Alma Rosa Aguirre Valencia
Expediente 158/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 158/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alma Rosa Aguirre Valencia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DEL TESTIMONIO DE INCOMPETENCIA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio 3246/2023, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, a través del cual adjunta testimonio de la ejecutoria dictada en el conflicto competencial 14/2023, en la que se declaró que el Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, es legalmente competente para conocer del juicio de amparo promovido por ********************, por propio derecho. ACÚSESE RECIBO; agréguense al cuaderno de antecedentes la ejecutoria que se recibe y acúsese de recibo al estilo correspondiente. ARCHIVO. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se declaró que el Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, es legalmente competente para conocer del juicio de amparo promovido por ********************, por propio derecho, de conformidad dispuesto por el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. SUPERIORIDAD ADMITE CONFLICTO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, enviado por el Actuario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, por medio del cual, acusa recibo del diverso 7452/2023, en que se remitieron los autos del juicio de amparo en que se actúa y se planteó el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, para conocer de la demanda de amparo interpuesta por ********************. Asimismo, informa que se admitió el citado conflicto competencial, el cual quedó registrado con el número ********************. Circunstancia de la que este Juzgado de Distrito toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de abril de dos mil veintitrés. NO ACEPTA COMPETENCIA. Agréguese el oficio que remite la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, a través del cual, envía el juicio de amparo 265/2023, del índice del Juzgado de Distrito de su adscripción, formado con motivo del diverso juicio de amparo 158/2023-IV, de la estadística de este órgano jurisdiccional, promovido por Alma Rosa Aguirre Valencia; comunicado del que se advierte que mediante acuerdo de cuatro de abril del año en curso, la titular del referido órgano jurisdiccional no aceptó la competencia declinada en su favor por este juzgado. Lo anterior, en razón de que, a su consideración, de la interpretación del artículo 37 de la Ley de la materia que establece las reglas de competencia por territorio, así como de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en la negativa de suspender la carpeta de investigación 71185, por parte del Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia número 8 de Abuso de Confianza y Fraudes de la Dirección General de Delitos Patrimoniales y Financieros de la Fiscalía del Estado de Jalisco; por lo que, dicho acto no requiere ejecución material, pues si bien el fiscal durante el trámite de la indagatoria se negó a realizar algún acto solicitado por la defensa, como por ejemplo, suspender la indagatoria que está en curso, debe considerarse que se constituye con ello un acto declarativo, que no amerita ejecución material. Ello, porque el Ministerio Público Investigador, se negó a acordar favorablemente la suspensión de la indagatoria; por lo que, no se actualiza o provoca cambio alguno en el estado de las cosas, pues la indagatoria en cuestión continuará; de ahí, que a su criterio, se trata de un acto declarativo que no amerita ejecución material. Además, consideró que suponiendo que la consignación sea una consecuencia de la negativa del órgano investigador, esa determinación es un hecho futuro e incierto, ya que el proceso de una indagatoria, tiene como finalidad la investigación de la posible comisión de un ilícito, por parte del órgano facultado por el artículo 102 constitucional; luego entonces, es evidente que el ejercicio de la acción penal de la indagatoria es un acto que puede o no suceder y por tanto la negativa de suspender la investigación por el Ministerio Público no es un acto negativo con efecto positivo. Por lo anterior, considera que la naturaleza del acto reclamado en el presente asunto, es meramente declarativo; y por ende, no requiere ejecución material. De ahí que no aceptó la competencia para conocer del presente juicio de amparo, al considerar que en el caso, opera el tercer párrafo del artículo 37, de la ley de la materia, esto es, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. CONFLICTO COMPETENCIAL. No obstante, este órgano jurisdiccional reitera las consideraciones expuestas en la determinación de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, ya que como se estableció, el reclamo de la parte promovente no es contra un acto de los que doctrinariamente se conocen como "declarativos", esto es, de aquéllos que sólo se limitan a dejar establecida determinada situación jurídica con relación al gobernado; sino que versa en un "no hacer" de la autoridad respecto de algo que inminentemente tendría la obligación de realizar, es decir, suspender la carpeta de investigación 71185, instruida por la comisión de delitos de violación de depósito y fraude específico y los que resulten, derivada de la tramitación del Juicio Civil Ordinario 02/2017, promovido ante el Juez Décimo Primero de lo Civil, del Primer Distrito Judicial de Guadalajara, Jalisco, por Juan Jesús Vidrio Galván. Esto es así, ya que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta; la violación a ese derecho humano se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Motivo por el cual, de conformidad a la forma en que se planteó el acto reclamado en la demanda de amparo, puede aseverarse que tiene la naturaleza jurídica de un acto negativo con efectos positivos, dentro del trámite de la carpeta de investigación que se sigue a la quejosa, pues debe puntualizarse que no siempre los actos de carácter negativo carecen de ejecución material, ya que si bien la quejosa reclama la negativa del Agente del Ministerio Público número 8 de Abuso de Confianza y Fraudes, de la Dirección General de Delitos Patrimoniales y Financieros de la Fiscalía del Estado de Jalisco, de suspender la carpeta de investigación 71185, instruida por la comisión de delitos de violación de depósito y fraude específico y los que resulten, derivada de la tramitación del Juicio Civil Ordinario 02/2017, promovido ante el Juez Décimo Primero de lo Civil, del Primer Distrito Judicial de Guadalajara, Jalisco, por Juan Jesús Vidrio Galván, lo cual, en apariencia es un acto puramente de carácter negativo; lo cierto, es que ese "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad responsable continúe con la negativa que se le impugna, ineludiblemente provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos procesales y eventualmente sustantivos de la impetrante. De ahí, que se insiste en que el Juez competente para conocer de la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo 158/2023-IV, del índice de este órgano jurisdiccional, es el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, en virtud de la residencia del Agente del Ministerio Público que conoce de la carpeta de investigación de donde derivan los actos reclamados. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48, segundo párrafo de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el punto quinto, fracción II, del Acuerdo General 5/2013 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que otorga facultades a los Tribunales Colegiados de Circuito, para resolver asuntos que versen sobre la competencia originaria de ese Alto Tribunal, remítanse los autos del juicio de amparo en cuestión, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, para lo que tenga a bien resolver respecto de la controversia competencial que se plantea. Comuníquese la presente determinación a la Jueza Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, para los efectos legales procedentes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad que se indica, así como a la Superioridad.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ A LA PARTE QUEJOSA ALMA ROSA AGUIRRE VALENCIA, MEDIANTE AVISO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, POR LO QUE SE PUBLICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE CATORCE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de abril de dos mil veintitrés. NO ACEPTA COMPETENCIA. Agréguese el oficio que remite la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, a través del cual, envía el juicio de amparo 265/2023, del índice del Juzgado de Distrito de su adscripción, formado con motivo del diverso juicio de amparo 158/2023-IV, de la estadística de este órgano jurisdiccional, promovido por Alma Rosa Aguirre Valencia; comunicado del que se advierte que mediante acuerdo de cuatro de abril del año en curso, la titular del referido órgano jurisdiccional no aceptó la competencia declinada en su favor por este juzgado. Lo anterior, en razón de que, a su consideración, de la interpretación del artículo 37 de la Ley de la materia que establece las reglas de competencia por territorio, así como de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en la negativa de suspender la carpeta de investigación 71185, por parte del Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia número 8 de Abuso de Confianza y Fraudes de la Dirección General de Delitos Patrimoniales y Financieros de la Fiscalía del Estado de Jalisco; por lo que, dicho acto no requiere ejecución material, pues si bien el fiscal durante el trámite de la indagatoria se negó a realizar algún acto solicitado por la defensa, como por ejemplo, suspender la indagatoria que está en curso, debe considerarse que se constituye con ello un acto declarativo, que no amerita ejecución material. Ello, porque el Ministerio Público Investigador, se negó a acordar favorablemente la suspensión de la indagatoria; por lo que, no se actualiza o provoca cambio alguno en el estado de las cosas, pues la indagatoria en cuestión continuará; de ahí, que a su criterio, se trata de un acto declarativo que no amerita ejecución material. Además, consideró que suponiendo que la consignación sea una consecuencia de la negativa del órgano investigador, esa determinación es un hecho futuro e incierto, ya que el proceso de una indagatoria, tiene como finalidad la investigación de la posible comisión de un ilícito, por parte del órgano facultado por el artículo 102 constitucional; luego entonces, es evidente que el ejercicio de la acción penal de la indagatoria es un acto que puede o no suceder y por tanto la negativa de suspender la investigación por el Ministerio Público no es un acto negativo con efecto positivo. Por lo anterior, considera que la naturaleza del acto reclamado en el presente asunto, es meramente declarativo; y por ende, no requiere ejecución material. De ahí que no aceptó la competencia para conocer del presente juicio de amparo, al considerar que en el caso, opera el tercer párrafo del artículo 37, de la ley de la materia, esto es, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. CONFLICTO COMPETENCIAL. No obstante, este órgano jurisdiccional reitera las consideraciones expuestas en la determinación de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, ya que como se estableció, el reclamo de la parte promovente no es contra un acto de los que doctrinariamente se conocen como "declarativos", esto es, de aquéllos que sólo se limitan a dejar establecida determinada situación jurídica con relación al gobernado; sino que versa en un "no hacer" de la autoridad respecto de algo que inminentemente tendría la obligación de realizar, es decir, suspender la carpeta de investigación 71185, instruida por la comisión de delitos de violación de depósito y fraude específico y los que resulten, derivada de la tramitación del Juicio Civil Ordinario 02/2017, promovido ante el Juez Décimo Primero de lo Civil, del Primer Distrito Judicial de Guadalajara, Jalisco, por Juan Jesús Vidrio Galván. Esto es así, ya que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta; la violación a ese derecho humano se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Motivo por el cual, de conformidad a la forma en que se planteó el acto reclamado en la demanda de amparo, puede aseverarse que tiene la naturaleza jurídica de un acto negativo con efectos positivos, dentro del trámite de la carpeta de investigación que se sigue a la quejosa, pues debe puntualizarse que no siempre los actos de carácter negativo carecen de ejecución material, ya que si bien la quejosa reclama la negativa del Agente del Ministerio Público número 8 de Abuso de Confianza y Fraudes, de la Dirección General de Delitos Patrimoniales y Financieros de la Fiscalía del Estado de Jalisco, de suspender la carpeta de investigación 71185, instruida por la comisión de delitos de violación de depósito y fraude específico y los que resulten, derivada de la tramitación del Juicio Civil Ordinario 02/2017, promovido ante el Juez Décimo Primero de lo Civil, del Primer Distrito Judicial de Guadalajara, Jalisco, por Juan Jesús Vidrio Galván, lo cual, en apariencia es un acto puramente de carácter negativo; lo cierto, es que ese "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad responsable continúe con la negativa que se le impugna, ineludiblemente provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos procesales y eventualmente sustantivos de la impetrante. De ahí, que se insiste en que el Juez competente para conocer de la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo 158/2023-IV, del índice de este órgano jurisdiccional, es el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, en virtud de la residencia del Agente del Ministerio Público que conoce de la carpeta de investigación de donde derivan los actos reclamados. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48, segundo párrafo de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el punto quinto, fracción II, del Acuerdo General 5/2013 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que otorga facultades a los Tribunales Colegiados de Circuito, para resolver asuntos que versen sobre la competencia originaria de ese Alto Tribunal, remítanse los autos del juicio de amparo en cuestión, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, para lo que tenga a bien resolver respecto de la controversia competencial que se plantea. Comuníquese la presente determinación a la Jueza Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, para los efectos legales procedentes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad que se indica, así como a la Superioridad.
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