Alma Rosa Hernández Gutiérrez

Expediente 353/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
353/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
06/06/2019

Partes del expediente

  • Alma Rosa Hernández Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta y glósese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, firmado por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en la ciudad de Guanajuato, por el que acusa recibo del diverso 7261/2019, por el cual le fue notificado el proveído de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, en el que se declaró que el diverso auto de veinticinco de abril del presente año, en que se desechó de plano la demanda promovida, causó estado. En otro orden, el Magistrado responsable solicita copia certificada del proveído de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, en que se desechó la demanda génesis del presente sumario; como lo pide, con transcripción del presente proveído, y al no existir inconveniente legal, remítasele copia autorizada de la constancia que indica.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, de la cual se advierte que no se interpuso el recurso de QUEJA previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Nueva Ley de Amparo, en contra del auto de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en relación con su numeral 2°, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, ARCHÍVESE el presente juicio de amparo, por tratarse de un asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo solicitada, éste expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado. En último orden, respecto de las constancias que integran el Toca Civil 112/2019, del índice de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, como las diversas que conforman las copias certificadas del Juicio Ordinario Civil C-0349/2017, y que remitió al Tribunal de Alzada; al resultar innecesario su retención, devuélvase a su lugar de origen y solicítese el acuse de recibo respectivo.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en la ciudad de Guanajuato, al que adjunta sin diligenciar el Exhorto número 34/2019, que le fue enviado para que por su conducto notificara, requiriera y apercibiera a la promovente del amparo ***, por conducto de su Mandataria Judicial ***, en términos del proveído de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, por los motivos asentados en razón actuarial de seis de mayo de dos mil diecinueve. Háganse las anotaciones correspondientes y acúsese el recibo de estilo. Ahora bien, analizado que fue el contenido de la razón actuarial de seis de mayo de dos mil diecinueve, asentada por la actuaria judicial adscrita al Juzgado Federal oficiante, en la que se aprecia que no fue posible notificar aquél auto a la parte promovente del amparo, toda vez que al constituirse en el domicilio indicado para ello, fue informado por una persona del sexo masculino de nombre ***, quien le indicó que es el domicilio buscado, y no conoce a la persona requerida y por tal motivo no puede recibir sus notificaciones y que hace como siete años que su esposo falleció y él tenía en ese domicilio su despacho, pero ya nadie lo trabaja. Por tanto, hasta en tanto se haga el señalamiento correspondiente de conformidad con el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo; la notificación de este auto y los subsecuentes que tengan ese carácter realícense a la indicada promovente por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este Juzgado de la Federación, con fundamento en el artículo 29, de la invocada Ley. AUTO DE VEINTICINCO DE ABRIL DE ESTA ANUALIDAD, QUE EN LO CONDUCENTE INDICA: Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio el oficio 1593 de la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al que adjunta por incompetencia legal, la demanda de amparo promovida por ***, por conducto de su Mandataria Judicial ***; contra el acto que reclama de la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en dicha ciudad Capital; que estima violatorio de los derechos que se encuentran consagrados en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 353/2019, anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. De conformidad con lo dispuesto por el Tribunal Colegiado declinante en su acuerdo de quince de abril de dos mil diecinueve, dictado en los autos del expediente relativo al Amparo Directo Civil ***, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con sede en Celaya, se avoca al conocimiento de la demanda de amparo. Acúsese el recibo de estilo e infórmese lo anterior para los efectos legales conducentes. Ahora bien, una vez analizada la demanda promovida y documentales que a la misma se adjuntaron, las constancias que integran el Toca Civil 112/2019, del índice de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, como las diversas que conforman las copias certificadas del Juicio Ordinario Civil ***, de conformidad con lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, se obtiene que la misma resulta improcedente, por lo que procede desecharla. El numeral en cita, a la letra establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, ***, por conducto de su Mandataria Judicial ***; solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que hace consistir en la resolución de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, dictada por la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guanajuato, a través de la cual se determinó la procedencia de la cuestión de competencia por declinatoria planteada por el tercero llamado al Juicio Ordinario Civil ***, y en consecuencia que la jurisdicción para dirimir la controversia planteada en el mismo era ajena a los Tribunales Civiles; ordenando la remisión del asunto a la Comisión Federal de Electricidad para que instruyera lo conducente en términos de lo previsto en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. En ese orden, el suscrito Juzgador Federal, advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, lo cual trae como corolario desechar de plano la demanda en estudio, por su notoria e indudable improcedencia. En efecto los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Atendiendo al acto que se reclama en la demanda de amparo, es claro que dicho reclamo no se trata de un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, para la procedencia del juicio Constitucional en la vía biinstancial, pues únicamente produce efectos intraprocesales, los cuales, en su caso, se traducen en violaciones a derechos de carácter adjetivo o procesal. De la interpretación armónica y sistemática de los preceptos legales transcritos se obtiene que los actos procesales que pueden reclamarse en amparo indirecto son aquéllos que traen consigo una ejecución de imposible reparación, es decir, que por regla general el amparo biinstancial es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela procesal, por ser propio del amparo directo, y que sólo en casos verdaderamente excepcionales en que efectivamente el acto procesal afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado procederá el amparo ante el Juez de Distrito, pues incluso de obtener sentencia favorable el solicitante de amparo desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en la demanda de amparo directo que se promueva contra la resolución que ponga fin al juicio. En efecto, se estima que el acto que se reclama no constituye una violación que sea de imposible reparación, habida cuenta que la resolución reclamada que determinó la procedencia de la cuestión de competencia por declinatoria planteada por el tercero llamado al Juicio Ordinario Civil ***, y en consecuencia que la jurisdicción para dirimir la controversia planteada en el mismo era ajena a los Tribunales Civiles; ordenando la remisión del asunto a la Comisión Federal de Electricidad para que instruyera lo conducente en términos de lo previsto en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo; NO OBLIGA en el caso, a la Comisión Federal de Electricidad, ya que precisamente tendrá que ser la última autoridad en cita, quien acepte o rechace la competencia declinada. Por consiguiente, en este caso, no procede el amparo indirecto en contra de la determinación del Tribunal Superior. Por su puntual aplicación, se cita la jurisprudencia 17/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción de tesis, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, agosto de 2015, Tomo I, Materia Común, página 5, del tenor literal siguiente: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. En consecuencia, lo procedente es DESECHAR por su notoria e indudable improcedencia, la demanda de amparo en estudio, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la materia. Para mejor manejo del expediente en que se actúa, las constancias que se reciben, guárdense por separado y fórmense tres cuadernos de pruebas correspondientes. Asimismo, téngase como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados ***, toda vez que su cédula profesional no se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que lo autorice a ejercer la profesión de abogado y únicamente en términos restringidos del precitado numeral a la diversa profesionista que señala, por incumplir con dicho requisito. En este orden, toda vez que la parte promovente señaló como lugar para recibir notificaciones el ubicado en calle de Alhóndiga número 39, zona centro en Guanajuato capital; en consecuencia, con fundamento en los artículos 299 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado en turno, residente en la ciudad de Guanajuato, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda, se constituya en el domicilio señalado, requiera de la presencia de ***, por conducto de su Mandataria Judicial **, hecho lo anterior, le notifique el contenido íntegro del presente proveído; le requiera para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos su legal notificación, señale domicilio en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, para recibir notificaciones de carácter personal, y le aperciba que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones que tengan ese carácter, se le harán por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este Juzgado Federal, conforme a las reglas que al efecto establece el artículo 29 de la Ley de Amparo. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.

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