Alma Lilia Vicente Ramos

Expediente 249/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
249/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
20/04/2023

Partes del expediente

  • Alma Lilia Vicente Ramos
  • Fiscal General del Estado de Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de abril de dos mil veintitrés. Agréguense los instrumentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, en atención al requerimiento de once de abril del año en curso, rinde el informe solicitado en cuanto a la puesta a disposición de ******************** con motivo de la ejecución de la orden de aprehensión que libró en la causa penal ******************** y la resolución de la situación jurídica del imputado, por lo que remite copias certificadas de diversos instrumentos para demostrar su aserto. Al respecto, téngase a la oficiante por atendida la prevención señalada, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento formulado, sin que sea necesario dictar algún otro pronunciamiento, porque el diecinueve de los corrientes se celebró la audiencia constitucional en este medio extraordinario de defensa, en donde se acordó lo que correspondía en relación con ese requerimiento y se dictó la sentencia respectiva; de ahí que resulte innecesario proveer en cuanto a lo que dicho órgano jurisdiccional informa y respecto de la documentación que aporta. Notifíquese.

  2. Principal

    " . . . S E N T E N C I A Mediante la cual resuelve el juicio de amparo indirecto 249/2023 promovido por Alma Lilia Vicente Ramos, por sí y como representante legal de su hijo menor de edad identificado con las iniciales ********************, en contra de los actos reclamados a las autoridades que posteriormente se indicarán. I. ANTECEDENTES De los hechos y las abstenciones que los justiciables manifestaron bajo protesta de decir verdad que constituyen los antecedentes del acto reclamado se advierte que expusieron que el ocho de diciembre de dos mil veintidós, el Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, dictó en contra de Moisés Moran Zeron una orden de aprehensión en la causa penal 29/2022 como probable responsable del hecho que la ley señala como el delito de incumplimiento de las obligaciones alimentarias por determinación judicial cometido en agravio del niño identificado con las iniciales ******************** Los inconformes sostienen que los entes responsables no han ejecutado el referido mandamiento de captura. En consideración de los quejosos los actos combatidos vulneran sus derechos fundamentales y ocasionan perjuicios en su esfera jurídica. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Alma Lilia Vicente Ramos, por sí y como representante legal de su hijo menor de edad identificado con las iniciales ******************** promovió juicio de amparo indirecto mediante escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los consagrados por los ordinales 1, 14, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de las actuaciones combatidas y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. En el proveído de trece de marzo del año en curso, este Juzgado Federal a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto lo registró con el progresivo 249/2023 y se previno a la parte quejosa para que aclarara su demanda de amparo. Los justiciables atendieron el requerimiento formulado, por lo que en el auto de diecisiete de marzo pasado, este órgano jurisdiccional admitió a trámite el escrito inicial; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman unos actos que se atribuyen a diversas autoridades que tienen su residencia dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo y su aclaración, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la inconforme reclama los actos siguientes: Del Fiscal General de Oaxaca, de la Comandancia de Investigación Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, Zona Centro, y del Coordinador General, las dos últimas autoridades de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de esta entidad federativa, combate: La omisión de ejecutar la orden de aprehensión de ocho de diciembre de dos mil veintidós, que el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, dictó en la causa penal 29/2022 en contra de Moisés Moran Zeron como probable responsable del hecho que la ley señala como el delito de incumplimiento de las obligaciones alimentarias por determinación judicial cometido en agravio del niño disidente identificado con las iniciales ******************** V. INEXISTENCIA DE ALGUNOS ACTOS COMBATIDOS No son ciertos los actos atribuidos al Fiscal General de Oaxaca y al Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de esta entidad federativa, porque en sus informes justificados negaron la existencia de las actuaciones que les fueron atribuidas, sin que la parte quejosa desvirtuara esas negativas, porque no ofreció algún medio de convicción en el presente sumario con ese propósito. Además, la inexistencia de esos actos se corrobora con los diversos documentos que los entes responsables Comandancia de Investigación Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, Zona Centro, y Coordinador General, ambas autoridades de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Oaxaca, aportaron y con las constancias que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género de la Fiscalía General de Oaxaca remitió en atención al requerimiento de treinta y uno de marzo del año en curso. En efecto, de esos instrumentos se colige que la ejecución de la orden de aprehensión de ocho de diciembre de dos mil veintidós, que el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, dictó en la causa penal 29/2022 en contra de Moisés Moran Zeron como probable responsable del hecho que la ley señala como el delito de incumplimiento de las obligaciones alimentarias por determinación judicial cometido en agravio del niño disidente identificado con las iniciales ******************** se encomendó a la autoridad ministerial. En ese sentido, el órgano técnico de investigación solicitó a la Comandancia de Investigación Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, Zona Centro, de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Oaxaca que en auxilio de sus labores ejecutara el referido mandamiento de captura, sin que se advierta que la representación social haya solicitado al Fiscal General de Oaxaca y al Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de esta entidad federativa su colaboración para que llevaran a cabo la ejecución de la citada orden de aprehensión. En esos términos, si a los entes responsables Fiscal General de Oaxaca y Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de esta entidad federativa no se les solicitó el auxilio para ejecutar el mandamiento de captura señalado es indudable que no tenían la obligación de actuar en el sentido que la parte quejosa pretende; de ahí que los actos que se les reprochan sean inexistentes, sin que los titulares de la acción de amparo hayan demostrado una situación contraria. En ese contexto, si los disidentes no desvirtuaron las negativas que los entes responsables sostuvieron ni demostraron con alguna prueba la obligación de esas autoridades de ejecutar la multicitada orden de aprehensión es inconcuso que se actualiza la hipótesis establecida por el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En consecuencia, con fundamento en lo prescrito por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional en cuanto a los actos impugnados a las autoridades responsables señaladas, dada su inexistencia. VI. EXISTENCIA DEL DIVERSO ACTO COMBATIDO Es cierto el acto reclamado a la Comandancia de Investigación Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, Zona Centro, de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Oaxaca, porque así lo reconoció en su informe justificado. Además, esa certeza se corrobora con los diversos documentos que esa autoridad y la diversa responsable Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General local aportaron, así como con las actuaciones que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género de la Fiscalía General de Oaxaca remitió en atención al requerimiento de treinta y uno de marzo pasado, de los cuales se advierte que ese órgano técnico de investigación solicitó a la primera de las citadas autoridades su auxilio para que ejecutara la orden de aprehensión de ocho de diciembre de dos mil veintidós, que el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, dictó en la causa penal 29/2022 en contra de Moisés Moran Zeron como probable responsable del hecho que la ley señala como el delito de incumplimiento de las obligaciones alimentarias por determinación judicial cometido en agravio del niño disidente identificado con las iniciales ******************** Por otro lado, de las constancias que integran este asunto se detecta que a la fecha de la presentación de la demanda la responsable Comandancia de Investigación Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, Zona Centro, de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Oaxaca, no había ejecutado el citado mandamiento de captura; de ahí que se demuestre la certeza de tal actuación. A los instrumentos señalados se otorga valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido por su arábigo 2. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." VII. PROCEDENCIA Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, se advierte que en relación con el acto reclamado a la Comandancia de Investigación Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, Zona Centro, de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Oaxaca, consistente en la omisión de ejecutar la orden de aprehensión de ocho de diciembre de dos mil veintidós, que el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, dictó en la causa penal 29/2022 en contra de Moisés Moran Zeron como probable responsable del hecho que la ley señala como el delito de incumplimiento de las obligaciones alimentarias por determinación judicial cometido en agravio del niño disidente identificado con las iniciales ********************, se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el dispositivo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que han cesado los efectos de esa actuación, porque el veintinueve de marzo pasado, se ejecutó el referido mandamiento de captura. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido del arábigo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" El segmento normativo invocado prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Es necesario señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios jurisprudenciales se ha pronunciado respecto de esa causal de improcedencia, la cual se preveía por el ordinal 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, cuyo texto es similar al que se contiene en el precepto 61, fracción XXI, de la ley de la materia en vigor, por lo que esos criterios son aplicables en el caso en tanto que no se oponen a lo prescrito por esta última legislación, conforme a lo estatuido por su artículo sexto transitorio que indica: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Uno de los criterios a que se ha hecho alusión se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Del criterio jurisprudencial transcrito se advierte que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o lo revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que destruye de manera definitiva la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En ese contexto, la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del inconforme al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, dado que es patente que la razón que justifica la aludida improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del titular de la acción de amparo que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia y la importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el dispositivo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho humano violado, mediante el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir lo que ese derecho exija. Por tanto, acorde con la teleología que se deriva del normativo 61, fracción XXI, de la ley de la materia no existe motivo para la promoción y la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los arábigos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo se arriba a la convicción de que la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional invocada se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. Precisado lo anterior, enseguida debe tenerse presente que los inconformes reclaman de la Comandancia de Investigación Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, Zona Centro, de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Oaxaca, la omisión de ejecutar la orden de aprehensión de ocho de diciembre de dos mil veintidós, que el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, dictó en la causa penal 29/2022 en contra de Moisés Moran Zeron como probable responsable del hecho que la ley señala como el delito de incumplimiento de las obligaciones alimentarias por determinación judicial cometido en agravio del niño disidente identificado con las iniciales ********************, por lo que su pretensión de fondo en este juicio constitucional es obtener un pronunciamiento que vincule a la responsable a realizar los actos que materialicen la ejecución de ese mandamiento de captura. Ahora, de las constancias que obran en este sumario, en particular de las documentales que las responsables Comandancia de Investigación Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, Zona Centro, y Coordinador General, ambas autoridades de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Oaxaca, exhibieron y de las constancias que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género de la Fiscalía General de Oaxaca remitió en atención al requerimiento de treinta y uno de marzo del año en curso, se advierten los aspectos siguientes: El ocho de diciembre de dos mil veintidós, el Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, dictó en contra de Moisés Moran Zeron una orden de aprehensión en la causa penal 29/2022 como probable responsable del hecho que la ley señala como el delito de incumplimiento de las obligaciones alimentarias por determinación judicial cometido en agravio del niño identificado con las iniciales ******************** La ejecución de ese mandamiento captura se encomendó a la autoridad ministerial quien solicitó a la Comandancia de Investigación Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, Zona Centro, de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Oaxaca que en auxilio de sus labores ejecutara dicha orden de aprehensión. El veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, elementos de la Comandancia de Investigación Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, Zona Centro, de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Oaxaca ejecutaron la orden de aprehensión señalada y en esa data pusieron a disposición de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género de nombre Belem Guadalupe Olmos Ovando a Moisés Moran Zeron. En la propia fecha, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género de la Fiscalía General de Oaxaca puso al detenido a disposición del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, que emitió la orden de aprehensión en el citado proceso criminal y ese órgano jurisdiccional resolvió la situación jurídica del mencionado inculpado. En esos términos, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo respecto del acto impugnado; de ahí que este medio extraordinario de defensa resulte improcedente. Lo anterior tiene respaldo en la tesis aislada P. CL/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." VIII. DECISIÓN En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo estatuido por el normativo 63, fracción V, de la propia legislación, respecto del acto reclamado a la Comandancia de Investigación Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, Zona Centro, de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Oaxaca, consistente en la omisión de ejecutar la orden de aprehensión de ocho de diciembre de dos mil veintidós, que el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, dictó en la causa penal 29/2022 en contra de Moisés Moran Zeron como probable responsable del hecho que la ley señala como el delito de incumplimiento de las obligaciones alimentarias por determinación judicial cometido en agravio del niño disidente identificado con las iniciales ******************** Cabe agregar que el no sobreseer implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes de la génesis del acto reclamado, porque resultaría contrario a la naturaleza del juicio que éste se siguiera sin alguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado. La decisión anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 9/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." También es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Alma Lilia Vicente Ramos y por el niño identificado con las iniciales ********************, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, por las consideraciones expuestas en los apartados V y VII de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de abril de dos mil veintitrés. Agréguense los instrumentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que las responsables Comandancia de Investigación Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, Zona Centro, y el Coordinador General, ambas autoridades de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Oaxaca, en atención al requerimiento de veintiocho de marzo del año en curso, remiten copias certificadas de toda la documentación que tienen a su alcance relacionadas con el acto omisivo que se les reclama, con la ejecución del mandato de captura y la puesta a disposición de Moisés Moran Zeron ante el representante social que indicaron en sus informes justificados. Por otra parte, del ocurso que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género de la Fiscalía General de Oaxaca presentó se advierte que en atención al requerimiento de treinta y uno de marzo del año en curso, rinde el informe requerido y remite copias certificadas de las documentales en las que respalda tal informe que tiene a su disposición. Al respecto, ténganse a las oficiantes por hechas sus manifestaciones y por atendidos los requerimientos formulados en las prevenciones señaladas. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 119 de la Ley de Amparo se tiene a las responsables Comandancia de Investigación Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, Zona Centro, y Coordinador General, ambas autoridades de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Oaxaca, por anunciadas las documentales que exhiben, sin perjuicio de relacionarlas al celebrarse la audiencia constitucional en términos de lo señalado por los normativos 123 y 124 de la citada legislación; en consecuencia, dese vista a las demás partes con el contenido de esos instrumentos y con los diversos que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género de la Fiscalía General de Oaxaca exhibió para su conocimiento. En diverso aspecto, en cuanto al señalamiento del domicilio procesal, la designación de delegados y la solicitud para que se autorice la consulta del expediente electrónico relativo al presente asunto que la responsable Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Oaxaca realiza comuníquese que deberá estarse a lo decidido en el acuerdo de veintiocho de marzo pasado, en donde este Juzgado Federal ya se pronunció sobre esos tópicos. En otro punto, dado que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género de la Fiscalía General de Oaxaca informó que el veintinueve de marzo del año en curso, puso a Moisés Moran Zeron a disposición del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, que emitió la orden de aprehensión en contra de esa persona en la causa penal 29/2022 por hecho que la ley señala como el delito de incumplimiento de las obligaciones alimenticias cometido en agravio del infante quejoso identificado con las iniciales *.*.*.*. y que ese órgano jurisdiccional ya resolvió la situación jurídica de ********, quien fue puesto en libertad, con fundamento en lo estatuido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos requiérase al Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, para que en el plazo de veinticuatro horas, contado a partir del momento siguiente al en el que reciba la comunicación que derive de este proveído, informe lo siguiente: 1. Si el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género de la Fiscalía General de Oaxaca puso a su disposición a ***** con motivo de la ejecución de la orden de aprehensión que libró en la causa penal **/**** por el hecho que la ley señala como el delito de incumplimiento de las obligaciones alimenticias cometido en agravio del niño quejoso identificado con las iniciales E.M.M.V. 2. Si ya resolvió la situación jurídica de Moisés Moran Zeron en el proceso penal **/****. Además, deberá remitir físicamente copias certificadas, ordenadas, completas y legibles de todos los documentos relacionados con los aspectos requeridos que tenga a su disposición y que respalden el informe que rinda, toda vez que esas actuaciones son indispensables para constatar si eventualmente pudiera actualizarse alguna causal de improcedencia en el presente juicio de amparo, ya que la procedencia de este medio extraordinario de defensa es una cuestión de orden público y este Juzgado Federal está obligado a indagar y a recabar las pruebas necesarias para estar en aptitud de determinar fehacientemente si opera o no un supuesto de inejercicio de la acción constitucional en este asunto. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 163/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." Se apercibe al órgano jurisdiccional señalado que de no atender la prevención indicada dentro del plazo concedido se impondrá en su contra una multa por cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la conducta sancionada, esto es, $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos moneda nacional), numerario que resulta de multiplicar las veces referidas del valor diario de dicha medida por $103.74 (cien tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), que es el valor actual de esa unidad, según lo previsto por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta y cinco minutos del catorce de abril próximo, se difiere anticipadamente para que tenga verificativo a las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de abril de dos mil veintitrés. Agréguese la promoción señalada en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo téngase al Fiscal General de Oaxaca por rendido su informe justificado; en consecuencia, se ordena dar vista a las demás partes con el contenido de ese instrumento para su conocimiento. En diverso aspecto, se tiene como delegados de la citada autoridad a las personas que designa con esa calidad conforme a lo dispuesto por el ordinal 9 de la ley de la materia. Notifíquese.

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