Alma Reyes Zuñiga
Expediente 1461/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1461/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Alma Reyes Zuñiga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Incidental
Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que a la fecha no se ha notificado el auto de diecinueve de diciembre de este año, a las autoridades responsables, a fin de que estén en aptitud de rendir su informe previo. En consecuencia, para dar oportunidad a que se cumplimente lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para este día y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para que tenga verificativo. En el entendido que las autoridades responsables gozarán de su segundo periodo vacacional del dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés al siete de enero de dos mil veinticuatro; por tanto, a efecto de que se encuentren en aptitud de rendir su informe previo, es que se fijaron la fecha y hora señaladas con anterioridad. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 14, junio 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 205453, de rubro: "PERIODO VACACIONAL DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL RESPONSABLE. CONSTITUYE UN HECHO NOTORIO QUE PUEDE SER INVOCADO DE OFICIO POR EL JUZGADOR DE AMPARO". Notifíquese. MESA* I
- Principal
Agréguense los oficios enviados por correo electrónico institucional en forma digitalizada, provenientes del Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, a través de los cuales pretende rendir el informe justificado solicitado por este órgano jurisdiccional; respecto a su contenido, no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que no cuenta con la evidencia de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), con la que pueda solventarse el requisito de legitimidad del autor para suscribirlo. Es así, ya que al no obrar la firma autógrafa -signo gráfico- o electrónica con evidencia criptográfica, debe considerarse como un simple papel en el que no se incorporó expresión de voluntad. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 2537, libro 7, noviembre de 2021, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, registro digital 2023740, de rubro siguiente: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)". Notifíquese. MESA* I
- Principal
Apertura de incidente de suspensión. Agréguese el escrito signado por la autorizada de la quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; en atención a su contenido, se le tiene dando cumplimiento al auto de trece de diciembre del año en curso, y al efecto exhibiendo copias suficientes del escrito aclaratorio de demanda, a fin de que se aperture el incidente de suspensión correspondiente; en tales condiciones, de conformidad con lo estipulado en los artículos 125, 128 y 130, de la Ley de Amparo, se ordena la apertura del cuaderno incidental para que se acuerde lo que en derecho proceda. Integración del expediente. De igual manera, conforme al acuerdo citado, hágase del conocimiento de las partes que únicamente las promociones que se reciban de manera física, serán digitalizadas e integradas al expediente electrónico con firma electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad, no así las que se reciban de manera electrónica, las cuales ya se encuentran digitalizadas y firmadas por ese medio, debido a su naturaleza. Notifíquese. Mesa I
- Incidental
Apertura del incidente. Vista la copia del desahogo y la demanda promovida por ****, por derecho propio, contra actos del Juez Décimo Tercero de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como del Titular y Actuario adscritos al Juzgado Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México; fórmese el incidente de suspensión impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo 1461/2023-I. Informe previo. Con fundamento en los numerales 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, pídase a dichas autoridades sus respectivos informes previos, los cuales deberán rendir en el plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS legalmente computado, sin que se les remita copia de la demanda y escrito aclaratorio toda vez que se le envió con los oficios de la admisión de demanda, en la inteligencia que si no lo hacen en el lapso concedido, se presumirán ciertos los actos reclamados de conformidad con el diverso 142 de la Ley de Amparo, requiriéndoles que precise si son o no ciertos los actos que se le atribuyen, pudiendo expresar las razones que considere pertinentes sobre la procedencia o no de la suspensión. Se apercibe a las referidas que de no rendirlo en los términos señalados, se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, como está previsto en el precepto 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Audiencia incidental. En términos del arábigo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notificación a autoridades responsables. Con fundamento en los artículos 26 fracción II, 28, 29 y 30 de la Ley de Amparo, se hace saber a las autoridades responsables que los subsecuentes proveídos de mero trámite o de poca importancia, lo que incluye, por regla general cualquier diferimiento de la audiencia incidental, no les serán notificados por oficio, sino por lista, la cual pueden consultar en la página web oficial del Consejo de la Judicatura Federal, con la liga http://www.dgepj.cjf.gob.mx. Encuentra sustento a lo anterior, en lo conducente, la siguiente jurisprudencia: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Suspensión de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 107, fracción X, constitucional, así´ como en los diversos 128 y 139 de Ley de Amparo, para proveer sobre la presente medida cautelar, corresponde al juzgador de amparo fijar los efectos y condiciones de la suspensión que se solicita. Ahora, de la lectura integral realizada a la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado se hizo consistir en: Todo lo actuado en juicio especial hipotecario, expediente *****, del índice Juez Décimo Tercero de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, derivado del emplazamiento que le fue practicado por el Actuario adscrito al Juzgado Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México. Por su parte, el precepto 128 de la Ley de Amparo, dispone que la suspensión se decretará siempre que se actualicen los requisitos siguientes: a. Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; b. Que exista la solicitud del quejoso, lo que lleva aparejada la existencia del interés jurídico y la afectación; c. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, d. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al quejoso con su ejecución. En principio, se precisa que la solicitante del amparo es tercera extraña por equiparación, acredita su interés suspensional. De igual forma, en la presente suspensión se tomará en consideración lo sustentado en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, Tomo I, Libro 63, Febrero de 2019, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2019200, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA". Aunado a que en relación con el requerimiento consistente en que no se cause perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, es pertinente señalar que el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 138 de la Ley de Amparo, faculta al suscrito titular de este órgano de control a realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Entendidas, la figura de la apariencia del buen derecho, como aquélla que se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto a la existencia del derecho discutido en un proceso, según el cual, de un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, mientras que el peligro en la demora se basa en la posible frustración de los derechos de la solicitante de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. En ese contexto, si bien es cierto que el precepto 128 de la legislación reglamentaria establece sólo dos requisitos de procedencia de la suspensión que no sea de oficio, como lo son que la pida la quejosa y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por tanto, el juzgador debe ponderar tal actuación, lo que sólo puede derivar del análisis integral de los actos reclamados, de sus características, importancia, gravedad y trascendencia social, así como de la dificultad de su reparación, esto es, tomando en cuenta todos los intereses y las posiciones jurídicas que participen en el caso concreto, tratando de conciliarlos, a fin de comparar los daños que la suspensión pueda ocasionar al interés público, con los que deriven contra la quejosa y, en ese tenor, resolver con preferencia al menor menoscabo social. De ahí que el estudio que se realiza no puede limitarse a los requisitos del arábigo 128 invocado, sino que deberá atender de manera simultánea a los contenidos en el dispositivo 138, relativos a la ponderación, además de la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, con los perjuicios de difícil reparación para la promovente, previstos en el diverso 139, pues además, tales requisitos son inherentes a la naturaleza que, como medida cautelar, corresponde a la suspensión del acto combatido. Por lo tanto, al cumplirse con los requisitos de procedencia, es decir, que el acto reclamado es susceptible de ser suspendido, así como las exigencias de legalidad contenidas en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues con su otorgamiento no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, y sí son de difícil reparación los daños y perjuicios que se podrían ocasionar al promovente del juicio de control constitucional al permitirse la ejecución material de los actos reclamados. Con fundamento en los numerales 128, 131, 139 y 151 de la normativa de la materia, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada, para el efecto de que, sin que implique la suspensión del procedimiento en la controversia natural, las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y en caso de no haberse efectuado, no se ejecute la orden de entrega ni se escriture o adjudique el bien inmueble litigioso en favor de un tercero, siempre y cuando derive del expediente ***, del índice Juez Décimo Tercero de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, hasta en tanto las autoridades responsables tengan conocimiento de la resolución definitiva que se pronuncie en este incidente de suspensión. En la inteligencia que la medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos combatidos ya se ejecutaron o provienen de autoridades diversas a las señaladas. Garantía. La medida cautelar citada surte efectos de inmediato, pero dejará de hacerlo de acuerdo con el artículo 136 de la legislación reglamentaria, si dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, el quejoso no exhibe garantía a satisfacción de este juzgador en cualquiera de las formas previstas en la ley, por la cantidad de $***; monto que se fija de manera discrecional en atención a la probable rentabilidad del inmueble materia del juicio de origen y después de una revisión realizada en los medios electrónicos encaminados a ofrecer en arrendamiento inmuebles (***), se puede advertir que la renta mensual de un bien con características semejantes al inmueble materia de la controversia natural, versa en promedio en el monto de $***, multiplicado por seis meses en que se resolverá en definitiva el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión. Lo anterior, tomando en cuenta, esencialmente, la ubicación del bien raíz materia de la litis de origen, el cual se encuentra en una área geográfica de un valor medio con todo tipo de servicios, por la economía imperante en ese lugar, cuyo valor comercial que se les otorga a los inmuebles de esa zona es medio, comparado con el resto de otros lugares. Resulta aplicable a la consideración precedente, por analogía, la tesis del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 449, Tomo XIV, diciembre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 209840, de la literalidad siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, EN AMPARO DIRECTO. EN TRATÁNDOSE DE INMUEBLES. Partiendo de la facultad discrecional que los artículos 125 y 173 de la Ley de Amparo, otorgan a la autoridad responsable, en precisar el monto de la garantía para que surta sus efectos la suspensión del acto reclamado, es indiscutible que no se viola el contenido de los artículos citados, si para ello se tomó como base el valor real y actual, derivado de la extensión y ubicación del inmueble; cuando el título de propiedad refiere el precio de una compraventa, realizada en fecha anterior, que sólo demuestra el acuerdo de los contratantes, mas no puede servir de apoyo para calcular los perjuicios que pueden ocasionarse a los terceros con el otorgamiento de la medida, dado que por el transcurso del tiempo y la situación económica actual, el valor de los inmuebles se ha incrementado". Dicha cantidad tiene por objeto garantizar los posibles daños y perjuicios que con esta medida pudieran ocasionarse al tercero interesado, en caso de negarse o sobreseerse el amparo al quejoso en el juicio principal. Por otra parte, se requiere a la solicitante para que al momento de exhibir la garantía que se solicita, y de optar por el certificado de depósito, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio consejo, cumplan con lo previsto en su numeral 883, el cual ordena: "Artículo 883. Las personas que constituyan los depósitos ante los órganos jurisdiccionales, en el mismo instrumento de depósito otorgarán autorización expresa al secretario técnico del Fondo de Apoyo para que solicite y reciba de la Institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos. En el certificado de depósito se deberá incluir una leyenda que comprenda la autorización a que se refiere el párrafo anterior". En ese sentido, se insiste, de optarse por la exhibición del certificado de depósito, el solicitante de amparo deberá en forma expresa autorizar al secretario técnico del fondo referido, con el fin de que pida y reciba de la institución crediticia la información que le permita el control de dicho depósito, en el entendido de que la omisión de tal expresión se interpretará en sentido afirmativo. Apercibida que de incumplir con las obligaciones impuestas como requisitos de efectividad, dejará de surtir efectos la medida cautelar obsequiada y quedarán expeditas las facultades de las autoridades. Domicilio del quejoso. Con apoyo en el numeral 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio el ubicado en ***. Autorizados. Con base en la certificación de cuenta, se faculta en términos amplios del precepto 12, de la legislación invocada a ***, al contar con su cédula dada de alta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la tesis 2a. VIII/2020, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 4456, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2021840, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". Acceso al expediente electrónico. Se permite a la parte quejosa mediante el usuario "***", lo anterior de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo. Medios electrónicos. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Digitalización. Con fundamento en los artículos 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, y 3º, fracción XII del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformados mediante el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena digitalizar cualquier documento que se reciba de manera física, para ser integrado al expediente electrónico con Firma Electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad y que cuente con los permisos necesarios; de igual forma, se ordena integrar el expediente físico, en el cual únicamente deberán constar los documentos que se reciba de manera física, y aquellos que genere el personal del órgano jurisdiccional, para practicar las notificaciones que se ordenen a cabo en este procedimiento. Habilitación de horas y días inhábiles. Con apoyo en el dispositivo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza para que las notificaciones que se ordenen en forma personal en este expediente así se practiquen. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la divulgación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo atendiendo a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. Transición al expediente electrónico. Se informa a las partes que a partir de este proveído se integrará únicamente el expediente electrónico, de conformidad con en el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID- 19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. De conformidad con el Acuerdo General citado, se ordena digitalizar cualquier documento que se reciba de manera física, para ser integrado al expediente electrónico con Firma Electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad y que cuente con los permisos necesarios; en el entendido que al expediente físico únicamente se deberán integrar los documentos que se reciban de manera física, y aquellos que genere el personal del órgano jurisdiccional, para practicar las notificaciones que se ordenen llevar a cabo en este procedimiento. Integración del expediente. De igual manera, conforme al acuerdo citado, hágase del conocimiento de las partes que únicamente las promociones que se reciban de manera física, serán digitalizadas e integradas al expediente electrónico con firma electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad, no así las que se reciban de manera electrónica, las cuales ya se encuentran digitalizadas y firmadas por ese medio, debido a su naturaleza Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables. Mesa I
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