Alma Judith Vázquez Pacheco

Expediente 842/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
842/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
18/07/2018

Partes del expediente

  • Alma Judith Vázquez Pacheco y Otros.
  • Alma Judith Vázquez Pacheco
  • José Cruz Moreno Domínguez

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a estos autos el oficio del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual remite copia certificada de la resolución de cuatro de julio del año en curso, dictada en los autos de la queja 126/2018. Acúsese recibo. Así, dicha resolución en sus puntos resolutivos indica: "PRIMERO. Es infundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido. TERCERO. Se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Alma Judith Vázquez Pacheco y José Cruz Moreno Domínguez, contra la autoridad y por el acto precisado en el resultando primero de esta ejecutoria." Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de junio de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio del Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por el cual acusa recibo del recurso de queja e informa que se admitió con el número 126/2018. Notifíquese.

  3. Principal

    "...Agréguese el escrito de la quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto que desechó la demanda. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, en virtud de que hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse sobre la presentación del recurso, ríndase el informe expresando que es cierto, este Juzgado Federal emitió determinación el proveído de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, acompañándole el original y copia del escrito del recurso, así como copia certificada del presente juicio de amparo 842/2018-V-B..."

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. ANOTACIÓNES Vista la demanda con la que se da cuenta, interpuesta por Alma Judith Vázquez Pacheco y José Cruz Moreno Domínguez; regístrese bajo el número 842/2018-V-B. ACTO RECLAMADO De la demanda de amparo se advierte que los promoventes reclaman lo siguiente: La resolución dictada el siete de mayo de dos mil dieciocho, dentro del toca 252/2018, con motivo del recurso de apelación hecho valer contra la sentencia interlocutoria de nueve de marzo de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en el expediente 930/2017, en la cual resolvió procedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la codemandada, ordenando la remisión de esos autos a un Juzgado Civil de la Ciudad de México. DESECHAMIENTO En ese orden de ideas, este Órgano de Control Constitucional estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I del diverso 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éste en sentido contrario, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; (.)". Del primer dispositivo jurídico no se advierte alguna causal de improcedencia en específico sino que otorga la posibilidad de que se actualice, derivada de alguna disposición de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El segundo artículo señala que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada, tendiendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, siempre que el acto de autoridad produzca una afectación personal y directa en éste. Cabe destacar que por "agravio" y "afectación", se debe entender todo menoscabo u ofensa a la persona (física o moral), que puede ser o no patrimonial, siempre que sea material y apreciable de manera objetiva. En otras palabras, la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no sólo subjetivo; y, ese agravio debe recaer en persona determinada, concretarse en ésta, no ser abstracto ni genérico y de realización pasada, presente o inminente, es decir, se debe haber producido o estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio o ser inminente, no sólo eventual, aleatorio o hipotético. La presencia del daño o perjuicio constituye pues, el elemento material de agravio, pero no basta que exista dicho elemento para que haya una afectación desde el punto de vista jurídico, sino que es menester que sea causado o producido en determinada forma. En efecto, es necesario que tal daño o perjuicio sea ocasionado por la autoridad al transgredir un derecho fundamental. También es necesario establecer que para que el agravio pueda ser causa generadora del juicio de amparo, necesita también ser personal; esto es, que recaiga -como se dijo- sobre persona determinada (física o moral). Por ende, todos aquéllos daños o perjuicios en que se pueda manifestar el agravio que no afecten a persona especificada de manera concreta, no pueden reputarse como agravios desde el punto de vista constitucional y no origina por tanto, la procedencia del amparo. Además de la personal determinación del agravio, éste debe ser directo, lo cual significa que sea de realización presente, pasada o futura de manera inminente. En consecuencia, aquéllas posibilidades o eventualidades en el sentido de que cualquier autoridad cause a persona determinada daño o perjuicio, sin que la producción de éste sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse como integrantes del concepto de agravio. Ahora, de los hechos narrados bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa en la demanda de amparo de cuenta, se advierte que el acto reclamado consistente en la resolución dictada el siete de mayo de dos mil dieciocho, dentro del toca 252/2018, con motivo del recurso de apelación hecho valer contra la sentencia interlocutoria de nueve de marzo de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en el expediente 930/2017, en la cual resolvió la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la codemandada, ordenando la remisión de esos autos a un Juzgado Civil de la Ciudad de México, no produce una afectación personal y directa a los quejosos. Lo anterior, pues el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de amparo señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto". Así, de una recta interpretación de tal dispositivo jurídico, se advierte que introduce expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que: a) Determinen inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, es decir, cuando una de las partes solicita ante el juez o tribunal a quien se considere competente, que dirija oficio al que se estime no serlo, para que se inhiba y le remita los autos y así se haga; y, b) Decidan declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, entendiéndose por tal, cuando el juez o tribunal que se considere incompetente para conocer del negocio remite los autos al considera competente y se atienda favorablemente. Bajo esa óptica, si bien textualmente podría entenderse que el amparo indirecto procede en contra de un auto que declina competencia de un asunto como el que aquí se reclama, lo cierto es que ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que las dos hipótesis citadas no pueden interpretarse literalmente o aseverar que por ese solo hecho, el amparo procede indefectiblemente, puesto que para ello es necesario que se produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, de tal suerte que, para la procedencia del amparo indirecto deben entenderse aquellos casos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria) y es en ese momento, en que emerge la afectación personal y directa a la esfera jurídica de derechos de la parte interesada, en términos del ordinal 107, fracción I del Pacto Federal. Bajo ese panorama, -como se anunció- la parte quejosa reclama la resolución dictada el siete de mayo de dos mil dieciocho, dentro del toca 252/2018, en la que la Sala responsable confirmó la sentencia interlocutoria de nueve de marzo de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en el expediente 930/2017, en la cual resolvió la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la codemandada, ordenando la remisión de los autos a un Juzgado Civil de la Ciudad de México, empero hasta éste estadio procesal no se hace patente la afectación personal y directa contenida en el artículo 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que el daño se da una vez que la autoridad que tiene el carácter de destinataria, acepte la competencia planteada, dado que es ese momento en el que la declinatoria es definitiva, es decir, las prestaciones sometidas a juicio serían llevadas a cabo por una nueva autoridad de la que inicialmente se planteó y entonces la afectación de la que se habla se actualiza; de ahí la improcedencia del juicio de amparo respecto de tal acto reclamado. .... En mérito de lo expuesto y fundado, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I, del diverso 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éste a contrario sentido; por lo que atento a lo dispuesto en el precepto 113 de la Ley de la Materia, lo procedente es desechar la presente demanda promovida por Alma Judith Vázquez Pacheco y José Cruz Moreno Domínguez. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este juzgado, por así haberlo solicitado. Asimismo, se tiene como autorizados a las personas que refiere en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. REPRESENTANTE COMÚN Por otro lado, con fundamento en el artículo 13 de le Ley de Amparo, se tiene como represente común de los quejosos a Alma Judith Vázquez Pacheco. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. Notifíquese.

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