Alma Lilia Vicente Ramos y Otros.
Expediente 851/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 851/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Alma Lilia Vicente Ramos y Otros.
- E.M. M. V. y Otros.
- E.M. M. V.
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que trascurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto en que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En razón a lo anterior, archívese el presente asunto como concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con apoyo en el artículo 21, inciso b), se considera que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del Acuerdo General en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, de conformidad con los preceptos 6, fracción II, 21 y 24 del citado Acuerdo General, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la fecha en que se ordenó el archivo del presente, procédase a la destrucción de este juicio de amparo, para posteriormente remitirse el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como previa generación de los documentos que establece el artículo 22 del referido Acuerdo General de mérito, a efecto de tener plena identificación del expediente. Para los efectos a que alude el citado Acuerdo General, se instruye al Secretario judicial encargado del presente expediente, a verificar que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. I. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Se tiene por recibido el oficio procedente del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esta localidad, con el que remite en copia certificada, la demanda de amparo y anexos promovido por Alma Lilia Vicente Ramos, por propio derecho y en representación de su menor hijo con iniciales E.M.M.V.; toda vez que el citado juzgado ordenó separación de autos del juicio 860/2021, de su índice; por lo que el presente juicio únicamente versara respecto de los actos reclamados al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer por Razón de Género, conocedor de la carpeta de investigación número 33205/FMUJ/UDNA/2019, consistentes en: - La omisión y pasividad de integrar la carpeta de investigación. - La omisión de judicializar la carpeta de investigación. - La falta de debida diligencia en la carpeta de investigación. -La violencia estructural que he vivido por durante la integración de la carpeta de investigación. En consecuencia, regístrese su ingreso en el libro de gobierno de éste Juzgado de Distrito bajo el número 851/2021 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. II. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE AMPARO. En primer lugar, debe precisarse que el artículo 113 de la Ley de amparo, establece que se examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. De lo anterior, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de amparo, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que los adjetivos "manifiesto", significa, claro, evidente "indubitable", significa, cierto, seguro, que no puede dudarse. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en la tesis V.2o. J/75, visible en la página 77, Tomo 68, Agosto de 1993, Materia Común, correspondiente a la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 215188, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." En el caso, se estima, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" La disposición legal en cita establece el principio de definitividad del juicio de amparo, consistente en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para los agraviados acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que les genera afectación antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, Tomo XV, mayo de dos mil dos, materia común, pagina 902, con registro digital 187016, cuyo rubro y texto a continuación se transcribe: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En efecto, el análisis del artículo transcrito, pone de manifiesto: a) Que el gobernado, agraviado por un acto de autoridad que tenga la calidad de tribunal judicial, administrativo o laboral, podrá acudir en demanda de amparo solamente hasta después de que haya agotado todas las instancias procesales que se establezcan en la Ley que rija ese acto y, tiendan a revocar, modificar o nulificar el mismo; y, b) Que las excepciones a esta regla, se darán para los casos de terceros extraños a juicio, o cuando se afecte la libertad personal del quejoso, y para aquellos actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Ahora bien, de conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1º, fracción I, ambos de la ley de la materia, se precisa que el acto reclamado por el promovente del amparo contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer por Razón de Género, conocedor de la carpeta de investigación número 33205/FMUJ/UDNA/2019, consistente en: - La omisión y pasividad de integrar la carpeta de investigación. - La omisión de judicializar la carpeta de investigación. - La falta de debida diligencia en la carpeta de investigación. -La violencia estructural que he vivido por durante la integración de la carpeta de investigación. Ahora, los artículos 109 fracción XXI y 258, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: ".Artículo 109. Derecho de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la victima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;." "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación." De ahí que, la parte quejosa previamente a la promoción del presente juicio de amparo, debió agotar el recurso que prevé el artículo transcrito, toda vez que es un medio de defensa legal procedente, en términos de los artículos 109 fracción XXI y 258, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales; toda vez que la parte directa quejosa tiene la calidad de víctima, tal como se desprende de la demanda de amparo. Situación que incluso es más benéfica para dicha parte procesal, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el juez de control resolvería lo conducente, y no conllevaría la dilación y complejidad técnica mayor que implica el trámite del juicio de amparo. Apoya a lo anterior la Jurisprudencia con número de registro 2017640, 1a./J.28/2018 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, agosto de 2018, Tomo I, visible a la página 943, cuyo rubro y texto son: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad. Así como la Jurisprudencia, con número de registro 2017641, 1a./J 27/2018 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, agosto de 2018, Tomo I, página 945, cuyo rubro y texto son: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De ahí que, si las omisiones reclamadas por la parte quejosa pueden ser analizadas a través del recurso correspondiente, entonces debe entenderse, en relación con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que previamente a acudir a éste, debió impugnarse a través del referido medio ordinario de defensa, por tanto, si la accionante constitucional no lo hizo así, es patente que no agotó el medio de impugnación ordinario, esto es, el recurso previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Consecuentemente, la parte promovente inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, actualizándose la hipótesis prevista por la fracción XX, del numeral 61, de la ley de la materia, toda vez que la existencia de dicho recurso se advierte en forma patente. Tampoco es óbice a la determinación anterior, la circunstancia de que pudiera considerarse dicho acto como de ejecución irreparable, ya que aún contra ese tipo de actos, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes, a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de los supuestos de excepción al principio de definitividad. Apoya lo anterior, la tesis III.2o.C.4 K (10a.), visible en la página 2113, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO ES INCOMPATIBLE CON EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS ADOPTADA EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA. El principio de definitividad que rige en el juicio de amparo previsto en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, no es incompatible con el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva, previsto tanto en el artículo 17 de la Constitución Federal como en el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que el derecho constitucional y legal (derecho interno), no desatiende los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en la citada convención, por el solo hecho de regular que, previo a promover el juicio de amparo, deben agotarse los medios ordinarios que dispone la ley, al contrario, la causa de improcedencia en cita, es objetiva y razonable, dado que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe agotar o sustanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución que le cause perjuicio, por lo que no le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, sino que le permite al gobernado que antes de acudir al juicio de amparo, su impugnación sea analizada y, en su caso, resuelta por la propia autoridad responsable, pues a través de tal medio de impugnación puede modificarse, revocarse o nulificarse la resolución recurrida lo que, incluso, puede conducir a que no se promueva el juicio de amparo pues, mediante la interposición de los recursos ordinarios, se está en la posibilidad de lograr la reparación de los derechos que pudieron haberse violado. Además de que, si el recurrente pudiera acudir directamente ante el tribunal constitucional, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, al generar un retardo generalizado en la administración de justicia; por ende, la mencionada causa de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por ende, no configura una denegación de justicia." Máxime que, la directa agraviada, es parte ofendida en la carpeta de investigación de origen, lo cual se advierte de la demanda de amparo; por tanto, existiendo una norma que contempla un recurso, es indudable que la impetrante estaba facultada y obligada a la vez, para interponerlo y plantear en lo pertinente. Además, lo cierto es que dicho acto no puede ser desvinculado de lo pretendido por la parte ocursante ante la autoridad ministerial, cuyo objeto esencial es que se judicialice la carpeta de investigación en la que a su decir, le asiste el carácter de víctima. Por tanto, antes de acudir al juicio constitucional, debió agotar el recurso ordinario procedente y al no hacerlo así, el acto reclamado debe catalogarse como no definitivo; motivo por el cual, es válido estimar que se ha actualizado la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX, con fundamento en el numeral 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la presente demanda de amparo. Sustenta lo anterior, por no contravenir a la Ley de Amparo vigente, sustenta lo expuesto, la tesis XVII.2o. J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Tomo IX, Enero de 1999, de la Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" Sin que tal determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que el presente pronunciamiento, se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. Aun cuando, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de tales actos reclamados, no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. En íntima relación con la Tesis 1a./J. 113/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 350, del Tomo I. Libro 1, Diciembre de 2013, materia Común, registro 2005039, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de 2006, página 921, cuyo rubro: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA" Asimismo, cabe destacar que la determinación de desechar la demanda de amparo, tampoco contraviene el derecho de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; además, lo que además es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Apoya a lo anterior, la tesis XVI.1o.A.T.2 K (10a.) de la Décima Época, visible en la página 1167 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, tomo 2, que es del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS." III. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio en línea, de conformidad con el artículo 28, del "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19". IV. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo para los casos en los que se deban realizar notificaciones personales, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción, logre llevarlas a cabo. Orienta la anterior determinación, la tesis I.4o.C.208C, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2127, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE UNA DILIGENCIA JUDICIAL. NO ES NECESARIA LA PETICIÓN DE PARTE PARA PROVEERLA." V. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene a la parte promovente señalando como domicilio para recibir y oír notificaciones el que indica, y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, por tener cédula registrada en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho (REGPROF). De igual forma, se tienen por autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona, por así solicitarlo expresamente. VI. LEY DE TRANSPARENCIA. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. VII. GRATUIDAD EN EL SERVICIO. Hágase saber a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Finalmente, se autoriza a la secretaria y/o actuario judicial para que firme los oficios correspondientes. Notifíquese personalmente; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
AL NO HABER ACUDIDO A NOTIFICARSE LA PARTE QUEJOSA, SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA EL PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. I. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Se tiene por recibido el oficio procedente del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esta localidad, con el que remite en copia certificada, la demanda de amparo y anexos promovido por Alma Lilia Vicente Ramos, por propio derecho y en representación de su menor hijo con iniciales E.M.M.V.; toda vez que el citado juzgado ordenó separación de autos del juicio 860/2021, de su índice; por lo que el presente juicio únicamente versara respecto de los actos reclamados al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer por Razón de Género, conocedor de la carpeta de investigación número 33205/FMUJ/UDNA/2019, consistentes en: - La omisión y pasividad de integrar la carpeta de investigación. - La omisión de judicializar la carpeta de investigación. - La falta de debida diligencia en la carpeta de investigación. -La violencia estructural que he vivido por durante la integración de la carpeta de investigación. En consecuencia, regístrese su ingreso en el libro de gobierno de éste Juzgado de Distrito bajo el número 851/2021 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. II. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE AMPARO. En primer lugar, debe precisarse que el artículo 113 de la Ley de amparo, establece que se examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. De lo anterior, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de amparo, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que los adjetivos "manifiesto", significa, claro, evidente "indubitable", significa, cierto, seguro, que no puede dudarse. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en la tesis V.2o. J/75, visible en la página 77, Tomo 68, Agosto de 1993, Materia Común, correspondiente a la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 215188, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." En el caso, se estima, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" La disposición legal en cita establece el principio de definitividad del juicio de amparo, consistente en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para los agraviados acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que les genera afectación antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, Tomo XV, mayo de dos mil dos, materia común, pagina 902, con registro digital 187016, cuyo rubro y texto a continuación se transcribe: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En efecto, el análisis del artículo transcrito, pone de manifiesto: a) Que el gobernado, agraviado por un acto de autoridad que tenga la calidad de tribunal judicial, administrativo o laboral, podrá acudir en demanda de amparo solamente hasta después de que haya agotado todas las instancias procesales que se establezcan en la Ley que rija ese acto y, tiendan a revocar, modificar o nulificar el mismo; y, b) Que las excepciones a esta regla, se darán para los casos de terceros extraños a juicio, o cuando se afecte la libertad personal del quejoso, y para aquellos actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Ahora bien, de conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1º, fracción I, ambos de la ley de la materia, se precisa que el acto reclamado por el promovente del amparo contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer por Razón de Género, conocedor de la carpeta de investigación número 33205/FMUJ/UDNA/2019, consistente en: - La omisión y pasividad de integrar la carpeta de investigación. - La omisión de judicializar la carpeta de investigación. - La falta de debida diligencia en la carpeta de investigación. -La violencia estructural que he vivido por durante la integración de la carpeta de investigación. Ahora, los artículos 109 fracción XXI y 258, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: ".Artículo 109. Derecho de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la victima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;." "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación." De ahí que, la parte quejosa previamente a la promoción del presente juicio de amparo, debió agotar el recurso que prevé el artículo transcrito, toda vez que es un medio de defensa legal procedente, en términos de los artículos 109 fracción XXI y 258, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales; toda vez que la parte directa quejosa tiene la calidad de víctima, tal como se desprende de la demanda de amparo. Situación que incluso es más benéfica para dicha parte procesal, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el juez de control resolvería lo conducente, y no conllevaría la dilación y complejidad técnica mayor que implica el trámite del juicio de amparo. Apoya a lo anterior la Jurisprudencia con número de registro 2017640, 1a./J.28/2018 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, agosto de 2018, Tomo I, visible a la página 943, cuyo rubro y texto son: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad. Así como la Jurisprudencia, con número de registro 2017641, 1a./J 27/2018 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, agosto de 2018, Tomo I, página 945, cuyo rubro y texto son: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De ahí que, si las omisiones reclamadas por la parte quejosa pueden ser analizadas a través del recurso correspondiente, entonces debe entenderse, en relación con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que previamente a acudir a éste, debió impugnarse a través del referido medio ordinario de defensa, por tanto, si la accionante constitucional no lo hizo así, es patente que no agotó el medio de impugnación ordinario, esto es, el recurso previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Consecuentemente, la parte promovente inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, actualizándose la hipótesis prevista por la fracción XX, del numeral 61, de la ley de la materia, toda vez que la existencia de dicho recurso se advierte en forma patente. Tampoco es óbice a la determinación anterior, la circunstancia de que pudiera considerarse dicho acto como de ejecución irreparable, ya que aún contra ese tipo de actos, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes, a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de los supuestos de excepción al principio de definitividad. Apoya lo anterior, la tesis III.2o.C.4 K (10a.), visible en la página 2113, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO ES INCOMPATIBLE CON EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS ADOPTADA EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA. El principio de definitividad que rige en el juicio de amparo previsto en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, no es incompatible con el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva, previsto tanto en el artículo 17 de la Constitución Federal como en el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que el derecho constitucional y legal (derecho interno), no desatiende los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en la citada convención, por el solo hecho de regular que, previo a promover el juicio de amparo, deben agotarse los medios ordinarios que dispone la ley, al contrario, la causa de improcedencia en cita, es objetiva y razonable, dado que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe agotar o sustanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución que le cause perjuicio, por lo que no le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, sino que le permite al gobernado que antes de acudir al juicio de amparo, su impugnación sea analizada y, en su caso, resuelta por la propia autoridad responsable, pues a través de tal medio de impugnación puede modificarse, revocarse o nulificarse la resolución recurrida lo que, incluso, puede conducir a que no se promueva el juicio de amparo pues, mediante la interposición de los recursos ordinarios, se está en la posibilidad de lograr la reparación de los derechos que pudieron haberse violado. Además de que, si el recurrente pudiera acudir directamente ante el tribunal constitucional, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, al generar un retardo generalizado en la administración de justicia; por ende, la mencionada causa de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por ende, no configura una denegación de justicia." Máxime que, la directa agraviada, es parte ofendida en la carpeta de investigación de origen, lo cual se advierte de la demanda de amparo; por tanto, existiendo una norma que contempla un recurso, es indudable que la impetrante estaba facultada y obligada a la vez, para interponerlo y plantear en lo pertinente. Además, lo cierto es que dicho acto no puede ser desvinculado de lo pretendido por la parte ocursante ante la autoridad ministerial, cuyo objeto esencial es que se judicialice la carpeta de investigación en la que a su decir, le asiste el carácter de víctima. Por tanto, antes de acudir al juicio constitucional, debió agotar el recurso ordinario procedente y al no hacerlo así, el acto reclamado debe catalogarse como no definitivo; motivo por el cual, es válido estimar que se ha actualizado la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX, con fundamento en el numeral 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la presente demanda de amparo. Sustenta lo anterior, por no contravenir a la Ley de Amparo vigente, sustenta lo expuesto, la tesis XVII.2o. J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Tomo IX, Enero de 1999, de la Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" Sin que tal determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que el presente pronunciamiento, se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. Aun cuando, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de tales actos reclamados, no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. En íntima relación con la Tesis 1a./J. 113/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 350, del Tomo I. Libro 1, Diciembre de 2013, materia Común, registro 2005039, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de 2006, página 921, cuyo rubro: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA" Asimismo, cabe destacar que la determinación de desechar la demanda de amparo, tampoco contraviene el derecho de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; además, lo que además es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Apoya a lo anterior, la tesis XVI.1o.A.T.2 K (10a.) de la Décima Época, visible en la página 1167 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, tomo 2, que es del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS." III. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio en línea, de conformidad con el artículo 28, del "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19". IV. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo para los casos en los que se deban realizar notificaciones personales, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción, logre llevarlas a cabo. Orienta la anterior determinación, la tesis I.4o.C.208C, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2127, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE UNA DILIGENCIA JUDICIAL. NO ES NECESARIA LA PETICIÓN DE PARTE PARA PROVEERLA." V. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene a la parte promovente señalando como domicilio para recibir y oír notificaciones el que indica, y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, por tener cédula registrada en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho (REGPROF). De igual forma, se tienen por autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona, por así solicitarlo expresamente. VI. LEY DE TRANSPARENCIA. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. VII. GRATUIDAD EN EL SERVICIO. Hágase saber a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Finalmente, se autoriza a la secretaria y/o actuario judicial para que firme los oficios correspondientes. Notifíquese personalmente; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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