Alma Pacheco Rojas
Expediente 529/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 529/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 29/06/2016
Partes del expediente
- Alma Pacheco Rojas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
VII) Toluca, Estado de México; veintinueve de junio de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, por medio del cual solicita se le informe si el auto de sobreseimiento ha causado estado. Atento a lo anterior, como lo solicita el oficiante, comuníquesele que mediante auto de nueve de junio del año en curso (foja 284), causó estado el auto de veinte de mayo pasado, donde se sobreseyó en el juicio de amparo; por ende se ordenó su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Carolina Denysee Villagrán Salinas, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VII) Toluca, Estado de México; nueve de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación precedente, se advierte que las partes no recurrieron, dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, auto de veinte de mayo del año en curso (fojas 244 a 248), en la que se sobreseyó en el juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara firme. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En otro orden de ideas, el estado de autos evidencia que el presente asunto está concluido, por tanto en su momento archívese este expediente como asunto concluido. En tal virtud, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se hace la indicación de que con fundamento en el punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el segundo, inciso XXI, el presente asunto es susceptible de destrucción; ello pues como se refirió en párrafos precedentes, en esta fecha adquirió firmeza procesal el auto de veinte de mayo de dos mil dieciséis (fojas 244 a 248), en el que se sobreseyó en el juicio de amparo. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el oficio CCJ/ST/1486/2016 de tres de mayo de dos mil dieciséis, con Jazmín Nallely Martínez Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VII) Toluca, Estado de México; veinte de mayo de dos mil dieciséis. INFORME JUSTIFICADO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, rinde su informe justificado y adjunta copia certificada de diversas constancias de la carpeta administrativa 33/2016. A las constancias remitidas por el responsable de referencia, se les otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del ordinal 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°. Y la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, de contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Establecido lo anterior, este órgano de control constitucional advierte que en el presente juicio debe sobreseerse, porque se actualiza la causa de improcedencia, establecida en el ordinal 61 fracción XVII, de la Ley de Amparo; en relación con el numeral 63, fracción V, de la ley en cita; es decir, en razón de que se considera que existió un cambio en la situación jurídica de los quejosos Alma Pacheco Rojas y Víctor Manuel Cruz Zetina. En efecto, el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. ." Del texto del artículo citado, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o un procedimiento seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo. Así, la improcedencia en cita procede cuando se esté en presencia de un acto emitido dentro de un procedimiento judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se conozca un acto que traiga por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones que se aleguen. Es importante señalar, que el elemento principal de este motivo de improcedencia es el cambio de situación jurídica; es decir, la posición del quejoso frente al orden jurídico, derivado de la realización de ciertos actos posteriores. Así, de acuerdo al artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica y los elementos que la determinan son: Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; Un acto posterior emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Cobra aplicación, la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ARTICULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda." La tesis que antecede establece los elementos que actualizan la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica. En la especie, la parte quejosa reclama la orden de aprehensión emitida en su contra y su ejecución. De las copias certificadas de la carpeta administrativa 33/2016, enviadas por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, se evidencia que el dieciséis de enero del año en curso, se llevó a cabo la audiencia para resolver sobre vinculación a proceso, dictándose a los quejosos auto de vinculación a proceso, por el hecho delictuoso de homicidio calificado, cometido en agravio de Raymundo Mateo Cruz, situación que justifica que hubo un cambio de situación jurídica. En las relatadas condiciones el cambio situación jurídica a que se ha hecho referencia origina que las violaciones de la orden de aprehensión reclamada se consideren consumadas de modo irreparable, por lo que no puede analizarse su constitucionalidad, al haber sido resuelta su situación jurídica ante una autoridad judicial, la cual dictó auto de vinculación a proceso dentro de la carpeta de investigación 33/2016-III, por el hecho delictuoso de homicidio calificado, cometido en agravio de Raymundo Mateo Cruz. Bajo ese orden de ideas, la privación de la libertad de la que se duelen los aquí quejosos, ya no dependerá de la orden de aprehensión emitida por el Juez responsable, sino de lo resuelto por la propia autoridad judicial, al haberse dictado el auto de vinculación a proceso antes señalado. Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración sentó jurisprudencia en el sentido de que la libertad personal puede restringirse por cuatro motivos; la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena, y que cada caso constituye una situación jurídica diversa, de modo que cuando cambia desaparecen los efectos del acto reclamado y es improcedente el amparo contra la situación jurídica anterior. Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, página 1788, que dice: "LIBERTAD PERSONAL. RESTRICCIÓN DE LA (CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA). La libertad personal puede restringirse por cuatro motivos: la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos de que se ha hablado, se llama situación jurídica; de modo que cuando esta situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras, y por lo mismo, desaparecen los efectos del acto reclamado, y es improcedente el amparo contra la situación jurídica anterior." También deviene aplicable, la jurisprudencia II.3o. J/59, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 70, de la Octava Época, Octubre de 1993, visible en la página 57, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURIDICA. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR. La aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena, son los motivos a través de los cuales se pueden restringir la libertad personal; teniendo cada una de estas modalidades características peculiares. Al conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos a que se ha hecho mención, se le denomina situación jurídica; de tal manera que cuando ésta situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras, desapareciendo así los efectos del acto reclamado, lo que hace improcedente el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior." Y, la jurisprudencia VI.1o. J/57, de la Octava Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Agosto de 1991, visible en la página 139, que dice: "SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO. EL CAMBIO DE ELLA, VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, RESPECTO DE LA ANTERIOR. La libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: la aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; la detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; la prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; la sentencia de primera instancia, y en su caso, la de segunda instancia; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo, lo que motiva sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74 fracción III de la misma ley." En las relatadas condiciones, al configurarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de garantías, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley en cita. Aunado a lo anterior, obra en autos los informes justificados de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Decimoprimero, Decimosegundo, Decimotercero y Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de México; así como de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México y Comisario General de la Policía Ministerial, quienes negaron la existencia del acto reclamado en el ámbito de sus facultades (fojas 115, 105, 98, 83, 97, 85, 118, 84, 96, 77, 73, 78, 79, 89, 76, 63, 64, 66, 71, 72, y 62 en el orden citado); sin que los impetrantes de amparo hayan aportado prueba alguna para desvirtuar la negativa referida; consecuentemente, procede sobreseer en el presente juicio de garantías respecto de las aludidas responsables, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. El sobreseimiento de referencia se hace extensivo respecto de la autoridad Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Federal Ministerial, porque a ésta no se le atribuyen vicios propios de ejecución. En este sentido resulta aplicable la jurisprudencia publicada en la página 286 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 91-96 Sexta Parte, Séptima Época, Instancia Tribunales Colegiados, cuyo contenido es: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución.". Sin que obste a lo anterior, el que a la fecha no hayan transcurrido en su integridad los ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que el quejoso tenga conocimiento del informe justificado rendido por el juez responsable, pues como se expuso, ante el cambio de situación jurídica que impera en el caso, es indiscutible que el acto reclamado no puede ser analizado por la subsistencia y existencia de auto de vinculación a proceso decretado en contra de los quejosos Alma Pacheco Rojas y Víctor Manuel Cruz Zetina. De esa manera y en acatamiento a lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra el derecho humano de impartición de justicia pronta y expedita, es que resulta jurídica la presente determinación, sin que se incurra en algún tipo de violación procedimental. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las once horas con veinticinco minutos del trece de junio de dos mil dieciséis. Finalmente, la certificación de cuenta evidencia que los quejosos Alma Pacheco Rojas y Víctor Manuel Cruz Zetina, dentro del plazo de tres días otorgado en veintiuno de abril pasado (fojas 49 a 53), no señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Toluca, Estado de México; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento ahí determinado y con fundamento en los artículos 26, fracción III, 27, fracción II, y 29, de la ley de la materia, practíquense las notificaciones correspondientes en este asunto, aun las que deban ser de carácter personal, por medio de lista de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto, señalen domicilio en donde sea factible notificarles. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Irma Zoraida Campos Navarro, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VII) Toluca, Estado de México; dieciséis de mayo de dos mil dieciséis. En términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes manifiesten lo que a su derecho e interés convenga, agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Juez Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, rinde su informe justificado. Con él, hágase nueva relación en la celebración de la audiencia constitucional. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para celebrarse hoy a las once horas con cinco minutos, tal y como se ordenó en auto de veintiuno de abril pasado; sin embargo, en autos aún no obra la constancia de notificación del oficio 18270 del índice estadístico de este juzgado, dirigido al Juzgado de Control de Tlalnepantla, Estado de México, por medio del cual se le requirió su informe justificado. En consecuencia, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para hoy, se difiere y, en su lugar, se fijan las once horas con veinticinco minutos del trece de junio de dos mil dieciséis para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Irma Zoraida Campos Navarro, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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