Alma Rosa Medina Vizcaíno y Otros.
Expediente 69/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 69/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 23/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Alma Rosa Medina Vizcaíno y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de garantías en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada **, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia del titular, autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe. .
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de mayo de dos mil diecisiete. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo *******, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. En la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete se recibió la demanda que dio origen al juicio, misma que fue turnada el mismo día, a este Juzgado de Distrito. En el escrito inicial la quejosa *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, a quien le reclamó el acto siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada como responsable Ordenadora, reclamo la Sentencia Interlocutoria dictada con fecha cinco de enero de dos mil diecisiete dictada dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por la suscrita LIC. ******* por mi propio derecho y la C. LICENCIADA ******* como Endosataria en Procuración de la suscrita, en contra de los señores ******* Y/O ******* Y/O *******, radicado ante el Juzgado Cuarto Civil del Distrito Bravos, Chihuahua, bajo el expediente Número *******. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de uno de febrero de dos mil diecisiete, la demanda se registró en el libro de gobierno correspondiente, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado de la autoridad responsable, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se emplazó a juicio a los terceros interesados; además, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo toda vez que se reclama un acto dictado por un juez civil residente en esta ciudad y cuya ejecución tiene lugar también en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambas legislaciones vigentes al dos de abril de dos mil trece, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclama: Del Juez Cuarto de lo Civil del distrito judicial Bravos, la sentencia interlocutoria de cinco de enero de dos mil diecisiete, en el juicio Ejecutivo Mercantil *******. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente, que será estudiado enseguida. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Juez Cuarto de lo Civil del distrito judicial Bravos, con morada en esta localidad, al rendir su informe justificado aceptó la emisión de la resolución de cinco de enero de dos mil diecisiete en el expediente *******, relativa al incidente de liquidación de intereses, gastos y costas. En tal tesitura, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo debe tenerse por cierta su existencia, dado que no existe prueba que la desvirtúe y, por el contrario, se encuentra robustecida con la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil ******* que la autoridad remitió al rendir su informe con justificación; probanzas a las cuales se les reconoce valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. La valoración asignada a esas documentales tiene sustento en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 394182, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. De manera que, ante la manifestación expresa de la autoridad a que se ha hecho referencia respecto de la existencia de la determinación impugnada y la acreditación de la misma con las pruebas aportadas se tiene como cierto el acto. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. La improcedencia es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. En otras palabras, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, misma en la que textualmente se establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Como puede advertirse claramente, la causa de improcedencia contenida en la fracción transcrita se encuentra motivada por el hecho de que la parte amparista no agotó, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar, la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado principio de definitividad supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio ordinario sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos lesivos. En relación con dicho principio, conviene citar el contenido de los artículos 1338, 1339 y 1348 del Código de Comercio, donde se establece: 1338. La apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y en el suspensivo, o sólo en el primero pudiendo ser éste, de tramitación inmediata o conjunta con la definitiva, según sea el caso. 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $593,712.73 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente [.] Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. [.] Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. [.] 1348. Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resolución será apelable en el efecto devolutivo, de tramitación inmediata De los preceptos en cita, se advierte que el Código de Comercio, contempla un sistema de impugnación que permite la defensa de los gobernados y con la interposición del recurso la posibilidad de revocar o modificar la resolución que se haya cuestionado. En el caso, del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de cinco de enero de dos mil diecisiete, dictada en el juicio ejecutivo mercantil *******, por el juez responsable, relativa al incidente de liquidación. Ahora, del citado ordenamiento legal, se desprende que serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente, como es el caso -incidente de liquidación- o cuando así lo establezca expresamente la legislación. Bajo esas premisas, procede el recurso el recurso de apelación a que alude el artículo 1339, del citado código, pues éste se puede interponer contra autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente, cuyo efecto es anular, modificar o revocar la determinación que se cuestiona. En el caso, la parte quejosa se duele que el juez responsable, el cinco de enero de dos mil diecisiete, dictó sentencia interlocutoria de liquidación de intereses, gastos y costas. Tal determinación además de tratarse de la resolución de un incidente, debe ser apelada porque así expresamente se establece en el numeral 1348 del propio Código de Comercio, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1339 del mismo ordenamiento legal (que establece son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $593,712.73 por concepto de suerte principal), toda vez que el primer numeral prevé una ley especial y el segundo la general. De tal suerte que, en atención al apotegma lex specialis derogat legi generali, que se traduce en el principio especialidad de la norma la ley especial tiene preferencia sobre la general. Y, si fue voluntad del legislador que de manera expresa ese tipo de resoluciones, como la que en la especie se reclama, sean verificadas en apelación por el órgano superior, a ello debe atender el operador jurídico para desplazar cualquier interpretación contraria. Apoya lo anterior, la tesis XXI. 1º. 83 C sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 693, Tomo VI, Septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 197793, cuyo rubro y texto establecen: INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE (LEGISLACIÓN MERCANTIL). En términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente en contra de las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; por tanto, en contra de la interlocutoria que resuelva el incidente de liquidación, debe agotarse el recurso de apelación a que se refiere el artículo 1348 del Código de Comercio, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, al disponerlo así expresamente dicho precepto, a diferencia del anterior, que no lo establecía. En este orden de ideas, debe concluirse que al no agotarse dicho medio ordinario de defensa se incurre en la inobservancia del principio de definitividad. En efecto, previamente a la promoción del presente amparo, se debió interponer el citado medio de defensa para lograr que la resolución interlocutoria reclamada fuera examinada, en virtud de que se considera que con dicho recurso podía ser modificada o revocada. Por ello, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y, por ende, se sobresee en términos del numeral 63, fracción V, de la propia ley. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Cabe decir que de la demanda de amparo se advierte que las quejosas son parte formal en la contienda de origen y tiene conocimiento del contenido del acto reclamado, pues lo manifiesta bajo protesta de decir verdad, particularidad que refleja que la parte amparista estuvo en posibilidad de interponer el referido medio ordinario de defensa. Sin embargo, no lo hizo, evidenciando de esa manera el incumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. También se apunta que no se advierte que se esté en presencia de algún supuesto de excepción al principio de definitividad. En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, en términos del diverso numeral 63, fracción V, de la legislación reglamentaria en consulta. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 61, fracción XVIII, 63, fracción V, 73, 74, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo ******* promovido por *******, por las razones expresadas en el considerando cuarto del presente fallo. Notifíquese Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de la quejosa por medio del cual informa a quien le recae el carácter de albacea de la sucesión del tercero interesado **, por lo que, de conformidad con el artículo 16 de la Ley de Amparo, se levanta el suspenso, se ordena emplazar a juicio a ** como albacea de la sucesión a bienes del tercero interesado ** en el domicilio ubicado en calle ***, de esta ciudad. Asimismo, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo se señalan las diez horas del tres de mayo de dos mil diecisiete a fin de que se lleve a cabo la audiencia constitucional. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de la quejosa, en atención a las copias que solicita, dígasele que se esté a lo acordado en el auto inicial de primero de febrero de dos mil diecisiete en el que se encuentra autorizada la expedición de copias y se faculta para recibirlas a las personas que refiere en su ocurso, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.ahn
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