Alma Patricia Zuñiga Ortiz

Expediente 668/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
668/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
18/11/2015

Partes del expediente

  • Norma Alicia de la Garza Balderas
  • Alma Patricia Zuñiga Ortiz
  • Norma Alicia Monsiváis de la Garza

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, y su anexo, por medio del cual remite testimonio de la resolución dictada en la queja civil 235/2015, del que se advierte: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por Jesús Heberto Monsiváis de la Garza, Alma Patricia Zúñiga Ortiz, Norma Alicia de la Garza Balderas y Norma Alicia Monsiváis de la Garza, contra el auto de veintiocho de agosto de dos mil quince, dictado por la secretaria en funciones de Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, en el juicio de amparo indirecto 668/2015". En consecuencia, acúsese el recibo respectivo; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y se ordena el archivo del presente expediente como asunto concluido. Por último, toda vez que se desechó la demanda de amparo, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, por medio del cual informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Jesús Heberto Monsiváis de la Garza, Alma Patricia Zúñiga Ortiz, Norma Alicia de la Garza Balderas y Norma Alicia Monsiváis de la Garza, por derecho propio, contra el auto dictado el veintiocho de agosto del año en curso, por este órgano jurisdiccional; medio de impugnación que se radicó bajo el número estadístico 235/2015.

  3. Principal

    Quejosos interponen recurso de queja contra proveído de veintiocho de agosto de dos mil quince. Se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, informe sobre la materia de la queja, original de escrito de recurso y copia certificada de las constancias que integran el presente juicio para la substanciación.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Jesús Heberto Monsiváis de la Garza, Alma Patricia Zúñiga Ortiz, Norma Alicia de la Garza Balderas y Norma Alicia Monsiváis de la Garza, contra actos de la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número estadístico 668/2015, por ser el numeral progresivo que le correspondió. Ahora bien, ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el análisis de los actos reclamados por los gobernados que acuden en demanda de amparo debe efectuarse de modo integral y sistemático, atendiendo a la totalidad de las manifestaciones que se vierten en la demanda conducente, así como sus anexos, para estar en aptitud de dilucidar cuál o cuáles son los actos que verdaderamente se reclaman y las características propias de éstos, así como la situación jurídica que guarda la parte promovente con respecto de tales actos; y una vez hecho lo anterior, determinar válidamente tanto la competencia del órgano de control constitucional para conocer de la demanda aludida, así como la procedencia del juicio de amparo. En apoyo a lo anterior, cabe citar la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 192097, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, que dice lo siguiente:(...) Así como la diversa de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 195745, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:(...) Siguiendo tales directrices, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente: a) El auto de diecinueve de agosto de dos mil quince, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 492/2013, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, al cual se ostentan terceros extraños, proveído en el cual se decretó el cateo en el domicilio ubicado en calle Bethobeen, número ciento veintidós, de la Colonia Tecnológico, en esta ciudad, respecto de diversos bienes muebles embargados en dicho procedimiento y respecto de los cuales los ahora quejosos manifiestan ser sus propietarios. Asimismo, se advierte que bajo protesta de decir verdad, manifiestan que en contra del embargo de los bienes muebles que aducen son de su propiedad y que ahora intentan defender por este medio, tienen promovido una tercería excluyente de dominio ante el propio órgano jurisdiccional, de la cual aún no se ha dictado la resolución correspondiente Desechamiento de la demanda. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la demanda de que se trata deberá ser desechada de plano por notoriamente improcedente. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se desprende que el Juez Federal está facultado para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; entendiéndose por "manifiesto", según lo que se observa en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Bajo las anteriores premisas, este juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado." De la lectura del numeral y fracción transcritos se advierte que establece tres supuestos esenciales para determinar que el juicio de garantías es improcedente: 1.- Que se esté tramitando ante los tribunales algún recurso o medio de defensa; 2.- Que haya sido interpuesto por el quejoso; y, 3.- Que dicho recurso tenga por objeto modificar, revocar o nulificar el acto impugnado. Tal hipótesis se actualiza, entre otros casos, cuando en un juicio se trámite una tercería excluyente de dominio, con sus consecuencias legales inherentes; ahora bien, la parte quejosa se ostenta tercera extraña al juicio de origen, sin embargo, interpuso la citada tercería contra la determinación de la autoridad responsable que ordenó el embargo sobre bienes que aduce son de su propiedad (medio defensa que puede tener por efecto revocar o nulificar la determinación combatida), y que ahora combate su posible desposeimiento, de la cual como ya se dijo, aun no se ha dictado la resolución correspondiente. Se dice que la tercería excluyente de dominio es un medio de impugnación que puede tener el efecto de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, toda vez que si se da el caso de que el Juez responsable decida declarar procedente la citada tercería, la cual se desarrolla en todas sus fases procesales como un juicio autónomo, con vida jurídica propia y el tercero opositor ejercita una acción totalmente distinta de la que integra la litis en el juicio principal y su objeto es exclusivamente que se le reconozca un derecho, esto conlleva a que se le restituya a los promoventes en el goce sus derechos y bienes, por tanto, es evidente que ello nulificaría el acto reclamado en este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo hasta aquí expuesto, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, materia común, de diciembre de dos mil, tesis P./J. 144/2000, página quince, cuyo rubro es el siguiente: (...) Ahora bien, la parte impetrante reclama el auto de diecinueve de agosto del año en curso, a través del cual se ordena el cateo en un domicilio donde dicen habitar, a fin de localizar y extraer los bienes muebles embargados dentro del juicio de origen; sin embargo, como ya se dijo, de los antecedes del acto reclamado se desprende que la parte quejosa promovió tercería excluyente de dominio respecto de los bienes muebles que aduce son de su propiedad, de la cual aún no se ha dictado la resolución correspondiente. En ese sentido, los requisitos para que se actualice la causa de inejercicio de la acción constitucional en mención, consistente en que se esté tramitando ante los tribunales algún recurso o medio de defensa legal propuesta por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran acreditados con el dicho de los propios promoventes, en el sentido de se encuentra en trámite la tercería excluyente de dominio, la cual puede revocar o nulificar el acto privativo de propiedad que ahora intentan combatir. Atento a lo anterior, es dable concluir que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo vigente; en tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo de actual vigencia, se desecha de plano la demanda de amparo. Es aplicable el caso, la jurisprudencia 2a./J. 188/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1586, Libro XIV, Enero de dos mil trece, Tomo 2, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2002669, que a la letra dice: (...) Se tiene como autorizada en los términos a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Ramiro Arturo Reyna Guzmán quien cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el ocurso de cuenta. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero de la nueva Ley de Amparo. Por último, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8°, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes que, conforme al procedimiento de acceso a la información, la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite; así también, que pueden ejercer el derecho para manifestar, hasta antes que se pronuncie el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales no se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que tal oposición, únicamente surtirá efectos cuando se trate de expedientes que contengan información reservada que en términos de lo previsto por la fracción IV, del artículo 13, de la citada ley, será cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad, o la salud de las partes. (...)

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