Alma Rosa Gonzalez Valdez
Expediente 1088/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1088/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/11/2021
Partes del expediente
- Alma Rosa Gonzalez Valdez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el Acuerdo General 20/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia; se provee lo siguiente: Firmeza procesal. La certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho auto ha adquirido firmeza procesal, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. ...
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia y las personas en situación de vulnerabilidad; se provee lo siguiente: Radicación de la demanda. Por recibida la demanda de amparo promovida por Luis Gonzalo Botello Ortiz apoderado legal de la quejosa Alma Rosa González Valdés y/o Alma Rosa González Valdez, contra actos de los Integrantes del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Calidad que acredita con la carta poder anexada a su escrito de demanda. Precisión del acto reclamado. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados consisten en los siguientes: a) La omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dictar laudo en el expediente 2645/2019 de su índice; y b) El cumplimiento del laudo, así como su seguimiento del trámite del expediente 2645/2019 hasta su conclusión. Tal precisión se realiza en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: ... Fórmese el expediente físico y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, con el número 1088/2021-VI. DESECHAMIENTO. En relación al acto reclamado precisado en el inciso a), con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de cuenta, al advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia tal y como se indica a continuación. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: ....El numeral reproducido en primer término prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Mientras que el arábigo 107, fracción V, de la Ley de la Materia, establece la procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, es decir, aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. En ese sentido, el acto reclamado que se estudia en este apartado es la omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dictar laudo en el expediente 2645/2019 de su índice. Por lo que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trascienden en el interior o trámite del juicio laboral que se tramita ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; de ahí que contra tales violaciones resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. Ahora bien, conviene destacar lo que debe entenderse por actos de imposible reparación. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Por tanto, de acuerdo con lo sustentado por el Máximo Tribunal del País, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo cual equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, expresión opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Así, cuando un particular se inconforma exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violación al artículo 8o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Ahora, es importante señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció al respecto en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), en la que sostuvo medularmente que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Criterio anterior que dio origen a la diversa 2a./J. 33/2019 (10a.), donde la citada Sala del máximo Tribunal estimó que resultaría difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecer de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, por lo que debía complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determinara que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procedía cuando transcurrieran más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, lo anterior, si se tomaba en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. La citada jurisprudencia fue aprobada, en sesión privada del treinta de enero de dos mil diecinueve, y publicada el viernes uno de marzo de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, Décima Época, número de registro 2019400, de rubro y texto siguientes: ...Cabe precisar que si bien es cierto dicho criterio analiza el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, lo cierto es que la ley burocrática aplicable al caso concreto, no establece un plazo para que se actualice la caducidad, es por ello, que se tiene que acudir a la supletoriedad de la ley, en términos del artículo 193 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México, por ende, que se estime aplicable al presente asunto. Por otra parte, es de destacarse que el artículo 242 y 242 Bis de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México, por ende, que se estime aplicable al presente asunto, establece que al declarar cerrada la instrucción se debe de emitir el laudo con un término no mayor a quince días. ... De ahí que, si el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en el expediente de origen se ordenó turnar los autos para dictar el laudo correspondiente; el plazo de quince días a que se refieren el citado artículo, feneció el veintidós de septiembre del año en curso, de conformidad con el artículo en cita. Luego, el plazo de cuarenta y cinco días naturales que se menciona en el criterio jurisprudencial ya reproducido, transcurrirá del veintitrés de septiembre al seis de noviembre del año en curso, por lo que a la fecha está corriendo el plazo de mérito. Lo anterior, pone de relieve que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -veintisiete de octubre de dos mil veintiuno-, no han transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales que determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde la fecha en la que concluyó el plazo en el que se debió de pronunciar, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia. Entonces, si se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo aplicado de manera supletoria a la ley de la materia, tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador; por ende, es evidente, que la omisión reclamada, no trae como consecuencia se haya inobservado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, el debido proceso, conforme a lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. .... Por otra parte, en relación con el acto reclamado precisado en párrafos anteriores en el inciso b), consistente en el cumplimiento del laudo (que aún no se emite), así como el seguimiento del trámite del expediente 2645/2019 hasta su conclusión, resulta improcedente el juicio de amparo, pues se trata de actos futuros y de realización incierta; por lo que este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61, en relación con el artículo 217, todos de la Ley de Amparo que a la letra dicen: .... Apoya lo anterior por identidad de razón la jurisprudencia número 19, del Apéndice de 1995, Tomo VI, página 13, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con número de registro 917550, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: ...Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia número 23, del Apéndice de 1985, Tomo VIII, página 45, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con número de registro 395568, que establece: ... De los preceptos y jurisprudencias antes transcritos, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos futuros de realización incierta, aquéllos que sea remota la ejecución de los hechos de que provienen, como sucede en la especie. En efecto, el acto reclamado en este juicio de amparo, lo constituye el cumplimiento del laudo, el cual a la fecha aún no existe, así como el seguimiento del trámite del expediente 2645/2019 hasta su conclusión. Ahora, el supuesto básico en que se apoya la reclamación de la parte quejosa, es la afectación en sus intereses por supuestos actos de autoridad; por lo tanto, debe probar por lo menos de manera indiciaría que se afecta su esfera jurídica de derechos, ya que el sólo temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su esfera jurídica, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que el promovente de amparo tenga obligación de interponer juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación surge en el momento en el que tiene conocimiento del acto reclamado, que debe ser en forma personal, y no por inducciones, tal como acontece en el caso concreto. Precisado lo anterior, debe destacarse que el juicio de amparo es procedente, únicamente cuando el acto reclamado sea concreto, es decir, que exista certeza sobre su realización, por así demostrarlo los actos previos de la autoridad, de suerte tal, que no exista duda de que necesariamente se han de llevar a cabo; hipótesis que, en el caso no se actualiza, pues no es inminente ni cierta su realización, sino que ésta es probable; por consiguiente, su actualización constituye un acto futuro e incierto, al referir el promovente como acto reclamado el cumplimiento total del laudo, el cual aún no existe, así como el seguimiento del trámite del expediente 2645/2019 hasta su conclusión; por ende, se considera que no se puede considerar que el acto existe, que es cierto e inminente, en contra de la parte quejosa. En esas condiciones, tales manifestaciones son insuficientes para presumir que en realidad se trate de algún acto de autoridad que pueda irrogarle algún perjuicio personal y directo; por tanto, resulta evidente que en el caso concreto lo que el quejoso pretende es prevenir actos futuros de realización incierta, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo. Por lo anterior, es válido concluir que la parte quejosa no ha sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la intelección de los artículos 1°, 73 y 77 de la Ley de Amparo y por ello es necesario que se demuestre la existencia misma del acto de afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, lo que evidentemente no se acredita en la especie ni en forma indiciaria. Además, conforme al criterio de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro: "ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES.", en sentido contrario, se colige que el juicio de amparo sólo procede contra actos reales y concretos de aplicación al momento de presentación de la demanda de amparo, tal como igualmente lo ha sostenido nuestro Alto Tribunal en criterio de la otrora Tercera Sala: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO.", resulta evidente que éste sólo trata de prevenirse de actos futuros e inciertos, contra los cuales resulta improcedente el juicio de garantías. Apoya lo aquí decidido, la tesis sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 1512, Materia Común, Quinta Época, con número de registro 291922, cuyo rubro y texto es el siguiente: ...Resaltando el hecho de que el cumplimiento total del laudo, así como el seguimiento del trámite del expediente 2645/2019 hasta su conclusión, no constituye un hecho real, sino únicamente es probable que acontezca, por lo cual al día de la fecha no incide en la esfera jurídica del agraviado, pues no se ha emitido resolución alguna. En tal contexto, quien ahora resuelve considera que el acto reclamado consistente en el cumplimiento del laudo, así como el seguimiento del trámite del expediente 2645/2019 hasta su conclusión, aún no acontece y hasta el momento sólo existen perjuicios futuros y de realización incierta, por ende, se concluye que los actos reclamados no pueden impugnarse a través del juicio de amparo, sino hasta que se emita la resolución correspondiente que invada la esfera de derechos del impetrante. Robustece lo anterior, la tesis: IX.1o.17 L (10a.), con registro digital 2008134, emitida por el Primer Tribunal Colegiado Del Noveno Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, página 835, de rubro y texto siguientes: ... En consecuencia, en relación al acto reclamado precisado en el inciso a), se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; y en relación al acto reclamado precisado en el inciso b) se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 217; todos de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo procede desechar de plano la demanda de amparo promovido por Luis Gonzalo Botello Ortiz, apoderado legal de la quejosa Alma Rosa González Valdés y/o Alma Rosa González Valdez. Usuario electrónico, medio de notificación. Asimismo, como lo solicita la parte quejosa, con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se comisiona a la Secretaria del Juzgado para que autorice el nombre del usuario "luisbotello", en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) como medio procesal para oír y recibir notificaciones y para tener acceso al expediente electrónico. ... Notifíquese; y de manera personal a la parte quejosa.
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