cobra aplicación la jurisprudencia del Pleno del Alto Tribunal, con número de registro digital 205651, publicada en la página 11, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Agosto 1992, bajo el rubro y texto siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Así, los derechos sustantivos protegidos por la Constitución que no pueden ser reparados mediante el dictado de la sentencia definitiva son aquellos que se refieren a los derechos personales o reales de los gobernados, que surten efectos independientemente de cualquier juicio o procedimiento. Por el contrario, los derechos de naturaleza adjetiva o procesal tienen como característica que surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de este el gobernado no los tenía, y si dichos derechos fueran violados, la sentencia definitiva que se dictara en favor del mismo agraviado podría tener como efecto su restitución, pues se repondría el procedimiento y se restablecería el derecho violado. En caso contrario, si la sentencia fuera contra el afectado y esas violaciones procesales trascendieran al resultado del fallo, el gobernado podría reclamarlas a través del juicio de amparo directo en términos de lo establecido en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en el presente asunto se advierte que Alma Rosa Mireles Rangel, presentó demanda de amparo en contra de los actos que reclamó del Magistrado de la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria y de la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, en esta ciudad, consistentes en: 1) La resolución número sesenta y siete emitida por el Magistrado de la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, el doce de octubre de dos mil veintiuno, dentro del toca 66/2021, en la cual ordena al Juez de primera instancia admitir en la vía ordinaria civil la demanda de nulidad de juicio concluido y nulidad de escritura pública promovida por Manuel Mireles Rangel, en contra de la aquí quejosa Alma Rosa Mireles Rangel y del Notario Público número 110, licenciado Tomás Marín González. 2) Como consecuencia de lo anterior, el auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, en el cual, en atención a la resolución citada con antelación, admitió a trámite en la vía ordinaria civil la demanda de nulidad de juicio concluido y nulidad de escritura pública promovida por Manuel Mireles Rangel, en contra de la aquí quejosa Alma Rosa Mireles Rangel y del Notario Público número 110, licenciado Tomás Marín González. En ese aspecto, este Juzgador considera que por el momento no tienen sobre la persona o la cosa de la impetrante de amparo una ejecución de imposible reparación, puesto que las determinaciones combatidas no afectan de modo directo e inmediato alguno los derechos sustantivos de la directamente agraviada, tales como la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión puesto que no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. Efectivamente, el proveído de dos de diciembre de dos mil veintiuno dictado dentro del expediente 394/2021, en el cual, en atención a la resolución número sesenta y siete emitida el doce de octubre del año próximo pasado, dentro del toca 66/2021, se admitió a trámite en la vía ordinaria civil la demanda de nulidad de juicio concluido y nulidad de escritura pública promovida por Manuel Mireles Rangel, únicamente produce el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener dicha admisión pueden no trascender a la esfera jurídica de la quejosa Alma Rosa Mireles Rangel. Por tanto, no resultan ser un acto de imposible reparación, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, toda vez que dichos actos no afectan de manera material, algún derecho sustantivo tutelado en la constitución, pues sería una violación, en contra de la cual, no resulta procedente el juicio de amparo indirecto. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia en materia común sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 942 del Tomo 2, Libro XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro digital 2001820, que señala: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN O VIOLACIÓN PROCESAL QUE AFECTE EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NO LO CONSTITUYE LA DETERMINACIÓN QUE ADMITE A TRÁMITE UNA DEMANDA DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. La admisión de una demanda de nulidad de juicio concluido, no constituye un acto que afecte en grado predominante o superior a los demandados, puesto que únicamente produce el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener dicha admisión pueden no trascender a su esfera jurídica. No pasa inadvertido que la institución procesal que está en juego con la admisión a trámite de este tipo de procedimientos, es la de la "cosa juzgada" del juicio concluido; sin embargo, ello no constituye un elemento válido para establecer la procedencia del amparo indirecto pues, en todo caso, será la sentencia que recaiga a dicho procedimiento, la que pudiera repercutir en la cosa juzgada del juicio que concluyó." Lo que es indiscutible que, las determinaciones reclamadas que ordenan la admisión del juicio de origen, únicamente afectan derechos meramente procesales a diferencia de los derechos sustantivos que podrían verse afectados si el acto reprochado fuera un auto de exquendo, ya que, contrario a lo aquí reclamado, dicha determinación sí trae aparejada ejecución. En cambio, como se dijo, las actuaciones reclamadas en este juicio de amparo, no representan un acto de imposible reparación al no afectar ningún derecho sustantivo de la quejosa, como es la propiedad o posesión del inmueble afecto; por lo que se evidencia que de momento no causa un perjuicio directo a la agraviada. Entonces, es inconcuso que contra dichas determinaciones resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, debido a que los actos reclamados únicamente violan derechos adjetivos dentro del procedimiento que conlleva a formalidades que no afectan de manera irreparable la esfera jurídica de la parte quejosa, pues en este momento procesal se desconoce si las violaciones que refiere haber resentido, vayan o no a trascender en la sentencia que se dicte dentro del expediente 394/2021 de origen. Lo anterior es así, pues independientemente de que la violación procesal pueda o no causar un perjuicio predominante o de grado superior o grave, la Ley de Amparo es clara al señalar que el amparo indirecto procederá únicamente cuando se reclamen actos cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por tales actos deberá entenderse, únicamente, "los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Apoya lo anterior la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, página 1539, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En consecuencia, al haber operado la causal de improcedencia en estudio, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, en vinculación además con el numeral en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin que resulte necesario el estudio de diversa causa de improcedencia. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2a./J. 54/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 414, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución.". Ante el sentido alcanzado, este órgano de control constitucional se encuentra legalmente imposibilitado para pronunciarse respecto al fondo del problema jurídico planteado, en atención a la existencia de una causa que hace improcedente el juicio constitucional, acorde con lo previsto en la jurisprudencia II.3o. J/58 emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en el número 70, Octubre de 1993, página 57, de rubro y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente.". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 74, 75, 76, 77, 215 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Alma Rosa Mireles Rangel. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, hasta el día cuatro de julio de dos mil veintidós, fecha en que se terminó de engrosar, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa así como al tercero interesado Manuel Mireles Rangel, la resolución con engrose de cuatro de julio de dos mil veintidós, por medio de lista, al no haber acudido al este Juzgado de Distrito a recibir la notificación de manera personal.

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