Alma Patricia Jimenez Lopez

Expediente 426/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
426/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
26/05/2022

Partes del expediente

  • Alma Patricia Jimenez Lopez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del lapso establecido en la ley, el auto de nueve de mayo de dos mil veintidós, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 81 fracción I, inciso d), se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales conducentes. Anotaciones en el libro de gobierno. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; nueve de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee; agréguese a los autos el oficio y anexo de la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, por el que informa que se encuentra a disposición de la moral quejosa, el cheque con terminación 1088 que anexa en copia certificada, en las instalaciones que ocupa dicha dependencia, y podrá acudir a gestionar su entrega de lunes a viernes, en un horario de ocho a quince horas, con la encargada de atención en ventanilla; lo que se tiene por informado en vías de cumplimiento del fallo protector y por exhibida la constancia de cuenta. Requerimiento. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad oficiante para que dentro del plazo de siete días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, allegue copia certificada de las constancias con las que acredite que la parte quejosa recibió el título de crédito de referencia; con el apercibimiento de que ante el incumplimiento o no manifestar impedimento, se hará acreedor de una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de proceder como lo disponen los ordinales 192 y 193 de la misma. Se requiere a parte quejosa. No obstante lo anterior, infórmese a la moral quejosa, por conducto de su representante que deberá presentarse con el documento con el que acredite su personalidad y una identificación oficial, en las oficinas que ocupa dicha Tesorería Municipal con la encargada de atención en ventanilla, a fin de realizar los trámites correspondientes a fin de recibir el cheque de referencia, en los días y horarios indicados, sin perjuicio de lo que resulte del requerimiento hecho a la responsable en párrafos precedentes; apercibida que de no hacerlo así, se le tendrá por desinteresada en el cumplimiento del fallo amparador, y este órgano jurisdiccional se pronunciará conforme a derecho corresponda, pues si bien el acatamiento de la sentencia protectora es de orden público y debe vigilarse por este Tribunal Federal, no implica que quede a expensas de la parte quejosa desplegar o no, las acciones suficientes para constatar que se satisfizo por parte de la responsable lo exigido en esa sentencia, pues de pensarse así, implicaría dejar a cargo del promovente la secuela procesal que, se insiste, es de orden público. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de abril de dos mil veintidós. Declaración de cumplimiento. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, y específicamente la certificación de cuenta, de la que se desprende que la parte quejosa desahogó la vista concedida en autos, en virtud de que realizó manifestaciones respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a cargo de la autoridad responsable; en tales condiciones, este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente, a fin de establecer si efectivamente se dio cabal cumplimiento al fallo protector. En ese sentido, se tiene que el treinta de junio de dos mil veintiuno, este juzgado de distrito pronunció sentencia en el presente juicio, en la que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa (foja 152 a 164). Determinación, con la que inconforme la parte impetrante del amparo, interpuso recurso de revisión, el cual quedó radicado con el número 235/2021 del índice del Tribunal Colegiado en Materia Civil Decimoctavo Circuito, quien en sesión de tres de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 197 a 221) determinó: ".PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ... contra las autoridades responsables y actos reclamados señalados en el resultando primero y para los efectos precisados en el último considerando de la presente ejecutoria.". En la resolución emitida por la superioridad, se ordenó a la autoridad responsable ceñirse a los siguientes efectos: ".a) Deje insubsistente todo lo actuado dentro del juicio ordinario mercantil 248/2017, del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, a partir del ilegal emplazamiento practicado a los quejosos; y b) Reponga el procedimiento y ordene de nueva cuenta que se practique el llamamiento al juicio de origen a los quejosos .... y ..., pero cumpliendo para ello con todas las formalidades contenidas en el artículo 131 del Código Procesal Civil para el estado de Morelos, de aplicación supletoria al Código de Comercio.". De la determinación en cita, destacan las siguientes consideraciones: Que el citatorio previo a la práctica del emplazamiento por cédula, no cumplió con la totalidad de los requisitos establecidos en el segundo párrafo del artículo 131 del Código Procesal Civil para el estado de Morelos. Que en el citatorio de mérito no consta que se asentaron los siguientes requisitos: La determinación que se ordenó notificar -autos de siete de julio y ocho de agosto, ambos, de dos mil diecisiete. El domicilio de la persona con quien entregó la cita -...- y no únicamente el nombre como hizo la actuaria. El citatorio no cumple con todos los requisitos del artículo 131 del código en mención por lo que resulta ilegal, así como también el emplazamiento que se practicó con posterioridad, pues éste es resultado de un acto viciado de origen, de ahí que el emplazamiento esté afectado de nulidad, por lo que no puede producir efectos. El quince de diciembre de dos mil veintiuno se tuvieron por recibidos los autos del presente juicio de amparo y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 222 y 223). Ahora bien, la Jueza Tercera Civil de Primea Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado allegó copia certificada de la determinación de catorce de enero de dos mil veintidós de la que se advierte lo siguiente: - Dejó insubsistentes los emplazamientos de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, realizados a los demandados .... y ... Cerroblanco, así como todo lo actuado con posterioridad a dicho emplazamiento. - Ordenó reponer el procedimiento. - Que el emplazamiento practicado por el actuario adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos, a los demandados ... y ..., el cuatro de octubre de dos mil diecisiete, no colmó todos y cada uno de los requisitos señalados en el artículo 131 del Código Procesal Civil vigente en la entidad y con el fin de no violentar las garantías de los demandados declaró sin efectos el emplazamiento practicado así como todo lo actuado con posterioridad en el juicio natural ordenándose reponer el mismo en términos del artículo de mérito. - Se requirió al Actuario adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado, para que al momento de llevar a cabo el emplazamiento respectivo, lo realice en los términos precisados en el artículo 131 de la Legislación Procesal Civil vigente en la entidad (para mayor referencia, lo explica). A la documental anteriormente referida se le otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los preceptos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Analizada la resolución en cita, este juzgado de distrito estima que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, restituyéndose a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, conforme a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, toda vez que la autoridad responsable se ciñó a lo ordenado en la ejecutoria constitucional. Sin que sea óbice a la anterior determinación las manifestaciones formuladas por la parte quejosa en su escrito recibido el veinticinco de enero pasado, en el cual, el quejoso medularmente sostiene que la responsable no dio cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito en virtud de que la jueza responsable debió haber ordenado la restitución de la posesión de los bienes inmuebles a las partes demandadas quienes ostentaban dicha posesión en ese momento, dejando sin efectos los remates y las adjudicaciones realizadas con posterioridad a dicho evento, así como también debió haber ordenado la cancelación de la inscripción de embargo trabado el cinco de marzo de dos mil diecinueve de los bienes inmuebles registrados ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos a nombre de los demandados, ya que los efectos de una sentencia y su debida ejecución deben entenderse de manera integral atendiendo a las consideraciones de la misma y a la naturaleza del caso y no de forma sesgada o parcial atendiendo únicamente, aduce, a la forma en que fueron plasmados los resolutivos de dicha ejecutoria. A consideración de este órgano jurisdiccional la parte quejosa no tiene razón en su planteamiento. Es verdad que en la sentencia de amparo se advirtió la trasgresión al derecho de audiencia previsto en el artículo 14 Constitucional, pues no se cumplió adecuadamente la principal formalidad esencial que rige todo procedimiento, a saber, la notificación del inicio de procedimiento y sus consecuencias lo que a la par, generó la indefensión del afectado en ese juicio y todas sus consecuencias, entre ellas, desde luego, los actos consistente en la sentencia definitiva en virtud de que, derivaron de un procedimiento inconstitucional. También es cierto que el emplazamiento a juicio (reclamado en esta instancia) resultó inválido, lo que generó que todas las actuaciones posteriores que también han sido reclamadas sigan esa misma suerte, puesto que se demostró que el juicio natural se llevó a cabo sin la participación del quejoso. No obstante ello, la responsable sí se ciñó a los lineamientos decretados por el Tribunal Colegiado en la materia, porque determinó dejar insubsistente tanto los emplazamientos reclamados, así como todo lo actuado con posterioridad a la citada diligencia ordenándose la reposición del procedimiento, sin que este juzgado se encuentre obligado a velar que todas las actuaciones posteriores desaparezcan, pues el alcance constitucional no abarca dichas actuaciones, bastando la orden decretada por la Jueza responsable para considerar repuesto el procedimiento, pues al haber dejado sin efectos la diligencia reclamada así como todas las actuaciones posteriores, las mismas siguen dicha suerte, razón por la cual, como se apuntó, se considera que la resolución emitida por la Jueza responsable, cumple con los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo. Sí se tramitó incidencia de suspensión. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, glósese a los presentes autos el original del incidente de suspensión, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del cuaderno principal. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el capítulo segundo, punto cuarto, capítulo tercero, punto decimocuarto y capítulo quinto, puntos vigésimo al vigesimotercero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, y en concordancia con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se instruye lo siguiente: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo quinto, punto vigesimoprimero, fracción IV, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente susceptible de depuración, tal como lo dispone el punto vigesimocuarto de dicho capítulo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el capítulo tercero, puntos decimotercero, decimocuarto y capítulo quinto, punto vigesimoquinto del acuerdo normativo, en concordancia con el artículo 8 párrafo I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales Procédase a la digitalización de la demanda y la sentencia, si ello no ha acontecido, así como las constancias que se estimen necesarias. Destino de cuaderno incidental. Respecto al original del incidente de suspensión, conforme lo establece el artículo 18, fracción I, inciso a) y penúltimo párrafo, del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", procédase a la correspondiente depuración, una vez transcurridos los TRES AÑOS posteriores a este acuerdo, dado el sentido de la suspensión definitiva. En la inteligencia que el duplicado del incidente de suspensión, según lo establece el artículo 20, fracción II, inciso a), penúltimo párrafo, de tal Acuerdo, será destruido una vez transcurridos seis meses posteriores a la emisión del presente proveído que ordena el archivo del expediente entre tanto, manténgase ligado a este expediente Resolución a disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que la resolución dictada en este juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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