Alma Milagros Salas Valdez

Expediente 1706/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1706/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
26/12/2017

Partes del expediente

  • Alma Milagros Salas Valdez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1706/2017-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el primer punto resolutivo determinó sobreseer y, en el segundo, negar la protección constitucional en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Finalmente, toda vez que la Directora General y Presidenta del Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS Femenil Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, remítase a las autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  2. Principal

    ...PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Alma Milagros Salas Valdez, contra el acto consistente en falta de falta de atención médica especializada en ginecología, traumatología y gastroenterología que se reclamó al Integrantes del Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social número 16 CPS Femenil Morelos, en términos de la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Alma Milagros Salas Valdez, respecto del acto reclamado a la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número 16 CPS Femenil Morelos, consistentes en la omisión de otorgar atención médica especializada en ginecología, traumatología y gastroenterología, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta sentencia. TERCERO. Dése cumplimento al acuerdo general 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE EN EL LUGAR DE RECLUSIÓN. Así lo resolvió y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe, cuatro de diciembre de dos mil diecisiete que lo permitieron las labores de este juzgado federal. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de noviembre de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio signado por la Secretaria Adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual devuelve el cuaderno principal del juicio de amparo 2358/2015-V promovido por Adeline Berenice Merino, y testimonio de la ejecutoria emitida en los autos del amparo en revisión 1227/2016, concluyendo con los puntos resolutivos que son del tenor siguiente: "PRIMERO.- En la Materia de la revisión se MODIFICA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Adeline Berenice Merino Salgado, respecto 94 TER a 94 TER-11 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Adelline Berenice Merino, Salgado, respecto del artículo 77, fracción 11 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, por los motivos y para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria." En mérito de lo anterior, remítase copia autorizada del presente proveído a la Superioridad, en vía de acuse de recibo de los autos originales del juicio de amparo 2358/2017-V, y testimonio de la ejecutoria emitida en los autos del amparo en revisión 1227/2016. Asimismo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, agréguese el cuaderno antecedentes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. La ley de Amparo en comento prevé en sus artículos 192 y 193, el procedimiento que el Juez de Distrito debe llevar a cabo para lograr el puntual cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Bajo ese contexto, el Pleno del Alto Tribunal señala en la jurisprudencia P./J.54/2014(10ª.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página diecinueve, registro 2007918, Décima Época, el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, a saber: I. El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. II. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumpla la sentencia de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) Si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. III. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación.; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. IV. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. V. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. VI. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. VII. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Ahora bien, en el entendido de que la sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, se concedió para los efectos siguientes: "Finalmente, en virtud de la inconstitucionalidad de los artículos 59 a 64, de la Ley General de Hacienda -vigentes hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince-, así como los diversos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal, ambas legislaciones del Estado de Morelos, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, para los efectos siguientes: Se desincorporen de la esfera jurídica de la parte quejosa, hasta en tanto no sean reformados, los artículos 59 a 64 de la Ley General de Hacienda -vigentes hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince-, así como los diversos 119 a 125, de la Ley General de Hacienda Municipal, ambas del Estado de Morelos. Como consecuencia de la declaratoria de inconstitucionalidad de los mencionados preceptos, y en razón de la inconstitucionalidad que le asiste a los cobros consignados en los recibos 2512402, 2512399 y el diverso con folio y serie catastro 7598, expedidos los dos primeros por la Secretaría de Hacienda y el último por la Tesorería municipal de Tepoztlán, ambos del Estado de Morelos, se ordena reintegrar a la parte quejosa los pagos que realizó de $160.00 (ciento sesenta pesos 00/100 moneda nacional) y $128.00 (ciento veintiocho pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de impuesto adicional estatal, y $1,780.00 (mil setecientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de impuesto adicional municipal. En el entendido que se deberá restituir a la parte quejosa los pagos que realizó de $160.00 (ciento sesenta pesos 00/100 moneda nacional) y $128.00 (ciento veintiocho pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de impuesto adicional estatal, y $1,780.00 (mil setecientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de impuesto adicional municipal, debidamente actualizados, pero sin que ello obligue al pago de intereses, toda vez que el pago de aquéllos tiene como finalidad sancionar a la autoridad por el incumplimiento oportuno del deber de una devolución, es decir, tienen una naturaleza indemnizatoria." Inconforme con la resolución la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual tuvo conocimiento el Sexto Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en esta ciudad, el cual procedió modificar la sentencia recurrida y conceder la protección constitucional para los efectos siguientes: No se aplique a la parte quejosa en el caso concreto ni en lo futuro el artículo 77 fracción II, de la Ley General De Hacienda Municipal del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el veinticuatro de diciembre de dos mil catorce, hasta en tanto no sea reformado dicho precepto legal. Toda vez que, en la especie, el efecto del amparo no se puede traducir en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan. Al gasto público en la medida de su capacidad contributiva o, en el caso del pago de derechos, por el servicio recibido, por lo que la restitución de la garantía violada sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa de $6,000.00 prevista en la fracción II del artículo 77, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el ocho de diciembre de dos mil quince, pero sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima establecida en la norma legal impugnada, por concepto de inscripción de derechos de registro a razón de $64.00 (ochenta y dos pesos 00/100 moneda nacional); por lo que la cantidad restante le deberá ser devuelta a la parte quejosa, debidamente actualizada" En consecuencia, se procede a realizar la actualización de las cantidades pagadas por la parte quejosa: 1. por concepto del Registro Público de la Propiedad de Conformidad con el artículo 77, fracción II de la Ley General de hacienda del Estado de Morelos, dicha actualización se realizará de acuerdo a la fecha del pago (veintisiete de enero de dos mil dieciséis) y a la fecha del presente requerimiento (ocho de octubre de dos mil diecisiete), de conformidad con el artículo 31, párrafo primero, del Código Fiscal del Estado de Morelos, realizando las operaciones siguientes para determinar la cantidad total debidamente actualizada: MES MAS RECIENTE (TOMANDO EN CUENTA LA PRESENTE FECHA) SEPTIEMBRE 2017 ENTRE MES ANTERIOR DE ACUERDO A FECHA DE PAGO DICIEMBRE 2015 IGUAL FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 127.972 / ?? 118.532 = 1.079640940842979 CANTIDAD COBRADA POR FACTOR DE ACTUALIZACIÓN IGUAL CANTIDAD TOTAL ACTUALIZADA $6,160.00 X 1.079640940842979 = $6,650.58 Ahora bien, a la cantidad de $6,650.58 (seis mil seiscientos cincuenta pesos 58/100 moneda nacional) es procedente restarle $64.00 (sesenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional, cantidad por la cual la quejosa se encuentra obligada de enterar por concepto de inscripción de derechos de registro, siendo un total de 6,586.58 (seis mil quinientos ochenta y seis pesos 58/100 moneda nacional). Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables Secretario de Hacienda del Estado de Morelos y Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos para que dentro del término de QUINCE DÍAS, siguientes a los que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, informen a este juzgado sobre el total cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, esto es reintegre a la parte quejosa la cantidad de 6,586.58 (seis mil quinientos ochenta y seis pesos 58/100 moneda nacional) por concepto del cobro del registro público de la propiedad, o bien informe la situación presupuestal precaria que les impida realizar la referida devolución. 2. Por concepto de cobro del Impuesto adicional Municipal, dicha actualización se realizará de acuerdo a la fecha del pago ( enero de dos mil dieciséis) y a la fecha del presente requerimiento (ocho de octubre de dos mil diecisiete), de conformidad con el artículo 31, párrafo primero, del Código Fiscal del Estado de Morelos, realizando las operaciones siguientes para determinar la cantidad total debidamente actualizada: MES MAS RECIENTE (TOMANDO EN CUENTA LA PRESENTE FECHA) SEPTIEMBRE 2017 ENTRE MES ANTERIOR DE ACUERDO A FECHA DE PAGO DICIEMBRE 2015 IGUAL FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 127.972 / ?? 118.532 = 1.079640940842979 CANTIDAD COBRADA POR FACTOR DE ACTUALIZACIÓN IGUAL CANTIDAD TOTAL ACTUALIZADA $1,908.00 X 1.079640940842979 = $2,059.95 Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere a la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, para que dentro del término de QUINCE DÍAS, siguientes a los que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, informe a este juzgado sobre el total cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, esto es reintegre a la parte quejosa la cantidad de $2,059.95 (dos mil cincuenta y nueve pesos 95/100 moneda nacional), por concepto de cobro de impuesto adicional municipal y remita copia certificada de las constancias que acrediten lo anterior, o bien informe la situación presupuestal precaria que les impida realizar la referida devolución. De lo anterior, es necesario acrediten con la documentación oficial respectiva la situación financiera que presentan las diversas partidas que integran su presupuesto, debiendo tomar en cuenta que aun ante la falta de recursos presupuestales en la partida destinada al cumplimiento de sentencias o pagos similares, las referidas autoridades están obligadas a adoptar todas las medias que resulten necesarias para dotar de recursos a esa partida, como puede ser mediante las transferencias o adecuaciones presupuestales que resulten necesarias para ello, atendiendo al carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago, ya que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar el acatamiento de una sentencia constitucional, tal y como se precisa en la tesis jurisprudencial identificada con el número P./J.5/2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN.", publicada en la página diez, del Tomo XXXIII, correspondiente mes de marzo de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Cabe precisar que el término de quince días, se fija en virtud de que, para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, las autoridades responsables deben realizar una secuencia actos para la entrega de las sumas a reintegrar; asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo las autoridades deberán realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, considerando que ya tienen conocimiento de los actos reclamados, de sus antecedentes, de que tienen acceso al expediente de amparo para revisar constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; razón por la cual, el término señalado es improrrogable. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. III. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere al N, Morelos, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, para que dentro del término de QUINCE DÍAS, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, que puede ir de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de noviembre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual, en atención al requerimiento de veinticinco de octubre pasado remite copia certificada del instructivo, así como la razón actuarial de veintisiete de octubre de la presente anualidad, por los cuales notifican el auto de veinte de octubre del año en curso a la parte actora, referente al expediente laboral ********************; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. En tales condiciones, se advierte que la autoridad responsable se encuentra realizando actos tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, requiérase a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de TRES DÍAS siguientes en que se notifique el presente acuerdo, remita copia certificada del acuerdo recaído a la vista de veinte de octubre pasado, en el juicio natural. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.

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