Alma Judith del Rio Palma

Expediente 1544/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1544/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
18/10/2023

Partes del expediente

  • Alma Judith del Rio Palma

Actuaciones

  1. Principal

    A las nueve horas del ocho de noviembre de dos mil veintitrés, la suscrita Karen Aguas Pérez, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, HAGO CONSTAR: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa Alma Judith del Río Palma, el contenido del proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo referido al rubro. Doy fe: Vista la demanda de amparo que promueve Alma Judith del Río Palma, contra actos del Comisión Estatal para la -protección Contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala -COFEPRIS- Organismo Desconcentrado de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1544/2023-III. Desechamiento. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido." Asimismo, con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda es la prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados no son de autoridad para efectos del juicio de amparo, debido a que la relación con la quejosa es de coordinación y no de supra a subordinación. Los aludidos numerales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De conformidad con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable es quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas y es obligación del quejoso señalar en su demanda a aquella que dictó u ordenó su ejecución para que sea llamada a juicio y examinar el acto que se le reclama; en caso contrario, no podría estudiarse la constitucionalidad de actos provenientes de autoridades que no fueron llamadas al juicio pues tal actuar significaría una infracción al principio de audiencia previa que rige en el sistema jurídico. En ese sentido, las relaciones jurídicas pueden clasificarse en: de coordinación, de supra-subordinación y de supra- ordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supra-ordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. En torno a este tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS", consideró que es autoridad para efectos del juicio de amparo el ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular y que esa relación tenga su nacimiento en la ley -lo que dota al ente de una facultad administrativa-, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; asimismo, que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Precisado lo anterior, la interpretación lógica y sistemática del artículo 5 transcrito, debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia" debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Así, cuando el actuar del particular derive de un plano de igualdad (sea por una relación laboral o de carácter contractual) con otros particulares, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo. Por tanto, la calidad de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, se dará con base en el tipo de relación jurídica que ejerza el ente público o privado frente a los particulares, que necesariamente debe ser cuando éste actúe en relaciones jurídicas de "supra a subordinación", es decir, aquellas que se entablan entre gobernantes y gobernados, actuando los primeros en un plano superior a los segundos. Por ello, debe atenderse al caso concreto y analizarse si dichos entes, con fundamento en una ley de origen público, ejercen un poder jurídico de tal suerte que afecten por sí y ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso directo de la fuerza pública. Esto implica que se deben acreditar los siguientes tópicos: La existencia de una relación de supra a subordinación. Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que se dota de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. En el caso en concreto, la quejosa reclama de la Comisión Estatal para la -protección Contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala -COFEPRIS- Organismo Desconcentrado de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, la orden verbal o escrita a efecto de que el quejoso sea disminuido de categoría o puesto así como de su salario. De lo anterior, se evidencia que el ahora solicitante del amparo sostiene una relación de coordinación con la autoridad responsable, y no de supra a subordinación, pues se trata de actos de la parte patronal frente su empleado; por lo que, en todo caso su actuación de las autoridades responsables frente al quejosa se ubica en un plano de igualdad, es decir, en una relación de coordinación regulada por el derecho laboral- burocrático, en donde aquélla actúa como particular (patrón) y no como autoridad investida de imperio frente al peticionario de derechos fundamentales. En las relatadas condiciones, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en el diverso numeral 113 de la ley de la materia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida. Resguardo de documentos originales. Toda vez que la parte quejosa adjunta a su escrito de demanda el original de su orden de adscripción, se ordena el resguardo del mismo en la Secretaría de este Juzgado.. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala para tales efectos. Autorizados Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos por no contar con dicho registro. Se ordena notificación personal. A fin de que las partes queden debidamente enteradas de la presente determinación, por conducto del actuario de este juzgado, notifíqueseles de manera personal, lo cual deberán realizar dentro de los plazos contemplados en el artículo 24 de la Ley de Amparo, además conforme lo permitan las cargas de trabajo, con excepción de los casos previstos en el artículo 2, fracciones III y IV del invocado Acuerdo General 21/2020, los cuales se regirán por dicho precepto y a los que específicamente ya se hizo referencia en párrafos precedentes. Transparencia. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese; personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala; ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien da fe

  2. Principal

    En Apizaco, Estado de Tlaxcala, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Se deja de tener como autoridades responsables. Visto el estado procesal de autos, de los que se advierte que en auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés (foja 133 a 135), se dio vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en torno a la inexistencia de las autoridades que denominó como: 22650/2023, Casa de Justicia de la Región Judicial Oriente con Sede en Acatlán. 22661/2023, Casa de Justicia de la Región Judicial Oriente con Sede en Huauchinango. 22662/2023, Casa de Justicia de la Región Judicial Oriente con Sede en Zacatlán. 22663/2023, Casa de Justicia de la Región Judicial Sur - Oriente con Sede en Tehuacán. 22665/2023, Casa de Justicia de la Región Judicial Centro - Poniente con Sede en Atlixco. 22667/2023 Casa de Justicia de la Región Judicial Sur - Oriente con Sede en Tecamachalco. Sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en el acuerdo de referencia, y se tiene por inexistentes las referidas autoridades en el presente juicio de amparo. Estado de autos y se ordena reexpedir oficios. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no obra constancia de notificación de los oficios dirigidos a las autoridades responsables siguientes: 22603/2023 JUZGADO DE LO CIVIL Y LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ACATLÁN 22606/2023 JUZGADO DE LO CIVIL Y LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA 22607/2023 JUZGADO DE LO CIVIL Y LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHIAUTLA 22608/2023 JUZGADO DE LO CIVIL Y LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA 22611/2023 JUZGADO DE LO CIVIL Y LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE MATAMOROS 22623/2023 JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL DEL ESTADO CASA DE JUSTICIA DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA 22624/2023 JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL EN FUNCIONES DE ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DE RODAS LAS REGIONES JUDICIALES DEL ESTADO 22625/2023 JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA 22626/2023 JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA. 22628/2023 JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA. 22631/2023 JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN EN SU CARÁCTER DE ORDINARIO 22632/2023 JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN EN SU CARÁCTER DE ORDINARIO 22633/2023 JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN EN SU CARÁCTER DE ORDINARIO 22634/2023 JUZGADO SEXTO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN EN SU CARÁCTER DE ORDINARIO 22635/2023 JUZGADO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA 22637/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE PUEBLA 22650/2023 OFICINA DEL FISCAL GENERAL 22655/2023 CASA DE JUSTICIA DE LA REGIÓN JUDICIAL ORIENTE CON SEDE EN PUEBLA 22656/2023 CASA DE JUSTICIA DE LA REGIÓN JUDICIAL ORIENTE CON SEDE EN TEZIUTLÁN 22658/2023 CASA DE JUSTICIA DE LA REGIÓN JUDICIAL ORIENTE CON SEDE EN SAN JUAN DE LOS LLANOS 22660/2023 CASA DE JUSTICIA DE LA REGIÓN JUDICIAL ORIENTE CON SEDE EN ACATLÁN 22666/2023 CASA DE JUSTICIA DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO-PONIENTE CON SEDE EN SAN MARTÍN TEXMELUCAN En consecuencia, se ordena reexpedir los mismos a efecto de que las referidas autoridades responsables estén en aptitud de rendir su respectivo informe justificado. Diferimiento de audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con doce minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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