Alma Rosa Campuzano Méndez
Expediente 102/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 102/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- ALMA ROSA CAMPUZANO MÉNDEZ y Otros.
- Alma Rosa Campuzano Méndez
Actuaciones
- Principal
Se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del proveído que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda y carecer de relevancia documental.
- Principal
Así, de las anteriores consideraciones, este órgano jurisdiccional concluye actualizada en la especie, la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia. En efecto, de conformidad con el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario, consiste en que previamente a instar la acción de amparo, el quejoso debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado. Por su lado, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, señala, en lo conducente, que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual dichas resoluciones puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. De lo que se colige que, conforme a la Ley de Amparo, se actualiza la hipótesis relativa a resoluciones de los tribunales judiciales administrativos o del trabajo, respecto al cual la Ley Nacional de Ejecución Penal establece un mecanismo de control, por lo que dicho mecanismo debe ser agotado por la persona privada de su libertad antes de acudir al juicio de amparo indirecto. En efecto, como ya se estableció, la Ley Nacional de Ejecución Penal, contiene un mecanismo de control -peticiones administrativas- que cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual las personas privadas de su libertad se encuentran facultadas para reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, los hechos, actos, u omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento y que estima vulneran sus derechos. Mecanismo que incluso dispone la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la ley citada, establece que, si la solicitud es contraria a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el juez dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la respuesta, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes. Asimismo, contempla la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que, si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el Juez correspondiente a demandar esta omisión. De igual manera, la persona privada de su libertad tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la citada Ley, en caso de que considere que la resolución emitida por el juez vulnera sus derechos. Finalmente, el mecanismo otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente, o bien, la petición administrativa por caso urgente, así como la posibilidad real de que el acto de ser positivo sea suspendido e, incluso, que las autoridades administrativas realicen las acciones positivas necesarias, con la finalidad de que la omisión reclamada cese de inmediato o deje de existir, en términos de lo dispuesto en el numeral 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. De lo que se colige que previo a acudir al juicio de amparo, a reclamar, hechos, actos u omisiones inherentes a las condiciones de internamiento, en el caso específico de este asunto la orden de traslado del Centro de Reinserción Social de Puebla Capital a uno diverso, así como el cambio de estancia o celda diversa a la que se encuentra. La quejosa privada de su libertad, debió agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual inicia con la formulación de una petición denominada administrativa ante la autoridad correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 27/2021 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II , página 1513, de rubro: ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Desde luego, no se soslaya que la impetrante pudiera estar procesada o sentenciada bajo los lineamientos del sistema mixto, y que por ello pudiera aducirse que no le resulta aplicable la Ley Nacional de Ejecución; sin embargo, de la interpretación conjunta y armónica de los artículos primero y tercero transitorios, 1° y 2° de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite concluir que a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis, los actos suscitados en relación a cuestiones de internamiento o de ejecución de sentencias de las personas privadas de su libertad, sean procesadas o sentenciadas, se ciñen a las disposiciones de la legislación en cita, con las excepciones y reglas previstas en su segundo transitorio. Mientras que del contenido del artículo 2 de la Ley Nacional de Ejecución Penal se aprecia que las disposiciones de la Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda. De igual forma, que conforme al artículo tercero transitorio del decreto que publicó dicha ley se estableció que a partir de su entrada en vigor quedarán abrogadas la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados y las que regulan la ejecución de sanciones penales en las entidades federativas. Como también, que los procedimientos que estén en trámite a la entrada en vigor de la Ley, debían seguir sustanciándose de conformidad con la legislación aplicable al inicio de los mismos, pero que a éstos debían aplicárseles los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, de acuerdo con el principio pro persona establecido en el artículo 1o. Constitucional. Expuesto lo anterior, es dable concluir que si la quejosa privada de su libertad reclama cuestiones inherentes a su condición de internamiento, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe iniciar el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, específicamente el de peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria o el juez correspondiente, según corresponda, Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia por lo que hace a los actos reclamados anteriormente descritos, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues en contra del acto reclamado, procede un mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, sin que éste se haya hecho valer antes de la presentación de la demanda de amparo, mediante el cual podría modificarse, revocarse o nulificarse aquél. Por tanto, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia conforme a su numeral 2, y en relación al artículo 27, fracción I, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el inmueble que menciona el quejoso en el proemio de su demanda. Por otra parte, se tienen por autorizados en los amplios términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo a Jesús Elías Ortiz Cervantes y Carlos Enrique González Arriola, toda vez que tienen registrada su cédula profesional que los acredita como licenciados en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación. En lo referente a su solicitud de tenerle por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones personales el correo electrónico que proporciona, no ha lugar a acordar de conformidad, en virtud de que dicho medio no está contemplado en el artículo 26 de la Ley de Amparo; sin embargo, se toma nota como medio de comunicación no procesal, a fin de que pueda establecerse el contacto respectivo exclusivamente en los casos en que este juzgador lo estime necesario. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. En razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional del Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, Puebla, y San Pedro Cholula, Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce a la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcoatl; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada; si así se señala. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia , emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, página 67, de rubro: DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA. En términos de la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Por otra parte, como lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, y tomando en consideración dicho fenómeno, a fin de salvaguardar la integridad física del público en general y del personal de este juzgado de Distrito, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad en línea, lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal. Finalmente, se hace notar que conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también está sujeto a las disposiciones contenidas en la referida Ley, y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis enero de dos mil diecisiete; por lo tanto, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV, y V, 25, 31, y demás disposiciones aplicables al caso de dicha normativa; esto es, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sean materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos
- Principal
[...] Así, de las anteriores consideraciones, este órgano jurisdiccional concluye actualizada en la especie, la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia. En efecto, de conformidad con el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario, consiste en que previamente a instar la acción de amparo, el quejoso debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado. Por su lado, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, señala, en lo conducente, que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual dichas resoluciones puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. De lo que se colige que, conforme a la Ley de Amparo, se actualiza la hipótesis relativa a resoluciones de los tribunales judiciales administrativos o del trabajo, respecto al cual la Ley Nacional de Ejecución Penal establece un mecanismo de control, por lo que dicho mecanismo debe ser agotado por la persona privada de su libertad antes de acudir al juicio de amparo indirecto. En efecto, como ya se estableció, la Ley Nacional de Ejecución Penal, contiene un mecanismo de control -peticiones administrativas- que cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual las personas privadas de su libertad se encuentran facultadas para reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, los hechos, actos, u omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento y que estima vulneran sus derechos. Mecanismo que incluso dispone la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la ley citada, establece que, si la solicitud es contraria a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el juez dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la respuesta, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes. Asimismo, contempla la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que, si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el Juez correspondiente a demandar esta omisión. De igual manera, la persona privada de su libertad tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la citada Ley, en caso de que considere que la resolución emitida por el juez vulnera sus derechos. Finalmente, el mecanismo otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente, o bien, la petición administrativa por caso urgente, así como la posibilidad real de que el acto de ser positivo sea suspendido e, incluso, que las autoridades administrativas realicen las acciones positivas necesarias, con la finalidad de que la omisión reclamada cese de inmediato o deje de existir, en términos de lo dispuesto en el numeral 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. De lo que se colige que previo a acudir al juicio de amparo, a reclamar, hechos, actos u omisiones inherentes a las condiciones de internamiento, en el caso específico de este asunto la orden de traslado del Centro de Reinserción Social de Puebla Capital a uno diverso, así como el cambio de estancia o celda diversa a la que se encuentra. La quejosa privada de su libertad, debió agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual inicia con la formulación de una petición denominada administrativa ante la autoridad correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 27/2021 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II , página 1513, de rubro: ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Desde luego, no se soslaya que la impetrante pudiera estar procesada o sentenciada bajo los lineamientos del sistema mixto, y que por ello pudiera aducirse que no le resulta aplicable la Ley Nacional de Ejecución; sin embargo, de la interpretación conjunta y armónica de los artículos primero y tercero transitorios, 1° y 2° de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite concluir que a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis, los actos suscitados en relación a cuestiones de internamiento o de ejecución de sentencias de las personas privadas de su libertad, sean procesadas o sentenciadas, se ciñen a las disposiciones de la legislación en cita, con las excepciones y reglas previstas en su segundo transitorio. Mientras que del contenido del artículo 2° de la Ley Nacional de Ejecución Penal se aprecia que las disposiciones de la Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda. De igual forma, que conforme al artículo tercero transitorio del decreto que publicó dicha ley se estableció que a partir de su entrada en vigor quedarán abrogadas la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados y las que regulan la ejecución de sanciones penales en las entidades federativas. Como también, que los procedimientos que estén en trámite a la entrada en vigor de la Ley, debían seguir sustanciándose de conformidad con la legislación aplicable al inicio de los mismos, pero que a éstos debían aplicárseles los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, de acuerdo con el principio pro persona establecido en el artículo 1o. Constitucional. Expuesto lo anterior, es dable concluir que si la quejosa privada de su libertad reclama cuestiones inherentes a su condición de internamiento, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe iniciar el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, específicamente el de peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria o el juez correspondiente, según corresponda, Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia por lo que hace a los actos reclamados anteriormente descritos, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues en contra del acto reclamado, procede un mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, sin que éste se haya hecho valer antes de la presentación de la demanda de amparo, mediante el cual podría modificarse, revocarse o nulificarse aquél. Por tanto, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia conforme a su numeral 2°, y en relación al artículo 27, fracción I, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el inmueble que menciona el quejoso en el proemio de su demanda. Por otra parte, se tienen por autorizados en los amplios términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo a Jesús Elías Ortiz Cervantes y Carlos Enrique González Arriola, toda vez que tienen registrada su cédula profesional que los acredita como licenciados en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación. En lo referente a su solicitud de tenerle por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones personales el correo electrónico que proporciona, no ha lugar a acordar de conformidad, en virtud de que dicho medio no está contemplado en el artículo 26 de la Ley de Amparo; sin embargo, se toma nota como medio de comunicación no procesal, a fin de que pueda establecerse el contacto respectivo exclusivamente en los casos en que este juzgador lo estime necesario. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. En razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional del Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, Puebla, y San Pedro Cholula, Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce a la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcoatl; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada; si así se señala. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1ª./J 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, página 67, de rubro: DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA. En términos de la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Por otra parte, como lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, y tomando en consideración dicho fenómeno, a fin de salvaguardar la integridad física del público en general y del personal de este juzgado de Distrito, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal. Finalmente, se hace notar que conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también está sujeto a las disposiciones contenidas en la referida Ley, y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis enero de dos mil diecisiete; por lo tanto, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV, y V, 25, 31, y demás disposiciones aplicables al caso de dicha normativa; esto es, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sean materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos
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