Alma Patricia López Soto

Expediente 649/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 1 actuación registrada, la última del 23 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
649/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
23/11/2022

Partes del expediente

  • Alma Patricia López Soto

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo que promueve Alma Patricia López Soto, mediante la cual solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; anótese su ingreso en el libro de juzgado con el número 649/2022-I. Ahora, toda vez que la parte quejosa señala como autoridad responsable al Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, no es el caso tener a la citada autoridad responsable no obstante de haber sido señalado con tal carácter por la parte quejosa, ya que de los capítulos respectivo a los actos reclamados y antecedentes del acto reclamado, se desprende que reclama de manera destacada la omisión de proveer respecto a su escrito exhibido en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, por lo que a la referida responsable no le reclama un acto autónomo, sino como integrante de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, puesto que del análisis integral de la demanda, se desprende que el impetrante se duele de que la junta laboral de manera colegiada ha sido omisa en omisión de proveer respecto a su escrito exhibido en la audiencia celebrada el catorce de febrero de dos mil veintidós en el expediente laboral 536/2020, de ahí que se corrija el error contenido en la demanda de amparo y se tenga únicamente como autoridad responsable a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 2a./J. 57/95, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 226, del tomo II, octubre de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de registro 200702, que en lo conducente dice: "JUNTA LABORAL Y PRESIDENTE DE LA MISMA. ERROR DEL QUEJOSO AL SEÑALAR COMO RESPONSABLE A AQUELLA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE ESTE. Si bien es cierto que es esencial el correcto señalamiento de la autoridad responsable en la demanda de amparo y que ello es una carga del agraviado, ya que respecto de dichos actos es que versará el juicio y serán motivo de análisis por parte del juzgador; y si bien es cierto, asimismo, que las Juntas laborales y sus presidentes son autoridades distintas, debe considerarse que si en la demanda de amparo el quejoso señala con desacierto como acto reclamado una resolución que atribuye a una Junta como órgano colegiado, cuando ésta fue dictada por el presidente en uso de las atribuciones que le son propias, como la de ordenar la ejecución de un laudo, en estos casos, el error en el señalamiento de la autoridad responsable no da motivo para sobreseer en el juicio con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que el imperativo constitucional de dar noticia de la iniciación del juicio de garantías se cumple al solicitarse y rendirse el informe justificado, ya que éste invariablemente deberá ser emitido por el presidente de dicho órgano colegiado, por ser una atribución que le confiere la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 617, fracción VII, 618, fracción VI, y, 623, por tanto, ya sea que el informe lo rinda en nombre propio o como representante de la Junta, al hacerlo se está haciendo sabedor del inicio del juicio de amparo y con ello está en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado" Con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo, teniéndose como acto reclamado la omisión destacada de proveer respecto a su escrito exhibido en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas celebrada el catorce de febrero de dos mil veintidós, en el expediente laboral 536/2020 del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Sin que sea el caso tramitar incidente de suspensión, toda vez que no fue solicitado por la parte quejosa. Por otra parte, se señalan las once horas con treinta minutos del trece de diciembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a la autoridad responsable al que deberá anexar copia certificada de las constancias que apoyen el mismo, mismas que deberá estar debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; debiendo rendirlo dentro del plazo de quince días hábiles siguientes aquél en que reciba el oficio en el que se le solicita, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora, a una multa en lo individual de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de 9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad $96.22 (noventa y seis pesos y veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable la pena en que incurre con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir lo que le conste en relación con los actos reclamados, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, se solicita a la autoridad responsable que de manera preferente remita el informe justificado a la dirección de correo electrónico oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que si bien se le otorga un plazo de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se les exhorta que en el momento que cuente con la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, lo hagan saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. En ese orden, se hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir los oficios que se le giren en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se hará acreedora a una multa, de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad $96.22 (noventa y seis pesos y veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a la autoridad responsable y demás partes, que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, se harán acreedoras, en lo individual, a una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos), la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos y veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. En otro contexto, este órgano jurisdiccional se reserva de proveer respecto al emplazamiento a juicio del tercero interesado, hasta en tanto obre en autos el informe justificado que rinda la autoridad responsable, a efecto de verificar a quien le asiste tal carácter, así como el domicilio donde pueda ser emplazado. Ahora, en relación a las probanzas ofrecidas por la quejosa consistentes en las documentales que anexa al escrito que se atiende, instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte; mismas que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ella al momento de celebrarse la audiencia correspondiente. En otro aspecto, se le tienen como autorizados de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Marcos Guillermo Robertson Andrade, Jesús Francisco Salas Pereyra, Alán Villalobos Duarte y Alma Diana Velasco González, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Fernando Hinojosa Rojas, Alejandro García Sancho Garayzazr, Reynaldo Ramos Higuera y Luis Fernando Torres Campos, por no contar con dicho registro. En otro orden, se le tiene proporcionando los correos electrónicos, así como el número telefónico que indica; lo anterior, con el objeto de que este órgano jurisdiccional pueda tener una comunicación con la parte quejosa, en los casos que se estime necesario. Asimismo, la parte quejosa solicitó el acceso al expediente electrónico del presente asunto, así como notificaciones vía electrónica, y toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que en el módulo de expedientes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se agregó como promovente en el expediente electrónico de este juicio de amparo a Marcos Guillermo Robertson Andrade, con el usuario "GRA112"; por tanto, como lo solicita, se autoriza al promovente la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, se instruye a cualquiera de los actuarios para que las notificaciones que deban ser personales a la parte quejosa, se realicen de manera electrónica, en términos de la fracción IV del artículo 26 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, no es el caso de tener por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones; pues, en el párrafo que antecede se instruyó al actuario para que las notificaciones que deban realizarse de manera personal a la parte quejosa, se practiquen de manera electrónica, tal y como lo solicitó la parte peticionaria del amparo. En otro contexto, se le exhorta para que continúen el presente asunto bajo el esquema de "juicio en línea", por las facilidades que éste representa en tiempos de la pandemia que actualmente afecta al ser humano, principalmente la protección que genera al no tener que presentar las promociones de manera física y poder recibir las notificaciones de manera electrónica. De igual forma, se solicita a las diversas partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y un correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, del precitado ordenamiento, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualquiera de los actuarios de este juzgado, realice las notificaciones, que se ordenen en el presente asunto. Se autoriza a la secretaria del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto y se entreguen utilizando los medios electrónicos correspondientes En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9 y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3o de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar el secretario. Finalmente, con fundamento en el artículo 5o, fracción IV de la Ley de Amparo, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo debidamente sellada y cotejada con su original. Notifíquese y personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación; utilizando de manera preferente los medios electrónicos al alcance de la actuaria y de la persona a la que se encuentra dirigida, de conformidad con el artículo 251, inciso f), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Así lo acordó y firma Miguel León Bio, juez Noveno de Distrito en el estado de Baja California, ante la secretaria Yarheli Ayadeth Figueroa Alcaraz, que autoriza y da fe. Doy fe.

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