Alma Patricia Acosta Chavez
Expediente 247/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 247/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Alma Patricia Acosta Chavez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, este tribunal resolverá si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. En resolución de ocho de abril de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Alma Patricia Acosta Chávez, para los efectos siguientes: QUINTO. Efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. En consideración del acto reclamado y la etapa procedimental en que se ubica el juicio laboral 1028/2019, la concesión de amparo se otorga para efectos que: La Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, dicte la resolución correspondiente en el citado juicio laboral. En cumplimiento a lo anterior, la responsable remitió el oficio JTA35/NGZG/091/2022, al que anexó copia con firmas autógrafas del laudo de veintiocho de junio del año en curso; asimismo, ordenó su notificación. Documentales que tienen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, se determina que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos; por tanto, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En el entendido que hasta en tanto se encuentren debidamente notificadas las partes del presente acuerdo, se remitirá físicamente al archivo definitivo el juicio en que se actúa. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, conforme a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva así como la relativa al archivo, en el entendido que este expediente es susceptible de depuración. Consecuentemente, una vez que trascurra el término de tres años, remítase el presente expediente al Centro Archivístico Judicial correspondiente. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte quejosa. Culiacán, Sinaloa, treinta de junio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio remitido por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, al que en cumplimiento de la ejecutoria de amparo anexa copia certificada de diversas constancias. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el citado oficio y constancias dese vista a las partes para que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efecto la notificación correspondiente, manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto dicho cumplimiento. Trascurrido el plazo concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se emitirá pronunciamiento en torno el cumplimiento de la sentencia protectora. Notifíquese personalmente.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron la sentencia dictada en este juicio de garantías, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa. Ciudad., dé cumplimiento al fallo protector dentro del plazo de treinta y tres días hábiles, legalmente computados; para lo cual, deberá remitir las constancias con las que acredite el acatamiento a la ejecutoria de amparo. Apercibida que en caso de desacato sin causa justificada, con sustento en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización en términos del decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de sus puestos y su respectiva consignación. En la inteligencia que el amparo y protección se concedió para el efecto de que: QUINTO. Efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. En consideración del acto reclamado y la etapa procedimental en que se ubica el juicio laboral 1028/2019, la concesión de amparo se otorga para efectos que: La Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, dicte la resolución correspondiente en el citado juicio laboral. Así entonces, al tomar en cuenta la complejidad o dificultad de los lineamientos de la ejecutoria de amparo, es que se tomó como el término de treinta y tres días hábiles para el debido cumplimiento al fallo protector, de conformidad con el numeral 192, último párrafo, y 193, párrafo tercero, de la ley de la materia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese.
- Principal
El Secretario da cuenta con las constancias relevantes, entre ellas: demanda de amparo, auto admisorio, notificación a las partes, informe justificado y pruebas. El Juez acuerda: Téngase hecha la anterior relación de constancias y rendido el informe justificado; apertúrese la siguiente etapa. Se abre el período de pruebas, en el que a solicitud del Juez, el Secretario hace constar las documentales allegadas por las partes. El Juez acuerda: Se admiten dichas pruebas y se tienen desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. Al no existir medio de convicción pendiente de relacionar, admitir o desahogar, se cierra esta fase y se ordena pasar a la siguiente. Se apertura el periodo de alegatos, en el que a instancia del Juez el Secretario hace constar que las partes no los formularon, asimismo, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no presentó pedimento. El Juez acuerda: Se cierra esta fase de alegatos. Concluidas las etapas de pruebas y alegatos, se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 247/2022. TRÁMITE. PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de marzo de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Culiacán Rosales, Sinaloa, Alma Patricia Acosta Chávez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje. SEGUNDO. Admisión. En proveído de ocho de marzo siguiente se admitió la demanda, se ordenó solicitar informe justificado a la responsable, dar intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se fijó hora y día para la audiencia constitucional, la cual inició en términos del acta que antecede. RESOLUCIÓN. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, virtud que se reclama omisión de autoridad jurisdiccional. SEGUNDO. Acto reclamado. La parte quejosa reclama de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje: La omisión de dictar laudo en autos del juicio laboral 1028/2019. TERCERO. Acto cierto. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje al rendir informe justificado (foja 26), en el que señala que el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno se declaró cerrada la instrucción en el expediente 1028/2019, asimismo, se ordenó turnar el expediente a proyecto de resolución, sin que a la fecha se advierta que se hubiese emitido tal determinación. Lo que se corrobora con las constancias remitidas en copia certificada por dicha autoridad relativas al juicio laboral de origen. CUARTO. Estudio de fondo. La parte quejosa reclama de la Junta responsable la omisión en dictar resolución en el juicio laboral 1028/2019, y agrega que con su actuar se transgreden diversas disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo que la conminan a dictar esa resolución, además que transgrede su derecho fundamental de acceso a justicia pronta y expedita. Asiste razón a la parte amparista, según se explica a continuación: Del artículo 17 constitucional se observa que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, de manera pronta, completa e imparcial; este precepto consagra el llamado derecho a la jurisdicción, cuya finalidad es que los tribunales resuelvan con prontitud, exhaustividad, imparcialidad y eficacia, las controversias que se les presenten. Establecido lo anterior, resulta oportuno destacar que del numeral 885 al 890 de la Ley Federal del Trabajo se advierten los plazos siguientes: diez días siguientes contados a partir del cierre de instrucción para que el Auxiliar formule por escrito el proyecto de laudo; cinco días para que alguno de los miembros de la junta solicite la práctica de diligencias que juzgue convenientes y ocho días más para su desahogo, en su caso; otros diez días para la discusión y votación del proyecto, a cuyo efecto, el Presidente de la junta deberá citar a los miembros en órgano, diligencia en la cual, si fuese aprobado el proyecto sin modificaciones ni adiciones, se elevará a la categoría de laudo, y se firmará de inmediato; y si se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al Secretario que inmediatamente lo redacte, de acuerdo con lo aprobado; y una vez engrosado, él mismo recabará las firmas de los miembros de la junta, y después se turnará al Actuario para que lo notifique de manera inmediata y personal a las partes. Conforme a lo expuesto, la responsable vulnera en perjuicio de la parte quejosa el derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, en atención a que ha incumplido con su obligación consistente en emitir el laudo respectivo en el expediente de origen, a pesar de haber trascurrido en exceso los términos fijados en las disposiciones legales antes precisadas. Lo anterior es así, en virtud que de la copia certificada de la audiencia de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 29 y 30) celebrada dentro de los autos del juicio laboral de origen 1028/2019, se advierte que en esa fecha, entre otras cosas, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó turnar los autos a proyecto de resolución, sin que se advierta alguna otra actuación posterior, por tanto, han transcurrido más de cuatro meses sin que la responsable hubiese dictado la resolución correspondiente. Luego, la responsable no atendió los plazos establecidos por la Ley Federal del Trabajo para dictar el laudo; de ahí, lo fundado del motivo de disenso en análisis. No se desatienden las manifestaciones de la Presidente de la Junta responsable, en el sentido de que no ha dictado el laudo respectivo debido al cúmulo de expedientes que tiene ese tribunal laboral, aunado al escaso personal con el que cuentan y a las medidas de austeridad impuestas por el gobierno federal. Sin embargo, aun cuando no se está obligado a lo imposible y que lo expuesto por la responsable sería motivo suficiente para justificar el retraso en el dictado del laudo correspondiente, pues solo se puede hacer lo material y humanamente posible en función de las cargas de trabajo, personal y presupuesto con que se cuente; empero, como parte en el juicio de garantías la responsable debe acreditar sus aseveraciones en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo. Por tanto, no basta la sola aseveración de la responsable en cuanto a las cargas de trabajo, limitado presupuesto y reducido personal para atenderlas, sino que, en todo caso, debe acreditar esos extremos para justificar su actuar. Al respecto, la Presidente de la Junta responsable para tratar de acreditar sus aseveraciones, anexó a su informe justificado copia certificada del inventario físico de los expedientes y del asignado a los Auxiliares Dictaminadores y otros funcionarios de esa institución. Documentales que no son suficientes para demostrar que en la Junta responsable existe carga de trabajo excesiva que impida resolver conforme a los plazos previstos en la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, porque aun cuando expone el número de expedientes que tiene pendientes de dictamen, el tiempo promedio que se requiere para la elaboración de un proyecto de laudo, y la cantidad de expediente que se tienen turnados para proyecto; sin embargo, con esas documentales no se logra demostrar cuál es el tiempo que requiere un Auxiliar Dictaminador para la elaboración de un proyecto de laudo, ni cuál es el rezago con el actualmente cuenta la responsable, de ahí que no se pueda fijar un parámetro de la posibilidad o imposibilidad de dictar los laudos correspondientes en los términos establecidos por la ley; máxime que a la fecha han transcurrido más de cuatro meses en que se turnaron los autos a resolución en forma de laudo, sin que posteriormente a esa audiencia se hubiese dictado el correspondiente laudo o se hubiese proveído algo al respecto, por lo que no es razonable ni justificable tanta demora para el dictado del laudo. En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por Alma Patricia Acosta Chávez. QUINTO. Efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. En consideración del acto reclamado y la etapa procedimental en que se ubica el juicio laboral 1028/2019, la concesión de amparo se otorga para efectos que: La Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, dicte la resolución correspondiente en el citado juicio laboral. Por lo expuesto y fundando, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Alma Patricia Acosta Chávez, por vicios de fondo. NOTIFÍQUESE.
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