Alma Morales Guerrero

Expediente 732/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
732/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
15/12/2020

Partes del expediente

  • Alma Morales Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, misma que por una parte, sobreseyó en el presente juicio, y por otra, negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otro lado, ya que resulta innecesario conservar las documentales remitidas por la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, ********************en apoyo a su informe de ley, con las que se formaron los cuadernos de prueba I y II, se ordena devolverlas a la referida autoridad; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega del documento descrito. Notifíquese por lista a las partes quejosa y tercera interesada; y, mediante oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción...

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Andrés Cholula, Puebla, siendo las nueve horas con cincuenta minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veinte, hora y fecha señaladas para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de garantías 732/2020 (foja 59 vuelta), promovido por Alma Morales Guerrero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante Aída Araceli Ramírez Lozano, Secretaria que autoriza y da fe, la declaró abierta con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. A continuación, la secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: el escrito de demanda de Alma Morales Guerrero (fojas 2 a 8), auto admisorio de ocho de octubre de dos mil veinte (fojas 45 a 51), el informe justificado de la autoridad responsable que lo rindió (foja 61), y se certifica: que transcurrió el plazo de ocho días concedido a las partes para imponerse de dicho informe justificado, en términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. También se da cuenta con la constancia de emplazamiento de cuatro de noviembre de dos mil veinte, del tercero interesado 1. Javier Francisco Ramírez Caballero, por conducto de su representante Alejandro Bautista Minor, donde la actuaria adscrita a este juzgado de Distrito hizo constar que dicha parte señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el mismo donde fue emplazado (foja 64). A lo anterior, el juez de Distrito acuerda: Téngase por realizada la relación de constancias y la certificación que antecede, para los efectos legales procedentes. Respecto a la parte tercero interesada 1. Javier Francisco Ramírez Caballero, con fundamento en el inciso c), fracción I del artículo 26 de la Ley de Amparo, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal el mismo donde fue emplazado. Abierto el período probatorio, la Secretaria da cuenta con las documentales que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda, consistentes en (fojas 9 a 44): 1. Copia de la constancia de notificación practicada a la parte quejosa, del auto de uno de octubre de dos mil veinte, emitido por la autoridad responsable licenciada Desiree Bernal Quintana, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, dentro de la averiguación previa 600/2016/HUEJO/DMZN; 2. Copia de la sentencia definitiva dictada dentro del juicio de amparo 290/2019-IX del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y 3. Copia de la sentencia de seis de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, relativa al toca de amparo en revisión 164/2019. Enseguida, el juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales relatadas por la Secretaria que ofreció la parte quejosa, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la Secretaria hace constar que el agente del Ministerio Público Federal adscrito no presentó pedimento y que las demás partes no hicieron uso de su derecho de formular alegatos. Enseguida, el juez de Distrito acuerda: Toda vez que el agente del Ministerio Público Federal adscrito no presentó pedimento y las demás partes no formularon alegatos, se tiene por precluido su derecho para ejercerlo, con lo que se cierra el periodo de referencia. Enseguida, al no existir más promociones que acordar ni pruebas por desahogar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional, por lo que se levanta la presente acta para constancia, y acto seguido el juez de Distrito dicta VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo número 732/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Alma Morales Guerrero, y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la Demanda. Por escrito presentado el seis de octubre de dos mil veinte, ante el buzón judicial y remitido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el siete de octubre siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Alma Morelos Guerrero, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y actos siguientes (fojas 2 y 3). "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: A).- COMO AUTORIDADES ORDENADORAS: 1.- La AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN METROPOLITANA, ENCARGADA DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA 600/2016/HUEJO/DMZN, con domicilio oficial bien conocido en la ciudad de puebla por ser autoridad. 2.- La AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DESIREE BERNAL QUINTANA, ENCARGADA DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA 600/2016/HUEJO/DMZN. IV.- ACTOS RECLAMADOS. De las autoridades ordenadoras reclamo: A).- El ilegal dictado del acuerdo de fecha uno de octubre del año dos mil veinte dentro la averiguación previa 600/2016/HUEJO/DMZN, por la Negativa a RECABAR las pruebas ofrecidas de parte de la suscrita ALMA MORALES GUERRERO, quien tengo el carácter de probable responsable dentro de la indagatoria antes descrita, pruebas que ya tuvo por admitidas por la agente del ministerio público DESIREE BERNAL QUINTANA, ENCARGADA DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA 600/2016/HUEJO/DMZN." La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 apartado A fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 5). Segundo. Radicación de la demanda y trámite del juicio. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, y mediante auto de ocho octubre de dos mil veinte, se radicó la demanda con el número 732/2020, y se admitió la misma sin incidente de suspensión (fojas 45 a 51), se requirió el informe justificado a las autoridades responsables, y se le dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (foja 58 ). Tercero. Parte tercera interesada. En cumplimiento al auto de tres de noviembre de dos mil veinte (foja 62) se emplazó el cuatro del indicado mes y año a la parte tercera interesada, a saber: 1. Javier Francisco Ramírez Caballero, por conducto de su representante Alejandro Bautista Minor (foja 64). Cuarto. Cita para audiencia. En auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte (foja 59), se señaló nueva fecha y hora para la audiencia constitucional, celebrándose en sus fases de pruebas y alegatos al tenor del acta que antecede, y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclama un acto de esa naturaleza, atribuido a autoridades ordenadoras con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguientes. A las autoridades ordenadoras: 1. agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, encargada de la Averiguación Previa 600/2016/HUEJO/DMZN, y 2. agente del Ministerio Público Desiree Bernal Quintana, encargada de la Averiguación Previa 600/2016/HUEJO/DMZN: - El acuerdo de uno de octubre de dos mil veinte, en el que se admitieron tres pruebas documentales que ofreció la parte indiciada, aquí quejosa, dentro de la indicada Averiguación Previa 600/2016/HUEJO/DMZN que se le sigue en su contra, pero respecto a la petición que realizó en el sentido de que la representación social las solicitara a las autoridades respectivas, se le dijo que no por las razones que se exponen en el mismo. TERCERO. Existencia o Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." I. Inexistencia del acto reclamado por lo que hace a la autoridad responsable 1. agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, encargada de la Averiguación Previa 600/2016/HUEJO/DMZN. En efecto, la 2. agente del Ministerio Público Desiree Bernal Quintana, encargada de la Averiguación Previa 600/2016/HUEJO/DMZN rindió el informe correspondiente respecto de la 1. agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, encargada de la Averiguación Previa 600/2016/HUEJO/DMZN, refiriendo que es cierto el acto que se le reclama (foja 61). Sin embargo, por lo que hace a la existencia del acto reclamado a la 1. agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, encargada de la Averiguación Previa 600/2016/HUEJO/DMZN, se desvirtúa, por haber prueba en contrario, ésto, ya que de las copias certificadas de las constancias que integran la averiguación previa 600/2016/HUEJO/DMZN (anexos I y II) que remitió la 2. agente del Ministerio Público Desiree Bernal Quintana, encargada de la indicada indagatoria, al rendir el correspondiente informe justificado, que tienen pleno valor en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos, se advierte que el proveído de uno de octubre de dos mil veinte reclamado (fojas 902 y 903 del anexo II), fue emitido por dicha 2. agente del Ministerio Público Desiree Bernal Quintana, encargada de la Averiguación Previa 600/2016/HUEJO/DMZN, por tanto la primera de ellas no lo emitió. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el juicio, ante la inexistencia del acto reclamado a la autoridad responsable 1. agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, encargada de la Averiguación Previa 600/2016/HUEJO/DMZN. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." II. Existencia del acto reclamado por lo que hace a la autoridad responsable 2. agente del Ministerio Público Desiree Bernal Quintana, encargada de la Averiguación Previa 600/2016/HUEJO/DMZN. Al respecto la autoridad responsable 2. agente del Ministerio Público Desiree Bernal Quintana, encargada de la Averiguación Previa 600/2016/HUEJO/DMZN, al rendir el informe justificado en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo (foja 61), refirió que es cierto el acto reclamado que se le atribuye. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por el tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Existencia del acto reclamado que se corrobora con las copias certificadas de las constancias que integran la averiguación previa 600/2016/HUEJO/DMZN (anexos I y II) que remitió la señalada agente del Ministerio Público al rendir el correspondiente informe justificado, ya valorada, y de las que se advierte la existencia del auto de uno de octubre de dos mil veinte reclamado (fojas 902 y 903 del anexo II). Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por el tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda. Dada la naturaleza jurídica del acto reclamado resolución emitida dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, la acción de amparo debe ser promovida, dentro del término de quince días que marca el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues en el caso no se está en ninguno de los cuatro supuestos de excepción a que aluden las fracciones de dicho numeral. Por lo que, si de conformidad con lo dispuesto por el numeral 18 de la Ley de Amparo, el término de los quince días para presentar la demanda de amparo se computa a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la Ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado, entonces, al señalar el artículo 48 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla que los plazos judiciales se contarán desde el día siguiente al de la fecha de notificación, se concluye que las notificaciones en el procedimiento penal surten efectos el mismo día en que se efectúan. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES EN MATERIA PENAL. SURTEN EFECTOS EL MISMO DÍA EN QUE SE PRACTICAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 48 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla no es preciso en determinar cuándo surten sus efectos las notificaciones, sin embargo, señala que los términos judiciales se contarán desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación respectiva, de donde se concluye que, por regla general, las notificaciones en materia penal surten efectos desde que se efectúan y, por ende, si la codificación que rige el acto concreto no señala, específicamente, cuándo surte efectos la notificación, los términos deben computarse a partir del día siguiente al en que ésta se realiza." En esa tesitura, de las copias certificadas que remitió la 2. agente del Ministerio Público Desiree Bernal Quintana, al rendir el correspondiente informe justificado, que integran la averiguación previa 600/2016/HUEJO/DMZN (anexos I y II) ya valoradas, se advierte que se le notificó a la parte quejosa el dos de octubre de dos mil veinte (fojas 908 y 909 del anexo II). Luego, el plazo de quince días para promover el amparo transcurrió a partir del día siguiente hábil, esto es, del cinco al veintiséis de octubre de dos mil veinte, sin contar los días sábado y domingo, y el doce de dicho mes por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, si la demanda de amparo que motivó el presente juicio se presentó el seis de octubre de dos mil veinte, mediante buzón judicial, se tiene que fue al segundo día del plazo con el que contaba la parte quejosa para la presentación de la demanda de amparo, por lo que su promoción fue oportuna. QUINTO. Ponderaciones previas. I. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia correspondientes a la décima época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor, y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. II. Normas aplicables. La averiguación previa de la que deriva el acto reclamado, se tramita conforme al anterior sistema de justicia penal, por lo cual, es evidente que no le son aplicables las disposiciones que regulan el nuevo sistema penal acusatorio. En consecuencia, para verificar la constitucionalidad del acto reclamado se debe atender al texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo previsto en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, con fecha veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, y sus reformas. III. Suplencia de la queja. En el presente asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa tienen el carácter de indiciada en la averiguación previa origen de los actos reclamados. SEXTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. El estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, se analiza a la luz de los conceptos de violación, sin necesidad de transcribirlos, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a ello. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Ahora bien, resulta conveniente apuntar que es obligación de todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquéllos previstos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable en lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona. El nuevo mandato contenido en el dispositivo 1º de la Constitución General de la República, implica que los derechos fundamentales reconocidos en ella, deben ser complementados con los que se contengan en los diversos tratados internacionales, conjunto normativo que permite determinar el marco jurídico dentro del que debe realizarse el llamado control de convencionalidad. Luego, las autoridades judiciales, entre otras, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar, los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. El parámetro de análisis de este tipo de control, se integra por los derechos humanos: - Contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en el artículo 1º), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación. - Reconocidos en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. - Los tratados competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establecida en el texto de los mismos o mediante jurisprudencia de la Corte. - Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consagrados en las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido o no, parte. Así, corresponde al suscrito juez de Distrito determinar si el acto reclamado, vulnera o no, algún derecho fundamental de la parte quejosa. Al respecto, la quejosa reclama a la 2. agente del Ministerio Público Desiree Bernal Quintana, encargada de la Averiguación Previa 600/2016/HUEJO/DMZN, el auto de uno de octubre de dos mil veinte, en el que se admitieron tres pruebas documentales que ofreció la parte indiciada, aquí quejosa, pero respecto a la petición que realizó en el sentido de que la representación social las solicitara a las autoridades respectivas, se le dijo que no por las razones que se exponen en el mismo. El indicado acuerdo señala (fojas 902 y 903 del anexo II): "(.) CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 1, 8 Y 21 CONSTITUCIONAL, 2, 3, 50, FRACCIÓN I, 51, 56 BIS, 73, 83, 108, 122, 123, FRACCIÓN VI, 163 Y 164 DE CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO, Y EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 1115/2019-E PROMOVIDO POR LA C. ALMA MORALES GUERRERO; SE PROCEDE A ACORDAR EL ESCRITO PRESENTADO CON FECHA 07 SIETE DE NOVIEMBRE DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE SIGNADO POR LA C. ALMA MORALES GUERRERO Y AL RESPECTO SE ACUERDA. SE TIENE A LA C. ALMA MORALES GUERRERO OFRECIENDO COMO PRUEBAS DE SU PARTE 1.- LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA CENTRO DEL JUICIO DE AMPARO NÚMERO 290/2019-IX DE LOS DEL ÍNDICE DEL JUZGADO CIERTO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA; MISMA QUE SE ADMITE; SIN EMBARGO NO HA LUGAR A SOLICITAR LA COPIA CERTIFICADA AL JUZGADO ANTES MENCIONADO EN VIRTUD DE QUE EN LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LA PRESENTE INDAGATORIA, YA CORRE AGREGADA DICHA DOCUMENTAL CON FECHA CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. 2.- POR CUANTO HACE A LA PRUEBA CONSISTENTE EN LA COPIA CERTIFICADA DE LA SENTENCIA DE FECHA SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO, RELATIVA AL TOCA DE AMPARO INDIRECTO EN REVISIÓN CON NÚMERO 164/2019, EMANADO DEL JUICIO DE AMPARO 2990/2019-IX; CORRESPONDE A LA C. ALMA MORALES GUERRERO SOLICITAR LA EXPEDICIÓN DE LAS COPIAS CERTIFICADAS ANTE EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO, LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE DICHAS COPIAS FUERON SOLICITADAS POR ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL EN VÍAS DE CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO MEDIANTE OFICIO 24/2020; SIN EMBARGO, MEDIANTE OFICIO 18/2020 LA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO, LIC. LILIANA SANTOS GOMES DETERMINÓ NO HA LUGAR ACORDAR FAVORABLEMENTE MI PETICIÓN, INDICANDO QUE SI LA C. ALMA MORALES GUERRERO DESEA LA EJECUTORIA EMITIDA, DEBERÁ SOLICITARLA DIRECTAMETE A DICHO TRIBUNAL; EN ATENCIÓN DE LO ANTERIOR, SI BIEN LE ES ADMITIDA COMO PRUEBA DICHA DOCUMENTAL, DEBERÁ DE GESTIONAR LA EXPEDICIÓN ANTE EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO. 3.- RELATIVO AL DOCUMENTO PÚBLICO QUE OFRECE COMO PRUEBA LA. ALMA MORALES GUERRERO CONSISTENTE EN LA COPIA CERTIFICADA DEL INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO VEINTIUN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, VOLUMEN TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE, DE FECHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL SEIS, CELEBRADO ANTE LA FE DE LA ABOGADA SILVIA HERNÁNDEZ AGUILAR, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA UNO DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, RELATIVO AL ACTO JURÍDICO DE COMPRA-VENTA CELEBRADO POR JOSEFINA GUERRERO DE OLARTE, EN SU CARÁCTER DE PARTE VENDEDORA, Y LA C. ALMA MORALES GUERRERO EN SU CARÁCTER DE PARTE COMPRADORA, RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA PLAZA PRINCIPAL NÚMERO DOSCIENTOS NUEVE DEL BARRIO PRIMERO DEL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, PUEBLA, DEL QUE SOLICITA SE RECABEN LAS COPIAS CERTIFICADAS DEL LIBRO DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO UNO DONDE SE ENCUENTRA EL REFERIDO ACTO JURÍDICO; DÍGASELE QUE AL SER PARTE EN DICHO INSTRUMENTO Y NO HABIENDO IMPEDIMENTO ALGUNO ESTÁ EN APTITUD DE SOLICITAR LAS COPIAS DE DICHO INSTRUMENTO ANTE LA NOTARIO DE REFERENCIA, POR LO QUE SI BIEN LE ES ADMITIDA COM PRUEBA DICHA DOCUMENTAL, DEBERÁ DE GESTIONAR LA EXPEDICIÓN. NOTIFÍQUESE EL PRESENTE ACUERDO..." Ahora, la parte quejosa vía conceptos de violación señaló lo siguiente: 1. Que la agente del Ministerio Público al no recabar las pruebas documentales que ofreció en su calidad de indiciada o de probable responsable en la indagatoria origen del acto reclamado, viola en su contra la garantía de defensa adecuada contenida en el artículo 20, apartado A fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anterior a la reforma de dos mil ocho (foja 6); y, 2. Que las copias con las que cuenta la quejosa "(.) no se le otorgaron de manera que me sirvieran para demostrar el contexto completo en el que fueron distadas, ya que las autoridades que me expidieron las copias certificadas lo hicieron con supresión de datos, por lo que me fue indispensable que la autoridad responsable recabe dichas pruebas sin supresión de datos, pero la autoridad señalada como responsable dicta el acuerdo de fecha uno de octubre del año dos mil veinte dentro de la averiguación previa., negándose a RECABAR las pruebas ofrecidas.". transgrediendo en su contra la garantía de defensa adecuada contenida en el artículo 20, apartado A fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anterior a la reforma de dos mil ocho (foja 7). Los anteriores conceptos de violación se califican de infundados, estudiados en su conjunto por así permitirlo el artículo 79 de la Ley de Amparo, sin que esta autoridad Federal encuentre queja que suplir de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, como se pasa a argumentar. Para así sostenerlo, en principio, se transcribe el artículo artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anterior a la reforma de dos mil ocho, que prevé: "Artículo 20.- En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: A. Del inculpado: I.-(.) V.- Se le recibirán los testigos y demás pruebas que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, siempre que se encuentren en el lugar del proceso. VI.- (.)" Las garantías previstas en las fracciones I, V, VII y IX también serán observadas durante la averiguación previa, en los términos y con los requisitos y límites que las leyes establezcan; lo previsto en la fracción II no estará sujeto a condición alguna." De conformidad con lo dispuesto en el precepto y fracción constitucional transcritos, en todo proceso penal, el inculpado tendrá derecho a una defensa adecuada y para tal efecto se le recibirán los medios de prueba que ofrezca. Dicha disposición, como lo establece el último párrafo, resulta igualmente aplicable en la averiguación previa, esto es, durante la etapa de la averiguación previa se le recibirán al indiciado las pruebas que ofrezca para desvirtuar el contenido de la denuncia o querella, así como de los resultados de las diligencias practicadas por el Ministerio Público durante su investigación. También, del último párrafo de la Constitución Federal que ha quedado transcrito, se advierte que, tratándose de averiguación previa, la garantía de defensa contenida en la fracción V indicada, se observará con las limitantes, términos y requisitos que las leyes establezcan (leyes secundarias). Al respecto, la autoridad responsable, para fundar su actuar, señaló entre los artículos 122, 123, 163, y 164 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el estado de Puebla, que señalan: "Artículo 122.- En el procedimiento de Defensa Social se admitirá como prueba todo aquello que se ofrezca como tal, siempre que, a juicio del funcionario, conduzca lógicamente al conocimiento de la verdad, y el propio funcionario podrá emplear cualquier medio legal, que establezca la autenticidad de la prueba." "Artículo 123.- La Ley reconoce como medios específicos de prueba: I.-(.) VI.- Los documentos públicos y privados; VII.-(.)" "Artículo 163.- Son documentos públicos y privados los que señala con tal carácter el Código de Procedimientos Civiles." "Artículo 164.- Los documentos que presenten las partes o se relacionen con la materia del proceso, se agregarán al expediente, asentando razón en autos; pero si fuere difícil o imposible obtener otro ejemplar de los mismos o se temiere que sean sustraídos, se mantendrán en lugar seguro, agregando a los autos copia autorizada." Los numerales transcritos regulan lo relativo a la prueba documental pública y privada. Luego, atento a lo anteriormente expuesto, en el caso a estudio, contrario a lo que sustenta la quejosa, la autoridad responsable le respetó el derecho de defensa que le asiste, al admitirle las pruebas documentales que ofreció de conformidad con los numerales que han quedado transcritos; sin que el hecho de no acordar favorable la petición de la quejosa para que la representación social las solicitara implique una violación a la garantía de defensa en comento, por lo siguiente. I. Por lo que respecta a la prueba documental pública, consistente en la sentencia dictada en el juicio de amparo 290/2019-IX del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, la autoridad ministerial responsable la admitió de conformidad con los numerales que han quedado transcritos, y argumentó que no había lugar a requerir copia certificada de la aludida resolución al señalado juzgado de Distrito, en razón de que, dicha documental ya obraba agregada desde el cuatro de junio de dos mil diecinueve, en la indagatoria en comento 600/2016/HUEJO/DMZN. Lo anterior, como se dijo, no es violatorio de garantía es estudio (de defensa adecuada), porque dicha documental, como bien lo argumentó la ministerio publico responsable, ya se encuentra agregada a la indagatoria (fojas 772 a 775 del anexo I), la cual no contiene supresión de datos, pues la resolución en comento está contenida en el oficio que se le dirigió a la autoridad responsable para notificarle la misma; de ahí que no le genera agravio alguno a la quejosa lo dicho en el acuerdo reclamado. Signifíquesele a la quejosa que no toda resolución sin supresión de datos personales, es indispensable para resolver, pues, en su caso, de existir en la indagatoria algunas con supresión de datos, será hasta que la representación social consigne la averiguación previa en su contra, cuando se verá si el conocimiento de dicha información, correspondiente a los datos suprimidos, resultaban indispensables para ejercer su defensa adecuada y no antes, pues la representación social pudiera determinar el no ejercicio de la acción penal. Ello aunado a que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, y con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en toda sentencia, es que se suprimen los datos relativos a dicha información (reservada o confidencial), en términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. II. En relación con la prueba documental consistente en copia certificada de la sentencia dictada el seis de septiembre de dos mil diecinueve, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, en el toca de revisión número 164/2019, la misma fue admitida por la ministerio público responsable en términos ley, y además determinó dicha autoridad que no había lugar a requerir la copia certificada de referida ejecutoria, ya que mediante oficio 18/2020 signado por la secretaria de acuerdos de dicho tribunal Colegiado, se le informó que debía solicitarla directamente la indiciada Alma Morales Guerrero; de ahí que a la quejosa correspondía gestionar tal expedición. Tal pronunciamiento de manera alguna transgrede en contra de la quejosa la garantía es estudio (de defensa adecuada), porque la representación social ya había actuado, como lo dijo, en los términos solicitados. En efecto, por auto de diecisiete de enero de dos mil veinte, la autoridad ministerial responsable, ordenó girar oficio al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, solicitando copias certificadas de la ejecutoria de siete de septiembre de dos mil diecinueve, pronunciada en el toca de revisión número 164/2019, sin supresión de datos por haberla ofrecido como prueba la indiciada Alma Morelos Guerrero, girando el oficio 24/2020 de la misma fecha (fojas 883 y 891 del anexo II). En contestación al oficio anterior, efectivamente, como lo argumentó la autoridad ministerial responsable, mediante oficio 18/2020 signado por la Secretaria de Acuerdos de dicha tribunal, informó que no había lugar a acordar favorable la petición referida, ya que "si la citada impetrante desea que la ejecutoria aquí emitida sea glosada a la indagatoria, deberá solicitar a este tribunal la expedición de la misma en copia certificada" (fojas 892 y 893 del anexo II). Por lo que ante la negativa del tribunal colegiado de expedir la copia de la indicada ejecutoria, la Ministerio Público responsable estuvo en lo correcto en no volver a solicitarla, lo que no genera agravio alguno a la quejosa, púes ella puede solicitarla directamente. III. Respecto a la prueba documental relativa a la copia certificada del instrumento notarial 21,799, volumen 347, de veintiocho de septiembre de dos mil seis, pasado ante la fe de la titular de la Notaría Pública 1, del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, que contiene el acto jurídico de compra-venta celebrado por Josefina Guerrero de Olarte, en su carácter de parte vendedora y de Alma Morales Guerrero, como compradora, respecto del bien inmueble ubicado en la plaza principal numero doscientos nueve del Barrio Primero del Municipio de Huejotzingo, Puebla, la misma fue admitida por la autoridad responsable, de conformidad con los numerales que han quedado transcritos. No obstante, la Ministerio Público responsable expuso que no había lugar a requerir la copia certificada del instrumento notarial de referencia a la Notaría Pública 1, del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, en razón de que al ser parte la indiciada, aquí quejosa, en el contrato de compra-venta que contiene dicho instrumento notarial, no había impedimento legal alguno para que ésta gestionara su expedición directamente. Lo acabado de indicar, no es violatorio de la garantía es estudio (de defensa adecuada), porque, como bien lo dijo la autoridad responsable, al no haber impedimento alguno para que la quejosa gestione la expedición de la copia que requiere, fue correcto que acordara que lo hiciera la indiciada, aquí quejosa; y una vez que lo haga, y en caso de obtener una respuesta negativa del titular de dicha Notaría, entonces, en su caso, la autoridad ministerial responsable podrá actuar al respecto una vez que se le haga de su conocimiento. En virtud de lo todo lo anteriormente expuesto, este juzgado de Distrito determina que no hay violación a la garantía de defensa adecuada que hace valer la quejosa; debiendo decir que al establecerse la defensa adecuada durante la etapa de averiguación previa, con respecto a la fracción en comento (fracción V) no se buscó otorgar al indiciado el derecho de presentar pruebas en la indagatoria sin limitación alguna, sino que dicho ofrecimiento debe respetar la facultad investigadora del Ministerio Público (autoridad responsable), que emana directamente del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anterior a la reforma de dos mil ocho, en relación con el numeral artículo 108 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, por ser el encargado de emplear los medios de investigación que estimen pertinentes para la comprobación de los elementos del tipo penal y de la responsabilidad del sujeto activo; por lo que puede acontecer, de acuerdo con los medios de convicción existentes, que no tuviere duda respecto de la demostración del delito y de la responsabilidad penal del sujeto activo, y ante ello resultaría innecesario que ordenara la práctica de ciertas pruebas o diligencias. En consecuencia, al ser infundados los conceptos de violación y, al no advertirse motivo alguno que amerite suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo, PROCEDE NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a la quejosa Alma Morelos Guerrero, respecto del acto que reclamó a la 2. agente del Ministerio Público Desiree Bernal Quintana, encargada de la Averiguación Previa 600/2016/HUEJO/DMZN, consistente en el acuerdo de uno de octubre de dos mil veinte, en el que se admitieron tres pruebas documentales que ofreció la parte indiciada, aquí quejosa, pero respecto a la petición que realizó en el sentido de que la representación social las solicitara a las autoridades respectivas, se le dijo que no por las razones que se exponen en el mismo. SÉPTIMO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 65, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por Alma Morelos Guerrero, respecto de la 1. agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, encargada de la Averiguación Previa 600/2016/HUEJO/DMZN, y el acto precisado en el considerando segundo de esta resolución, y en virtud de lo narrado en el apartado I del considerando tercero de la misma. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Alma Morelos Guerrero, contra el acto que reclamó a la 2. agente del Ministerio Público Desiree Bernal Quintana, encargada de la Averiguación Previa 600/2016/HUEJO/DMZN, consistente en el auto de uno de octubre de dos mil veinte, emitido en la indicada indagatoria, en virtud de lo expuesto en el considerando sexto de esta resolución. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese la presente resolución junto con el acta de audiencia: por lista a la parte quejosa y parte tercero interesado debiéndose enviar por correo electrónico a la administración del edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del acuerdo general 21/2020; y por oficio a las autoridades responsables, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de noviembre de dos mil veinte. Visto, agréguese a los autos el informe justificado de la autoridad responsable 1. y 2. Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, Desireé Bernal Quintana, con el que se da vista a las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el citado precepto 117 y el diverso 119, ambos de la mencionada ley, téngase como prueba de su parte la documental que anexa a su informe de ley, sin perjuicio de relacionarla nuevamente en el momento procesal oportuno. Dado el cuantioso número de fojas que conforma la documental remitida, fórmense los cuadernos de prueba I y II, para mejor facilidad de su manejo, respetando su folio, sello y rúbrica. Por otra parte, en términos del artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, se tiene como parte tercero interesada a Alejandro Bautista Minor en representación de Javier Francisco Ramírez Caballero, con domicilio para ser emplazada en calle Veinticuatro Norte, número Doscientos siete, avenida Dos Oriente, colonia Resurgimiento, en la ciudad de Puebla, C.P. 72370. Por lo que, se ordena al actuario judicial de la adscripción realice lo siguiente: Le notifique, a la referida parte procesal el presente proveído, así como el auto admisorio; La emplace en el domicilio respectivo; Le corra traslado con copia autorizada del escrito de demanda, auto admisorio y el presente acuerdo, por si a su interés conviene se apersone, ofrezca pruebas y alegue sus derechos; Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza al Actuario Judicial que corresponda realizar el emplazamiento de mérito aún en horas y días inhábiles, en la inteligencia de que si se entera de domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar que se le informe y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, para lo cual deberán indagar con los vecinos del lugar. De igual forma, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte tercera interesada con las constancias de autos. Notifíquese personalmente a la parte tercera interesada y por lista a las demás partes.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días concedido a las autoridades responsables 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, Encargada de la Averiguación Previa 600/2016/HUEJO/DMZN y 2. Agente del Ministerio Público, Desiree Bernal Quintana, Encargada de la averiguación previa 600/2016/HUEJO/DMZN, en auto de ocho de octubre de dos mil veinte, para rendir sus informes justificados. Ante tal circunstancia, y a efecto de respetar el plazo indicado, la audiencia constitucional señalada para las once horas con diez minutos de esta fecha, se difiere y se señala como nueva fecha las nueve horas con cincuenta minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veinte, para su celebración. Notifíquese por lista a las partes...

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano