ALMA ROSA LEGORRETA ANTONIO y Otros.
Expediente 617/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 617/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- ALMA ROSA LEGORRETA ANTONIO y Otros.
- Alma Rosa Legorreta Antonio
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, once de diciembre de dos mil diecinueve. 1. Agréguese el escrito signado por Mario Barriga Rico, representante de la parte quejosa, por medio del cual, se le tiene desahogando la prevención formulada en autos. En atención a lo anterior, este órgano jurisdiccional emite la determinación siguiente: 2. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En el caso, este juzgado advierte la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. La parte quejosa reclama la audiencia de remate en primera almoneda de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, emitida por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, dentro del juicio ejecutivo mercantil 103/2015, en el que se declaró fincado el remate en favor de Jesús Fernando Villanueva Romero, por la cantidad de $1,383,000.00 (un millón trescientos ochenta y tres mil pesos 00/100 moneda nacional), respecto del bien consistente en el predio urbano con la construcción que contiene destinada a casa habitación, ubicado en calle Cinco de Mayo número 22, Colonia Centro, del municipio de Uruapan, Michoacán, inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado, con sede en esta ciudad, a nombre de Norma Yesenia Gómez Guerrero, bajo el número 30, del tomo 3018, del libro de Propiedad, en cuyo procedimiento no fueron llamados a deducir sus derechos. En ese sentido, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción IV del artículo 107 del mismo ordenamiento legal, las cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:." "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede:.." "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De los citados artículos se advierte que el amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales administrativos, agrarios o del trabajo, emitidos fuera de juicio o después de concluido; sin embargo, tratándose del procedimiento de remate, el amparo procederá únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Bajo ese contexto legal, el acto reclamado no tiene el carácter de última resolución en el procedimiento de remate, pues únicamente tiene como finalidad que se lleve a cabo la audiencia de remate respecto del citado bien, en el referido juicio ejecutivo mercantil 103/2015. Por tanto, no ha ocurrido el supuesto para que proceda el juicio de amparo indirecto en el periodo de ejecución de sentencia, en la medida en que, como ya se dijo, sólo cabe contra la última resolución dictada en ese procedimiento, entendida como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. De ahí que no pueda estimarse que el acto reclamado satisfaga las características establecidas en la Ley de Amparo, para considerarlo como la última resolución dictada en el procedimiento de remate, pues será hasta entonces que la parte afectada podrá acudir al juicio de amparo indirecto a hacer valer las violaciones cometidas durante dicho procedimiento. Resulta exactamente aplicable al caso, la Jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. Así como, la diversa la tesis P./J.32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." La diversa jurisprudencia 1a./J. 36/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." También es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 57/2019 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal Constitucional, cuyo de rubro y texto se citan a continuación: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo". No es óbice a lo anotado, el hecho de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia firme estableció, que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Dicho criterio lo sostuvo el más Alto Tribunal del País en la jurisprudencia P./J. 108/2010, visible en la página 6, Tomo: XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Pues tal criterio no es aplicable al caso, ya que el referido acto reclamado, no es de aquéllos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, contra los cuales sí es procedente el juicio de amparo en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. En ese tenor, de conformidad con lo expuesto, es patente la actualización de la causa de improcedencia precisada, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR la demanda de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario José Martín Narciso Pérez.
- Principal
R.- Uruapan, Michoacán, once de diciembre de dos mil diecinueve. 1. Agréguese el escrito signado por Mario Barriga Rico, representante de la parte quejosa, por medio del cual, se le tiene desahogando la prevención formulada en autos. En atención a lo anterior, este órgano jurisdiccional emite la determinación siguiente: 2. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En el caso, este juzgado advierte la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. La parte quejosa reclama la audiencia de remate en primera almoneda de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, emitida por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, dentro del juicio ejecutivo mercantil 103/2015, en el que se declaró fincado el remate en favor de Jesús Fernando Villanueva Romero, por la cantidad de $1,383,000.00 (un millón trescientos ochenta y tres mil pesos 00/100 moneda nacional), respecto del bien consistente en el predio urbano con la construcción que contiene destinada a casa habitación, ubicado en calle Cinco de Mayo número 22, Colonia Centro, del municipio de Uruapan, Michoacán, inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado, con sede en esta ciudad, a nombre de Norma Yesenia Gómez Guerrero, bajo el número 30, del tomo 3018, del libro de Propiedad, en cuyo procedimiento no fueron llamados a deducir sus derechos. En ese sentido, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción IV del artículo 107 del mismo ordenamiento legal, las cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:." "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede:.." "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De los citados artículos se advierte que el amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales administrativos, agrarios o del trabajo, emitidos fuera de juicio o después de concluido; sin embargo, tratándose del procedimiento de remate, el amparo procederá únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Bajo ese contexto legal, el acto reclamado no tiene el carácter de última resolución en el procedimiento de remate, pues únicamente tiene como finalidad que se lleve a cabo la audiencia de remate respecto del citado bien, en el referido juicio ejecutivo mercantil 103/2015. Por tanto, no ha ocurrido el supuesto para que proceda el juicio de amparo indirecto en el periodo de ejecución de sentencia, en la medida en que, como ya se dijo, sólo cabe contra la última resolución dictada en ese procedimiento, entendida como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. De ahí que no pueda estimarse que el acto reclamado satisfaga las características establecidas en la Ley de Amparo, para considerarlo como la última resolución dictada en el procedimiento de remate, pues será hasta entonces que la parte afectada podrá acudir al juicio de amparo indirecto a hacer valer las violaciones cometidas durante dicho procedimiento. Resulta exactamente aplicable al caso, la Jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. Así como, la diversa la tesis P./J.32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." La diversa jurisprudencia 1a./J. 36/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." También es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 57/2019 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal Constitucional, cuyo de rubro y texto se citan a continuación: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo". No es óbice a lo anotado, el hecho de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia firme estableció, que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Dicho criterio lo sostuvo el más Alto Tribunal del País en la jurisprudencia P./J. 108/2010, visible en la página 6, Tomo: XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Pues tal criterio no es aplicable al caso, ya que el referido acto reclamado, no es de aquéllos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, contra los cuales sí es procedente el juicio de amparo en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. En ese tenor, de conformidad con lo expuesto, es patente la actualización de la causa de improcedencia precisada, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR la demanda de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario José Martín Narciso Pérez.
- Principal
Uruapan, Michoacán, seis de diciembre de dos mil diecinueve. 1. Vista la demanda de amparo promovida por Alma Rosa Legorreta Antonio, Yaneth Arisbe Zirangua Aguilar, Ithan Brian Pineda Gómez, Guadalupe Vanessa Legorreta Antonio, Yolanda Rivas Barón, Noé Meza Marcial, Aida Tzetzangari León Briseño, María del Refugio Flores Ordaz, Ángel Eduardo Gómez Alvarado y María del Refugio Alvarado Jiménez, contra actos del Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 617/2019. 2. PREVENCIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 114, fracción V, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, por escrito, realice lo siguiente: Bajo protesta de decir verdad y anexando las correspondientes copias para correr traslado, manifieste lo siguiente: El sentido en el que se resolvió la audiencia de remate en primera almoneda en el juicio ejecutivo mercantil 103/2015, celebrada el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, que constituye el acto reclamado; esto es, cuáles fueron los bienes rematados y a quiénes les fueron adjudicados. Señale si contra dicha determinación interpuso algún medio ordinario de impugnación. 3. APERCIBIMIENTO. Se apercibe al promovente, que de no cumplir con la prevención que antecede en el plazo concedido para hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda. 4. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda; como autorizados con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Mario Barriga Rico, en virtud de que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se localizó cédula a nombre de los citados profesionistas, que los faculta para ejercer la profesión de licenciados en derecho y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Juan Manuel Madrigal Rodríguez, Nancy Nohemí Sánchez Hermosillo y Alejandro Madrigal Rodríguez, hasta en tanto, acrediten encontrarse facultados para ejercer dicha profesión. 5. REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA. En su atención, y toda vez que no se advierte dato alguno que, objetivamente, permita inferir algún riesgo desde este momento se le autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de todas y cada una de las constancias que integren el presente juicio de amparo, con excepción de la documentación o información que tenga el carácter de confidencial o reservada. En el entendido de que las constancias obtenidas por medio de cámaras fotográficas u otros medios electrónicos no podrán ser modificadas o alteradas de las originales que obran glosadas en el presente juicio de amparo, quedando bajo su más estricta responsabilidad en caso de que así sea. Además de que no pueden exhibirse a personas ajenas al juicio, cuando ello implique imponerlas de los datos personales de las partes en el juicio de amparo, quedando igualmente, bajo su más estricta responsabilidad, el mal uso que, respecto de los mismos se pueda dar. 6. REPRESENTANTE COMÚN. Con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérales a los pormoventes para que, en el término de tres días, designen representante común, apercibidos que de no hacerlo, esta autoridad tendrá con tal carácter a Alma Rosa Legorreta Antonio. 7. PUBLICIDAD DE LA SENTENCIA Y DEL EXPEDIENTE. Hágase saber a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten; y que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 8. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO. En atención a la solitud de devolución del original del acuerdo de radicación del juicio de origen, dígasele a la parte quejosa que no ha lugar, toda vez que no lo adjuntó a su escrito de demanda. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario José Martín Narciso Pérez. Blv. Vista la cuenta que antecede, este órgano de control constitucional, emite las determinaciones siguientes: 1. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1 fracción I, 33 fracción IV, 37, 107, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Alma Rosa Legorreta Antonio, Yaneth Arisbe Zirangua Aguilar, Ithan Brian Pineda Gómez, Guadalupe Vanessa Legorreta Antonio, Yolanda Rivas Barón, Noé Meza Marcial, Aida Tzetzangari León Briseño, María del Refugio Flores Ordaz, Ángel Eduardo Gómez Alvarado y María del Refugio Alvarado Jiménez, por derecho propio, contra actos del Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 617/2019. 2. SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión del acto reclamado, por no haberse solicitado expresamente. 3. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Cítese a las partes a la audiencia constitucional, que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 4. INFORME JUSTIFICADO. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá: 4.1. Rendirlo en el término de QUINCE DÍAS, legalmente computado; y, 4.2. Remitir copia certificada legible de las constancias que sean necesarias para resolver el presente juicio. Apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. 5. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO. Solicítese a las partes que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este juzgado, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo; apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $2,534.00 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), como lo dispone el numeral 251 del citado ordenamiento. 6. TERCERO INTERESADO. En términos del artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de tercero interesado a Norma Yesenia Gómez Guerrero, con domicilio ubicado en calle 5 de mayo número 22-A, Colonia Centro; y Jesús Fernando Villanueva Romero, con domicilio en la calle Pinabetes número 84, del Fraccionamiento Huertas del Cupatitzio, ambos en de esta ciudad. 7. MINISTERIO PÚBLICO. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5, fracción IV, del ordenamiento legal en cita. 8. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda; como autorizados con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Mario Barriga Rico, en virtud de que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se localizó cédula a nombre de los citados profesionistas, que los faculta para ejercer la profesión de licenciados en derecho y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Juan Manuel Madrigal Rodríguez, Nancy Nohemí Sánchez Hermosillo y Alejandro Madrigal Rodríguez, hasta en tanto, acrediten encontrarse facultados para ejercer dicha profesión; de igual forma se autoriza a los quejosos y autorizados el uso de fotografías para la consulta del presente expediente. 9. PUBLICIDAD DE LA SENTENCIA Y DEL EXPEDIENTE. Hágase saber a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten; y que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 10. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO. En atención a la solitud de devolución del original del acuerdo de radicación del juicio de origen, dígasele a la parte quejosa que no ha lugar, toda vez que no lo adjuntó a su escrito de demanda. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario José Martín Narciso Pérez. Blv.
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R.- Uruapan, Michoacán, seis de diciembre de dos mil diecinueve. 1. Vista la demanda de amparo promovida por Alma Rosa Legorreta Antonio, Yaneth Arisbe Zirangua Aguilar, Ithan Brian Pineda Gómez, Guadalupe Vanessa Legorreta Antonio, Yolanda Rivas Barón, Noé Meza Marcial, Aida Tzetzangari León Briseño, María del Refugio Flores Ordaz, Ángel Eduardo Gómez Alvarado y María del Refugio Alvarado Jiménez, contra actos del Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 617/2019. 2. PREVENCIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 114, fracción V, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, por escrito, realice lo siguiente: Bajo protesta de decir verdad y anexando las correspondientes copias para correr traslado, manifieste lo siguiente: El sentido en el que se resolvió la audiencia de remate en primera almoneda en el juicio ejecutivo mercantil 103/2015, celebrada el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, que constituye el acto reclamado; esto es, cuáles fueron los bienes rematados y a quiénes les fueron adjudicados. Señale si contra dicha determinación interpuso algún medio ordinario de impugnación. 3. APERCIBIMIENTO. Se apercibe al promovente, que de no cumplir con la prevención que antecede en el plazo concedido para hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda. 4. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda; como autorizados con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Mario Barriga Rico, en virtud de que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se localizó cédula a nombre de los citados profesionistas, que los faculta para ejercer la profesión de licenciados en derecho y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Juan Manuel Madrigal Rodríguez, Nancy Nohemí Sánchez Hermosillo y Alejandro Madrigal Rodríguez, hasta en tanto, acrediten encontrarse facultados para ejercer dicha profesión. 5. REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA. En su atención, y toda vez que no se advierte dato alguno que, objetivamente, permita inferir algún riesgo desde este momento se le autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de todas y cada una de las constancias que integren el presente juicio de amparo, con excepción de la documentación o información que tenga el carácter de confidencial o reservada. En el entendido de que las constancias obtenidas por medio de cámaras fotográficas u otros medios electrónicos no podrán ser modificadas o alteradas de las originales que obran glosadas en el presente juicio de amparo, quedando bajo su más estricta responsabilidad en caso de que así sea. Además de que no pueden exhibirse a personas ajenas al juicio, cuando ello implique imponerlas de los datos personales de las partes en el juicio de amparo, quedando igualmente, bajo su más estricta responsabilidad, el mal uso que, respecto de los mismos se pueda dar. 6. REPRESENTANTE COMÚN. Con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérales a los pormoventes para que, en el término de tres días, designen representante común, apercibidos que de no hacerlo, esta autoridad tendrá con tal carácter a Alma Rosa Legorreta Antonio. 7. PUBLICIDAD DE LA SENTENCIA Y DEL EXPEDIENTE. Hágase saber a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten; y que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 8. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO. En atención a la solitud de devolución del original del acuerdo de radicación del juicio de origen, dígasele a la parte quejosa que no ha lugar, toda vez que no lo adjuntó a su escrito de demanda. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario José Martín Narciso Pérez. Blv. Vista la cuenta que antecede, este órgano de control constitucional, emite las determinaciones siguientes: 1. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1 fracción I, 33 fracción IV, 37, 107, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Alma Rosa Legorreta Antonio, Yaneth Arisbe Zirangua Aguilar, Ithan Brian Pineda Gómez, Guadalupe Vanessa Legorreta Antonio, Yolanda Rivas Barón, Noé Meza Marcial, Aida Tzetzangari León Briseño, María del Refugio Flores Ordaz, Ángel Eduardo Gómez Alvarado y María del Refugio Alvarado Jiménez, por derecho propio, contra actos del Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 617/2019. 2. SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión del acto reclamado, por no haberse solicitado expresamente. 3. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Cítese a las partes a la audiencia constitucional, que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 4. INFORME JUSTIFICADO. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá: 4.1. Rendirlo en el término de QUINCE DÍAS, legalmente computado; y, 4.2. Remitir copia certificada legible de las constancias que sean necesarias para resolver el presente juicio. Apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. 5. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO. Solicítese a las partes que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este juzgado, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo; apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $2,534.00 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), como lo dispone el numeral 251 del citado ordenamiento. 6. TERCERO INTERESADO. En términos del artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de tercero interesado a Norma Yesenia Gómez Guerrero, con domicilio ubicado en calle 5 de mayo número 22-A, Colonia Centro; y Jesús Fernando Villanueva Romero, con domicilio en la calle Pinabetes número 84, del Fraccionamiento Huertas del Cupatitzio, ambos en de esta ciudad. 7. MINISTERIO PÚBLICO. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5, fracción IV, del ordenamiento legal en cita. 8. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda; como autorizados con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Mario Barriga Rico, en virtud de que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se localizó cédula a nombre de los citados profesionistas, que los faculta para ejercer la profesión de licenciados en derecho y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Juan Manuel Madrigal Rodríguez, Nancy Nohemí Sánchez Hermosillo y Alejandro Madrigal Rodríguez, hasta en tanto, acrediten encontrarse facultados para ejercer dicha profesión; de igual forma se autoriza a los quejosos y autorizados el uso de fotografías para la consulta del presente expediente. 9. PUBLICIDAD DE LA SENTENCIA Y DEL EXPEDIENTE. Hágase saber a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten; y que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 10. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO. En atención a la solitud de devolución del original del acuerdo de radicación del juicio de origen, dígasele a la parte quejosa que no ha lugar, toda vez que no lo adjuntó a su escrito de demanda. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario José Martín Narciso Pérez.
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