Alma Patricia Tinoco Maciel

Expediente 92/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
92/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
28/10/2020

Partes del expediente

  • Alma Patricia Tinoco Maciel

Actuaciones

  1. Principal

    Estado procesal de autos Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el ocho de octubre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo hicieran; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la ley en la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que obste a lo anterior que no se haga referencia al cómputo respecto a la autoridad responsable; ello, porque de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Amparo, no está legitimada para recurrir en revisión la sentencia dictada en autos, al haberse sobreseído el asunto. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, y no existen documentos originales exhibidos por las partes, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. En términos del punto décimo primero, del acuerdo general en consulta, háganse constar en la carátula los datos precisados con antelación. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se tramitó incidente de suspensión, ni devolución de documentos originales dado que no fueron exhibidos. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo I-92/2020; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Alma Patricia Tinoco Maciel, por conducto de sus apoderados jurídicos Leonel Bladimir Alipio Jiménez y Josué Vázquez Manríquez, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto y por las autoridades que enseguida se precisan: N° Autoridad Actos Reclamado 1 Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado con sede en esta ciudad La omisión de impartir justicia dentro de los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, dado que desde el diez de octubre de dos mil diecinueve, en los autos del juicio 159/2017, no se ha admitido a trámite el incidente de acumulación de juicios que promovió con el fin de que el diverso 871/2018, se acumule al señalado en primer término. Por estimar violatorio de los derechos humanos protegidos por las garantías que se establecen en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Por auto de treinta y uno de enero de dos mil veinte se admitió a trámite la demanda de amparo; se registró el ocurso de demanda respecto de las diversas responsables, bajo el numeral I-92/2020; se solicitó a la autoridad señalada como responsable el informe justificado; se dio la legal intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, es competente para resolver el presente juicio de garantías de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 en relación con el 51 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial, y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, toda vez que el acto reclamado se pretende ejecutar en esta ciudad en la que ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado."; lo que además se contiene en la jurisprudencia de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo, se concluye que la parte quejosa reclama lo siguiente: La omisión de impartir justicia dentro de los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, dado que desde el diez de octubre de dos mil diecinueve, en los autos del juicio 159/2017, no se ha admitido a trámite el incidente de acumulación de juicios que promovió con el fin de que el diverso 871/2018, se acumule al señalado en primer término. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado con sede en esta ciudad, al rendir su informe de ley, negó la existencia del acto reclamado consistente en la omisión proveer sobre el incidente de acumulación de juicio promovido por la actora, ahora quejosa; sin embargo dicha negativa se encuentra desvirtuada dado que en su informe de ley manifestó: ".Que NO ES CIERTO el acto reclamado, toda vez que del análisis de autos del expediente en que se actúa, se desprende que con fecha 07 siete de febrero del año 2020 dos mil veinte, éste Tribunal emitió el acuerdo en donde se tuvo por acordando respecto de la petición de la parte actora de promover Incidente de Liquidación, mismo que se desechó por encontrarse en diferentes etapas procesales, con el expediente que solicita el quejosos acumular, y ordenando únicamente tener a la vista el expediente 871/2018 al momento de emitir el laudo correspondiente.". Y para acreditar su dicho remitió copia de la parte conducente del auto de siete de febrero de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral 159/2017, de cuyo punto de acuerdo V, se desprende lo siguiente: Es decir, contrario a su negativa, al momento de promoverse el juicio de amparo en que se actúa veintiocho de enero de dos mil veinte, sí existía la omisión que se le atribuyó, pues fue hasta el siete de febrero siguiente cuando resolvió la aludida petición, por lo que queda desvirtuada su negativa de informe. Por tal motivo, resulta existente la omisión reclamada en el presente juicio de amparo. CUARTO. Causas de improcedencia. Establecida la existencia de la abstención reclamada, como se precisó en el considerando que precede, se impone analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia en el juicio de amparo por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen las partes o que este juzgador lo advierta de oficio, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora, de las constancias allegadas por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado con sede en esta ciudad, se desprende que el siete de febrero de dos mil veinte, emitió el acuerdo en el que proveyó respecto de la petición de la parte actora de promover incidente de liquidación, el cual desechó porque consideró se encontraba en diferentes etapas procesales, con el expediente al que solicita se acumulara; por lo que ordenó únicamente tener a la vista el expediente 871/2018 al momento de emitir el laudo correspondiente Luego, si en el caso, en este asunto se reclama la omisión de la responsable de acordar lo que en derecho procediera respecto de la referida incidencia y si atendiendo a las constancias enviadas por el tribunal responsable se evidencia que ya lo acordó el siete de febrero del año en curso, es inconcuso que el juicio de amparo en que se actúa es improcedente al actualizarse la causal prevista en la en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando haya cesado los efectos del acto reclamado". En efecto, para que se actualice la causal de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección constitucional. Cobra aplicación por tratar la causal invocada, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente de la Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, página 38, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por ende, si el tribunal responsable el siete de febrero de dos mil veinte se pronunció respecto de la petición que le fue formulada, es evidente que han cesado completamente los efectos del acto reclamado, toda vez que no puede surtir efecto alguno el acto que la quejosa reclama en este juicio. Lo anterior es así, ya que dicho pronunciamiento ha destruido todos los efectos que provocaba la omisión reclamada, de tal manera que ésta no ha dejado ninguna huella en la esfera jurídica de la quejosa puesto que, a la fecha, ya tiene certeza jurídica respecto a cuál será el devenir procesal respecto del juicio laboral 159/2017; por tanto, dicho acto reclamado no puede vulnerar la esfera jurídica de la quejosa al quedar sin efecto alguno. En razón de lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia precisada, por lo que procede sobreseer en el juicio de amparo promovido por Alma Patricia Tinoco Maciel, de conformidad con lo establecido en la fracción V, del artículo 63, de la ley de la materia. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Atento al sentido del presente fallo, no se entra al estudio del fondo de los conceptos de violación, en virtud de la actualización de la causal de improcedencia estudiada, razón por la que, nada obliga a efectuar el análisis del fondo del asunto, circunstancia que deriva de una elemental lógica, pues ante ella se ha presentado una razón de mayor peso, como lo es una causa de improcedencia, que resulta preferente para su estudio y, al ser fundada, operó como una razón excluyente de todas aquéllas restantes que lo llevarían a efectuar el estudio de la litis planteada, es decir, una vez encontrado el impedimento procesal para conocer de determinado negocio, ilógico resultaría analizar su fondo; por ello, se disipa que no se trata de un pretexto para no entrar al estudio de las cuestiones de fondo, tampoco se traduce en una negación de justicia. Respalda el criterio anterior la jurisprudencia 509 de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75, 77 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, se Resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Alma Patricia Tinoco Maciel, contra el acto reclamado a la autoridad responsable citada en esta resolución en el considerando tercero, por los motivos y fundamentos precisados en él.

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