Alma Rosa Enciso Hurtado

Expediente 959/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
959/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
18/07/2018

Partes del expediente

  • Alma Rosa Enciso Hurtado

Actuaciones

  1. Principal

    UN ACUERDO NOTIFICACION PERSONAL AL QUEJOSO

  2. Principal

    I.- Por recibido el comunicado de cuenta signado por el Jefe del Departamento de Peritos Diversos, de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por medio del cual, en atención al requerimiento formulado por determinación de veinte de junio del año en curso, hace del conocimiento que la citada institución sólo cuenta con peritos en la especialidad de valuación de bienes muebles, no así en valuación de bienes inmuebles. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo abrogada pero aplicable al caso, por disposición expresa de su artículo 2°, glósese a los autos para que obre como corresponda. Ahora, de las constancias que integran el presente juicio se advierte que el requerimiento de mérito, derivó de la circunstancia de que no fue posible notificar al antes perito oficial Santiago Alonzo Nieto a efecto de ratificar su dictamen en materia de valuación, toda vez que por oficio 400L04014/2014/2018, la autoridad oficiante informó que el perito antes mencionado, fue asignado para asistir a un diplomado; consecuentemente, si con antelación la citada coordinación proporcionó perito para intervenir en el presente juicio con motivo de la prueba pericial en materia de valuación, resulta insuficiente el argumento vertido en el comunicado cuenta, para no cumplir con lo solicitado. Aunado, del anexo del oficio 400L04014/2014/2018, con el que en su momento la autoridad oficiante acreditó que el perito oficial Santiago Alonzo Nieto, fue propuesto para asistir a un diplomado, se advierte que éste tiene la especialidad en ingeniería civil, al igual que el diverso perito Felipe de Jesús Jorge Rosas González; por tanto, de conformidad con el artículo 297, fracción II, de la citada codificación supletoria, se estima procedente requerir nuevamente a la autoridad oficiante para que dentro del plazo de tres días contados legalmente, proporcione perito que aún sin tener la especialidad en valuación de inmuebles, cuente con los conocimientos técnicos que le permitan desahogar la ampliación al cuestionario de la prueba pericial en materia de valuación, formulado mediante auto de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, a saber: "Ampliación al cuestionario en materia de valuación: 1. ¿Que digan los peritos el valor comercial actual de la fracción de terreno propiedad de la quejosa, que se encuentra ocupada por la instalación de pozos o ductos que contienen líneas subterráneas de energía eléctrica? 2. ¿Que digan los expertos designados el detrimento económico que sufre el resto del predio que no contiene líneas subterráneas de energía eléctrica, propiedad de la quejosa?" Apercibido, que en caso de ser omiso a lo anterior, se le impondrá multa por la cantidad de ciento veinte días de la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad a lo establecido por la fracción I del artículo 59 del aludido código supletorio. Por otra parte, vista la comparecencia de cuenta de la que se advierte que se presentó Martín Sánchez González en su carácter de perito en materia de valuación de inmuebles y topografía designado por la quejosa, a fin de ratificar en todas y cada una de sus partes los dictámenes recibidos en la oficialía de partes de este juzgado el cinco y veintidós de junio de dos mil dieciocho, mismos que se registraron con número de control interno 11527, 11528 y 12957, en razón de la prueba pericial ofrecida en el presente incidente de daños y perjuicios para cuantificar el monto relativo al cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo. Con fundamento en el citado artículo 221 de la codificación supletoria antes mencionada, glósese a los autos para los efectos legales procedentes. Asimismo, acorde con lo dispuesto en el artículo 360, párrafo segundo, de la misma legislación, téngase por ratificado el dictamen de referencia.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo concedido a las partes para que realizaran las manifestaciones que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. Atento a lo anterior, y en atención a que las partes no realizaron manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado por la responsable y con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, se procede a valorar si el fallo protector se encuentra cumplido. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para determinar si en el caso las autoridades responsables dieron o no cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: Mediante sentencia firmada el veintiséis de abril de dos mil dieciocho (fojas 115 a 159), se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "PRIMERO. La Justicia del a Unión no ampara ni protege a Alvarado, Jorge Luis Martínez Martínez, Juan Manuel Montoya Terrón, Roberto Carlos Ramírez Hidalgo, Alma Jacquelina Villegas Galván, Alma Lorena Galván Ballesteros, Jessica Téllez Galván y Yanely Téllez Galván, en contra del auto de vinculación a proceso dictado el trece de diciembre de dos mil diecisiete, atribuido a las autoridades indicadas en el considerando tercero, en los términos indicados en el considerando quinto de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia del a Unión Ampara y Protege a Alvarado, Jorge Luis Martínez Martínez, Juan Manuel Montoya Terrón, Roberto Carlos Ramírez Hidalgo, Alma Jacquelina Villegas Galván, Alma Lorena Galván Ballesteros, Jessica Téllez Galván y Yanely Téllez Galván, contra el acto reclamado consistente en la determinación relativa a la imposición de la medida cautelar señalada el trece de diciembre de dos mil diecisiete, atribuido a las autoridades indicadas en el considerando tercero, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia." En ese sentido, por auto de diecisiete de mayo del año en curso (fojas 169 a 172), causó ejecutoria dicha sentencia, por lo que se requirió a la responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, para que en el término de tres días diera cumplimiento a lo ordenado en el fallo protector y remitiera copias certificadas de las constancias que así lo acreditaran. Ahora bien, a fin de determinar si el fallo protector se encuentra o no cumplido, conviene precisar los efectos sobre los cuales fue concedido el amparo a la parte quejosa, los cuales son: "De manera que esas omisiones de la Juez de Control responsable, al resolver en los términos precisados atenta contra el derecho fundamental tutelado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se impone conceder la protección federal a los quejoso, para el efecto de que dicha resolutora, una vez que cause ejecutoria este fallo: Deje insubsistente la resolución de trece de diciembre de dos mil diecisiete, pronunciado en audiencia en el proceso penal 118/2017, en la parte relativa a la imposición de medidas cautelares y, Con plenitud de jurisdicción, cite a una audiencia con presencia de las partes, en la que emita una nueva determinación, en la que de manera fundada y motivada, en los términos establecidos en la presente determinación tal y como lo establece el artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales." En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios registrados con números de control interno 10996 y 11959 (fojas 182 a 185 y 214), la responsable remitió copia certificada del Registro de Actuaciones de Audiencia para Resolver Cumplimiento a Ejecutoria (foja 201), de la que se advierte que el Juez responsable dejó insubsistente la audiencia de trece de diciembre de dos mil diecisiete y emite una nueva determinación en la que impone como medida cautelar a los quejosos la establecida en el artículo 155 fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en la presentación periódica ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares, los últimos días de cada mes; asimismo, remitió copia certificada de videograbación de la audiencia de veintiocho de mayo del año en curso, en la que se advierte la imposición de dicha medida cautelar, lo anterior con plenitud de jurisdicción. De ahí que del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y el cumplimiento realizado por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, ha quedado cumplida en sus términos, habida cuenta que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados, pues se dejó sin efectos el acto reclamado y se dictó una determinación en la que se impuso una medida cautelar a los quejosos establecida en el artículo 155 fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los términos apuntados en la sentencia, por lo que evidentemente se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de 2009, Novena Época, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Asimismo, se hace del conocimiento a las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de dos mil, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Finalmente, si bien es cierto que la notificación de la presente sentencia debe ser en forma personalísima, porque dicha notificación permite que la parte quejosa, haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las disposiciones judiciales, no menos cierto resulta que mediante proveído de veinte de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 41 a 45), se le tuvo como domicilio, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, la lista de acuerdos que se publica en este juzgado; por tanto, practíquese esta notificación, a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y por oficio al Agente del Ministerio Público que conoce de la carpeta administrativa 118/2017.

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