Alma Rosa Belmont Vélez

Expediente 335/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 19 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
335/2018
Año
2018
Actuaciones
19
Última actuación
06/09/2018

Partes del expediente

  • Alma Rosa Belmont Vélez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; seis de septiembre de dos mil dieciocho Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, mediante el cual devuelve el juicio de amparo en que se actúa; asimismo, remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada con motivo del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia definitiva; en tal virtud, agréguense al expediente principal el cuaderno de antecedentes que se formó, el incidente de suspensión relativo, oficio de cuenta y testimonio de referencia. Acúsese recibo de estilo correspondiente. Hágase saber a las partes que los puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: "PRIMERO. Se confirma el fallo recurrido. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo 336/2018, promovido por Alma Rosa Belmont Vélez, por propio derecho." En tal virtud, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo aplicado en sentido contrario, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Por cuanto al tomo de prueba que se formó por separado, dado que resulta innecesario que continúe a disposición de este juzgado, devuélvanse al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, quien lo remitió con su informe justificado. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; diez de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual el Secretario de Acuerdos del tribunal de alzada comunica que se admitió el recurso de revisión.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero, a veintiséis de junio de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito signado por Elizur Domínguez Bello autorizado de la parte quejosa, por el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, y expresa los agravios que en su concepto la misma le causa; por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo; agréguese a estos autos una de las copias exhibidas y distribúyanse las restantes entre las demás partes para su conocimiento; asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes, debiendo certificar las constancias más relevantes. Una vez que esté debidamente integrado, dentro del plazo a que se refiere el artículo 89 de la ley de la materia, remítase el expediente al Tribunal Colegiado de este Circuito que por turno y materia corresponda, así como el original del diverso de agravios y copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Cuerpo Colegiado, para el efecto de que se substancie el citado recurso.

  4. Principal

    Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 335/2018; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la Demanda. Por escrito recibido el nueve de abril de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad de Acapulco, y remitido al día siguiente por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, ALMA ROSA BELMONT VÉLEZ, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se señalan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora. Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares en el Estado de Guerrero. Ejecutora. Jefe del Departamento Contenciosos del Instituto Mexicano del Seguro Social El apoderado legal de AFORE XXI BANORTE, S.A DE C.V. El apoderado legal el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) ACTO RECLAMADO 1.- DE LA ORDENADORA: De la Autoridad Responsable Ordenadora la Sentencia Interlocutoria de fecha 12 de marzo del 2018, que resuelve el recurso de reconsideración interpuesto por la suscrita ALMA ROSA BELMONT VELEZ, en contra del auto de fecha 23 de agosto del 2017, dictada en el Juicio de Sucesión Intestamentaria a bienes de MIGUEL ÁNGEL NOLASCO MARÍN, denunciado por GUADALUPE MARÍN ALCÁRAZ, expediente número 573-3/2016, del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares en el Estado de Guerrero (.) 2.-DE LAS EJECUTORAS: De las Autoridades Responsables Ejecutoras, se reclama el cumplimiento que pretendan dar a la Sentencia Interlocutoria de fecha 12 de marzo del 2018, que resuelve el recurso de reconsideración interpuso por la suscrita ALMA ROSA BELMONT VELEZ, en contra del auto de fecha 23 de agosto del 2017, dictado en el Juicio de Sucesión Intestamentaria a bienes de MIGUEL ÁNGEL NOLASCO MARÍN, denunciado por GUADALUPE MARÍN ALCÁRAZ, expediente número 573-3/2016, del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares en el Estado de Guerrero. De todas las Autoridades Responsables Ordenadora y Ejecutorias se reclaman los efectos que produzcan o puedan producir los actos reclamados en los puntos 1 y 2 anteriores. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por acuerdo de once de abril de dos mil dieciocho, se radicó la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 335/2018 y se admitió a trámite; se solicitó de las autoridades responsables sus informes justificados, se ordenó notificar a la tercera interesada; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento se verificó al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, 107, fracciones V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que se reclama un acto emitido por un órgano jurisdiccional con residencia en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a precisar los actos reclamados que se advierten del estudio íntegro de la demanda de amparo, así como de las constancias del presente juicio de derechos fundamentales; lo anterior, conforme a lo dispuesto en la Jurisprudencia 2a./J. 55/98 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, Página 227, Materia Común, con número de registro electrónico 195745, que dice lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.- Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Así, de un análisis integral de la demanda de amparo y su precisión, en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente a la intencionalidad del autor, se tiene que la parte quejosa reclama: La interlocutoria de doce de marzo de dos mil dieciocho que resuelve dejar sin materia el recurso de reconsideración interpuesto contra el auto de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, y su ejecución. TERCERO. Oportunidad. De las constancias que integran el sumario se obtiene que la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado el trece de marzo de dos mil dieciocho; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del quince de marzo al diez de abril de dos mil dieciocho descontándose los días diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinticuatro, veinticinco, treinta y uno de marzo, así como el uno, siete y ocho de abril, por haber sido inhábiles, igualmente el veintiuno de marzo que fue laborable pero inhábil, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, también se descuentan los días veintiocho, veintinueve y treinta de marzo por haber sido declarados inhábiles en términos de la circular 7/2018; de ahí que, si la demanda fue presentada el nueve de abril del año en curso, debe estimarse oportuna, pues fue promovida dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, del Tomo 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, correspondiente a la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, número de registro 212775, que al rubro y texto dice: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Hecha esta precisión, procede ahora analizar el contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables, de los que se advierte que la autoridad ordenadora Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares aceptó el acto reclamado, ahora se precisa que en el juicio de amparo indirecto 325/2018 del índice de este juzgado la responsable allegó junto con su informe copias certificada de las actuaciones del expediente 573/2016-III relativo a la sucesión intestamentaria a bienes de Miguel Ángel Nolasco Marin, documentales que se tiene a la vista al momento de dictar la presente sentencia y que constituyen hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, las cuales dada su naturaleza tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. Tiene aplicación a lo anterior la tesis I.1o.A.14 K (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, emitida en la Décima Época, con número de registro: 2006082, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Página: 1946, de rubro y texto siguiente: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO. El Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en términos de los artículos primero y segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de mayo del dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación, fue instaurado obligatoriamente en todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, a fin de mantener un registro permanentemente actualizado y veraz de los movimientos relativos a los asuntos de su conocimiento, razón por la que tales órganos pueden invocar en sus resoluciones la información obtenida de éste como hecho notorio y concederle valor probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 79, párrafo segundo, 80 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo." En lo que respecta a las autoridades ejecutoras, Jefe del Departamento Contencioso del Instituto Mexicano del Seguro Social, y apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) se precisa que fueron debidamente notificados del presente asunto tal como se advierte de las constancias de notificación de doce de abril de dos mil dieciocho, y si bien intentaron rendir el informe justificado por acuerdos de veintitrés de abril y siete de mayo de dos mil dieciocho se acordó no tenerles por rindiendo el informe respectivo en razón de que quien lo firmaba no acreditaba el carácter con el que se ostentaba, de ahí que se tengan por omisos, y como consecuencia se tienen por ciertos los actos que se les atribuyen, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por su parte el apoderado legal de AFORE XXI BANORTE, S.A DE C.V, al rendir el informe justificado negó el acto reclamado, empero anexó a su informe copia simple del expediente electrónico de disposición de recursos de la cuenta individual a nombre de Miguel Ángel Nolasco Marín, documental a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. Ahora, en lo que respecta a la última autoridad, dicha negativa queda desvirtuada en razón de que al tenerse por cierto el informe a la Juez ordenadora y al resultar esta misma ejecutora es susceptible de materializar lo resuelto por la autoridad ordenadora, por lo que respecto a ella, también debe tenerse por cierto el acto. En razón de las consideraciones anteriores, se desestima la causal de improcedencia invocada por AFORE XXI BANORTE, S.A DE C.V, y que hizo consistir en la prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. QUINTO. Causales de improcedencia. Una vez verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia. En ese orden de ideas, este juzgado advierte oficiosamente que en el caso, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicada a sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, pues actualmente no se consideran de imposible reparación, esto es, no es de aquellas determinaciones que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos En efecto, el dispositivo legal 61, fracción XXIII, y el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Del primer artículo transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente en todos aquellos casos en que la misma derive de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo y, del segundo numeral se aprecia que una de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto la constituye cuando se promueva contra actos emitidos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose éstos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De lo anterior se concluye, que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se promueva contra actos emitidos en juicio que no tengan efectos de imposible reparación, esto es, que no afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora, respecto al tema de imposible reparación, a la fecha se han emitido diversos criterios, en el sentido de que únicamente se deben considerar aquellos que materialmente afecten derechos sustantivos, quedando excluidos los actos adjetivos, no obstante que los mismos afectaran a las partes en un grado predominante o superior o que constituyeran violaciones procesales exorbitantes. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia por unificación de criterios número P./J.37/2014 (10a.), en la cual interpreta el citado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en la que categóricamente establece que uno de los requisitos para que sea procedente la acción de amparo biinstancial, es que los actos irreparables deben tener una afectación a los derechos sustantivos de los gobernados. La Jurisprudencia en comento se encuentra publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". De la lectura anterior, la Corte Suprema determinó que no podía seguir siendo aplicable la Jurisprudencia P./J.4/2001 que en su momento emitió el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que constituía el motivo para estimar procedente el amparo indirecto que se promovía en contra de la resolución que en el juicio laboral desechaba la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, a pesar de tratarse de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Luego, la comprensión y modificación de lo que debe entenderse por "imposible reparación" para calificar la procedencia de la demanda de amparo indirecto contra un acto emitido dentro de juicio, en los términos mencionados, de acuerdo con el texto de la nueva Ley de Amparo, ya lo explicó el Pleno de la Suprema Corte en la Jurisprudencia 1/2016 (10a.), consultable en la página 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, del rubro y texto siguiente: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo". Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquéllos actos de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una afectación formal) un derecho sustantivo (de naturaleza distinta a los derechos adjetivos) protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. En el caso, como ya se adelantó se reclama la interlocutoria de doce de marzo de dos mil dieciocho que resuelve dejar sin materia el recurso de reconsideración interpuesto contra el auto de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, lo que tiene como consecuencia la firmeza del auto recurrido, mismo que es del tenor siguiente: "ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, A VIENTITRÉS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. A sus autos, el escrito de la Licenciada JANNETE NAVA MIRANDA exhibido el tres de agoto del presente año, atento a su contenido, bajo protesta de decir verdad se tiene a la promovente por hechas sus manifestaciones, respecto que la señora ALMA ROSA BELMONT VELEZ, en el mes de junio de presente año, recibió la cantidad de sesenta y dos mil pesos, por concepto de pensión por viudez del extinto MIGUEL ÁNGEL NOLASCO MARÍN, y a partir de ese mes recibió la cantidad mensual de quince mil pesos, y para efecto de corroborar lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, gírese oficio al Encargado del Departamento administrativo de lo contencioso administrativo (sic) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a AFORE XXI BANORTE, con domicilio bien conocido en Avenida Costera Miguel Alemán número 125; Así como al INFONAVIT, en los términos que indica la oferente, para que dentro del término de tres días, rindan sus informes y cumplan con lo requerido, apercibidos de que incumplir con lo anterior, se harán acreedores a una multa por veinte días de salario, en términos de lo dispuesto por el artículo 144, fracción I del Código de la materia." Ahora, los efectos sobre dicha determinación no son otros más que se requiera a las dependencias señaladas informen las cantidades que la quejosa ha cobrado por concepto de pensión de viudez del de cujus y en cumplimiento a ello el veinticinco de agosto de ese año la juez giró los oficios 861, 869 y 870, mismos que fueron entregados el veintinueve siguiente. En razón de lo anterior, las dependencias requeridas informaron lo siguiente: El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por oficio de DR/XX/GJ/516/2017 de uno de septiembre de dos mil diecisiete informó el saldo de la subcuenta de vivienda 97 que tenía Miguel Ángel Nolasco Marín, así como los puntos resolutivos del expediente laboral 553/2016 del índice de la Junta Federal Especial Número 43. Afore XXI BANORTE informó que para poder brindar la información requerida era necesario se le allegara el número de seguridad social, y la Clave Única de Registro de Población de Miguel Ángel Nolasco Marín. En respuesta al oficio 861 de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete el Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que no se encontraron registros de la pensión de referencia. Así, se obtiene que el que se hubiere quedado sin materia el recurso de reconsideración interpuesto contra el acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, no genera afectación alguna a los derechos sustantivos de la parte quejosa, máxime que el auto que adquiere firmeza es un acuerdo de trámite en el que no se concede un derecho sustantivo a la tercero interesada, ni se trastoca alguno de la parte quejosa. Por tanto, sus efectos son meramente formales, y no producen afectación material; y pueden desaparecer si la parte quejosa obtiene sentencia favorable, lo que en el juicio sucesorio se traduce en el reconocimiento que los derechos sucesorios se haga de Alma Rosa Belmont Vélez. Ahora, del estudio integral que se hace de la demanda, se advierte que la quejosa esencialmente alega ser ella la única con derecho a recibir el pago por concepto de pensión por viudez, dado su carácter de cónyuge supérstite; por lo que el cobro que le reprocha la tercero interesada es indebido. Sin embargo, de autos se advierte que en la junta de herederos Alma Rosa Belmont Vélez y Guadalupe Marín Alcaraz acordaron: "(.) también que en relación al posible pago de los recurso de la afore a que tenía derecho el de cujus y que tendrán que ser reclamados mediante procedimiento ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, una vez que se inicie procedimiento y se cuente con número de expediente, dichos datos serán manifestados ante este juzgado, para que al emitirse el laudo correspondiente el pago sea remitido mediante cheque a este órgano judicial. La C. Juez acuerda: Vistas las manifestaciones que realizan las herederas GUADALUPE MARÍN ALCARAZ y ALMA ROSA BELMONT VELEZ, con fundamento en el artículo 680 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, se tiene a las herederas y albaceas formulando inventario de la sucesión a bienes de MIGUEL ÁNGEL NOLASCO las dos herederas, con la reserva de que si aparecieren nuevos bienes o deudas serán agregadas al mismo y de acuerdo a lo formulado y convenido (.)" En atención a ello Guadalupe Marín Alcaraz, por conducto de su abogada patrono, informó a la Juez que en el mes de junio de dos mil diecisiete Alma Rosa Belmont Velez había cobrado la cantidad de $62,000.00 (sesenta y dos mil pesos 00/100 M.N). Como consecuencia de las manifestaciones de la tercera interesada, por auto de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, determinó requerir a las dependencias relacionadas, a fin exclusivamente de conocer la veracidad de lo expuesto por la promovente; ya que incluso la juzgadora señaló: "(.)para efecto de corroborar lo anterior(.)"; de ahí que dicho auto no constituye un reconocimiento a la manifestación de la tercero interesada, y del estudio que se hace al acuerdo originariamente recurrido se obtiene que en el tampoco se hizo un requerimiento de pago, circunstancia que en todo caso, podría trastocar derechos sustantivos de la parte quejosa, pero que no ocurrió, ya que la determinación de la juez solo se trató de una solicitud de información que consideró necesaria para contrastar el dicho de Guadalupe Marín Alcaraz, y estar en posibilidad de resolver al respecto. De modo que el derecho que podría considerarse afectado es de naturaleza adjetiva o procesal; de ahí que no exista afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, en tanto que no le impide, que una vez que la juez natural se allegue de toda la información necesaria la quejosa puede en todo caso manifestarse sobre lo informado e incluso ofrecer pruebas que le permitan desacreditar el dicho de su contra parte, así como realizar cualquier tipo de manifestación en su favor, a fin de oponerse a la pretensión de la co albacea. Lo anterior con independencia que la juez puede determinar no hacer requerimiento alguno si Guadalupe Marín Alcaraz no acredita debidamente su dicho, de ahí que no se está ante una resolución que sea de imposible reparación o trastoque derechos sustantivos de la quejosa. En esa circunstancia, sí la determinación reclamada no satisface las condiciones para que sea considerada como un acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, el juicio de amparo indirecto debe considerarse improcedente, en términos de los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario; consecuentemente, al actualizarse una causal de improcedencia, lo que procede es sobreseer en el juicio respecto del acto precisado en el segundo considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por otro lado, en relación a las manifestaciones realizadas por la quejosa por ocursos de ocho y quince de mayo del presente año, las misma son inatendibles, pues no forman parte de la litis en el juicio constitucional, acorde con la jurisprudencia P./J. 27/94 con registro 205449, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 335/2018, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

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