Alma Rosa Cubillo González y Otros.

Expediente 186/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
186/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
04/06/2019

Partes del expediente

  • Alma Rosa Cubillo González
  • Alma Rosa Cubillo González y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Incidental

    Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado de autos, y tomando en consideración que se ordenó el archivo definitivo en los autos del juicio de amparo de donde deriva el presente cuaderno incidental, se acuerda: Toda vez que el cinco de abril de dos mil diecinueve se resolvió el presente incidente de suspensión; en esa medida, de conformidad con el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción III, del referido acuerdo, se establece que el original del incidente de suspensión es depurable, por haberse concedido la suspensión provisional. En cuanto a los autos del duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, con apego a la hipótesis contenida en la fracción III del artículo Vigésimo del acuerdo que nos ocupa, toda vez que éste carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, y en razón que no existen documentos originales, por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede de la que se advierte que no se interpuso recurso de revisión dentro del término de diez días que contempla el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra del acuerdo de treinta de abril de dos mil diecinueve, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Por otro lado, visto lo actuado dentro del presente sumario, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, toda vez que el auto, por el que se sobreseyó en el presente asunto, en este proveído causó estado; por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve; se ordena el archivo de este juicio de amparo. También se hace la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto número 1/2009; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el último párrafo del punto décimo primero del citado acuerdo, toda vez que como consta de la certificación secretarial que antecede, en el juicio de amparo en que se actúa, no existen documentos originales por entregar. En su oportunidad, transfiérase el expediente al archivo judicial conforme al calendario respectivo que el Centro de Documentación y Análisis elabore, tal y como lo establece el punto décimo, fracción I, del acuerdo aludido con anterioridad. En el entendido de que el presente asunto es destruible. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otro lado, en cuanto al disco compacto que aportó con su informe justificado el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Uruapan, devuélvasele por resultar innecesario seguir conservándolo. Finalmente, acuérdese lo conducente en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, específicamente el informe justificado que rindió el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Uruapan, Michoacán (foja 26), en el que entre otras cosas informó: ". En ese orden de ideas, en esta data y previo a la celebración de la audiencia y la recepción de su comunicación oficial, se recibió un escrito de la defensa en el que se desistía de la solicitud de comparecencia de EEC - por lo que jurídicamente estimo que mi determinación de fecha 28 de marzo de este año, la cual constituye el acto reclamado por la parte quejosa, quedó sin efectos- lo cual resultó procedente y por ello se notificó de inmediato a las partes, con trascendencia especial a su progenitora para informarle que no era necesario que acudiera a esta sede jurisdiccional. No obstante lo anterior y a mayor abundamiento, una vez recibido el oficio generado dentro del incidente de suspensión -del juicio de amparo en cita- por usted remitido, al tenor del requerimiento que me fuera realizado derivado de la suspensión provisional concedida en el mismo, al comienzo de la audiencia (cuya apertura se verificó a las 18 horas de este día) informe a las partes que aún y cuando consideran ofertar el testimonio de la víctima en cita, no resultaría viable su admisión y por lo tanto, el desahogo de su testimonio."; y para acreditarlo remite las constancias relativas. Actualización de una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia. En principio es conveniente señalar que el estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo, que tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7º.P.13 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 1947, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto.". Del análisis integral de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se estima que se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 64, del citado ordenamiento legal, por las consideraciones que a continuación se exponen: El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia de cesación de efectos del acto reclamado anunciada, que ocurre cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión; lo que implica, no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, lo que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad del acto ya que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, al haberse restituido a quejoso en el goce de su derecho humano violado establecido para su protección. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como, la jurisprudencia número P.CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Y la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Ahora, la demanda de amparo presentada por Miguel Silva Béjar, Jefe de Departamento de la Unidad Uruapan de la Asesoría Jurídica de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Michoacán, asesor legal de la víctima y en cuento representante legal de la víctima indirecta Alma Rosa Cubillo González, madre del menor víctima, de iniciales E. E. C, el uno de abril de dos mil diecinueve ante este órgano jurisdiccional resulta improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en: La resolución emitida con fecha veintiocho de marzo del presente año, derivado de la audiencia inicial de la causa penal donde se autorizó realizar una entrevista y/o testimonial al menor de iniciales E.E.C., pese a que el menor ya había sido entrevistado en dos ocasiones por la Procuraduría del Estado y/o la Fiscalía General del Estado, ésta última como fiduciaria de la primera. De las constancias que adjuntó el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Uruapan, Michoacán, a su informe, se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa: Escrito presentado por el defensor particular dentro de la causa penal 36/2019 el uno de abril de dos mil diecinueve, en el que se desiste de la solicitud de testimonio del menor de iniciales E.E.C. Auto de uno de abril del año en curso, que recayó al escrito antes mencionado, en el que se le tuvo por desistiéndose del testimonio del menor de iniciales E.E.C, y ordenó notificar a las partes dicha determinación. A las documentales referidas se otorga pleno valor probatorio, conforme a lo previsto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo precepto. Sobre el particular, tiene aplicación la Jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". En efecto, de las constancias señaladas revelan que la defensa de Juan Manuel Chávez Ramírez, se desistió de la solicitud de comparecencia del menor de iniciales E.E.C., dentro de la causa penal 36/2019 (que constituye el acto reclamado), petición que se acordó de conformidad, misma que se notificó a la representante del menor, en el sentido de que no era necesario que acudiera a la audiencia; por tanto, es evidente que ya no existe el acto reclamado; por ende, cesó la citación para que dicho menor compareciera a rendir testimonio, es decir, desaparecieron los efectos de dicho acto. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, lo procedente es decretar fuera de audiencia el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento. En esa tesitura, el sobreseimiento en el juicio constitucional impide realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el peticionario del amparo, para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, que en esta vía combate, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba fijada para las nueve horas con diez minutos del dos de mayo de dos mil diecinueve. Háganse las capturas correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Agréguese el oficio de cuenta; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Uruapan. Con el informe de referencia, constancia y disco compacto que se adjuntan como complemento al mismo, dese vista a las partes por el término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de hacerlo en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.

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