Alma Lorena Bedoy Martinez

Expediente 2073/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2073/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
08/12/2022

Partes del expediente

  • Alma Lorena Bedoy Martinez
  • Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Causa ejecutoria. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días aludido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el quince de noviembre de dos mil veintidós, mediante la cual se sobreseyó en el juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la citada resolución. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años, debido a que se sobreseyó en el juicio. Oposición de datos personales. De autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el precitado Acuerdo, que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes. Notifíquese por lista física y electrónica.

  2. Principal

    En Zapopan, Jalisco, siendo las diez horas con veintiséis minutos del quince de noviembre de dos mil veintidós, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 2073/2022, Mabel Cortez Navarrete, Jueza Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, encontrándose en audiencia pública asistida de Hilario Núñez Arvizu, Secretario que autoriza y da fe, la declaró abierta sin la asistencia de las partes, ni de persona alguna que las represente. Acto seguido, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, el Secretario hace relación de las constancias que integran el presente sumario; además, da cuenta a la Jueza con el oficio y anexo de registro. La Jueza acuerda: Relación de constancias. Se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el presente juicio de amparo. Se abre el periodo probatorio. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, en el que se admiten y se tienen por desahogadas las documentales exhibidas respectivamente por la parte quejosa y la autoridad responsable; al no haber más pruebas que desahogar, se cierra esta etapa. Se abre el periodo de alegatos. Enseguida, se abre el periodo de alegatos y se hace constar que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito si formuló pedimento; se tienen por reproducidos los argumentos de la representación social, los cuales de resultar procedentes se tomarán en consideración en su oportunidad procesal, y al no haber escrito que tener por reproducido en dicho sentido, se cierra la presente etapa. Con lo anterior se finaliza el desahogo de la audiencia de ley, y se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 2073/2022, promovido por *****, contra la omisión que reclama del Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, y actuario adscrito; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, *****, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la omisión y la autoridad siguientes: Autoridad responsable: Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco. Actuario adscrito a la Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco. Acto reclamado: "[.] De la H. Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en el Estado de Jalisco, lo constituye la falta de LAUDO DEFINITIVO que debe recaer al conflicto laboral número ****, cuyo procedimiento se encuentra concluido en todas y cada una de sus etapas procesales desde el día 16 de mayo de año 2022, que hasta la fecha se haya dictado el laudo correspondiente y del Actuario notificador adscrito a la H. Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, lo constituye el no notificar el laudo correspondiente, incurriendo con ello en una violación a lo dispuesto por los numerales 885 al 890 de la Ley Federal del Trabajo y del artículo 17 Constitucional. [.]" Sic. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de seis de octubre de dos mil veintidós, se radicó la demanda bajo el número de juicio de amparo 2073/2022; se admitió a trámite y se requirió a la autoridad responsable su informe con justificación; se ordenó dar la intervención legal al representante social de la adscripción; asimismo, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, a la que se dio inicio en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, tiene competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo, con fundamento en los numerales 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 37, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 61, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tratarse de un amparo en materia laboral y reclamarse un acto de autoridad residente en la demarcación territorial donde este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a fijar la litis constitucional en la presente instancia; así como en atención al criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, misma que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, página 32, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En esas condiciones, de la lectura integral de la demanda y de la totalidad de las constancias que obran en el presente sumario constitucional, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: De la Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco: La omisión de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral *****. Del Actuario adscrito a la citada Junta: La omisión de notificar el laudo correspondiente. TERCERO. Existencia de los actos reclamados La Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y el Actuario Notificador adscrito, fueron omisos en rendir su informe justificado, no obstante encontrarse legalmente notificado para ello. Sin embargo, resulta pertinente señalar que la parte quejosa no allegó al presente juicio de amparo ningún medio de prueba eficaz, ni idóneo, para para demostrar, la existencia de su interés jurídico. CUARTO. Causales de sobreseimiento. No obstante lo anterior, no cabe realizar el análisis al fondo de la cuestión planteada, pues el amparo deviene en improcedente cuyo examen por ser de orden público es oficioso, tal y como lo ordena la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa no acreditó contar con interés jurídico para promover este juicio; en razón de que, como a detalle se explicará, no existen elementos de los que se infiera por lo menos, que ******, sea parte en el juicio laboral ****, que refiere en el escrito inicial de demanda. Primeramente, debe decirse que el interés jurídico es un presupuesto de procedencia en el juicio de amparo, que se impone como carga a la parte quejosa, en ciertos casos, para que demuestre la titularidad del derecho subjetivo que reclama, y que éste, se vio afectado; esto es, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Pues bien, tomando en consideración que el quejoso, según lo manifiesta bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, se duele de que las responsables han cometido omisiones en el juicio laboral *****; por tanto, el quejoso se veía obligado a demostrar que cuenta con un derecho subjetivo, esto es, acreditar que efectivamente sea parte en el juicio natural del índice de la Junta Especial número Diecisiete de la Local de Conciliación y Arbitraje. Así, se tiene que la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, aplica en aquellos amparos en que se promueva en defensa de un interés jurídico, lo que se considera se actualiza en la especie, a la luz de las disposiciones relacionadas con ese precepto jurídico, así como, con las interpretaciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido con respecto al requisito de procedibilidad consistente en el interés jurídico. Es aplicable la tesis aislada 2a. LXX/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos diecisiete, tomo 2, del Libro XII, septiembre de dos mil doce, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "Décima Época Registro: 2010982 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2016 (10a.) Página: 705 JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto.". Así es, los artículos 6 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, reglamentan el artículo 107 constitucional, así como, el 103 de la Carta Magna, conforme a su contenido antes de la reforma, en tratándose del interés jurídico en amparo contra actos de autoridad. Por lo que, para determinar qué debe entenderse por interés jurídico, y cómo debe acreditarse el mismo en amparo contra esos actos, conforme a la ley reglamentaria de ese artículo, de acuerdo a su anterior contenido, conviene tener en cuenta el contenido del numeral 6º de la Ley de Amparo: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". Asimismo, para definir al interés jurídico, de acuerdo a dichos numerales, que conforman la reglamentación del numeral 107, fracción I, de la Constitución, en cuanto al interés jurídico, en el juicio de amparo, conforme a los numerales transcritos, la otrora Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia 10, visible a página cuarenta y seis del apéndice de 1985, parte VII, materia común, correspondiente a la Séptima Época, cuyo rubro y texto refieren: "Séptima Época Registro: 245886 Instancia: Sala Auxiliar Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 72, Séptima Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 55 INTERES JURIDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial.". De lo aseverado deriva, que la Superioridad ha sostenido que la afectación que un determinado acto de autoridad ocasiona al gobernado, debe probarse en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo, en cuanto previene que el juicio de garantías solamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Por consiguiente, de acuerdo con el referido numeral, conforme lo establecido en el criterio invocado, el agravio que resienta el gobernado debe ser actual y, por ende, la afectación que se cause también debe existir al momento de intentar la acción constitucional. De esta manera, la demostración del agravio que la parte quejosa aduzca, le causa la responsable al emitir el acto reclamado, así como la legitimación para recurrirlo, conforme al artículo 107, fracción I, constitucional, y acorde a sus normas reglamentarias, constituyen requisitos de procedibilidad para el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, pues, como se ha visto, se requiere en principio, que el acto de autoridad cause perjuicio al promovente y que éste a su vez, se encuentre legitimado para impugnarlo, de tal forma que sólo podrá analizarse el fondo del asunto; es decir, determinar si los actos son o no inconstitucionales, si se satisfacen dichos requisitos. Así es, pues el artículo 107, fracción I, de nuestra Carta Magna, señala que el juicio de amparo sólo procede a instancia de parte, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De acuerdo a la doctrina y jurisprudencia, asiste interés jurídico al quejoso cuando es titular de un derecho subjetivo (público o privado) que resulte lesionado por la ley reclamada. Así es, la existencia de un derecho subjetivo supone la reunión de tres elementos: un interés exclusivo, actual y directo; el reconocimiento y tutela de ese interés por la ley, y que la protección legal se resuelva en la aptitud de su titular para exigir del obligado la satisfacción de ese interés mediante la prestación debida. El interés es exclusivo, actual y directo, si es personal, existe al momento de promover el juicio constitucional y el bien perseguido por él, conduce a la satisfacción de una necesidad del titular. Ese interés estará reconocido y protegido por la ley, cuando haya una norma jurídica creada para garantizar en forma directa e inmediata su satisfacción. Esto sucederá cuando de la norma surja una relación jurídica, en virtud de la cual una persona (sujeto activo) tenga el derecho de exigir la satisfacción de su interés, y otra persona (sujeto pasivo) que podrá ser un particular tratándose de derechos subjetivos privados tenga el deber de satisfacer tal interés a través de una prestación de contenido positivo, de dar o hacer, o de contenido negativo, de no hacer. La concurrencia de ambos extremos determina a su vez la presencia del otro elemento de acuerdo con la norma invocada: que para hacer efectiva la tutela del interés, el orden jurídico conceda a su titular los medios orientados a su satisfacción, que pueden consistir en recursos o acciones judiciales. Así, uno de los requisitos esenciales de todo derecho subjetivo es la existencia de una norma creada por el legislador con el propósito inmediato de tutelar el interés exclusivo, actual y directo del particular colocado en el supuesto. De lo dicho se concluye, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al referirse al concepto de parte agraviada, estatuye las características siguientes: Que aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. Siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución; Con esa alegación, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Como se observa, la obligación de acreditar el interés jurídico y afectación a la esfera jurídica a la quejosa no fue suprimido de los presupuestos de procedencia del juicio de amparo, pues, esencialmente, la variación que tuvo dicho precepto constitucional, a partir del cuatro de octubre de dos mil once, fue esencialmente que al juicio de amparo ya no solamente podrán acceder aquellos que directamente se vean afectados en su esfera de derechos y obligaciones por un acto de autoridad, sino además, los que aduzcan tener un interés legítimo individual o colectivo, que por su especial situación frente al orden jurídico, se afecte su esfera jurídica. Lo que se tiene también, porque del análisis de la exposición de motivos de las reformas al artículo en cita, se observa que el principio de agravio personal y directo que se estipulaba en el numeral 107, fracción I, de la Carta Magna, no fue suprimido por el Poder Constituyente Reformador, sino que, se estimó mantener su vigencia, y además, dar apertura a que, aquellos que tengan un interés legítimo, ya sea colectivo o individual, tengan acceso también al juicio de amparo. Es decir, se amplió el concepto de parte agraviada, y a partir del cuatro de octubre de dos mil once, ya no únicamente tienen la posibilidad de promover el juicio de amparo, aquellos que detenten la titularidad de un derecho subjetivo que se haya visto afectado, sino además, aquellos que se encuentren en especial situación frente al orden jurídico, y que por esa razón, se afecte su esfera jurídica por un acto de autoridad. Con base en lo expuesto, se tiene que la forma de considerar el concepto de parte agraviada, dependerá de cada caso en concreto, es decir, de la manera en que el quejoso acuda al juicio de amparo y lo que aduzca que le causa un perjuicio. De ello, deriva que la parte quejosa acude al amparo, no por la vulneración a un interés legítimo, sino jurídico, con el que, dice cuenta, esto es, el de parte actora del mencionado juicio, y que le causan perjuicio las omisiones por parte de la Junta Especial número Diecisiete de la Local de Conciliación y Arbitraje, y Actuario Notificador adscrito. Bajo esta tesitura, si el juicio de amparo, como se vio, es procedente en contra de actos de autoridad, siempre y cuando se acredite el interés jurídico del impetrante de la protección federal; resulta evidente que la afectación que un determinado acto de autoridad ocasiona a la parte quejosa, debe probarse en los términos establecidos en el numeral 5, fracción I, y 6, de la Ley de Amparo, cuando, como en el caso, se acude en defensa de un interés jurídico, pues su contenido reglamenta dos de los principios que continúan rigiendo el juicio de amparo, como lo son, el de instancia de parte agraviada y agravio personal y directo, en cuanto a que dichas disposiciones previenen que la sede constitucional, solamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Por consiguiente, de acuerdo con los referidos numerales, el agravio que resienta el gobernado debe ser actual y, por ende, la afectación que se cause también debe existir al momento de intentar la acción constitucional. De esta manera, la demostración del agravio que a la parte quejosa le causan las omisiones por parte de la Junta Especial número Diecisiete de la Local de Conciliación y Arbitraje, y Actuario Notificador adscrito, dentro del juicio laboral 2472/2021/17-B, constituye un requisito de procedibilidad para el estudio de la violación que se le atribuye a ese acto, pues, como se ha visto, de conformidad con el artículo 6, de la Ley de Amparo se requiere que el acto cause perjuicio al solicitante del amparo, de tal forma que sólo podrá analizarse el fondo del asunto; es decir, determinar si dicha omisión atenta o no en contra de los derechos humanos reconocidos por la Constitución o por los Tratados Internacionales en que México ese parte, o las garantías reconocidas por aquélla para la protección de esos derechos humanos, si se satisface el requisito previo del acreditamiento del derecho subjetivo y del consecuente perjuicio producido por el acto de autoridad al mismo. Sin que la parte quejosa, acreditara la afectación a ese interés jurídico, por las razones que enseguida serán expuestas. En el caso, la parte impetrante de la protección constitucional, ******, reclama omisiones cometidas dentro del juicio laboral *****, del índice de la Junta responsable. Sin embargo, este órgano jurisdiccional considera que la parte promovente no acredita su interés jurídico y tampoco el perjuicio personal y directo que el acto que por esta vía reclama, hacen a su esfera jurídica, tan es así que de autos no se advierte que éste haya ofertado medio de convicción alguno de su parte, con el propósito de demostrar el interés que le asiste para instar el juicio de amparo. Pues bien, la parte quejosa aduce que las autoridades han tenido un carácter omisivo dentro del juicio de origen; sin embargo, omitió aportar algún elemento de convicción que acreditara su interés jurídico, esto es, alguno que verdaderamente demostrase que efectivamente es parte dentro del juicio laboral de origen, así como, el que se pudieran elucidar a su vez, las omisiones que señala le causan agravio; luego, en la medida que soslayó probar su interés jurídico derivado de ser parte en el expediente a que hace referencia, además de la existencia de la omisión reprochada a la responsable, es de sobreseer en el presente juicio de amparo. Así pues, no se tiene certeza de que la parte impetrante de amparo, efectivamente sea parte en el procedimiento laboral ******, pues como se dijo, no existe elemento de prueba que así lo demuestre en forma fehaciente. Sirve de sustento, la tesis cuyo rubro y texto dicen: "Séptima Época Registro: 251542 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 133-138, Sexta Parte Materia(s): Laboral Tesis: Página: 214 INTERES JURIDICO, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO, CUANDO EL LAUDO NO AFECTA EL. Siendo requisito para la procedencia del juicio de garantías que se afecten los intereses jurídicos del quejoso con el acto reclamado, sólo el que resulte afectado de esa manera podrá acudir a él; por lo que si el laudo impugnado condena a una persona diversa del quejoso y no determina concreta y directamente a éste como condenado, no es de considerarse que exista esa afectación; sin perjuicio de que pueda impugnar la ejecución de ese laudo en amparo indirecto, si se pretende ejecutar el propio laudo en su perjuicio.". Incluso, como es bien sabido, los que litigan en un juicio son parte de éste, a quienes se les denomina actor y demandado, y son aquellas a quienes desde ese momento les nace el derecho a que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, o se les absuelva de las prestaciones reclamadas, respectivamente; en otras palabras, parte es todo aquel que pide o contra el cual se pide en juicio una declaración de derecho, por tanto, son las únicas que en ese procedimiento pueden hacer uso de todo derecho que les consigne la ley, ya para demostrar su acción, ya para sus excepciones, así como de impugnar los acuerdos o resoluciones que les agravie, a través de los recursos correspondientes y, por ende, son la únicas facultadas, cuando les son transgredidos dentro de ese procedimiento sus derechos por la actuación de la autoridad, para acudir ante el órgano jurisdiccional federal, demandando el cese de esa violación. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyo rubro y texto dicen: "Décima Época Registro: 2006144 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 23/2014 (10a.) Página: 206 INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo.". Sin que en nada beneficie al interés jurídico del quejoso la copia que acompaña a su escrito inicial de demanda de al aparecer el auto de dieciséis de mayo de dos mil veintidós dictado por la autoridad responsable, pues el mismo obra en copia simple el cual carece de valor probatorio suficiente para acreditar el extremo descrito en líneas precedentes, máxime que no se encuentra corroborado con medio de convicción diverso. Sirve a lo anterior el siguiente criterio que se inserta. "Registro digital: 200696 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a. CI/95 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Noviembre de 1995, página 311 Tipo: Aislada COPIA FOTOSTATICA SIMPLE DE UN DOCUMENTO. SI ESTA CONCATENADA CON OTROS ELEMENTOS PROBATORIOS, PUEDE FORMAR CONVICCION. Si bien una copia fotostática simple carece de valor probatorio pleno, no puede negarse que es un indicio y, como tal, incapaz por sí solo de producir certeza; sin embargo, como todo indicio, cuando la fotostática se encuentra adminiculada con otros elementos probatorios, su correlación lógica y enlace natural con la verdad que se busca, puede formar convicción en el juzgador. Amparo en revisión 737/95. Petróleos Mexicanos. 20 de octubre de 1995. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Juan Carlos Cruz Razo." Consecuentemente, procede sobreseer en el juicio de amparo, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 77, todos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Alma Lorena Bedoy Martínez, respecto de la omisión que se le atribuye al Actuario adscrito a la Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y Actuario Notificador adscrito, por los motivos expuestos en esta sentencia. Notifíquese por lista física y electrónica.

  3. Principal

    Téngase por recibido el escrito signado por ..., autorizado en amplios términos de la parte quejosa, el cual, atento a su contenido, se le tiene realizando las manifestaciones que de su escrito de cuenta se advierten, en virtud a las mismas se procede a proveer lo siguiente: Se requiere Dadas las manifestaciones que realiza el autorizado en amplios términos de la parte quejosa, se le requiere al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, para que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que se le notifique el presente auto, realice lo que a continuación se indica: En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, deje insubsistente la infracción 4265545, toda vez que en el informe rendido mediante oficio TES/LGS/4116/2022, se advierte que en su sistema aparece como vigente. Remita, en caso de que cuente con ellos, los comprobantes con los cuales se acredite el pago relativo las multa cuyo folio de cedula de infracción son: 113/7738496 (20194265545) 4265545, sobre el vehículo con placas de circulación JT55455, o bien, ante imposibilidad de no haber localizado algún recibo de pago, bajo su responsabilidad, levante la certificación correspondiente y la haga llegar a este juzgado de Distrito. Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los numerales 237, fracción I, correlacionado con el diverso artículo 259, ambos de la Ley de Amparo. Hágase saber. Ahora bien, en atención a lo solicitado por el autorizado en amplios términos de la parte quejosa, consistente en que se de vista al Ministerio Publico, hágase saber que tiene expedito su derecho para hacerlo valer en la vía y forma ante las autoridades correspondientes. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis siguiente: "Novena Época Registro: 177607 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Agosto de 2005 Materia(s): Civil, Común Tesis: I.12o.C.16 C Página: 1925 INCIDENTE CRIMINAL. LA LEY DE AMPARO NO LO PREVÉ Y SU PROCEDENCIA ATENTARÍA CONTRA LA NATURALEZA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. La Ley de Amparo únicamente prevé la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, no así la de ordenamientos locales, esto es, no permite la aplicación supletoria del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal en la sustanciación del juicio de garantías. Así, el artículo 35 de la Ley de Amparo es claro al establecer que en el juicio de garantías no se sustanciarán más artículos de especial pronunciamiento que los expresamente previstos en la ley y en su tercer párrafo dispone que "los demás incidentes que surjan", si por su naturaleza fueran de previo y especial pronunciamiento, se decidirán de plano y sin sustanciación. En este contexto, es de señalar que la aludida ley no prevé de manera alguna la existencia de algún incidente criminal en la tramitación del juicio constitucional. Ello obedece al hecho de que el juicio de garantías debe ser un medio de defensa ágil, libre de obstáculos que tengan por objeto producir el retardo innecesario de la resolución de los asuntos, conforme a ese espíritu, se advierte que la ley no establece la suspensión del trámite del juicio de garantías, salvo casos excepcionales, como el previsto en el artículo 53 de la ley de la materia, cuando se haya suscitado una cuestión de competencia y en el supuesto del artículo 101 de la propia ley, tratándose del recurso de queja. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley de Amparo, una vez iniciada la audiencia constitucional, sólo puede ser suspendida para tramitar el incidente de falsedad de documentos, previsto en el propio numeral. Si se admitiera a trámite el incidente criminal y con ello se suspendiera o paralizara el desarrollo del juicio de amparo, dicha actuación sería contraria a las disposiciones del ordenamiento legal invocado y la sustanciación del juicio de garantías, siendo incuestionable que el incidente criminal pugna con la naturaleza del juicio de garantías, lo que hace improcedente un incidente criminal propuesto en el juicio de amparo. DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Queja 50/2004. 17 de junio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Fortunata Florentina Silva Vásquez. Secretario: Alejandro Bautista Mejía. Notifíquese por lista física y electrónica.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se observa que está transcurriendo el plazo previsto por el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias remitidas por la responsable que forman parte del informe justificado recibidas en auto de trece de octubre de dos mil veintidós, transcurre del dieciocho al veintisiete de octubre del mismo año. Diferimiento. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y se fijan las diez horas con dieciséis minutos del ocho de noviembre de dos mil veintidós, para su celebración.

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